México enfrenta una grave crisis petrolera deliberada, donde confluyen la declinación de sus yacimientos, la ausencia de una política nacional de exploración y producción petroleras, y la entrega del petróleo a los intereses transnacionales. Estas aciagas circunstancias constituyen un agravio a la Nación, al Estado mexicano y a su seguridad nacional.

Lázaro Cárdenas del Río.

En el mundo actual -en su estructura económica y tecnológica- el petróleo y los suministros energéticos constituyen asuntos estratégicos, e incluso de seguridad nacional. Dentro de esta necesidad, las grandes economías industriales desarrolladas despliegan acciones contundentes para proveerse y asegurarse el suministro necesario. Para ello, hacen uso de todas sus capacidades políticas, comerciales, disuasivas y hasta militares. Si estas acciones se instrumentan en otros países, ¿por qué en México la política gubernamental va a contracorriente y entrega los recursos petroleros a compañías usureras internacionales, vulnerando la seguridad nacional, el patrimonio y la viabilidad presente y futura de la nación?

La salvaguarda y protección de los recursos son aspectos estratégicos y prioritarios para un Estado y sus instituciones; son objeto de protección de sus leyes y normas fundamentales. Incluso por el más elemental sentido común, se debe velar por tales recursos, ya que proporcionan la base sustancial de la seguridad y posibilidad económica y existencial de las naciones.

Con base en esta lógica, el precepto constitucional de México establece, en la categoría de estratégico, la posesión y usufructo del petróleo. La ley constitucional –artículo 27- en esa materia y la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional originalmente señalan el carácter exclusivo que tiene la nación, a través de Petróleos Mexicanos (PEMEX), para la exploración, explotación, transformación y beneficio total de los hidrocarburos en toda su cadena de valor.

Por otro lado, la adecuada gestión y administración de los recursos petroleros, sin sobre-explotación ni depredación, son condición sine qua non para asegurar la disponibilidad, suficiencia y ahorro del recurso en aras de preservar la seguridad energética y, por ende, nacional. Así, la seguridad energética depende, entre otros factores, de la disponibilidad, suficiencia y ahorro inteligente de los recursos petroleros (habida cuenta de una gestión lúcida y de interés nacional) y del respeto y seguimiento de los preceptos constitucionales. Sin estas condiciones, la seguridad nacional está en riesgo.

Empero, a causa de las condiciones prevalecientes actualmente, por la imposición de las políticas neoliberales y de los intereses sobre los recursos petroleros de México, varias fases de proceso de la industria petrolera (de la exploración a la petroquímica) se han entregado a empresas extranjeras a través de un contratismo exagerado y tendientes a la privatización. A la realidad anterior han contribuido los últimos cambios efectuados en el articulado en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, lo cual pone en manos de intereses extranjero los recursos petroleros nacionales. Con este propósito, las capacidades operativas y tecnológicas de PEMEX (infraestructura tecnológica y cuadros técnicos), han sido desmanteladas paulatinamente o disminuidas de manera peligrosa, afectando la autonomía de gestión de la paraestatal y sus recursos activos y pasivos.

Por elemental lógica, es evidente que los conceptos de seguridad energética van ligados y se encuentran en la base de los sustentos y nociones de la seguridad nacional. La Constitución Política de México, y recientemente en la Ley de Seguridad Nacional, enuncian aspectos primordiales de la seguridad pública del país (seguridad interna y defensa nacional sensu stricto); aunque es necesario precisar esos conceptos para extenderlos a la noción verdadera de seguridad nacional, cubriendo entonces aspectos variados como los económicos, educativos, energéticos, de protección social, de protección ambiental. Seguridad pública y seguridad nacional son conceptos diferentes y abarcan dominios también diferentes.

Este ensayo tiene como objetivo hacer un breve balance de la industria petrolera nacional, en sus diferentes rubros, así como establecer sus relaciones con la seguridad energética y nacional del país. Esto es particularmente esencial frente al contexto internacional y la geopolítica agresiva desplegada por los países desarrollados para proveerse y asegurarse, a toda costa, los recursos petroleros del mundo, sin importar el lugar donde se encuentren.

Presentadas por rubros y como breve diagnóstico, algunas de las variables y problemáticas actuales en la industria petrolera, son las siguientes:

a.- En la exploración de hidrocarburos

Las reservas de petróleo.- Las reservas actuales de hidrocarburos (primer semestre de 2010), son como sigue: reserva probada 14,000 Mb (con 9,600 Mb de reservas probadas desarrolladas y 4,400 Mb no desarrolladas); reserva probable 14,200 Mb; y reserva posible 14,800 Mb. La suma de estos tres tipos de reserva (reserva total 3P) es de 43,100 Mb.^[1], Con estos montos, sólo habría hidrocarburos, en promedio, durante 9 años.

Las reservas de gas natural.- Actualmente (primer semestre de 2010), las reservas probadas son de 16.8 Billones de pies cúbicos (Bpc), las probables 20.7 Bpc y las posibles de 23.7 Bpc. Las reservas totales (3P) de gas natural son de 61.2 Bpc.^[2]. La autonomía para el gas sería de 7 años aproximadamente.

En los últimos años las actividades exploratorias se han reducido considerablemente, desde la conformación del esquema corporativo en PEMEX y la eliminación de las brigadas exploratorias de geología y geofísica. Actualmente gran parte de esas actividades de exploración son realizadas casi en un 85% por compañías privadas extranjeras (estudios y trabajos operativos) a partir de contratos.

La disminución de reservas totales (3P) ha sido significativa desde el principio de la década de los años 80. La disminución de las reservas probadas es el reflejo de las bajas tasas de restitución, las cuales promedian 12%; esto sobre todo debido al descenso de la actividad exploratoria.^{[3 ]}. En este escenario exploratorio, parecen muy poco probables nuevos hallazgos de campos gigantes o super-gigantes en México. La base de esta evidencia la sustentan los conocimientos y características geológicas del país, tanto en los territorios en tierra como en las áreas marinas del país.

Por otra parte, la reducción de la plataforma de producción es, a su vez, el reflejo de la declinación de los campos en explotación, así como de la baja restitución de las reservas. El descenso de la producción ha sido evidente desde el año de 2004 a la fecha. Este hecho refleja asimismo, la clara declinación de la producción del Complejo Cantarell.

Según los datos existentes^[4], el 95% de la producción actual procede esencialmente de campos en etapa de declinación; lo cual resulta en una disminución paulatina y preocupante de la producción, frente a la baja en la tasa de descubrimientos y de restitución de las reservas. Es decir, el patrimonio petrolero se encuentra en franca declinación.

“La mayoría de los campos productores de aceite y gas asociado se encuentran actualmente en etapa de declinación. De los 223 campos con reservas y producción de aceite y gas asociado, 177 se encuentran en plateau o declinación, lo que significa que no incrementarán su producción en los próximos años”.^[5]

Algunos de los factores causales evidentes del deterioro actual de la industria petrolera son: la disminución acelerada de las reservas; de los montos de producción; del desmantelamiento de su infraestructura tecnológica y de recursos humanos; la falta de inversión suficiente; la deficiente dirección o gestión cientifico-tecnológica y administrativa en el corto y largo plazos, la carencia de visión estratégica de toda la cadena de valor del petróleo frente al contexto y necesidades de desarrollo del país y a la falta de una política energética-petrolera eficaz por parte del Estado.

Actualmente, en las condiciones de deterioro en que se encuentra la industria petrolera, es difícil poder sostener como objetivo el logro de una plataforma de producción de 3.3 Mb/d como se propone en la agenda de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)^[6] Aún así, si ello fuere posible, es una política sin visión de futuro, ya que sería más recomendable explotar conservadoramente las reservas de crudo y en su lugar beneficiar las fases de refinación y petroquímica, y por ende, la venta de petrolíferos y productos finales que proporcionan mayores rendimientos económicos y tecnológicos, que la sola venta del petróleo como materia prima.

Estas evidencias y hechos son indicios claros de la etapa de deterioro y crisis en que se encuentran los procesos de exploración y explotación, y en general, toda la industria petrolera. Esta problemática se concatena con las aciagas políticas entreguistas de los últimos gobiernos neoliberales que el país ha sufrido. Todo ello, además, en la coyuntura y el contexto de la agresiva política militarista de las potencias extranjeras. México se encuentra en medio de peligrosas contingencias que amenazan su existencia presente y futura.

b.- La explotación o producción de hidrocarburos

La producción de hidrocarburos en 2010 (primer semestre) ha alcanzado un monto promedio de 2.613 Mb diarios. Mientras que, por otro lado, la producción anual de hidrocarburos alcanzada en 2008, fue de 1,603 Mbpce; en 2009 de 1,451 Mbpce y se proyecta que en 2010 será de 1,378 Mbpce^[7].

Por otra parte, la producción diaria de gas natural en 2010 (primeros meses) fue de 6,976 Millones de pies cúbicos diarios.

Es muy evidente, según los índices de la exploración mencionados anteriormente, que en la industria petrolera y en la Secretaría de Energía la carencia de una política o sistema de gestión y de administración de la explotación de hidrocarburos –y de producción de gas natural- y de un sentido sustentable por la preservación de las reservas.

c.- La refinación de hidrocarburos

Algunos datos diagnósticos en este rubro de la refinación son los siguientes: El volumen promedio de exportaciones de petrolíferos, gas natural y petroquímicos es de 207 mil barriles por día, en promedio. En sentido contrario, el volumen promedio de importaciones de petrolíferos, gas natural y productos petroquímicos en 2010 (primeros meses) fue de 520 mil barriles por día, en promedio^[8].

Las dos problemáticas actuales que prevalecen en la refinación son, v. gr. el envío de petróleo crudo a refinerías de Estados Unidos y la operación ineficiente o parcial de las seis refinerías nacionales (actualmente en condiciones tecnológicas y de mantenimiento obsoletas). Si existiera una eficiente plataforma de refinación en el país, podría incluso reducirse significativamente la exportación de petróleo crudo para aumentar, así, la producción de petrolíferos y petroquímicos, cuya utilidad económica sería evidentemente más redituable para México. El abastecimiento petrolero de PEMEX sería suficiente para cubrir holgadamente la demanda nacional.

d.- La petroquímica y producción de gas

Finalmente, se puede afirmar que el ramo de la petroquímica se encuentra atravesando una etapa de profunda crisis y franco deterioro, tanto por las deficiencias de tipo tecnológico, administrativo y financiero, como las de carácter normativo, así como por las intenciones políticas de ceder este rubro a los intereses de los particulares.

e.- La situación científico-tecnológica

Debido a múltiples factores, es muy evidente y conocido que el nivel científico–tecnológico de la industria petrolera nacional ha descendido en los últimos años. Entre estas causas se encuentra, principalmente, el contratismo creciente e indiscriminado hacia las compañías de servicio extranjeras (y que ha prevalecido en la paraestatal desde hace más de dos décadas), así como por el retiro masivo de grupos de personal técnico calificado, el desmantelamiento de la infraestructura petrolera existente (equipos de perforación en tierra, equipos de prospección geofísica, etc.), y la falta de una política congruente para asegurar la investigación y el desarrollo y asimilación tecnológica hacia los cuadros técnicos operativos y de investigación, tanto en PEMEX como en el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)^[9],^[10].

f.- La exploración en aguas profundas

De acuerdo con los datos y estudios hasta ahora existentes sobre la potencialidad petrolera del golfo en aguas profundas y con base en los conceptos y métodos de exploración geológica y de los sistemas petroleros, la esperada existencia de grandes yacimientos comerciales no es congruente con los hechos geológicos conocidos hasta ahora, a saber:

1º .- La inexistencia de rocas generadoras con facies orgánicas totalmente apropiadas para la generación de hidrocarburos a profundidades mayores a 1,500 metros de tirante de agua.

2º .- Asimismo, las probables rocas almacén (del Cretácico o Cenozoico), en esas áreas, tendrían muy poca capacidad de almacenamiento –baja porosidad y permeabilidad.

3º .- También, con base en los datos existentes y los modelos y simulaciones numéricas realizadas, la historia térmica de las rocas en las áreas profundas del golfo habría sobremadurado o “quemado” la materia orgánica y los hidrocarburos en las rocas generadoras. O bien, los posibles hidrocarburos generados habrían migrado hacia las estructuras estratigráficas situadas en la periferia del golfo, mas no hacia las áreas profundas.

4o.- En este modelo, los hidrocarburos generados y posteriormente entrampados se encontrarían, según su lógica geopetrolera, hacia los bordes del golfo, o sea, hacia las áreas de plataforma continental y áreas someras.

5º .- Finalmente, los principales yacimientos susceptibles de entrampar hidrocarburos se encontrarían, también, hacia la periferia del Golfo de México, mas no en las aguas profundas sensu stricto.

De acuerdo a los hechos mencionados antes, resulta especulativo y de alto riesgo (para las actividades exploratorias) hablar de “grandes reservas” en el Golfo de México; más aún cuando no se han llevado a cabo estudios directos para su evaluación y cuantificación. Las evidencias geológicas antes anotadas y la situación económica del país aconsejan más prudencia (aunque el actual gobierno no la tenga, debido a sus particulares complicidades con las compañías transnacionales petroleras). Por ello, las reservas más grandes y susceptibles de ser aún encontradas y explotadas, serían las de la plataforma continental marina con profundidades no mayores a 1,500 metros de tirante de agua (como actualmente son los casos de los campos petroleros de la Sonda de Campeche, Lankahuasa, Coatzacoalcos Marino, zona exterior de la cuenca de Burgos, Cordilleras Mexicanas, etc.).

g.- El caso Chicontepec

Por otra parte, Chicontepec, un área petrolera que se ha sobrestimado, es una de las provincias petroleras de México conocida desde hace más de setenta años, y sin embargo, no ha destacado como área productora de primer orden. Su problemática es sui generis: abatimiento temprano de la presión de yacimiento y por ello, una rápida declinación y baja producción por pozo. Ahí, a lo largo de los años, se han intentado múltiples proyectos de desarrollo integral, pero sólo han dado mínimos resultados. Además, sus yacimientos presentan bajísimos factores de recuperación y para lo cual, actualmente, parece no haber solución tecnológica inmediata que resuelva ese obstáculo geológico^[11].

Buque tanque de Pemex en el Golfo de México

a.- La autonomía y la seguridad energética

La seguridad y autonomía energética del país implica, entre los más importantes, los siguientes aspectos, (y los cuales son elementos fundamentales del diagnóstico petrolero y energético actual de México y de su planificación al más largo plazo): Aseguramiento y disponibilidad de reservas de hidrocarburos, explotación mesurada y adecuada de petróleo crudo, producción de petrolíferos, producción de gas natural, de productos petroquímicos en una infraestructura madura para el almacenamiento, distribución y comercialización de los hidrocarburos, con un sentido de gestión y visión en beneficio de la nación y de la sustentabilidad ambiental. La solidez en la seguridad energética reposa sobre una verdadera Política Energética de Estado, con la cual se podrá fortalecer la seguridad nacional y la certidumbre sobre la viabilidad integral -económica, social, ambiental...- y futura del país.

Por tanto, la autonomía y seguridad energética, así como la seguridad nacional, sólo podrán construirse y fortalecerse sobre la base de una estructura jurídica y constitucional acorde a una política energética de Estado con visión nacional.

Además, el desarrollo autónomo de un país en materia energética (que también es el caso de México) y ante el escenario internacional, deberá tomar en cuenta que en el mercado mundial del petróleo y en la geopolítica internacional son y serán válidas las siguientes premisas: a.- El petróleo es un arma geoestratégica determinante en las relaciones internacionales, particularmente capitalizable por los países productores de petróleo crudo y petrolíferos; estos productores ostentan un poder especial de carácter geopolítico y de negociación que debe optimizarse; b.- Durante la etapa del pico de máxima producción del petróleo y su consecuente declinación, éstos fenómenos deberán ser factores primordiales para las definiciones geoestratégicas de los países productores; c.- Las situaciones del mercado internacional y de los países más dependientes del consumo de petróleo se agudizarán a medida que sus necesidades aumenten y la oferta se vea disminuida durante las etapas de declinación, generando contingencias en la gran mayoría de los sectores económicos y políticos; d.- Los países o regiones del mundo deberán planear minuciosamente sus estrategias de gestión internacional para asegurar sus abastos petroleros en escenarios cada vez más competitivos, y hasta conflictivos. e.- La gestión de las propias actividades de exploración, explotación y producción en los países en posesión de reservas, deberá tomar las más sofisticadas políticas y estrategias –las cuales incidirán en las políticas de la seguridad nacional.

b.- Algunos aspectos constitucionales sobre la seguridad nacional

Una noción clara y contundente sobre la seguridad nacional, desde el punto de vista jurídico es la que establece que la seguridad nacional ha sido referida “como la capacidad de un Estado-nación para defenderse de ataques extraños, y como la habilidad de este ente político para hacer avanzar sus intereses nacionales, entendidos fundamentalmente como la integridad territorial y la soberanía política”.^[12] También, Vega García establece que “seguridad nacional es la condición de pensamiento y acción del Estado, por la cual una sociedad organizada en el entorno del derecho, obtiene y preserva sus objetivos nacionales”.^[13]

En suma, la seguridad nacional, se deduce, es la situación y existencia de estrategias y acciones, tanto al interior como al exterior que un Estado instrumenta y materializa, con base en el derecho (sensu lato), para preservar su existencia y viabilidad futura en todos los aspectos estratégicos y prioritarios de su patrimonio, economía, sociedad, ambiente y política. Tal noción implica dos rubros fundamentales: el de la defensa física de la integridad del Estado (territorio, población, instituciones y símbolos) derivando en el ámbito militar y de las fuerzas armadas; y el de las acciones estratégicas y políticas de Estado respecto a los recursos patrimoniales, de la economía, la sociedad, el ambiente, el desarrollo, etc. Y las cuales caen dentro de la acción y la inteligencia de las políticas públicas del Estado, mas no de la respuesta armada.

Además de los breves aspectos de seguridad nacional mencionados en la Carta Magna de México^[14], la Ley de Seguridad Nacional^[15] identifica, en su artículo 5, algunas amenazas a ésta. La cita del artículo y sus numerales muestran aspectos importantes:

Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional:

I.- Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional;

II.- Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación del Estado Mexicano;

III.- Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada;

IV.- Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V.- Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada;

VI.- Actos en contra de la seguridad de la aviación;

VII.- Actos que atenten en contra del personal diplomático;

VIII.- Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva;

IX.- Actos ilícitos en contra de la navegación marítima;

X.- Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas;

XI.- Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia; y

XII.- Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.

Sin embargo, es evidente que entre las amenazas identificables en este artículo 5 predominan las relacionadas con actividades ilícitas o delictivas; sin embargo, no se mencionan las relacionadas con la crisis o deficiencia en los ámbitos energético, económico, social, de desarrollo, educativo, etc., los cuales también pueden ser causas de vulnerabilidad del Estado y, por ende, de la seguridad nacional.

Para finalizar este apartado, queda asentado que tanto la Constitución como la nueva Ley de Seguridad Nacional (2005) definen y consideran la Seguridad Nacional según un concepto que comprende principalmente la integridad del territorio nacional (defensa nacional), la soberanía o la prevención de amenazas hacia el Estado o incluso del gobierno en turno. Pero no hay referencias a la vulnerabilidad de la seguridad nacional con relación a los ámbitos energéticos, económicos, del medio ambiente, educativos o de la seguridad social, por ejemplo. En estos rubros, las medidas para salvaguardarla serían de índole diferente a la intervención militar, es decir requerirían políticas, estrategias, acciones y planes federales de Estado y de gobierno.

En fin, es fundamental e históricamente urgente que la Nación, a través de sus leyes constitutivas y reglamentos, instrumente e implemente una noción amplia sobre la seguridad nacional para promover la solución de los grandes problemas nacionales (tareas hasta ahora olvidadas) como la falta de autonomía y seguridad energéticas, la pobreza, la inestabilidad económica, el deterioro de la seguridad social, de la educación, de la protección ambiental, etc. Estos temas son también amenazas a la seguridad nacional que la Ley de Seguridad Nacional no menciona, ni remotamente. Hace falta dar muchos pasos en esta materia, para que realmente se construya una verdadera política (con estrategias y acciones) de seguridad nacional. México necesita urgentemente construir su propia agenda de seguridad nacional, según sus verdaderos intereses y objetivos nacionales.

c.- Una definición de las áreas estratégicas y las prioritarias

Por otro lado, de acuerdo con los preceptos constitucionales, existen áreas estratégicas y áreas prioritarias. El artículo 25 constitucional^[16] señala que las áreas estratégicas estarán a cargo y en propiedad del sector público (la nación, el Estado). El tenor de este artículo señala lo siguiente: “El sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.” De esta manera, refiriendo el artículo 28, las áreas estratégicas son los servicios de correos, telégrafos, radiotelegrafía, asimismo los recursos como petróleo y los demás hidrocarburos (s. l.), petroquímica básica, minerales radiactivos, la generación de energía nuclear, electricidad, acuñación de moneda y billetes “y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión.”

Asimismo, constituyen áreas prioritarias, según el mismo artículo 28, la comunicación satelital, los ferrocarriles, entre otras; y en las cuales la rectoría del Estado es primordial, y por ello “protegerá la seguridad y soberanía de la Nación”, aunque no se exime, según este artículo, la participación conjunta entre sector público y privado. Asimismo, el artículo 25 establece que “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático...Además, “el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional...” Y en esta rectoría de la actividad económica, las áreas estratégicas y prioritarias, como los hidrocarburos, cumplen un papel fundamental y de primer nivel en el desarrollo económico nacional.

Por tanto, el petróleo, y en general todos los hidrocarburos, constituyen áreas estratégicas, debiendo estar, por ende, a cargo y en propiedad exclusiva del sector público (representado por el Estado, quien a su vez es el representante del pueblo soberano). Es evidente que si las funciones asignadas por el mandato constitucional a PEMEX son compartidas o delegadas en forma directa, indirecta, encubierta, subrepticia o abiertamente a los particulares, se transgreden los preceptos constitucionales, vulnerando, por tanto, la soberanía nacional. Si así ocurre, se trastocan los fundamentos del patrimonio, el desarrollo y el futuro nacionales. La transgresión y no observancia de esta ley, no sólo debilita la soberanía, sino que vulnera la seguridad nacional, poniendo en riesgo el futuro económico, social y político de la nación.

Plataforma de Pemex en el Golfo de México

Esencialmente, la propuesta de modificación a la Ley Reglamentaria al Artículo 27 constitucional, está permitiendo una mayor apertura de la industria petrolera a la inversión privada en funciones y actividades reservadas, por ley, exclusivamente a la Nación. En efecto, es el caso de exclusión de los aspectos del “transporte y el almacenamiento indispensables y necesarios para interconectar su explotación y elaboración” y la distribución y ventas de primera mano (“de aquellos derivados del petróleo y del gas...y de materias primas industriales básicas y que constituyen petroquímicos básicos”) del concepto de industria petrolera. Por esto, y otros varios cambios propuestos a la mencionada ley, la iniciativa es privatizadora y atenta, aún más, contra la ya disminuida integridad de la industria petrolera nacional^[17].

En el artículo 4° se plantean afanes de privatización: “Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo y de petroquímicos básicos”. Y además, que “Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación del petróleo” y que “podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos”. Es decir, en palabras simples y claras, que tales funciones serán realizadas por empresas y capital privado; y PEMEX sería despojado de estas actividades que le corresponden en exclusividad legal. Esto trastoca, aún más, las áreas de ingeniería y diseño de plantas y de redes de distribución y transporte de la industria petrolera.

Por otro lado, en el contexto de la exploración petrolera la propuesta también es privatizadora, a saber: Artículo 6°.- “Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere, manteniendo en todo momento el control sobre las actividades en la exploración y desarrollo de los recursos petroleros.” La esencia de este Artículo 6° (y lo concerniente al Artículo 7°) niega a la industria nacional la exclusividad de las actividades sustanciales de exploración, evaluación del potencial petrolero, reservas, reconocimientos geológicos y geofísicos y las actividades del “desarrollo de los recursos petroleros”, es decir, técnicamente del desarrollo y explotación de campos. Además, PEMEX asumiría la función de mero “administrador” o “controlador” de las actividades de los particulares mas no ejecutor, lo cual conlleva, per se, capacidades científicas y tecnológicas que PEMEX ya no realizaría. Las consecuencias de esto son claras: el objeto de trabajo de los técnicos de PEMEX y de los especialistas del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), en materia tecnológica sería, así, totalmente arrebatado.

Respecto a la refinación del petróleo crudo, la propuesta otorga esta actividad, antes exclusiva de PEMEX, también a los particulares: “Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo.” Aquí también PEMEX y el IMP pierden la posibilidad de llevar a cabo la operación, investigación y desarrollo tecnológico de plantas y procesos y sus equipos de ingeniería inherentes. México será aún más dependiente de los petrolíferos que no produciría.

La propuesta de “reforma energética”, que no es tal, en realidad busca la privatización de actividades sustantivas de PEMEX, beneficiando a las empresas petroleras privadas extranjeras y nacionales. Con ello se atenta contra el patrimonio petrolero de la Nación, el desarrollo científico y tecnológico (PEMEX e IMP) en todos los rubros de la cadena de valor, desde la exploración y la explotación, hasta la refinación, el transporte, el almacenamiento y la distribución de productos petrolíferos.

Es flagrante la contradicción entre la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional, recientemente adulterada, y lo establecido en los artículos 25 y 27 constitucionales; la cesión de las actividades exclusivas del Estado Mexicano y el latrocinio de los recursos petroleros del país vulneran significativamente la seguridad nacional y el futuro de México. Este episodio es sólo uno más del asedio histórico, neoliberal, sobre la nación y su riqueza petrolera.

Para fortalecer la industria petrolera nacional se debe actuar constitucionalmente y en el espíritu de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional original, que reserva las actividades de los recursos naturales al Estado y al pueblo de México. El país no necesitaba una pseudo “reforma energética” privatizadora; requiere leyes para preservar su patrimonio petrolero.

En el mundo actual el mercado petrolero mundial vive y vivirá varios acontecimientos de escala global. Los eventos que se precipitan son: el control geopolítico (político y militar) de regiones petroleras por parte de los grandes consumidores (Estados Unidos, y países europeos), o la conformación de clubes de potencias petroleras – energéticas (v. gr. Rusia - Irán – China – India). Se prevé, además, el recrudecimiento de los conflictos regionales en aras de la posesión y control de los recursos esenciales como el agua o los forestales y otros renovables. Ante este panorama, ¿cómo asegurará México su desarrollo y seguridad frente a este contexto mundial? ¿Cómo será fundamentado el futuro del país? ¿Tendrá México que llegar a ser importador neto de hidrocarburos al perder su patrimonio petrolero?

Ante este contexto mundial y los cambios estructurales vertiginosos del mercado petrolero internacional y las acciones de sus actores geopolíticos de tendencia neoliberal, es impostergable que México asuma la dirección y organización de todo su sector energético, con la finalidad de asegurar su desarrollo y viabilidad económicos en el corto y largo plazos, así como su autonomía energética en beneficio de las generaciones venideras. Asimismo, es primordial que el Estado mexicano desarrolle y modernice la industria petrolera. Aunque tal acción requiere, primeramente, consolidar al mismo Estado y emanciparlo de las políticas neoliberales y de los intereses ajenos al país.

Un amplio concepto, y a la vez preciso de la seguridad energética–petrolera de México, debe abarcar todos los elementos de aseguramiento e incorporación de las reservas petroleras, la adecuada gestión y administración racional de éstas (en explotación, refinación, petroquímica, exportación), el incremento y conservación de la infraestructura tecnológica y de capacitación técnica, la adecuada política fiscal que coadyuve al fortalecimiento financiero de la industria, etc. Todo ello con la finalidad de asegurar la autonomía y disponibilidad energéticas para el fortalecimiento de la seguridad nacional, en un marco de sustentabilidad económica y ambiental para beneficio del país. En lo sucesivo, será necesario desarrollar con amplitud y precisión los conceptos técnicos y sociales de la seguridad energética y los de carácter jurídico y administrativo y de aplicación de la seguridad nacional.

Aunado a lo anterior y en sentido amplio, es necesario y urgente establecer la política nacional de los recursos y las alternativas energéticas; la explotación petrolera; las energías alternativas; la ciencia y la tecnología energética; crear los planes energéticos nacionales de corto, mediano y largo plazo, crear los organismos para la regulación y vigilancia de las políticas energéticas, crear las entidades de inteligencia de la planeación y de la ciencia y la tecnología energéticas; propiciar el marco legal, regulatorio y normativo de toda la política energética y la salvaguarda del patrimonio petrolero nacional.

De no atenderse oportunamente las prioridades nacionales en materia petrolera, además de haber sido despojado de sus energéticos y de sus derechos a decidir sobre ellos, México será, en menos de diez años, un importador neto de hidrocarburos. Existe toda la evidencia, desafortunadamente, que los actuales gobiernos en turno no podrán –ni querrán- emprender el rescate de la industria petrolera de los intereses externos. Aun así, existen razones y evidencias técnicas, económicas, de soberanía y de seguridad nacional, para preservar y poseer, integralmente, el patrimonio energético nacional.

Finalmente, los recursos financieros generados por el petróleo deben ser un instrumento primordial para la hacienda pública, pero en beneficio del pueblo y el desarrollo económico. La renta petrolera generada es propiedad de la Nación y debe usarse en beneficio de ésta, para erradicar la pobreza, para fortalecer su autonomía energética, así como para consolidar las políticas de Estado como la educación, la seguridad social, la creación de capacidades científicas y tecnológicas. En suma: para fortalecer la cohesión económica y social. Todo esto se refleja, directamente, en la consolidación de la seguridad nacional.


* Salvador Ortuño, Doctor en Economía de los Recursos Energético-Petroleros por la Université de Pau et des Pays de l’Adour y la Université Pierre et Marie Curie (París VI), Francia; ex investigador del Instituto Mexicano del Petróleo y Consultor independiente en temas de Geología de los recursos energéticos y Exploración petrolera.

Paleocanal de Chicontepec

Exploración y producción en aguas profundas

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^[1] Pemex, 2010.- Reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2010. Dirección Corporativa de Finanzas. p. 22.
^[2] Pemex, 2010.- Reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2010. Dirección Corporativa de Finanzas. p. 22.
^[3] Comisión Nacional de Hidrocarburos, Informe de Labores, - 2009-2010, p. 12,13.
^[4] Comisión Nacional de Hidrocarburos, Informe de Labores, - 2009-2010, p. 14.
^[5] Comisión Nacional de Hidrocarburos, Informe de Labores, - 2009-2010, p. 14.
^[6] Comisión Nacional de Hidrocarburos, Informe de Labores, - 2009-2010, p. 40.
^[7] Pemex, 2010.- Reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2010. Dirección Corporativa de Finanzas. p. 22
^[8] Pemex, 2010.- Reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2010. Dirección Corporativa de Finanzas. p. 22
^[9] Ortuño Arzate, Salvador, - 2008.- El IMP, historia de logros en peligro de extinción. Revista Petróleo y Electricidad. No. 118, Año 13, Agosto – Septiembre de 2008. p. 22-31.
^[10] Saxe Fernández, John, - 1999.- Globalización e imperialismo, pp. 30,31. In Saxe Fernández, John, 1999.- Globalización, crítica de un paradigma, pp. 365.
^[11] Ortuño Arzate, Salvador, - 2009.- Chicontepec: dislate técnico y político. Pretexto para justificar el dispendio. Revista Petróleo y Electricidad. No. 123, Año 14, Mayo – Julio de 2009. p. 9-13.
^[12] Hurtado González, Luis E.- 2008.-Introducción al marco jurídico de la inteligencia para la seguridad nacional. Ed. Porrúa, México. p. 3.
^[13] Vega García, C., 1988.- Seguridad Nacional, concepto, organización, método. El Autor, México, p. 78. In Hurtado González, Luis E.- 2008.-Introducción al marco jurídico de la inteligencia para la seguridad nacional. Ed. Porrúa, México. p. 4.
^[14] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2011.
^[15] Ley de Seguridad Nacional, 2005.
^[16] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2011.
^[17] Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. 28 de noviembre 2008.