Tarifas Eléctricas y Privatización

La medida de "reducir el subsidio" a las tarifas eléctricas es el preámbulo para establecer un esquema "de mercado" a favor de los beneficiarios de la privatización eléctrica furtiva. El gobierno foxista sigue el plan de ENRON. Los trabajadores nos oponemos y llamamos al pueblo mexicano a la lucha organizada.

Hace casi un año el Frente de Trabajadores de la Energía advertía [1,2] que Fox y su equipo de transición, habían hecho pública su intención de retomar el proyecto privatizador zedillista en sus líneas fundamentales, sin plantear de inicio la venta de la infraestructura eléctrica existente, pero que respecto a la implantación de un mercado eléctrico de generación, impulsarían la inversión privada. Dicha propuesta implicaba, se dijo entonces, dos grandes riesgos:

1. El incremento en las tarifas del servicio eléctrico al usuario final.
2. El desabasto en el suministro de energía eléctrica.

Hoy comprobamos que el incremento a las tarifas eléctricas es una realidad, que repercutirá hasta en un 80% en el bolsillo de los consumidores con tarifa doméstica que consuman más de 280 kwh bimestrales (140 mensuales, ¡prácticamente todos!, más de 20 millones de usuarios).

Sólo para la zona centro del país, el promedio general (bimestral, basado en el consumo real), es de 230 kwh, con variaciones estacionales que alcanzan los 270 kwh, por ejemplo, en los bimestres sexto y primero (ciclo invernal noviembre-febrero)[3], o temporales, digamos durante una onda cálida. Esto coloca a la mayoría de los usuarios muy cerca del umbral de los 280 kWh bimestrales (140 mensuales) fijado por la Secretaría de Energía (SENER) y que, ante cualquier eventualidad rebasaría fácilmente.

El problema de las tarifas

El aumento impuesto el 8 de febrero de 2002, respecto de la tarifa vigente hasta el día anterior, podría llegar a diciembre del 2002 al 150% (real, por kwh), considerando el efecto del factor de incremento mensual del complicado nuevo esquema tarifario. Este porcentaje es el pronosticado hace un año por los electricistas del SUTERM y que afectará a gran cantidad de consumidores [4]

Como muchos analistas lo han advertido, esta estructura no es distributiva ni justa, ni mucho menos castiga el dispendio como se ha hecho creer. No es proporcional al consumo, dado que los “grandes consumidores” podrán seguir disfrutando de los precios actuales. [5]

Por supuesto que la administración Fox se apresura a pedir una "tregua" para demostrar que los precios de la electricidad no se verán de inmediato, a sabiendas de que el impacto se presentará cuando se facturen bimestres con tarifa nueva "completa" lo cuál, en el caso de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) ocurrirá hasta el bimestre 3 (al cobrar el segundo).

Origen del problema

El peligro de padecer desabasto de energía continúa latente, independientemente de la disponibilidad de la misma, dada la imposibilidad de realizar un despacho realmente económico de carga [6], ya que, el sistema eléctrico nacional depende cada vez más del Gas Natural (que cada día se importará en mayor cantidad, principalmente para satisfacer las necesidades de la generación eléctrica).

Este es el verdadero origen del problema. Casi la totalidad de permisos de generación eléctrica, los más importantes, otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en diversas modalidades (Autoabasto, Cogeneración y por supuesto Productor Independiente o Externo) están basados en el consumo de Gas Natural. Esto afecta los criterios de despacho de carga, tanto al establecer las tarifas como al momento de determinar cuáles servicios son indispensables.

La estrategia está orientada para que, en el consumidor, quede fija la idea de que la única alternativa para evitar los "apagones" es pagar los elevados "precios de mercado eléctrico", aunque dicho mercado ni exista, ni mucho menos haya sido aprobado por el Legislativo. Peor aún, sin que exista garantía de que la recaudación adicional represente recursos suplementarios para el desarrollo y reforzamiento de la infraestructura eléctrica nacional. O bien, se emplearán como hasta ahora, para reconfigurar la Red Eléctrica Nacional y que funcione bajo el esquema de mercado, con interconexiones a Estados Unidos y Centroamérica, en cumplimiento de los planes estratégicos de Integración Energética Hemisférica.

Los trabajadores de la energía lo previmos oportunamente: La propuesta Foxista, consecuente con la zedillista (puesto que la CRE no ha variado sus políticas privatizadoras), requiere en principio que el régimen actual de tarifas se deroge. La medida de "reducir el subsidio" a las tarifas eléctricas es el preámbulo para establecer un esquema "de mercado" en el cuál existan "precios ajustables” (estacionalmente, diariamente, incluso horariamente, dirían enfebrecidos los privatizadores), necesarios para compensar las variaciones en los costos de los combustibles, mismos que absorbe (y absorberá por mucho tiempo) la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por gracia de los contratos de garantía que generosamente cede, bajo los auspicios de la CRE a los generadores privados, además de sus propios proyectos "llave en mano".

Por lo anterior, la CFE y LyFC a través del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), necesitan continuar con los soterrados programas de "tiro de carga" (desconexión breve y deliberada del suministro para "ahorrar" energía), y mantener un consumo de combustible bajo, creando con ello un ambiente de "desabasto artificial" que dejará listo el escenario para proponer la privatización final (y total) de la industria eléctrica mexicana.

El proceso es claro: El componente de mayor impacto en el precio final de la energía eléctrica es la generación, que representa la mayor parte (hasta un 60%) de los costos de explotación de CFE (y por supuesto de los productores privados, aun cuando estos tienen a salvo y garantizada su renta). De igual forma, el mayor gasto en generación lo representa el costo del combustible. El precio del Gas Natural se determina mediante "indicadores internacionales" y sigue la tendencia alcistas, solo que las variaciones de precio las absorberá la CFE.

Hacia dónde se dirige la estrategia del Estado

No es difícil discurrir que el siguiente paso de la administración foxista (en caso de proceder el “retiro del subsidio” a las tarifas eléctricas) será la distribución del cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) entre los mismos usuarios de tarifa doméstica. Dicho cargo representa un impuesto adicional del 10% al consumo familiar del 30% de los consumidores de la Ciudad de México y zona conurbada del Estado de México[7]; alumbrado que no todos disfrutan, y peor aún, que no todos los usuarios pagan.

Este cargo viene siendo, hace años, un grave problema, menos para los grandes consumidores comerciales e industriales, que tramitan amparos o simplemente no pagan. Este cargo es motivo de una enorme deuda, acumulada principalmente por las administraciones municipales a nivel nacional.

Sólo en el área de LyFC, existen municipios con serios problemas para cubrir el pago del DAP, como el caso de Ciudad Netzahualcóyotl, que adeuda más de 80 millones de pesos (mdp) a LyFC, o Ecatepec que acumula una deuda de más de 59 mdp. Ni siquiera los ayuntamientos más dispuestos a resolver su problema de cuenta eléctrica, como Cuautitlan Izcalli, Atizapan, o incluso los industrializados municipios de Naucalpan y Ecatepec, logran abatir su adeudo, con el consecuente deterioro de las finanzas de la empresa.

Sólo por concepto de Alumbrado Público, LyFC acumula actualmente una cartera vencida de cercana a los 1,500 millones de pesos, en la que se encuentran incluidas por cierto importantes empresas constructoras que “electrifican” por su propia cuenta los proyectos urbanísticos que construyen, al amparo del nuevo reglamento de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) en materia de aportaciones.

Así, Inmobiliaria Produsa, o el Organismo de Vivienda del Estado de México, Auris y Constructora e Inmobiliaria Ecatepec, S.A. de C.V. tienen cuentas de Alumbrado Público con adeudos pendientes.

La permisividad con que se manejan los adeudos de las cuentas llamadas “especiales” en LyFC permite que exista un servicio de Alumbrado Público registrado a nombre de la Asociación Hípica Mexicana S.A. de C.V. También, da lugar a convenios que se manejan en forma confidencial y que muchas veces encubren este tipo de adeudos.

Saneado” el DAP, no habrá impedimento para la privatización de la Distribución de energía eléctrica. Como en el caso del Gas Natural, pronto tendremos a las empresas transnacionales abriendo hoyos en las principales ciudades del país para vender “sus” kw’s al precio que la la CRE le venga en gana autorizarles.

Lo que NO debe permitirse, mucho menos proponerse

¡Las nuevas tarifas eléctricas no deben pasar! En todo caso, la modificación del sistema tarifario debe ser un acuerdo nacional, a través del consenso mayoritario, respetando los compromisos sociales que garanticen la distribución equitativa de los costos los criterios que realmente fomenten el ahorro de energía. Las medidas de resistencia son muchas y pueden partir del pago apegado a las tarifas actuales, para empezar.

La propuesta de dotar de Autonomía de Gestión a CFE y LyFC sin una adecuada vigilancia y fiscalización, no nada más del Estado sino de los organismos ciudadanos que lo soliciten (organizaciones de consumidores), no solo no beneficia al sector eléctrico nacional: compromete seriamente su viabilidad.

La CFE y LyFC, deben integrarse, de manera que su planeación sea cabal y queden sujetos a una estricta normatividad. Incluso la autonomía de gestión que actualmente les garantiza la ley es causa directa de la permisividad con que se fomentan muchos de los vicios administrativos de ambas empresas: contratismo, corrupción, falta de respeto a la normatividad, etc.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) debe desaparecer por ser un organismo orientado exclusivamente a la Privatización Energética. Su obra más acabada es “el mercado” de Distribución de Gas Natural, un negocio totalmente privado, en manos de capitalistas extranjeros.

La CRE tiene por objetivo la implantación de los modelos de mercado en la industria energética mexicana, y el sistema eléctrico es su asignatura pendiente. Ampliar las facultades de la CRE para permitirle fijar incluso las tarifas eléctricas sería el vehículo ideal para preparar la desaparición total la CFE y de LyFC.

Las propuestas que pueden impulsarse

En vez de absurdas campañas de “regularización” de servicios anunciada en días pasados por el director de LyFC, para mejorar la “recuperación de adeudos” mediante cobros por censo (el mismo método usado en el Alumbrado Público), se deben implantar programas de ahorro de energía y medición de consumos. Es preferible avanzar emprendiendo medidas de modernización y reconfiguración de la red de distribución, para hacer factible optimizar su operación y rendimiento, reduciendo pérdidas y consumos ilícitos.

La planeación estratégica del sector eléctrico debe integrarse plenamente con la de Petróleos Mexicanos (Pemex), de manera que la generación de electricidad no dependa exclusivamente del Gas Natural. Existen diversas propuestas para la instalación de “refinerías energéticas” orientadas a la recuperación de residuos petrolíferos para la generación de electricidad que no han sido evaluadas.[8].

La reorganización profunda del Sector Energético requiere su integración industrial. Solo así se entiende su viabilidad futura. De inicio, LyFC podría recibir el mismo trato que el resto de las Divisiones de CFE, así opera técnicamente, de manera que se convertiría en otra división más. La CFE, por su parte, no debe dividirse en empresas de Generación, Transmisión y Distribución, solo por seguir tendencias de moda ¿Contra quién competirían si son procesos complementarios? ¿Entre sí, para beneficiar a los particulares?

Por el contrario, la reforma de CFE (e integrada a ésta, la de LyFC) requiere dotarla de recursos suficientes para su desarrollo estratégico. La propuesta de Autonomía de Gestión está orientada, junto con los actuales procesos de restructuración de CFE y LyFC, a hacerla operar como un “holding” de empresas independientes.

La propuesta debe transformarse en otra que, partiendo de la demanda histórica de precios justos y tarifas eléctricas sin déficit de operación, establecidas bajo criterios totalmente explícitos, que garanticen transparencia en su manejo y el de los recursos que generan. No como en el momento actual, donde se manejan tendenciosamente los “subsidios”. En todo caso, la contabilidad aplicada a esta empresa no debe manejar indistintamente criterios de servicio público y empresa privada, tratando de encuadrarla en los criterios de rentabilidad-productividad del capital.

¡CFE y Pemex no son negocios privados, son empresas que administran los recursos y la infraestructura energética, propiedad de la Nación!

Por lo anterior, CFE debe mantenerse integrada, e integrar a LyFC. Su reestructuración debe obedecer exclusivamente a criterios de modernización industrial. Técnica y administrativamente, CFE ha demostrado reiteradamente capacidad para enfrentar retos aún más importantes. En particular, en materia de despacho económico de carga (principal beneficio del mercado eléctrico) “lo que se dice que hay que hacer, ya se hace” muchos años ha [9].

Referencias y Notas