Contabilidad Perversa y Autonomía de Gestión
Se quiere seguir disfrazando a la privatización eléctrica. La autonomía de gestión que el gobierno pretende implicaría que las empresas estatales ya no dependan del Erario Público, con lo que se comportarían como empresas privadas privilegiando la ganancia sobre el servicio al público, siempre en busca de financiamiento, buscando imponer las tarifas más altas posibles y el menor gasto, aún con detrimento de la calidad del servicio y afectación a las conquistas laborales. Luz y Fuerza del Centro quedaría en quiebra de inmediato.
La creación del organismo paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC) marcó la terminación del proceso de estatización de la Industria Eléctrica Nacional. Con la estatización de la electricidad, de acuerdo a la Carta Magna, se establece su propiedad para la Nación, con lo que de hecho ésta se nacionaliza.
Al crearse este organismo hubo una profunda transformación cualitativa que consistió en la desaparición de la última empresa privada de electricidad (Compañía de Luz y Fuerza del Centro S. A. y Asociadas) y su substitución por una empresa estatal. Esta empresa estatal (LyFC) pasó así a formar parte del monopolio estatal de servicio público de electricidad.
Sin embargo, es necesario recalcar, que por ser la electricidad un área estratégica, este servicio, proporcionado de manera exclusiva por el Estado, no constituye un monopolio (párrafo cuarto del Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
El Sistema Eléctrico Nacional, así formado, es un monopolio natural que incluye todos los aspectos relativos a las funciones que debe cubrir un Servicio Público. Y es un Servicio Público, dado que está abierto indiscriminadamente al uso del público en general; lo mismo puede solicitar conexión, atención y servicio del sistema, el más humilde de los habitantes del país que el más encumbrado potentado, y ambos tienen derecho a esperar igual atención.
El Sistema Eléctrico Nacional cubre casi la totalidad del territorio y cubre más del 95% de las necesidades de México y con las nuevas plantas construidas tiene cubiertas sus necesidades de generación de varios años, más una reserva adecuada.
Como Servicio Público Estatal funciona. Las dos empresas que lo conforman: Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LyFC) reciben anualmente un presupuesto del Erario Público, calculado con base en estudios realizados por cada una y acordado luego en "Las Cámaras", con el que cubren sus necesidades de funcionamiento. Ambas instituciones entregan la totalidad de sus ingresos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De modo que en realidad ni una ni la otra manejan dinero propio.
El Sistema, en su conjunto, tiene un arreglo tarifario de excepción, si se le compara con los equivalentes de otros países. Las tarifas tienen una visión político-social que contempla en forma independiente a cada uno de los sectores de la población y procura dar el servicio eléctrico en las mejores condiciones posibles a cada quien; de hecho, se tienen uno de los sistemas tarifarios más bajos del mundo.
El manejo del conjunto es sano. Obtiene beneficios. Beneficios que están contabilizados bajo el rubro de "aprovechamiento" en la contabilidad de CFE. Por lo que de ninguna manera se puede hablar de "subsidios" o "subvenciones" a un sistema que finalmente entrega al Erario Público más de lo que recibe. Si el presupuesto anual se ha vuelto "raquítico" y no alcanza - según afirman los panistas y el Presidente Vicente Fox - es debido a haber pasado a manos privadas a varios miles de industrias que dejaron de aportar ingresos al estado, además, claro, del IPAB (FOBAPROA).
La contabilidad de LyFC está diseñada para que esta paraestatal sea vista con una óptica "social" a veces y otras con la óptica de la industria privada, según les conviene. Se debe de cambiar la óptica, el enfoque, de esta contabilidad para ver la realidad del fenómeno socio-económico.
El contabilizar una deuda eternamente creciente de LyFC con CFE dentro de la contabilidad de la primera no es en estas condiciones más que un mero y vacío juego contable. No es posible considerar que el Erario Público esté contabilizando una deuda consigo mismo de una institución que sólo cuenta con el dinero que él mismo le da para poderle pagar, y que además tiene una contabilidad diseñada de manera que siempre aparezca en rojo y con un adeudo que tiende al infinito, ya que: una empresa, que han dejado con una mínima participación en la generación de electricidad, debe transferir, vía pago de la energía, el 91% de lo que recauda - quien sabe como esperan que funcione con sólo el 9% de sus ingresos para solventar todas sus necesidades económicas -, y le imponen externamente tanto "los precios" a los que debe adquirir su materia prima como a los que debe vender su producto terminado.
En realidad no existe ni puede existir tal deuda. CFE sólo debe de contabilizar la cantidad de energía que transfiere, para que ver que se esté trabajando bien, pero nó medida en dinero. Exactamente como lo hace con sus divisiones. De realizarse un convenio entre ambas instituciones debe de ser en este sentido.
Es este juego perverso el que "le permite" a senadores del PAN presentarse en TV y afirmar que "por cada peso que recauda LyFC tiene que pagar 12 pesos a los trabajadores", y cosas por el estilo.
Es este el Sistema (75,000 Km. de líneas de transmisión en alta tensión, 600,000 Km. de red de distribución, aérea y subterránea y más de 500 unidades de generación de todo tipo), el que quieren desmembrar, fracturar, para poder hacer negocios particulares unos cuantos acaudalados, sin importarles a donde han llevado a las industrias eléctricas estas privatizaciones y desrregulaciones en otros países. El fracaso ostensible de estos modelos en Inglaterra, en España, en Uruguay, en Chile y sobre todo en Argentina , entre otros, la crisis eléctrica de California que parece querer arrastrar a toda la Unión Americana y el desplome de la ENRON, la mayor empresa eléctrica del mundo, no parecen ser lo suficientemente graves a los ojos de el gobierno de Vicente Fox como para hacerle desistir de su intento.
La Secretaría de Energía está concediendo permisos de Autogeneración y Cogeneración para plantas cuyos dueños serán industrias y municipios (incluyendo municipios, que con el dinero del Erario Público, del presupuesto, ahora se convierten en "inversionistas" privados - ¡y eso que no hay dinero del presupuesto para invertir en nuevas plantas de generación! -) , que para hacer llegar su energía a sus destinos tienen que utilizar todo el Sistema Nacional, al grado de que su planta puede o nó estar funcionando o inclusive dejar de existir, y de todas maneras las industrias "autoabastecidas" siguen recibiendo el fluido eléctrico; - y descaradamente dicen que no se trata de "servicio público" -; y esta planta después la venden a las grandes empresas internacionales de electricidad, consumando así la fractura y privatización paulatina del sistema.
Ahora se pone de moda la "Autonomía de Gestión". Cada día un nuevo modo de tratar de disfrazar la privatización. Aún cuando la ley contempla este término, lo hace dentro del marco de regulación de las empresas paraestatales, en donde autoriza cierta libertad para ejercer su presupuesto, siempre de acuerdo a los principios de la administración por objetivos y siguiendo los planes y normas que el Estado les establece para su administración; muy diferente a lo que el secretario de energía pretende hacer ahora con CFE y LyFC, que es una "Autonomía" financiera, administrativa, tarifaria, en las compras, etc., - una auténtica "desregulación", similar a la de la crisis californiana -; que consiste en que una empresa estatal ya no dependa del Erario Público, con lo que se comportará como empresa privada, privilegiando la ganancia sobre el servicio al público, siempre en busca de financiamiento, buscando imponer las tarifas más altas posibles y el menor gasto, aún con detrimento de la calidad del servicio o afectación a las conquistas laborales, etc.
Sencillamente, al retirar el presupuesto a a CFE y LyFC, ésta quedaría automáticamente en quiebra, ya sea que le dejen o le quiten su deuda con CFE, PUES ES UNA EMPRESA DEPENDIENTE, QUE NO GENERA LA ENERGÍA QUE DISTRIBUYE y a la que se le imponen exteriormente tanto los precios a los que debe de adquirirla como los precios a los que la debe de vender, con lo que la pueden mostrar boyante o quebrada, según quieran, ya que se encuentra en una dependencia permanente de los generadores - aún cuando se le permitiera invertir en plantas generadoras no cuenta con capital ni fuentes de financiamiento propias y tendría que recurrir, otra vez, a la iniciativa privada -, lo que se aprecia en su contabilidad, diseñada además de manera perversa para hacerla ver siempre quebrada, ya que al nacionalizarse no fue modificada.
Lo realmente sensato, lo racional, debe de ser una política de fortalecimiento de nuestro sistema actual; analizando conjuntamente trabajadores y administradores, en cada una de las secciones y departamentos que componen a CFE y LyFC.
Analizando desde la ubicación hasta la existencia misma de todas las secciones, contemplándolas como parte de un todo, que es el monopolio nacional; revisando sus funciones y ubicándolas de manera natural dentro del proceso general de producción.
Revisando todos los procesos necesarios para cumplir con objetivos previamente explicitados: los procedimientos administrativos, los métodos de trabajo, la comunicación entre ellos, la distribución de las cargas de trabajo, la seguridad de los trabajadores, etc. sin tomar en cuenta organizaciones importadas que puede ser o nó que funcionen en otro lado, pero que no están diseñadas para nuestras necesidades y que está tomando una gran cantidad de energía humana y capital de manera completamente innecesaria para adaptarlas a nuestro medio; eso sin tomar en cuenta la gran cantidad de personal contratado para labores administrativas, principalmente de supervisión, sin una justificación real y cuyos altos salarios gravitan como sobrepeso sobre los presupuestos de ambas instituciones.
Lo correcto es, también, terminar con la corrupción en las altas capas de administración. Terminar con el amiguismo y contratismo que encarece la gestión, baja su calidad, roba la materia de trabajo del SME y del SUTERM y solamente hace ricos a unos cuantos que vienen a lucrar con el Sector Eléctrico Nacional, como lo venían haciendo ya en otros sectores de la administración pública.
Y no es que no se tengan problemas internos tanto técnicos como entre los trabajadores y malas actitudes de trabajo, que también deben de ser resueltos, pero también es cierto que proporcionalmente tienen mucho menor peso, aunque haya la intención maléfica de magnificarlos.
Se debe de analizar así al Sistema Nacional, verdadera voluntad de avanzar y resolver su situación tomando prioritariamente lo más conveniente para toda la sociedad, para la Nación, por encima de las posibles oportunidades de "hacer negocios particulares" con lo que realmente pertenece a todos. La lucha no puede detenerse. ¡Adelante compañeros!