Iniciativas de Leyes Eléctricas

El PAN y el PVEM insisten neciamente en modificar a la Constitución política del país para privatizar a la industria eléctrica de México. El PRI y el PRD proponen que no se modifique la Constitución, lo cual es correcto y altamente importante, pero omiten la política eléctrica, avalan la privatización eléctrica furtiva, legitiman irregularidades y niegan la integración de la industria eléctrica nacionalizada.

Más de tres años de lucha en el período reciente están llegando a un punto límite. La iniciativa presidencial de Zedillo, reeditada por Fox, para la privatización eléctrica ha sido revisada. La lucha del pueblo mexicano ha tenido indudables repercusiones si bien, las nuevas propuestas, no son totalmente satisfactorias. Hay avances pero persisten importantes definiciones que los legisladores dejan pendientes o de las cuales hacen abstracción deliberada .

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Acción Nacional (PAN), actualmente en el gobierno, insisten en privatizar la industria eléctrica nacional, mediante modificaciones explícitas a los artículos 27 y 28 constitucionales. En noviembre y diciembre de 2001 presentaron sus respectivas propuestas.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en sendas iniciativas presentadas en febrero y marzo de 2002, proponen que la Constitución NO se modifique sino únicamente la legislación secundaria, entre otras, la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). Ambos partidos coinciden en aspectos esenciales, tanto en lo positivo como en lo negativo.

Con la nueva iniciativa, el PRI da marcha atrás respecto de su propuesta original presentada en febrero de 1999. Dice en su exposición de motivos que “los argumentos a favor de la reforma constitucional no son sostenibles,...”. Tuvieron que pasar años de insistencia creciente, multitud de foros, escritos, asambleas, marchas, etc. y, sobretodo, una privatización furtiva en marcha, para que los priístas llegaran a la conclusión propuesta por los trabajadores desde el primer momento. Nos congratulamos que así sea.

Sin embargo, persisten importantes problemas, que el PRI no desea resolver y hace tiempo abandonó compulsivamente utilizando la violencia contra los electricistas democráticos. Es el caso de la integración de la industria eléctrica nacionalizada, verdadera acción para garantizar el dominio de la Nación en materia de electricidad. El PRD también elude este crucial aspecto. PRI y PRD prefieren el tratamiento administrativo del asunto y lo reducen a la autonomía de gestión para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC), manteniéndolas estatales pero con un funcionamiento de empresas privadas. Esta es una evidente desnaturalización conceptual y política de la nacionalización.

Las iniciativas del PRI y PRD dejan abiertas las puertas al capital privado, a través de las figuras jurídicas creadas con las reformas de 1992 a la LSPEE. Estas reformas han sido la base legaloide para que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) haya otorgado a la fecha cientos de permisos privados para generación eléctrica propiciando la privatización furtiva. Si bien se plantean buenas intenciones, se deja en la CRE la toma de importantes decisiones lo cual es contradictorio. Más aún, a dicha Comisión se le adicionan facultades, como la de fijar las tarifas eléctricas.

La iniciativa del PRI es suficientemente detallada pero omite, al igual que el PRD, diversas cuestiones de fondo. Es el caso de la Política Eléctrica Nacional, punto de partida para cualquier reorganización industrial, todo lo dejan a la Secretaría de Energía, misma que hace años renunció a su papel. El gobierno no tiene Programa Nacional de Energía y lleva adelante sólo las propuestas que le dicta el gobierno norteamericano.

La política eléctrica es fundamental porque de allí derivan importantes cuestiones, no al revés. Sin ésta, ¿Qué planeación podrá haber? ¿Cómo se definirán coherentemente los planes estratégicos? No se puede, sencillamente, y todo queda en el nivel de lo inmediato. Tan es así, que en un contexto mundial que hace previsible una severa crisis energética creciente en los siguientes 50 años, se omite lo concerniente a las fuentes alternas de energía; la investigación científica y el desarrollo tecnológico, simplemente no se consideran, ni como parte de la industria ni del nuevo servicio público de energía eléctrica que se propone.