Unidad contra Privatización Energética

El Frente de Trabajadores de la Energía debe avanzar en el desarrollo de una política propia en materia de energía, como corresponde a los trabajadores del sector. Así se acordó en la reunión del 2 de febrero anterior. El FTE llama a sus organizaciones a reforzar la participación, la movilización y la unidad proletaria contra las privatizaciones y el neoliberalismo.

1. INTRODUCCION

Con la integración de electricistas, petroleros y nucleares en febrero de 2001 se constituyó el Frente de Trabajadores de la Energía (FTE) de México, definiéndolo como un frente de clase en lucha por la democracia sindical y en defensa del sector energético nacionalizado. En el aspecto político, el Frente se pronunció inmediatamente contra toda forma de privatización: desde la concesión de la generación eléctrica, hasta la participación de empresarios en el Consejo de Administración de PEMEX. El FTE fijó además su posición a favor de la democracia sindical y en contra del charrismo corporativista.
Además de ello, el FTE se dio a la tarea de sustentar sus críticas y pronunciamientos mediante un trabajo formal de análisis y propuestas, elaboradas desde una perspectiva integral; críticas que demostraron que las propuestas de la administración del cambio son simple continuación de las políticas neoliberales, congruentes con la visión empresarial del nuevo gobierno.
Las propuestas procedentes de los distintos ámbitos en que se desempeñan los miembros de este Frente sirvieron de apoyo a distintas actividades. En ese sentido, el trabajo del FTE ha sido fructífero. Con la participación de las organizaciones que lo conformamos se plantearon ponencias y propuestas alternativas en diversos foros.

2. RESUMEN DE ACTIVIDADES

Desde el debate “Alternativas Frente a la Propuesta de Apertura del Sector Eléctrico” en la Cámara de Diputados, hasta la realización de la sesión del Foro del FTE "Defensa del Petróleo de México" en la Universidad Obrera de México, las propuestas del Frente fueron expuestas formal y puntualmente, sobresaliendo el Plan Nacional de Hidrocarburos, producto del trabajo de las organizaciones constituidas en la Coordinación Nacional por el Desarrollo de la Industria Petrolera de México, A. C. (CONADIPMEX).
La Asamblea del Frente del 2 de junio de 2001 en la Universidad Obrera de México, decidió entonces avanzar en el desarrollo de una propuesta eléctrica propia, complementaria, esencial para completar el Plan Nacional de Energía, adoptándose como estrategia preparar los trabajos para la realización del I Foro Eléctrico Nacional, entre agosto y noviembre de 2001, con el propósito de presentar las conclusiones de nuestros estudios sobre dos ejes básicos: 1. Necesidad y alcances de una Política Eléctrica Independiente y 2) Afectaciones del programa de Reestructuración Eléctrica que suprime el concepto de Servicio Público de Energía Eléctrica y que, pese al engañoso discurso oficial y a la oposición generalizada contra la privatización, establece el contexto de una acelerada privatización de la industria eléctrica nacionalizada.
Dicho Foro se realizó finalmente el 26 de septiembre de 2001, como preludio del XLI Aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, en la Universidad Obrera de México, con la presencia de trabajadores electricistas, nucleares y petroleros, así como invitados de diversas organizaciones, ante quienes se presentaron ocho trabajos cuya significación política consistió en evidenciar que la propiedad social de la industria eléctrica está en inminente peligro, así como la rectoría del estado sobre funciones estratégicas para el sector energético, además de una merma sustancial de la materia de trabajo en un franco despojo de la titularidad en la contratación colectiva, dando pié a la conformación de una industria eléctrica paralela bajo el régimen de propiedad privada.
El Foro estableció claramente que en materia de electricidad, el FTE abandera una política precisa, en contra de la privatización eléctrica y en contra de la apertura eléctrica privada, que contrasta con la posición ambigua del gobierno y sus voceros, quienes exaltan la legalidad de los permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), simplemente porque están basados en las deficientes modificaciones de 1992 a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), auspiciadas por Salinas de Gortari. Nuestras denuncias, debidamente documentadas, dejan claro que en este engaño solo pueden caer quienes están convencidos de la privatización.
El foro se ha repetido debidamente adecuado en diversos centros de trabajo y educativos de la capital, sin haber cumplido aún su objetivo de extenderse al resto del territorio nacional. Sin embargo, puesto que la propia Asamblea del Frente determinó elaborar una página electrónica del FTE, objetivo que también se cumplió, en dicha página se publica mensualmente no solo energía, el periódico del FTE, sino que ha servido como vehículo de difusión nacional e internacional de todos los trabajos de investigación elaborados hasta la fecha.

3. CONCLUSIONES

En breve síntesis, podemos decir que es bastante lo avanzado en tan corto tiempo. Sin embargo dado el ritmo vertiginoso de la privatización de la energía, es más lo que falta por hacer. Las propuestas del gobierno federal en materia económica y social y la situación mundial han provocado la crisis del neoliberalismo y con él, una ofensiva aún mayor contra los intereses de los trabajadores. Particularmente, los electricistas iniciamos la ronda de revisiones salariales del 2002 en un escenario por demás adverso y bajo la amenaza, cada vez más real, de la privatización.
En ese contexto sí es notable el trabajo de la administración Fox, cuya estrategia consiste en desarticular toda resistencia venciendo voluntades más que ganando conciencias. El cambio Privatización-Apertura ha resultado muy cómodo para algunos sectores oficialistas que de esta forma ya no sienten empacho en aceptar, e incluso reconocerse como asesores para la privatización de la industria eléctrica nacionalizada.
Los trabajadores necesitamos contrarrestar esta estrategia mediante una organización cada vez más sólida, y un programa de acción común. Ya no cabe el aislamiento ni la dispersión de las fuerzas. Es necesario romper los esquemas tradicionales de las organizaciones sectarias, para dar paso a la construcción de nuevas alternativas de lucha.
Por ello, independiente de la respuesta política, el Frente debe redoblar su capacidad de análisis y continuar en la elaboración de su propuestas hacia un Plan Nacional de Energía, cuya carencia es contraria al interés nacional y por supuesto al de los trabajadores. En ese sentido es importante enunciar las principales líneas de trabajo pendientes.

Implicaciones de la Reforma en materia de Política Administrativa

• Las diferentes direcciones, de todas las empresas públicas del sector, aceptan sin discusión cualquier recorte presupuestal y carecen de visión estratégica para plantear políticas de autosuficiencia financiera y económica. En ese contexto la propuesta para dotar de autonomía de gestión a dichas empresas es un verdadero peligro si no se sustenta debidamente con mecanismos de administración adecuados para satisfacer una visión de largo plazo. En ese sentido, las juntas de gobierno han resultado simples espectadores.
• Las mismas direcciones de las empresas públicas carecen de planes concretos para mejorar la capacitación y por tanto la productividad de los trabajadores de la energía. No solo el desarrollo tecnológico se adquiere hoy externamente, inclusive en el extranjero, también se contratan servicios que se habían realizado con las instituciones del propio sector: el Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales, el Instituto de Investigaciones Eléctricas y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Hoy, la eficiencia del sector se “impulsa” licitando ilegalmente servicios y reduciendo puestos de base.
• Se han entregado contratos a empresas de la iniciativa privada para realizar obras que no solo pudieron hacer trabajadores mexicanos, sino que incluso son su materia de trabajo exclusiva. Esta estrategia conducirá no solo a la participación excesiva del capital privado extranjero, sino a la marginación de la ingeniería mexicana. Se sabe que a la empresa privada no le interesa realizar ciencia ni desarrollar tecnología propia, a lo sumo le interesan ciertos servicios. Por eso, ahora se afecta a los centros de investigación por la búsqueda de una supuesta rentabilidad y la comercialización de todo saber científico o tecnológico.
• Los mismos órganos de dirección impulsan la privatización de las empresas públicas. Tanto Ayub en CFE como Caso en LyFC, directores heredados de la administración anterior, están comprometidos para llevar adelante la política de apertura en la electricidad, ofreciendo toda clase de facilidades a los empresarios. Ambos parecen dispuestos a afrontar el costo político que de otra forma recaería fundamentalmente en Fox. Muñoz Leos, otro empresario que dirige PEMEX, promueve descaradamente los Contratos de Servicios Múltiples.
• En el caso de la salud financiera de las empresas, no hay una estrategia que permita allegarse recursos suficientes. Han permitido impunemente el auto-saqueo de las empresas públicas, por la vía del pago de impuestos exorbitantes, que en el caso de PEMEX, compromete su viabilidad. En el sector eléctrico, los controles deficientes, principalmente en LyFC, impiden la adecuada recuperación de adeudos por ejemplo. Esto es ya un problema de supervivencia hace años, sin que a la fecha se hayan tomado medidas efectivas para combatirlo. Es más, muchos de esos adeudos se han cancelado indebidamente. En LyFC por ejemplo, se pretende impulsar una campaña de combate a los "ilicitos" que afectará a TODOS los trabajadores indiscriminadamente, dado que no se establecen claramente cuales mecanismos de control están fallando y cómo se reforzarán.
• Se han incrustado en la línea de control administrativo empresas transnacionales. Un ejemplo documentado es el caso de LyFC. Donde la española FENOSA, no solo cumple funciones de asesoría, sino que descaradamente presta servicios que son materia de trabajo de técnicos y profesionistas de base. Sin embargo no es el único caso, en CFE se están implementando sistemas de control similares por parte de una empresa gringa. Ni que decir de PEMEX.
• Hay un desproporcionado aumento en el número de empleados de confianza (incluso fuera de toda normatividad, pagados "por honorarios"), en un intento por transferir las principales funciones estratégicas que aún están en manos de personal de base. Esto además de aumentar el costo de la nómina, en detrimento por cierto de los propios empleados de confianza de carrera, es un retroceso en el conocimiento y la experiencia institucionales, retroceso que impactará adversamente en la calidad técnica y operativa de las empresas del estado.
• Cada vez es más evidente que de manera deliberada se mantienen más puestos de base vacantes permanentemente. Sólo en LyFC, el número rebasa los 2,000, y es sabido que tanto en CFE como en PEMEX existen innumerables plazas que se han desplazado o incluso perdido por este mecanismo.

Implicaciones de la Reforma en materia reglamentaria

• Al amparo de modificaciones anticonstitucionales a la LSPEE han condenado a CFE y LyFC a convertirse paulatinamente en empresas distribuidoras, considerando que los nuevos proyectos de generación serán entregados a la iniciativa privada mediante los permisos que emite la CRE para falso Autoabasto y Cogeneración. La controversia Constitucional planteada por el legislativo cuestiona las formas legales, pero no es suficiente para restaurar el concepto de Servicio Público, deteriorado desde 1992.
• Las reformas al RLSPEE en materia de aportaciones ha entregado al sector privado una importante fuente de trabajo en el área de distribución, lo que solo en LyFC, compromete la viabilidad de la materia de trabajo de varios departamentos. En CFE hace al menos diez años que dichas obras ya no las realiza personal de base.
• La publicación unilateral de normas que, como el Estatuto Orgánico de LyFC, que establecen una nueva organización administrativa, incompatible con el modelo actual de la empresa, y que constituyen graves agresiones a la contratación colectiva. En el mismo caso están las propuestas para la creación del Centro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional (COSEN), organismo público que sustituiría al actual Centro Nacional de Energía (CENACE).
• Las propuestas de reglamentos planteadas durante el zedillismo, no han sido retiradas por la administración foxista, por lo que se deduce que pretenden instituirlos de facto. De esta forma, se posibilita que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) deje de ser operado exclusivamente por la Comisión Federal de Electricidad, de acuerdo a las normas y principios que han permitido brindar un servicio oportuno y eficiente, de alta calidad y bajo costo, mediante un despacho de carga ajeno al espíritu mercantilista del mercado. De igual forma, las facultades otorgadas a la CRE para acreditar a las empresas que participarían en el mercado eléctrico, lesionan el proceso de planeación y ampliación del sistema.
• Finalmente, la declaración de inconstitucionalidad de la llamada Cláusula de exclusión, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación según lo cual, en adelante cualquier trabajador podrá tener el derecho de renunciar a una organización sindical sin que ello afecte su empleo, puede ser instrumento de represión para los trabajadores organizados en lucha por la democratización de sus sindicatos.

Central Carboeléctrica Río Escondido-Coahuila FOTO: tigerpress