Hace 73 años, la lucha del pueblo y trabajadores mexicanos hizo posible el rescate para la nación mexicana de su industria petrolera. Hoy, la situación es a la inversa. Promovida por los sucesivos gobiernos en turno, está en marcha la expropiación petrolera extranjera.

A partir de 1994, la Constitución política del país fue modificada regresivamente por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Norteamérica. El proceso de trabajo petrolero, así como el eléctrico, fueron artificialmente fragmentados para permitir la participación privada en las actividades constitucionalmente estratégicas.

En materia de hidrocarburos se redefinió a la industria petrolera, sustrayéndole las actividades relacionadas con la producción de petroquímicos, así como, la distribución, transporte y almacenamiento de gas natural y gas LP. En el caso eléctrico se abrió la participación privada en la generación de energía eléctrica.

La contra-reforma energética de 2008, aprobada por todos los partidos políticos, ratificó lo anterior y extendió la privatización furtiva a todas las fuentes renovables y no renovables de energía. En el caso de los hidrocarburos, las reformas a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el Ramo del Petróleo y a la nueva Ley de Pemex, autorizaron el otorgamiento de todo tipo de contratos a los particulares, especialmente, en exploración y producción de hidrocarburos.

Con esa base anticonstitucional, la administración en turno de Pemex procedió a establecer un nuevo régimen para el otorgamiento de contratos. Hace apenas unos días, se abrió la licitación para la exploración y producción de hidrocarburos en tres campos maduros del sureste mexicano, con la pretensión de continuar con el paleocanal de Chicontepec y las aguas profundas del Golfo de México.

También se prepara la intervención privada en la distribución, transporte y almacenamiento de productos petrolíferos, petroquímicos y agrocombustibles. El mecanismo a seguir será el otorgamiento de permisos privados a cargo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), misma que se encarga también de otorgar los permisos privados de generación eléctrica, a partir de cualquier fuente primaria.

Más de la mitad de la generación eléctrica total a nivel nacional ya está en manos de las corporaciones transnacionales, filiales y prestanombres. La nación mexicana viviente enfrenta un severo proceso de desnacionalización. Todos los permisos eléctricos privados y los contratos petroleros para la exploración y producción de hidrocarburos son anticonstitucionales.

Los recursos naturales energéticos: petróleo, gas, agua, viento, geotermia, océanos, agrocombustibles y radiación solar, se están entregando por el gobierno federal a las corporaciones imperialistas.

Entre tanto, prosigue la política petrolera oficial, basada en la cuantiosa extracción de petróleo crudo para la exportación, al tiempo que, siguen creciendo las importaciones de gasolinas y otros derivados.

Lo anterior ocurre en un contexto geopolítico petrolizado inconveniente para las naciones y los pueblos. Para continuar el análisis, el FTE de México ha organizado el XVI Foro de Energía, a realizarse en la ciudad de México el 18 de marzo de 2011, en el marco del 73 aniversario de la Expropiación Petrolera. Invitamos al pueblo de México a participar activamente.