Culminar la Nacionalización

Después de los dictámenes del Senado y de la Corte, ¿Qué sigue? 1- Revocar todos los permisos privados otorgados al margen de la ley, 2- Suspender la Privatización Eléctrica Furtiva, 3- Derogar las “reformas” anticonstitucionales de 1992 a la ley eléctrica. Lo más importante: la integración cabal de la industria eléctrica nacionalizada y la unidad sindical democrática.

Los permisos eléctricos privados, otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) son ilegales. Mediante esos permisos se fue consumando la Privatización Eléctrica Furtiva. El gobierno federal se apresuró a entregar una parte importante del patrimonio nacional a múltiples empresas privadas extranjeras. Ahora, debe terminar esa Privatización Furtiva.

Fox, los funcionarios de la Secretaría de Energía, de la CRE y los propios inversionistas privados han incurrido en responsabilidad y deben responder de sus actos. Independientemente de la situación legal, en lo inmediato se deben suspender todos los permisos privados, no otorgando ni uno sólo más y procediendo a la revocación de los ya concedidos, por así convenir a la Nación.

Se trata de casi 200 permisos otorgados a casi 100 empresas privadas, principalmente extranjeras. Esos permisos incluyen la instalación de plantas termoeléctricas, hidroeléctricas, carboeléctricas y eoloeléctricas. Los beneficiarios de esos permisos procedieron a asociarse e incluso pactar contratos con municipios e instituciones públicas. Estos, también han incurrido en responsabilidad.

Suspender la Privatización Furtiva significa que ya no haya permisos de ningún tipo, porque no se requieren y porque son inconstitucionales.

El dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debía llevar a los legisladores a revocar las reformas de 1992 a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). Esas reformas constituyen la base legaloide para la Privatización Furtiva. Diputados y Senadores están en una coyuntura favorable y debieran proceder.

En tal sentido, las iniciativas de reformas a la legislación eléctrica secundaria deben revisarse cuidadosamente. Esto quiere decir, que se deben suprimir todos los aspectos inconstitucionales. En vez de reforzar las reformas de 92, lo que debe hacerse es suprimirlas.

A partir de la nueva situación, no debe insistirse en otorgar permisos privados. Las figuras creadas por Salinas de Gortari, desnaturalizan el concepto de servicio público. El único caso justificado, como excepción, sería Petróleos Mexicanos (Pemex), tratándose de procesos de cogeneración relacionados con las refinerías energéticas.

Si no se necesitan, ni son correctos, los permisos privados la Comisión Reguladora de Energía no tiene ninguna razón de ser y debe desaparecer. Su proceder hasta ahora es completamente antinacional no habiendo manera de regeneración posible.

De las iniciativas presentadas por PRI y PRD pudiera rescatarse algo, sobre la base de incorporar propuestas debidamente sustentadas. De otra manera, lo trascendente de la primera parte, esto es, NO modificar la Constitución política evitando la reforma de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, podría contradecirse si los legisladores insisten en sus propuestas iniciales. Esas iniciativas, en los términos de ahora, son inaceptables.

Por otra parte, insistimos: las tareas históricas planteadas por la nacionalización eléctrica no están cabalmente cumplidas. Falta la integración de la industria eléctrica nacionalizada, la consecuente unidad sindical y la contratación colectiva de trabajo única.

En la medida en que la integración se siga posponiendo, la industria estará incumpliendo los propósitos de la nacionalización. Dejar las cosas como están significa validar la presencia y atraco del charrismo sindical en uno de los sectores más estratégicos de la Nación.

El charrismo sindical no solo es antidemocracia, es corrupción, inseguridad nacional, una ofensa a México. Esa mafia debe ser extirpada y para ello se precisa de la unidad sindical democrática.

O, ¿es que los legisladores creen que los charros sindicales son la garantía para el sano desarrollo de la industria nacionalizada? ¡NO!, al contrario, son un obstáculo.

En esas condiciones, la llamada autonomía de gestión habrá de devenir en autonomía para la corrupción, más que ahora.

No avanzar hacia la integración industrial significa posponer la solución de fondo a muchos problemas operativos, financieros, de mantenimiento y de control. Es, asimismo, seguir tolerando al charrismo sindical, pernicioso para la Nación, en su presente y futuro.

Los charros sindicales han incurrido en responsabilidad y son parte importante del fraude, han sido el soporte principal para la Privatización Furtiva y deben ser arrojados de la industria eléctrica nacionalizada de México.