Iniciativa Eléctrica del PRD
El PRD retoma parcialmente la argumentación del pueblo mexicano contra la privatización eléctrica y la reinterpreta a su modo tergiversándola. Esa iniciativa NO es la alternativa de México, por lo menos, no de los trabajadores ni del pueblo mexicano.
Exposición de Motivos
El Sector energético, estratégico para la soberanía
Este es el primer punto que desarrolla la iniciativa del Partido de la Revolución Democrática (PRD), lo cual representa una magnífica intención del legislador que, él mismo, destruye de inmediato.
El carácter estratégico ha sido el centro de la discusión y la base legal plasmada en la propia Constitución política del país. Lo indican los artículos 27 y 28 constitucionales, la industria eléctrica es un sector estratégico cuya función está reservada en exclusiva al Estado.
La iniciativa parte de este aspecto, pero no lo profundiza ni siquiera lo concreta, es más lo contradice en las propuestas. Dice que es asunto toral del futuro la forma en que “decidamos administrar nuestra riqueza energética”. Qué bueno fuera, López Portillo lo aplaudiría, lo dijo en 1977, habría que prepararse para administrar la abundancia; pero este asunto no es administrativo.
De hecho, la iniciativa, en su exposición de motivos es un largo rollo que incorpora como “pegotes” fracciones de la discusión nacional. Eso es lo de menos, la exposición de motivos nunca queda en ninguna ley; lo grave es la conclusión, contraria a las buenas intenciones de la exposición de motivos.
Dice el PRD que “no podemos seguir tomando decisiones equivocadas en un asunto que compromete el futuro”. Estamos de acuerdo. Después critica la decisión de promover el consumo acelerado de gas natural, sobretodo para al generación eléctrica. Eso es correcto.
Debate sobre el sector eléctrico
Señala la iniciativa que el debate tiene dos visiones: la que considera “... próximo el agotamiento del un esquema de industria verticalmente integrada manejada exclusivamente por la nación...” y “... pugnan por la desintegración de esta industria para implantar un mercado eléctrico en gran medida en manos de intereses privados...”. la otra visión corresponde “a quienes consideran vigente y con gran potencialidad el esquema de la industria eléctrica nacionalizada y condición necesaria para el mantenimiento de la independencia y capacidad para decidir la política energética que más convenga a los intereses nacionales”.}
El análisis es superficial, porque los privatizadores no consideran agotada la integración industrial, al contrario, sobre todo tratándose de la industria energética, cuyo proceso de trabajo constituye una unidad bien caracterizada. Aquí mismo, en México, apenas empieza la privatización y ya hay monopolios privados. Esta discusión está en el terreno de la propiedad de los medios de producción y, después, en su parte organizativa. Los privatizadores quieren una industria integrada, pero privada. La otra parte de la argumentación es correcta pero requiere concretarse, no dejarse en la declaración o en conclusiones contrapuestas.
Dice el PRD que la visión desnacionalizadora está expresada en la iniciativa de Zedillo (1999) y en la del PAN (2001). De acuerdo. “La otra visión queda expresada en esta iniciativa...”, señala Tapia. Esto NO es cierto, la iniciativa del PRD recoge parcialmente las razones y propuestas del pueblo de México, las reinterpreta y tergiversa. La iniciativa es Su propuesta (la del grupo del PRD) y nada más.
La iniciativa presenta varias reflexiones criticando a los desintegradores y haciendo una defensa del sector eléctrico y de la intervención del Estado. Eso está bien, desafortunadamente las conclusiones no tienen congruencia.
Antecedentes de la industria eléctrica
La iniciativa hace un breve recuento del desarrollo de la industria eléctrica en México. Dice, sin citar fuente, que de las protestas de usuarios en Saltillo y san Luis Potosí surgió por primera vez la demanda de nacionalización de la industria eléctrica en 1933.
Probablemente sea una anécdota porque la verdadera demanda de nacionalización surgió de la propia industria, en voz y acción de sus propios constructores, los electricistas organizados en la Confederación Nacional de Electricistas de la República Mexicana. En 1952, la marcha del 1o. de mayo en la capital del país dejó constancia gráfica. Los antecedentes inmediatos de esta demanda están en la lucha de los electricistas y petroleros en la década de los 30´s.
Nacionalización de la industria eléctrica
La iniciativa hace un análisis muy rosa de los momentos previos a la nacionalización, a la que ubica como una medida administrativa del gobierno ignorando las luchas previas de los electricistas, específicamente en el interior del país, aquellos que prestaban sus servicios para “Impulsoras Eléctricas Mexicanas” agrupados en 35 sindicatos en lucha durante décadas.
La nacionalización eléctrica representa un acto político de gran trascendencia potenciado por las luchas obreras en el sector. Tan es así, que apenas unos días después de aquel 27 de septiembre, los electricistas de la provincia se unificaron en un sólo sindicato para ser consecuentes con su propia política de nacionalización y unidad combativa. Inmediatamente después, los electricistas se dieron a la tarea de reorganizar a la industria a nivel nacional. De ello dan cuenta, las propuestas presentadas en las comisiones tripartita y cuatripartita de 1966 y 69.
La Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) de 1975, no surgió de la nada sino de la lucha de los electricistas. Con esa Ley se afirmó la nacionalización como hecho político para la Nación reafirmando precisamente el carácter estratégico de la industria, definiendo el concepto de servicio público y planteando la necesaria integración industrial. No fue solamente un perfeccionamiento jurídico como dice el PRD. De allí, parten sus malas interpretaciones.
La iniciativa destaca brevemente algunos logros, sin valorar cabalmente la interconexión del sistema eléctrico nacional en el proceso de integración industrial. Más adelante, la iniciativa termina por rechazar la integración y también terminan las buenas intenciones del legislador, sin ninguna explicación.
Demanda, margen de reserva,
Después, los asesores del PRD introducen una serie de elementos que contribuyen a la dispersión. Muy “técnicos” se refieren a la demanda eléctrica y su evolución, al margen de reserva, los requerimientos de inversión, tarifas, subsidios y aprovechamientos, y recursos generados para la inversión. En todos los aspectos la crítica es muy fresa. La disminución del margen de reserva ha sido deliberada para apoyar la privatización furtiva, la evolución proyectada es irreal, no se respeta ninguna prospectiva, el programa sectorial es una vacilada, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) hace lo que quiere. Sobre las tarifas y subsidios la discusión es light.
Recursos generados para la inversión
Sobre este importante asunto, la iniciativa compara con cifras los casos de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC). El contraste es obvio, mientras la CFE genera fondos, LFC no. Así vista, la situación es muy clara, LFC está quebrada, sus gastos de explotación son superiores a los ingresos no alcanzando ni a cubrir el gasto corriente. Esto es grave, pero no se sacan las conclusiones adecuadas.
Dice la iniciativa que, “Después de la nacionalización la estrategia fue crear un solo organismo encargado de la prestación del servicio de energía eléctrica y que este organismo fuera la CFE...” No es así precisamente, la estrategia ha sido, y es, integrar a la industria eléctrica nacionalizada y este no es un concepto administrativo. CFE no es toda la industria eléctrica nacional. La integración implica a un solo organismo, sí, que puede ser la CFE u otro, previa transformación de los actuales.
Dicen los asesores que, en 1994, se abandonó el proyecto de contar con un solo organismo al emitirse el decreto de creación de LFC. ¡No señores! Tranquilamente quieren dar por terminada la historia. Primero, la integración de la industria eléctrica nacionalizada no implica únicamente la formación burocrática de un solo organismo, sino una política eléctrica de lo cual deriva lo anterior. Eso se propuso desde el momento mismo de la nacionalización.
Pero, además, el proyecto no se abandonó en 1994, eso significa avalar a Salinas de Gortari y su decreto previo de 1992 mediante el cual se modificó regresivamente la LSPEE.
El proceso se INTERRUMPIO, violentamente, en 1976 y, ... NO HA TERMINADO. La nacionalización eléctrica es un proceso todavía inconcluso. Si se interrumpió fue por la represión político-militar contra la Tendencia Democrática de Electricistas y Nucleares.
Sin embargo, muchos e avanzó. Allí está el sistema interconectado nacional, la extensa red eléctrica que cubre al territorio nacional y que, indebidamente el gobierno ha puesto al servicio de los dueños privados de la nueva industria eléctrica que se construye. Esto, es integración industrial que, por supuesto, en la iniciativa del PRD ni se menciona, mucho menos se valora.
A partir de esa visión burocrática de los asesores la iniciativa virará de una argumentación más-menos, aunque parcelada, a propuestas inaceptables. La razón está en el desconocimiento de la historia y su mala interpretación. Se advierte una visión burocrática y patronal de quienes jamás participaron de las luchas obreras en el sector, por lo mismo jamás se han comprendido las cuestiones de la integración industrial, miradas desde fuera o desde el escritorio como personal de confianza.
La defensa que se hace de LFC es sumamente endeble. Con los datos aportados, se observa que LFC es una carga y aunque la industria genera recursos para inversión, LFC los contrarresta con enormes pérdidas. De hecho, la situación presentada sobre LFC es sumamente grave, le da más argumentos al gobierno y a los privatizadores y, lo más importante, no se sacan conclusiones adecuadas para resolver la situación en congruencia con la parte inicial de la exposición de motivos.
Al respecto dice la iniciativa, “...De acuerdo a nuestra visión (sic) mediante una disminución gradual de los subsidios...., se podrían mejorar significativamente los ingresos de las empresas públicas y mediante una profundización en las medidas emprendidas por dichas empresas para aumentar la eficiencia administrativa (sic) y técnica (sic), así como otras (sic) que pueden proponerse, se lograría reducir los costos de explotación, con lo que se elevaría sustancialmente la generación de recursos para la inversión”. Visión burocrática, ellos mismos lo dicen y lo prueban.
Llegados a este punto, la iniciativa ya se apartó de sus buenos propósitos iniciales y empieza a desvariar gacho.
Para concluir el apartado, dicen que otro aspecto relacionado con las finanzas “...y que no puede dejar de consignarse...” es el quebranto producido por los consumos ilícitos en la zona atendida por LFC. Este es el típico rollo de algunas conferencias de prensa y sobre todo de la política “diablera”, creyendo que por los “diablitos” se fuga la industria nacionalizada, para cargarle más la mano a los asentamientos irregulares y pequeños consumidores, dejando de lado a las grandes empresas privadas.
En suma, mientras el discurso de la iniciativa se mantiene en lo general no hay problema, casi es obvio estar de acuerdo. Pero, al entrar en detalle, la propuesta perredista se aparta del sentimiento de los trabajadores y pueblo de México, de sus aspiraciones y propuestas.
(continuará)