La Constitución No se Modifica

El Senado de la República rechaza propuestas privatizadoras de la industria eléctrica de México. Las iniciativas del PRI, PAN y PVEM serán archivadas como asunto totalmente concluido. Después de 1,178 días de lucha, se reconoce la razón de trabajadores y pueblo de México.

Ni siquiera fueron tratadas por el pleno de la Cámara de Senadores. Mediante dictamen de 5 comisiones dictaminadoras, 28 de 48 integrantes, los senadores pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), desecharon tres iniciativas que proponían la modificación a la Constitución Política del país para privatizar la industria eléctrica nacionalizada.

La primera iniciativa fue presentada en febrero de 1999, por el entonces presidente Ernesto Zedillo siendo secretario de energía Luis Téllez.

En esa propuesta se proponía modificar los artículos 27 y 28 constitucionales. El primero, en el párrafo sexto establece que, Corresponde a la Nación la generación, transmisión, transformación, distribución y comercialización que tenga por objeto la prestación del servicio público de energía eléctrica.

Dicha reforma afectaría también al párrafo cuarto del artículo 28 el que indica que, la electricidad es una actividad estratégica que, de acuerdo al artículo 25 constitucional corresponde realizarla en exclusiva al Estado.

Las modificaciones propuestas tenían el propósito de privatizar la industria eléctrica, nacionalizada en 1960. La argumentación se basaba en los supuestos enormes recursos necesarios de inversión a efecto de satisfacer las necesidades de crecimiento en la industria y el país.

En 13 mil nuevos megawatts eléctricos estimaban Téllez y Zedillo los requerimientos de capacidad instalada hacia el 2005 con una inversión de 25 mil millones de dólares. Para lograr tasa de crecimiento del 6% anual los promotores de la iniciativa proponían la entrada indiscriminada del capital privado en las actividades reservadas a la Nación. Se proponía, nada menos, que la entrega del patrimonio nacional al capital extranjero.

De inmediato se produjo una enérgica respuesta de los trabajadores, encabezados por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), secundados de inmediato por el pueblo de México.

La iniciativa se había turnado al Senado como cámara de origen, misma que al igual que la Cámara de Diputados estaban dominadas por el PRI, partido en el gobierno. Zedillo, Téllez y demás integrantes del PRI desarrollaron una costosa campaña propagandística tendiente a que su propuesta fuera aprobada.

Como antecedente previo, está la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Norteamérica (1994) que, en uno de sus últimos anexos, prevé la privatización energética. Dos años antes, en 1992, en la perspectiva de la firma del TLC, el expresidente Carlos Salinas de Gortari (PRI) había promovido reformas anticonstitucionales a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), ley aprobada originalmente en 1975 al calor de la lucha de la Tendencia Democrática de Electricistas y Nucleares, sujetos de la represión político-militar del Estado en 1976. Esas reformas regresivas fueron aprobadas por los legisladores del PRI y han servido de base a la Privatización Eléctrica Furtiva que realizó Zedillo y que realiza actualmente Fox.

La intensa lucha de los mexicanos, encabezada por el SME, y el contundente rechazo a la iniciativa de Zedillo y Téllez, en realidad del Banco Mundial y demás organismos financieros del imperialismo, mediante movilizaciones diversas, argumentos de todo tipo, publicaciones, foros, etc. llevó a que dicha iniciativa fuera congelada por el Senado, mismo que ni siquiera pudo emitir ningún dictamen al respecto.

Mientras tanto, a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el gobierno federal procedió a la concesión de permisos privados bajo las modalidades de autoabastecimiento, cogeneración y producción independiente, pequeña producción, importación y exportación. De acuerdo a las reformas de 92, estas figuras NO se consideran (indebidamente) parte del servicio público. En tales casos, por tanto, pueden participar los inversionistas privados nacionales y extranjeros.

Al no haberse aprobado la iniciativa priísta, el gobierno federal optó unilateralmente por otorgar los permisos privados para la generación de electricidad, en términos de abierto engaño y corrupción.

Se realizaron elecciones presidenciales y, en forma poco clara, mediante encuestas y el manejo de la televisión privada, se otorgó la presidencia a Vicente Fox del Partido Acción Nacional (PAN).

La campaña de Fox se llevó a cabo en medio de mentiras cotidianas, llegó a decir que no se privatizaría la industria eléctrica. Después adornó el discurso y dijo, ante las burocracias sindicales del sector, que los activos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Luz y Fuerza del Centro (LFC) “no serían privatizados”, únicamente se abrirían ambas empresas a la inversión privada. Se trataba de un engaño a todos, como lo denunciamos oportunamente, porque no se privatizaban los activos pero sí las funciones.

Hubo muchos burócratas y asesores, que se dedicaron a repetir “Privatización NO, ¡Apertura Privada Sí!” Con oportunidad, el Frente de Trabajadores de la Energía señaló que eso, era lo mismo. Con sólida argumentación se documentaron las razones y los hechos, habiéndolas presentado públicamente a los trabajadores en el I Foro Eléctrico Nacional y otros eventos nacionales e internacionales.

Desde antes de tomar posesión de la Presidencia de la República, el gabinete de transición foxista preparó un documento para la Reorganización de la Industria Eléctrica Nacional. Según tal documento, la industria nacionalizada debía ser privatizada. Consecuentemente se promoverían reformas constitucionales. La argumentación era similar a la de Zedillo, y tal vez peor, carente por completo de bases, sin ningún diagnóstico ni claridad en los números, falseando datos y sin citar fuentes. En su oportunidad lo denunciamos.

Sin embargo, Fox no envió ninguna iniciativa de ley a las Cámaras, prefirió la vía de los hechos. Al margen de la Constitución, del Poder Legislativo y del pueblo en su conjunto, se dedicó a promover la entrada del capital extranjero en la industria eléctrica nacional. Para ello, ha contado con la actitud servil y traidora de la CRE.

A la fecha se han otorgado más de 200 permisos privados para generación eléctrica, mismos que en 2001 representan una capacidad instalada mayor a las proyecciones estimadas por Luis Téllez para 2005.

Todos los permisos son falsos y corruptos, porque no se tratan de ningún autoabastecimiento ni cogeneración, ni pequeña producción, sino generación privada en alta escala, a cargo de empresas transnacionales mismas que utilizan la red eléctrica nacional facilitada por el gobierno. Hoy en día, el 30 por ciento equivalente de la capacidad efectiva en operación es privada. La situación ha llegado a tal nivel, que en la práctica se ha venido suprimiendo el concepto de servicio público, con la participación de multitud de gobiernos municipales e instituciones públicas, al tiempo que los inversionistas privados empezaron a constituir nuevos monopolios privados. Todo se ha venido haciendo, SIN modificar la Constitución.

No satisfecho el foxismo, hacia fines de 2001, el PAN presentó ante el Senado una propuesta para modificar la Constitución en términos similares a los propuestos por Zedillo (PRI). Casi al mismo tiempo, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado del PAN en las elecciones presidenciales, propuso algo parecido. De manera que, para el actual período ordinario de sesiones legislativas existían 3 propuestas de iniciativas de ley tendientes a modificar la Constitución para privatizar la industria eléctrica.

Ahora, en una coyuntura política completamente desfavorable al foxismo, en el contexto de las denuncias de Cuba que han puesto al descubierto, a nivel mundial, las mentiras de Fox y su servilismo al gobierno norteamericano, los legisladores del PRI, PRD y PVEM dictaminaron en las comisiones respectivas rechazando las 3 propuestas.

Esto es muy importante y es un triunfo nuestro. Ante la presión de los trabajadores y del pueblo, y aprovechando la coyuntura política, los senadores del PRI reconsideraron su posición y votaron en contra de su propia propuesta, lo mismo hizo el PVEM. El PRD se sumó y se hizo mayoría.

Nos congratulamos de la decisión formal del Senado de la República. El resultado de la votación es un reconocimiento a las innumerables voces de los trabajadores y pueblo de México, quienes siempre hemos mantenido en alto nuestras banderas de lucha. Tuvieron que pasar más de tres años, habiéndose privatizado una buena parte del sistema eléctrico nacional. Ahora, es pertinente que se proceda en consecuencia.

Está muy bien que la Constitución no se modifique, pero ahora se debe detener de inmediato y terminantemente la Privatización Eléctrica Furtiva. Existen mecanismos al alcance, la propia LSPEE prevé la revocación de los permisos. También, es pertinente proceder contra los funcionarios que han transgredido a la Constitución entregando el patrimonio nacional al capital extranjero, simplemente aplicándoles la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos.

Lo más importante es llevar a cabo una adecuada política eléctrica nacional, la Política Eléctrica Independiente, y la consecuente integración cabal de la industria eléctrica nacionalizada.

PRI y PRD han presentado 3 propuestas de modificaciones a la legislación eléctrica, las tres son muy cuestionables pues legitiman a la Privatización Furtiva, hecho que es inconstitucional. Eso es inconveniente para la Nación y por el bien de ésta, deben retirarse esas propuestas hasta que sean corregidas, bien elaboradas y acordadas por el consenso nacional de los trabajadores y pueblo de México organizados socialmente.