Una larga lucha de los electricistas del interior del país, agrupados en la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria y Comunicaciones Eléctricas (FNTICE) y coaligados con los electricistas de la capital en la Confederación Nacional de Electricistas (CNE) de la República Mexicana, precedieron a la nacionalización de la industria eléctrica.

En 1960, el 98 por ciento del sector fue rescatado para la nación. Los electricistas de la FNTICE sellaron de inmediato la unidad constituyendo al Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (STERM). Luego, procedieron a impulsar la integración de la industria eléctrica nacionalizada.

En 1975, al calor de la lucha de la Tendencia Democrática, conquistamos la primera Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Hoy la situación es radicalmente diferente. En 1992, las reformas regresivas a la ley eléctrica, sustituyeron a la Constitución por el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica. Con esa base ilegal, el 50 por ciento de la generación eléctrica total a nivel nacional se ha entregado a 300 transnacionales y sus filiales, subsidiarias y prestanombres. La industria nacionalizada está en un severo proceso desintegrador, el concepto de servicio público se ha pervertido y se insiste en seguir degradando a la legislación energética.

En 2008, todos los partidos políticos aprobaron la generalización de la privatización a todas las fuentes, renovables y no renovables de energía. Actualmente, la ofensiva de las corporaciones se extiende al viento, al agua y todos los recursos naturales.

Tratándose del energético vital, los gobiernos federal, estatales y municipales, continúan entregando el servicio público del agua a las corporaciones extranjeras en 28 de las 31 entidades federativas.

Las consecuencias adversas son múltiples. Las transnacionales se han apoderado de los recursos naturales, el suelo, el agua y la soberanía de la nación. La forma tangible e inmediata son las constantes elevaciones de las tarifas.

Pero estos son los efectos que tienen como causa a la privatización furtiva. Sin revertir a ésta no será posible corregir las adversas consecuencias. Mientras siga la privatización y esta se incremente, como lo plantean los planes neoliberales, las dificultades serán mayores para la población en general.

Se está configurando un escenario similar o, tal vez, peor al que ocurría antes de la nacionalización eléctrica. El concepto de servicio público se ha cambiado por la mercantilización de la energía y el agua, en apoyo a la voracidad del capital. El Estado y gobiernos en turno tienen como política la desnacionalización de los sectores estratégicos. Esta situación debe cambiar por necesidad social.

Para el FTE de México, la nacionalización del agua y la re-nacionalización de la energía, es una bandera que ponemos a la discusión del pueblo de México. Esto plantea reorganizar a la insurgencia obrera y popular en todo el país. En este 51 aniversario de la nacionalización eléctrica llamamos a todos los mexicanos concientes a intensificar el análisis y asumir decisiones congruentes.