Reforma Eléctrica 2002

El periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión inició el pasado 15 de marzo. Se pretende incluir la discusión de una Reforma Eléctrica que, luego de la propuesta privatizadora de Zedillo, se ha convertido en una "propuesta de apertura del sector eléctrico” La propuesta es ambigua, de alcances cortos y una cortina de humo para continuar la privatización furtiva del sector energético nacional, sin modificar la Constitución política del país.

Los partidos políticos caen en el error de hacer una propuesta únicamente "eléctrica", requiriéndose un planteamiento más amplio. Solo una propuesta energética integral puede definir un rumbo económico viable en el país. Las definiciones estratégicas que esto implica son de largo plazo y no pueden estar sujetas al vaivén de los partidos.

El PAN insiste en cambiar el 27 y 28

El plan oficial no ha variado, operado ahora por el Partido Acción Nacional (PAN), busca redondear las anticonstitucionales reformas de las últimas dos administraciones priístas a las leyes secundarias en materia de electricidad iniciadas en 1992. Como Zedillo, el PAN pretende modificar los artículos 27 y 28 constitucionales.

El contexto es bastante malo, Fox ha creado un ambiente de linchamiento sobre las dos principales empresas públicas del ramo, Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad ( CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LyFC) para justificar la entrada del capital privado -transnacional- en el sector energético.

Las propuestas de reforma no pretenden analizar objetivamente el desempeño del sector, ni fortalecerlo frente a dos principales retos: la escasez mundial de energéticos primarios y, por ende, la necesidad de racionalizar y promover el uso eficiente de la energía. Tampoco se buscan reformas que mejoren el rendimiento y garanticen la continuidad de un servicio vital para el desarrollo soberano de México.

La urgencia reformista es al subsector electricidad y se basa en el acatamiento a los dictados de los organismos financieros internacionales, cuya presión no la soporta una economía cada día más supeditada al capital extranjero, en particular gringo, un "socio" para el que ninguna concesión es suficiente.

Falsa argumentación panista

Se insiste en crear falsos consensos, prejuiciando a la opinión pública con argumentos también falsos. El ideólogo del PAN, senador Juan José Rodríguez Prats, afirma categórico que un mercado eléctrico competitivo funcionará mejor que el mercado monopólico vertical, y que esto está demostrado en todas partes del mundo.

Ha dicho que, en todo caso, el Estado conservará el control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y los generadores privados pagarán "renta" a la CFE por utilizar la infraestructura. Con su visión de "nicho de mercado", indica que, los 70 clientes de la CFE consumen el 25% del total de la energía. Con esa lógica, los mil 200 clientes consumen el 45%... ¿Y los usuarios domésticos? Que los sigan atendiendo CFE y LyFC, por mientras.

Rodríguez Prats no menciona experiencias graves, como la crisis energética de California, dónde la ambición de los capitalistas impidió satisfacer oportunamente la demanda.

En México, el SEN está interconectado y como tal es uno de los más grandes del mundo, con un servicio continuo y seguro. Pero interconectarlo (unificar frecuencias, construir la red troncal idónea y crear un despacho NACIONAL de carga eficiente) no fue obra de la iniciativa privada, tomó muchos años de esfuerzo y planeación cuidadosa, de trabajadores y técnicos mexicanos.

Para satisfacer la demanda de estos mil 200 "grandes usuarios", -y la ganancia de los generadores privados, el PAN propone "reconfigurar el sistema eléctrico" para que funcione bajo los criterios del mercado eléctrico, lo cuál significa deshacer un esfuerzo de miles de mexicanos con sólo levantar un “dedo” (así sea electrónico) de algunos diputados.

Se propone, nada más y nada menos que tirar a la basura la confiabilidad de la Red Nacional a cambio de recibir la generación de innumerables plantas privadas, impulsadas a base de gas natural, combustible cuya disponibilidad a nivel nacional ni siquiera es suficiente.

Según la prospectiva eléctrica, el consumo de gas natural IMPORTADO pasará del 22.3% en el año 2000, al 61.1% para el 2010. ¿De dónde saldrá todo ese gas y a qué precio? ¿Lo pagaremos los mexicanos a "costos de oportunidad" también, como hacemos con las gasolinas, según establece la anticonstitucional Comisión Reguladora de Energía (CRE)? ¿Qué nuevos subsidios habrán de retirarse a fin de garantizar la renta de los inversionistas?

El PAN juega a ser gobierno y a mantener su fuerza electoral. ¡Sus incongruentes propuestas no pasarán! Lo malo es que la oposición no tiene alternativas mejores.

El PRI por reformas a la LSPEE

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), en 1999, apoyó la iniciativa presentada por Zedillo que propuso la privatización total del sector (manteniendo para el estado el control de la Red de Transmisión, el mercado eléctrico y la generación nucleoeléctrica matizando, un poco más tarde, la generación hidráulica).

Con el nuevo sexenio, el PRI ha cambiado de posición. En su iniciativa, expresa que no haya reformas constitucionales, ya que el partido "se opone totalmente a la privatización" Sin embargo, avala reformas regresivas, tales como, la autonomía de gestión y financiera de la CFE, así como la permanencia y fortalecimiento de la CRE, que lo mismo regularía la participación privada en la generación eléctrica y el otorgamiento de permisos respectivos, que fijaría las tarifas del servicio.

Privatización furtiva y corrupta

La propuesta priísta, a pesar de algunos avances, como la revaloración del concepto de servicio público, es anunciada como un esfuerzo por terminar con la anarquía propiciada por la CRE en otorgamiento de permisos de generación pretendiendo establecer "candados" y sanciones. Sin embargo, avala y legitima la continuación de la privatización eléctrica furtiva. En ningún caso, plantea la regulación de respecto de los permisos ya otorgados o construidos, ni mucho menos corrige la actuación de los funcionarios que transgreden a la Constitución al permitir la participación privada, comprometiendo la viabilidad técnica del SEN y, con ella, la soberanía energética del país.

Casos evidentes de corrupción son las plantas extranjeras que se están instalando en la frontera norte, básicamente en Baja California y en particular en Mexicali, ciudad donde el reciente aumento de las tarifas domésticas –nada de "reducción al subsidio del consumo"- merece el adjetivo de criminal.

La producción de estas plantas está destinada exclusivamente al abasto de energía eléctrica al mercado estadounidense. Más de 2 mil megawats (Mw) fueron concesionados en 5 permisos de exportación, autorizados entre el 2000 y el 2001, no para satisfacer las necesidades de la población del norte del país, con temperaturas extremas en verano. Las 5 plantas se construyen, además, sin cumplir la normatividad ambiental respectiva, por lo que ya son motivo de demandas del lado norteamericano. Tales plantas funcionarán importando a México “su” propio gas (al fin que se eliminó el arancel) y exportando a EU “su” electricidad.

Estos permisos constituyen un novedoso delito, que podría tipificarse como un auténtico "negocio de lavado de energía", al cuál se prestan impunemente la CRE y diversas autoridades, desde el presidente de la república hasta el gobernador del estado y el presidente municipal.

Las autoridades municipales de otras regiones, con tarifa doméstica subsidiadas por temperatura extrema, como San Luis Río Colorado, Guaymas y Hermosillo, en Sonora; Guasave, Mazatlán, Los Mochis y Culiacán, en Sinaloa; La Paz, Ciudad Constitución, Santa Rosalía y Los Cabos, en Baja California Sur; Acaponeta y Tecuala, en Nayarit; Villahermosa, Tabasco; Cancún, Quintana Roo; Mérida, Yucatán; Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros y Ciudad Victoria, en Tamaulipas; Monterrey, Nuevo León; Ojinaga, Chihuahua y otros, tendrán que explicar a sus habitantes que desde ahora toda la energía generada para el pretendido "mercado eléctrico" es producto de exportación aunque que por ello, los mexicanos la pagaremos más cara y sin “subsidio”.

Otros casos extra-legales los constituyen las empresas "privadas-municipales" de energía que, en gran número se asocian a lo largo y ancho del país para obtener permisos de Cogeneración e incluso de Autoabastecimiento. Esos permisionarios se benefician con la explotación de las "plantitas" que utilizan gas natural e, incluso, con la concesión de agua para la generación hidráulica (San Rafael en Nayarit.)

La suma de las demandas estimadas de las asociadas en primera instancia, más las estipuladas en cláusula de expansión, reiteradamente rebasa la capacidad de la planta original. Un mismo municipio o particular se "adhiere" a distintos permisos para satisfacer una misma demanda. El concepto tradicional de Servicio Público queda hecho añicos, dando paso al llamado "mercado eléctrico"

La cuestionable honorabilidad y los pésimos antecedentes de la CRE no permiten proponer su fortalecimiento quedando un enorme hueco en la credibilidad de la propuesta priísta.

Cabe recordar que la controversia vigente en entre el legislativo y el ejecutivo no cuestiona estos aspectos y por tanto la iniciativa debería resolver la cuestión de fondo.

La autonomía de gestión privada

Otro aspecto deficitario de la propuesta es la llamada autonomía de gestión. Esta se propone como la definición de un nuevo "modelo de industria pública-privada" Se plantea con todas sus letras que la CFE se maneje "como una empresa de la iniciativa privada siendo de Estado, con la finalidad exclusiva de prestar el servicio publico de energía eléctrica"

Esta proposición no atiende solo a los aspectos hacendarios de la cuestión (el pago de impuestos Sobre la Renta, al Valor Agregado, exceptuando el Impuesto al Activo de la Empresas), tiene otros propósitos tendientes a desvirtuar el concepto de industria nacionalizada.

Financieramente tanto CFE como LyF (y Pemex) dependen del presupuesto federal como empresas de servicio público dada la gran desigualdad social que prevalece en el país ¿Cómo podrían ser realmente organismos autónomos si hay una relación casi simbiótica?.

Administrativamente CFE y LyF son ya autónomas, en los términos de la actual legislación. Al respecto, la Ley Federal de Entidades Paraestatales establece en su Artículo 11 que "Las entidades paraestatales gozarán de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su objeto, y de los objetivos y metas señalados en sus programas. Al efecto, contarán con una administración ágil y eficiente y se sujetarán a los sistemas de control establecidos en la presente Ley y en lo que no se oponga a ésta a los demás que se relacionen con la Administración Pública."

Como empresas públicas CFE y LyFC tienen este estatus. Sus administradores lo saben y han abusado de dicha autonomía.

Abusos de la burocracia

Se ha institucionalizado que la administración de las empresas sea encabezada por gente incapaz de comprender dicha autonomía, pero dispuesta a acatar toda medida restrictiva y presupuestalmente lesiva aplicada por el gobierno en turno. Por años, se ha permitido el despojo de sus ingresos y la política de reducción presupuestal constante las ha descapitalizado, sobre todo a LyFC, empresa que ha sido "quebrada" virtualmente.

Según la propuesta del PRI, el Presidente de la República seguirá designando al Director General tanto de CFE como de LyF ¿Con los mismos criterios de ahora? ¿Cuál sería beneficio de la autonomía? En ciertos años, CFE y LyF fueron dirigidas técnicamente por algunos funcionarios responsables y conocedores del sector, que cumplieron sin delegar su responsabilidad ni concesionar sus obligaciones. Fueron retos difíciles, pero los trabajadores y técnicos mexicanos salimos airosos. Sin embargo, las nuevas "camadas" de modernos administradores ingresan afirmando categóricamente que solamente la autonomía de gestión, administrativa y financiera, lograría una industria eléctrica competitiva, capaz de prestar un servicio "de calidad mundial".

Como si no faltaran ejemplos de que el afán insaciable de lucro del capital privado no tiene moral, y que la privatización de los servicios públicos no ha acarreado más que miseria ¿Qué empresa privada a nivel mundial ha construido lo que CFE y LyFC han hecho en México?

Las concesiones realizadas desde 1992 a los capitales extranjeros tendrán vigencia de más de 20 años, con contratos garantizados que vulneran prácticamente de por vida las finanzas de CFE y LyF ¿Dónde estaban los funcionarios del sector para advertir los riesgos de esta privatización silenciosa? Buscando colocarse en el sector privado y más aún, las direcciones de CFE y LyF, apoyadas por legiones de mandos medios venidos de quién sabe dónde, han favorecido el contratismo a niveles nunca antes vistos.

Sin disfrutar de "Autonomía de Gestión" plena han logrado ya su sueño: El sector eléctrico, en materia de adquisición de bienes y servicios se comporta ya como una empresa privada: campea el saqueo y la corrupción. Solo requieren la autonomía plena para asegurar su impunidad.

Autonomía para legalizar el contratismo

Laboralmente el panorama de la propuesta es aún peor. En la iniciativa no se menciona una palabra del esfuerzo de los miles de trabajadores mexicanos que a pesar de haber forjado a la industria eléctrica nacional, luego de los procesos de reestructuración en CFE y LyFC, pierden su materia de trabajo por el contratismo, ya que actualmente la mayoría de las obras se concesionan a particulares. Para poder manejar a CFE "como una empresa de la iniciativa privada siendo de Estado", se pretende concesionar inclusive funciones estratégicas.

Se propone además la participación de los trabajadores en la organización y funcionamiento de las empresas públicas-privadas mediante comisiones consultivas, pero se dice una palabra en referencia a los institutos de investigación y desarrollo tecnológico. Omisión imperdonable porque obviamente la "modernización" del sector significa entonces la automatización y/o la concesión de funciones, con la consecuente pérdida del empleo para los trabajadores y técnicos nacionales.

Como siempre, los índices de productividad se ajustarán mediante la reducción de costos... comenzando por la mano de obra, subcontratando, reduciendo salarios, prestaciones, etc.

Las representaciones sindicales del SME y del SUTERM... calladas, soslayado el fondo del asunto. Llevan años "sobreviviendo" a cambio de "mantener intacta" una cada vez más pauperizada plantilla de puestos, sin atacar de frente el problema de la pérdida de la materia de trabajo, ni la desnacionalización del sector eléctrico, pero eso sí, se declaran listos para reestructurarse.

El PRD detrás del PRI

La propuesta Perredista aparece desde la denominada cámara baja. Pero lo realmente bajo es el perfil de dicha propuesta y de quienes la impulsan: un pequeño grupo que maneja de manera facciosa soluciones de gabinete. Ese partido ha restado importancia a un tema estratégico nacional.

En peores circunstancias se encuentra la propuesta del Partido Verde (PVEM), comparsa del PAN, incapaz de tomar cuando menos la defensa ecológica, copiada cuando menos de otros países.

Respecto a la agenda legislativa del Fox dada a conocer el 25 de marzo, se ratifica su prioridad en la reforma energética basada en la iniciativa del PAN en el Senado (la de Rodríguez Prats). Para el PRI el tema no es prioritario, dado que propone reformas a las leyes secundarias (“olvidándose” ya de la reforma constitucional). Para el PRD tampoco es prioritario por tratarse tan solo de una propuesta administrativa para la reestructuración interna del sector eléctrico.

Así, todos los partidos y el ejecutivo, se declaran listos para negociar sobre un tema incómodo y políticamente dificultoso, pero que seguramente les permitirá reconfigurarse antes de las elecciones del 2003. Como siempre, se irán por la discusión política legaloide. Después se quejan del abstencionismo y se dicen sorprendidos por la falta de participación ciudadana.

Ante este panorama, en el que todo se reducirá a cambios menores a las leyes reglamentarias (la correlación de fuerzas difícilmente permitiría para una reforma constitucional), los trabajadores mexicanos debemos de impulsar con más fuerza nuestras propuestas de Política Energética Independiente y las acciones que de ésta derivan, así como promover la movilización sindical y social, disminuida considerablemente en los últimos tiempos.

Numeralia de la Cámara de Diputados

• Del pleno de la Cámara de Diputados: PRI: 210 votos (42.0%), PAN: 207 (41.4%), PRD: 52 (10.4%), PVEM: 16 (3.2%) y PT: 8 (1.6%).
• De los 30 miembros de la comisión de energía de la Cámara de Diputados, 12 son del PAN (ocupan la presidencia y una secretaría, 13 del PRI (con dos secretarías) y 3 del PRD (con una secretaría). Completan el PVEM y el PT con un representante cada uno.
• De los 500 legisladores, el grupo mayoritario lo constituyen los abogados (153), seguidos de lejos por profesores, contadores, administradores y economistas (50, 38, 35 y 27 respectivamente) y solamente 2 ingenieros electricistas. 39 no manifiestan su escolaridad.