Decreto Inconstitucional

La Suprema Corte de la Nación declaró inconstitucional el decreto presidencial emitido por Fox en 2001 para favorecer una mayor privatización eléctrica. La Corte reconoce la argumentación de los trabajadores de la energía y la hace valer. De auténtico fraude a la ley se calificó al decreto.

''El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales las reformas y adiciones hechas por el titular del Poder Ejecutivo Federal al Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, publicadas el 24 de mayo de 2001'', se anunció a la prensa. Casi un año después, la Corte resolvió respecto de la controversia constitucional interpuesta por los legisladores del PRI y PRD en contra de Fox.

Hace 333 días, Fox hizo publicar en el Diario Oficial de la Federación, un decreto mediante el cual, de manera unilateral y por supuesto ilegal, ampliaba la participación privada en las actividades de la industria eléctrica nacionalizada, incluyendo la comercialización misma que ahora podría hacerse de manera privada contraviniendo lo dispuesto pro la Constitución Política del País.

A este momento, la participación del capital privado extranjero en la generación eléctrica había sido ampliamente beneficiada por los innumerables permisos otorgados a discreción por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Pero Fox, se propuso, en acatamiento pleno a los dictados de los organismos financieros internacionales, ceder totalmente el patrimonio y soberanía nacional.

En la medida en que los inversionistas privados aumentaban su capacidad instalada y no obstante que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debía comprarles la energía producida a precios que garantizaran la ganancia privada por décadas, el gobierno foxista pretendió que dichos inversionistas participarán directamente en la venta de la electricidad. Esto alentó a las empresas transnacionales, las que se dedicaron a firmar contratos con multitud de empresas e incluso instituciones públicas, para suministrarles el servicio público que de acuerdo a la Constitución es una facultad exclusiva del Estado mexicano.

Fox se extralimitó en sus funciones, sin importarle asumir facultades que no le corresponden, vendiendo lo que no es suyo sino patrimonio nacional y en contra del pueblo mexicano. En su oportunidad, el Frente de Trabajadores de la Energía (FTE) de México, denunció esta situación.

Los legisladores del PRI y PRD sometieron la controversia ante la Corte con el argumento principal de invasión de funciones entre poderes. La propuesta de los legisladores era más bien de índole burocrática y desatendía cuestiones de fondo.

Ahora, este 25 de abril de 2002, la Corte resolvió a favor de los legisladores y en contra de Fox con una votación de ocho contra tres. Los ministros argumentaron su decisión y fueron más allá de la pretensión inicial.

La Corte (SCJN) dictaminó que Fox invadió las atribuciones del Poder Legislativo pero ratificando, de entrada, las disposiciones constitucionales en materia eléctrica indicadas en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Para la Corte, las disposiciones reglamentarias transgreden a la Constitución, lo cual es cierto.

Recordaron los ministros que, "corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público". Esto se indica en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional. Para la Corte se incluyen, "todas las operaciones especificadas cuando lo tengan por objeto, y en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para tales fines"

Con su decreto, Fox violó la Constitución abiertamente a la vez que pretendió reformar la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) y su Reglamento sin considerar al Congreso de la Unión. Eso es ilegal a todas luces, no obstante que la legislación en cuestión tiene también un origen anticonstitucional.

En la resolución, los ministros indican que el decreto de Fox permitía la privatización "de hecho y de derecho" Resolvió la Corte que, “los permisos para la llamada cogeneración o autoabastecimiento de energía eléctrica”, que según el decreto de Fox permitiría a los inversionistas privados producir cualquier cantidad de energía eléctrica y venderla, sin licitación alguna, a la CFE, “están regulados en la ley de la materia” Se refieren a la LSPEE, misma que no se respeta por el gobierno aún cuando le ha servido de base para la Privatización Eléctrica Furtiva a través de la CRE. Los ministros aclararon que “estas concesiones están determinadas para no producir más de lo que sean las necesidades del tenedor de esa autorización”

Esto es justamente lo que el FTE ha investigado y denunciado, esa es la apertura que burócratas sindicales y políticos, y asesores, han estado apoyando. El FTE ha documentado las denuncias con las correspondientes pruebas y datos oficiales analizados apropiadamente y dados a conocer a los trabajadores.

Estableció la Corte que, "resulta absurdo que teniendo una necesidad de satisfacción de 100 megavatios, produzca mil o 5 mil".

Tiene razón la Corte, nosotros hemos demostrado esa situación. Eso quiere decir, como lo considera la SCJN, que esa producción tan importante de energía serviría para otras finalidades. Por supuesto, es para comercializarlas directamente sustrayendo por la vía de los hechos las funciones que corresponden al Estado.

En el caso de la producción independiente y la llamada pequeña producción, la situación también es escandalosa. Se habla de pequeña producción y se otorgan contratos privados para instalar plantas de más de mil Mwe, así lo hemos denunciado y la propia CRE lo reconoce cínicamente.

“Es evidente que se está violando la ley, y tales circunstancias me hacen concluir que el reglamento está llegando más allá de lo que establece la ley, de que se está invadiendo realmente la facultad que tiene el Congreso de la Unión para regular lo relativo a la energía eléctrica”, expresó el ministro ponente.

"Además de que se está autorizando producir mucho más de lo necesario y esto es con la finalidad de venderlo, aunque sea a la Comisión Federal de Electricidad, y lo cierto es que se están suprimiendo las convocatorias y licitaciones que deben realizarse" "Esto es lo que podemos denominar, sin que nos asuste de ninguna manera, como un auténtico fraude a la ley".

La Corte fue clara en su decisión, como el FTE lo ha planteado con insistencia. En referencia al decreto espurio la Corte dijo, "queda en manos de una dependencia del Poder Ejecutivo la decisión de hasta dónde se privatiza o no se privatiza la industria eléctrica" ¡Completamente cierto! Eso se aplica con precisión a la CRE, porque es exactamente lo que ha venido haciendo. Bajo el mando de la presidencia de Fox y los burócratas de la secretaría de energía encabezados por el empresario Ernesto Martens y Francisco Barnés de Castro, empleado del Banco Mundial, la CRE ha resuelto a discreción el otorgamiento de los permisos privados que ha querido.

Agregó la Corte que, esa situación representa "un choque frontal entre lo dispuesto en el artículo 27 constitucional y las disposiciones reglamentarias", por lo cual el decreto presidencial es inconstitucional.

Hasta los ministros que apoyaron a Fox reconocieron que éste violó la ley y que el decreto es inconstitucional.

Nos congratulamos que los ministros se hayan informado debidamente y hayan sido sensibles al sentimiento de los mexicanos.

Ha quedado demostrado que Fox y su gobierno mienten a México, que su entreguismo y servilismo hacia el gobierno norteamericano y el capital extranjero no conoce límites ni leyes. No solo tratándose de la política exterior, también en la interna, Fox se conduce contrario a la historia y a la voluntad de los mexicanos.

La decisión de la Corte tendrá repercusiones. Si el decreto de Fox es anticonstitucional, entonces los acuerdos tomados a su amparo deben suprimirse por ilegales. Esto es, se deben revocar todos los permisos privados de generación eléctrica, porque se ha violado la ley suprema del país.

Por otra parte, los funcionarios responsables deben asumir las consecuencias aplicándoles la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, ya que han incurrido en fraude a la ley.

En mínima congruencia, deben suspenderse de manera TOTAL y DEFINITIVA todas las actividades de la Comisión Reguladora de Energía, por haber contravenido a la Constitución. Lo dijimos oportunamente y lo hemos reiterado en múltiples ocasiones, ahora lo ha dicho la Suprema Corte de la Nación.

En estas condiciones, las propuestas de reforma eléctrica expresadas en la iniciativa del PRI y las dos iniciativas del PRD, deben RETIRARSE de la discusión. La razón es sencilla, en las 3 se propone legitimar la Privatización Eléctrica Furtiva llevada a cabo en los hechos por Zedillo y Fox; y, en las tres se propone nada menos que reforzar a la CRE, misma que en términos de la resolución de la Corte está fuera de la legalidad, ha transgredido a la Constitución y los responsables merecen la cárcel, no el fortalecimiento e impunidad con una autonomía de gestión que utilizarán para la corrupción. Fox dijo de inmediato que “acatará” la decisión de la Corte, pero insistirá en la privatización, es decir, seguirá violando la ley.

Hemos formulado serias críticas a las iniciativas del PRI y del PRD, hoy las reiteramos: esas iniciativas tienen varios aspectos que son inconstitucionales y, por lo mismo, inaceptables. Proponemos que se revisen cuidadosamente y se suprima lo inconveniente, relacionado con el otorgamiento de permisos privados, la privatización disfrazada y el fortalecimiento de la CRE, misma que debe desaparecer.

La Nación requiere una legislación eléctrica verdadera, es el momento de derogar las reformas del salinismo de 92 a la LSPEE, que tan perniciosas han sido para México..

Los electricistas mexicanos, forjadores de la nacionalización eléctrica
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