El PRD propone lo que el PRI y el PAN no han podido hacer, ni podrán: legitimar a la Privatización Eléctrica Furtiva. A las contrarreformas del Salinismo, de 1992, el PRD las dejan intactas y las profundiza. El PRD da por aceptada la privatización eléctrica y concilia con el gobierno. Es su derecho, pueden marchar hacia el pantano si eso quieren. Pero, que no arrastren al movimiento ni a la Nación. ¡Los trabajadores no los seguiremos!

Paco Carrillo Soberón, suplente de la diputada Tapia, escribió en un correo electrónico:

“COMPAÑEROS, anexo les estamos enviando las copias de las iniciativas que la C. Rosario Tapia presentó ante la Comisión Permanente del Congreso el pasado 13 de febrero, mismas que se turnaron a las Comisiones de Energía y de Puntos Constitucionales para su discusión, y próximamente se programen para la agenda de alguno de los siguientes períodos de sesiones. Obviamente incidirá políticamente el que se espera que el PRI, a través de Manuel Bartlett, presente su propuesta en marzo próximo, lo que seguramente abrirá un período de discusión de ambas propuestas, para eventualemnte tratar de armar una sola, por lo que resulta muy importante el análisis de las propuestas y el abrir un ánimo propositivo y unitario por el rescate de la industria eléctrica nacionalizada. Saludos, F. J. Carrillo.”

No haremos un análisis exhaustivo porque no es necesario, la iniciativa no resiste la primera lectura, ni contrapondremos la iniciativa con nuestra política porque entre ambas no hay ningún punto esencial de contacto. Tampoco abundaremos en nuestra Política Energética Independiente, lo haremos en otras instancias, especialmente obreras, al margen del curso que siga la propuesta grupo PRD.

La iniciativa fue presentada, con fecha 13 de febrero de 2002, ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados para que sea turnada a la Comisión de Energía de la propia Cámara, presidida por un diputado del Partido Acción Nacional (PAN), partido actualmente en el gobierno.

Dicha iniciativa está firmada por la diputada María del Rosario Tapia Medina, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD.

Suponemos que, al menos, todos los actuales diputados perredistas fueron consultados y que en votación democrática acordaron los términos de la iniciativa. Sin embargo, no nos parecería suficiente que así haya sido, porque debieron consultar a todo el Partido y, sobre todo, a los trabajadores directamente afectados, esto es, a los electricistas de México.

Podrá decirse que la iniciativa es el resultado del debate y las propuestas que diversos sectores presentaron, pero no es así. Cierto es, que en diversos foros se han hecho análisis y propuestas; nosotros mismos hemos sido partícipes; sin embargo, la iniciativa recoge parcialmente las propuestas de la sociedad y de la comunidad energética, el grupo del PRD las interpreta a su modo y concluye contradictoriamente atendiendo solo a los aspectos más superficiales.

En los términos de esta iniciativa, el PRD renuncia a la lucha contra la privatización FURTIVA que el gobierno federal lleva adelante, en la ilegalidad y a espaldas de la Nación. La iniciativa atiende a ciertas formas no al fondo, es acrítica, engañosa e inconsecuente, se limita al análisis de la apariencia y desatiende la esencia. Esto es tan grave que, en sus términos, la iniciativa perredista da por aceptada la privatización de la industria eléctrica nacionalizada.

Claramente, el PRD concilia con los privatizadores y, en la apariencia, pretende fortalecer a la industria estatal. Sin embargo, las conclusiones a que llegan los diputados perredistas son contradictorias con “la intención del legislador” expresada en la exposición de motivos, misma que no formaría parte del decreto de ley.

Pero, las intenciones respecto de la industria son, asimismo, parciales y se refieren básicamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esta es muy importante pero no es toda la industria eléctrica de México. El PRD elude la historia, las luchas previas de los electricistas democráticos y las múltiples propuestas para la culminación plena de la nacionalización mediante la cabal integración industrial. Entre tanto, como Salinas, a Luz y Fuerza del Centro (LFC) se le deja a la deriva posponiendo otra vez las soluciones de fondo.

Por otra parte, la iniciativa hace caso omiso de las anticonstitucionales reformas a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica llevadas a cabo en 1992. Algo muy grave es, que las da por aceptadas y las profundiza. Tal es la gravedad que, con esa supuesta base legal es que el gobierno federal lleva a cabo la privatización eléctrica en los hechos. De manera que, la iniciativa legitima las contrarreformas del 92 y lo que de allí se deriva en la demás legislación secundaria.

En 1992, fue que se modificó indebidamente el concepto de servicio público en materia de electricidad. Las nuevas figuras privatizadoras no son consideradas servicio público y, en consecuencia, las funciones pueden ser ejercidas por las empresas privadas. Así es como el gobierno federal ha venido desnacionalizando a la industria. Hoy en día, apenas en dos años, el 30% equivalente de la capacidad efectiva en operación es infraestructura eléctrica privada.

Lo anterior, tratándose únicamente de la generación eléctrica. Pero los privatizadores tienen a su disposición la red eléctrica nacional de transmisión y distribución que el gobierno ha puesto a su servicio. Lo que sigue ya está en la práctica: el aumento de tarifas eléctricas a la población, para recircular los nuevos fondos hacia la industria eléctrica privada, misma que no requiere comercializar para recibir altas, múltiples, ganancias. Sin embargo, respecto del servicio público de energía eléctrica, la iniciativa del PRD calla, dando por aceptada la casi supresión de este importante concepto constitucional.

El exceso es pretender reformar también la Ley de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para otorgarle mayores facultades, como fijar las tarifas, no obstante que esa Comisión es la responsable operativa de la privatización eléctrica furtiva. No nada más, se propone otorgarle facultades a la Secretaría de Energía para que continúe el otorgamiento de permisos privados exactamente en los términos de las figuras creadas en la ley de 1992 que están sirviendo para la privatización. Contradictoriamente, también se incluye a la propia CFE para que participe en el otorgamiento de permisos, mediante los cuales se le sigan sustrayendo a la misma funciones esenciales, reservadas en exclusiva al Estado de acuerdo a los artículos 27 y 28 constitucionales.

De manera que la exposición de motivos se queda como rollo, sin derivar propuestas coherentes sino al revés. Las conclusiones son inaceptables, incluyendo las propuestas sobre la supuesta autonomía de gestión para CFE, misma que se daría en el contexto de la privatización eléctrica furtiva aceptada por el PRD.

Los trabajadores que integramos al FTE de México estamos en desacuerdo con la “iniciativa” y vamos a explicar nuestras razones. Estaría bien que los diputados perredistas retirarán su propuesta y, al menos, la sometieran a la votación de los trabajadores. Con esa iniciativa, el PRD rompe el frente contra la privatización, contribuye a la confusión y divide más a las fuerzas democráticas.

Dirán que su propuesta es política, sí política socialdemócrata caracterizada por la conciliación y el colaboracionismo de clase.

Otra vez, se sigue un camino para lograr “de lo perdido lo que aparezca”. A eso, algunos le llaman triunfo político pero se trata de una visión parcelada de la realidad, ajena a los intereses de los trabajadores y de la Nación. (Continuará)

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