A propuesta de la Secretaria de Energía, los legisladores aprobaron la llamada “Estrategia Nacional de Energía”. Es la continuación de la contra-reforma de 2008. Planteada hacia el 2024, se reiteran propuestas explícitamente privatizadoras, todas perniciosas para la nación.

Con base en la legislación energética secundaria inconstitucional, aprobada en 2008 por todos los partidos políticos, el gobierno federal, las Cámaras de Diputados y Senadores aprobaron, el 15 de abril de 2009, la llamada “Estrategia” Nacional de Energía, elaborada por la transnacional McKinsey, consultora internacional encargada de desmantelar a Pemex.

La Secretaría de Energía (Sener) señaló en la propuesta que el fundamento jurídico es el último párrafo de la fracción VI del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se trata de las reformas relacionadas con las facultades de la Sener que le permiten otorgar permisos y contratos a los particulares en materia energética, hecho explícitamente prohibido por la Constitución política del país.

La Sener realizó la propuesta con la participación del Consejo Nacional de Energía (CNE) y el llamado Foro Consultivo. La “Estrategia” surgió en 2008 como propuesta del ex-Frente Amplio Progresista (FAP), cuyos “expertos” plantearon originalmente la necesidad de un Programa Nacional de Energía.

La propuesta inicial era correcta pues desde hace ya varios sexenios tal programa es inexistente, en algunos casos se ha preferido establecer programas anuales sectoriales y, en otros, solamente Prospectivas, de las cuales, existe para el caso eléctrico no así para los sectores petroleros, del gas o la petroquímica.

Sin embargo, en la contra-reforma energética de 2008, el Programa quedó en “Estrategia”. Lo peor es que se facultó al CNE para que interviniera. Dicho Consejo está integrado por los directores generales de los organismos e institutos del sector, todos representados por individuos proclives a la privatización.

Consecuentemente, la “Estrategia” propuesta y aprobada se caracteriza por seguir avalando a la Política Energética oficial caracterizada, precisamente, por ser privatizadora.

Se dice que la “Estrategia” es para un horizonte de 15 años pero “tiene como base la visión 2024”, es decir, la visión pretenciosa e hipotética del gobierno de la ultraderecha para seguir gobernando más allá del actual desastroso sexenio. Entre los objetivos propuestos están:

Estos objetivos, así enunciados, son solamente declarativos. En todos los casos, subyace una política antinacional. Por supuesto, la “Estrategia” no dice en ninguna parte cómo se hará para lograr los objetivos. Por obvias razones políticas, en ningún momento se aclara que las acciones serán mediante la continuación de la privatización energética furtiva. Los legisladores, coautores de esta privatización ni siquiera se tomaron la molestia de preguntar al respecto, menos de impedirla.

Uno de los Ejes rectores de la “Estrategia” es la “Seguridad energética” que incluye:

• Producción de petróleo crudo: 3.3 millones de barriles diarios.

• Restitución de reservas probadas 1P: 100%.

• Margen de reserva para suministro de gasolina: 15%.

Otro eje sobre “eficiencia económica y productiva” plantea:

• Eficiencia del Sistema Nacional de Refinación.

• Margen de reserva de electricidad: 22%

En cuanto el aje “Sustentabilidad ambiental” se propone:

• Aprovechamiento de gas natural: 99.4%

• Capacidad de generación eléctrica con tecnologías limpias: 35%.

Estos planteamientos corroboran lo antes señalado. Se trata de continuar la nociva política de la extracción cuantiosa de petróleo crudo, destinada en su mayor proporción a la exportación, al tiempo que se continuará con la importación de gasolinas y productos petroquímicos.

El margen de reserva de electricidad es muy superior a la experiencia internacional lo que supone continuar generando en exceso en favor de los generadores privados.

La contribución propuesta de las energías limpias es inviable pero, lo grave, es que desde ahora ya están en manos de las corporaciones imperialistas.

Al gobierno federal le preocupa que en exploración y producción de crudo hay una evidente declinación, según dice, “por la madurez de algunos de los yacimientos más importantes del país”.

Eso es cierto, pero no solamente por la “madurez” sino, ante todo, por la irracional explotación de los yacimientos, desde la década de los 70´s. Cantarell, el principal productor de crudo, pasó de 2.2 millones de barriles diarios a 70 mil barriles diarios en el período 2004-2009.

Otros yacimientos están en franco declive y pronto lo estará Ku-Maloob-Zaap.

En el mismo lapso, la inversión en exploración y producción fue del 89.7% de la inversión total de Pemex, la mayor parte, destinada a la producción de crudo, siendo la mayor proporción de crudos pesados.

Visión privatizadora del gobierno en turno

En cuanto a las reservas de hidrocarburos, dice “que gran parte de ellas se encuentra en yacimientos con mayores complejidades técnicas y de comercialización”. Obviamente, las reservas probadas disponibles han sido dilapidadas por los gobiernos en turno sin que haya una reposición adecuada y, especialmente, sin que haya habido descubrimientos relevantes recientes.

Se argumenta que la “participación de energías limpias en la matriz energética nacional es aún relativamente baja”. No podía ser de otra manera cuando los gobiernos en turno han despreciado éstas fuentes. Lo grave es que pretenden desarrollarlas a través de su entrega al capital privado, como lo propone la “Estrategia”.

Se dice que “el consumo de energía en el sector transporte está creciendo aceleradamente”. Esta situación dista de ser nueva y corresponde al modelo económico seguido durante décadas.

Se indica que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “existen brechas operativas con respecto a las mejores prácticas internacionales”. Esa “prácticas”, adornadas discursivamente, se refieren a la privatización total de las paraestatales.

“Existen áreas de oportunidad para reducir el costo de suministro de energéticos, por medio de inversiones en capacidad de proceso y para expandir la red de transporte y distribución”. Sin decirlo explícitamente, la referencia es a la privatización pues, el transporte y distribución de gas natural y gas LP, petrolíferos y petroquímicos, ya lo realizan los privados y, en 2008, los legisladores los ampliaron a los productos petrolíferos y petroquímicos.

Señala la Sener que “los requerimientos de investigación y desarrollo tecnológico, y de recursos humanos para satisfacer las necesidades del sector energético son significativos”. En efecto, así es. Pero, se trata de vulgar demagogia, ya que, los gobiernos en turno han desmantelado la investigación y desarrollo, en Pemex, la CFE y los institutos del sector.

Como lo dice el documento en cuestión, la “Estrategia” se basa en diagnósticos sectoriales y quienes contribuyeron (el CNE y el Foro Consultivo) son los mismos burócratas y políticos proclives a la privatización energética.

En la “Estrategia” se indica que “un gran número de proyectos en el portafolio de Pemex Exploración y Producción (PEP) incluye campos en etapa de declinación”. Además, hay campos que no han alcanzado su producción máxima “y podrían aumentar sus reservas”. Estos incluyen Chicontepec, Ku-Maloob-Zaap, Crudo Ligero Marino y Burgos. Se agrega que “es previsible que, en el futuro, la producción de crudo provenga de campos de menor tamaño que los grandes yacimientos de las cuencas terrestres y marinas del Sureste.

Sin embargo, de 2000 a 2008, se dice que el volumen total de reservas ha disminuido un 23%. Pero, se agrega que la tasa de restitución de reservas probadas 1P” alcanzó 72% de la producción en 2008 y “con el fin de mantener una plataforma de producción de largo plazo, se debe alcanzar y mantener una tasa de restitución de reservas 1P de al menos 100%”.

Esto es, la preocupación central del gobierno federal es continuar con una alta plataforma de producción, política que ha tenido como consecuencia el abatimiento de las reservas probadas, literalmente despilfarradas al destinar a la exportación la mayor parte de la producción.

La política de producir petróleo crudo para su exportación no es negocio para ningún país pues, solamente contribuye al reciclaje de petrodólares, pues, en vez de elaborar productos (petrolíferos y petroquímicos) con valor agregado se prefiere importarlos cada vez en mayor cuantía.

Según el “diagnóstico” de la Sener “más de la mitad de las reservas probables y posibles ... se encuentran en Chicontepec”. El planteamiento es muy débil. Chicontepec fue sobreexplotado en la década de los 70´s, en la voracidad por extraer crudo rápida y fácilmente, habiendo “quebrado” a muchos pozos. Ahora, dicen, “enfrenta complejidades tecnológicas”. Por el momento ha sido un proyecto fracasado que, entre sus múltiples problemas, está la bajísima recuperabilidad, apenas del 2%.

No obstante, la Sener insiste en señalar que “México cuenta con 52.3 miles de millones de petróleo crudo equivalente de recursos prospectivos”. Estos son recursos NO descubiertos. “El 56% se encuentra en aguas profundas del Golfo de México, con tirante de agua mayor a 500 metros”. El gobierno del PAN dice que “este recurso puede convertirse en reserva a través de la actividad exploratoria exitosa”. ¿Quién hará la exploración? La Sener no lo explica pero esa actividad NO la hará Pemex, misma que NO realiza ya la exploración. Serán, entonces, las transnacionales.

Entre las “Líneas de acción” propuestas por la “Estrategia” están: “Evaluar el potencial de hidrocarburos en cuencas del país que no han sido exploradas, especialmente aguas profundas, adoptando y desarrollando tecnologías necesarias para resolver las complejidades de las mismas”. ¿Pemex dispone de esas tecnologías de Punta? No, porque ha destruido la infraestructura correspondiente. Entonces, el gobierno seguirá argumentando para que el trabajo lo hagan las transnacionales. Para ello, se propone “Asegurar la mejor aplicación de los recursos físicos y financieros en la exploración”. Tales recursos se destinarán a las corporaciones.

Por tecnologías “limpias”, el gobierno y sus expertos consideran a las energías renovables, grandes hidroeléctricas y energía nuclear. Estas “serán un factor clave de la Seguridad Energética y Sustentabilidad Ambiental”, dicen, que permitirá diversificar las fuentes de energía.

Sí, podría haber diversificación de fuentes pero no precisamente limpias. Entre las renovables se incluye a los agrocombustibles que significan arrasar tierras y aguas. Las grandes hidroeléctricas implican arrasar poblaciones enteras, degradar la biodiversidad y acrecentar conflictos sociales. La energía nuclear, a base de uranio, tiene importantes problemas no resueltos y no representa ninguna alternativa para ninguna nación.

Sin embargo, para la Sener “será necesario promover tecnologías limpias de generación eléctrica y facilitar el desarrollo del mercado de bioenergéticos ... protegiendo la seguridad alimentaria y la sustentabilidad ambiental”. Se trata de expresiones demagógicas. Actualmente, todas las nuevas centrales eléctricas de alta potencia son privadas, de tipo ciclo combinado, a base de gas natural; de acuerdo a la prospectiva eléctrica 2009-2024, las futuras plantas serán de la misma tecnología. Solo las restantes plantas, de menor potencia, serían a partir de otras fuentes, incluyendo a los “bioenergéticos”, sin importar la seguridad alimentaria ni la preservación del medio ambiente.

En 2008, el petróleo contribuyó con el 62% a la producción de energía primaria y el gas natural con el 27%. Ese año, la generación eléctrica destinada al servicio público fue de 235,831 GWh, de los cuales, el 65.5% fue a base de hidrocarburos (combustóleo, gas natural y diesel). El dato es engañoso e incluye como generación para el “servicio público” a la efectuada por la CFE (157,160 GWh) y a la generación privada (74,230 GWh) en la modalidad de Productor Privado Independiente (PIE).

Según la Sener, en 2008 había una capacidad de generación eléctrica a base de fuentes renovables de 1,984 MW sin incluir a las grandes hidroeléctricas, lo que representa el 3.3% de la capacidad instalada para el “servicio público” y autoabastecimiento remoto (sic).

De acuerdo al Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables (2009) se plantea alcanzar una capacidad instalada del 7.6% en 2012, siendo privados todos los proyectos.

Otra tecnología “limpia que deberá ser evaluada es la nuclear”, dice la Sener. Actualmente, la generación nucleoelectrica en México contribuye con el 4.5% y, conforme al Programa Sectorial de Energía se está analizando la conveniencia de incrementar la generación a partir de esta fuente. Cuando el gobierno habla de energía “limpia” se refiere a las emisiones de gases de invernadero, lo cual no es suficiente. En el caso nuclear, omite los graves problemas derivados de los desechos radiativos, de bajo, mediano y alto nivel.

La “Estrategia” estima que en 2009 la cogeneración representó el 6.5% de capacidad instalada, y que se cuenta con un potencial cercano a los 11,000 MW, pero que su desarrollo se ha limitado “por la falta de un marco regulatorio más adecuado”. Actualmente, la cogeneración es una de las figuras jurídicas inventadas por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Norteamérica, sujeta a la privatización furtiva. Aún así, el gobierno argumenta que “falta” más regulación (privatización). De un total actual de 3,290 MW, corresponden a Pemex 1,789 MW de capacidad instalada de cogeneración.

En cuanto a los “bioenergéticos”, se reconoce que hay situaciones en que se utiliza más energía para producir los bioenergéticos que la que generan éstos y, en materia de emisiones, el balance es negativo. Sin embargo, se plantea la introducción paulatina del etanol anhidro en las gasolinas en las principales zonas metropolitanas del país. El biodiesel se introducirá a partir de 2011. Contradictoriamente, se dice que se promoverá el desarrollo rural sin explicar que la producción de agrocombustibles requiere de grandes extensiones de terreno cultivable y enormes volúmenes de agua. En una segunda generación se considera a los agrocombustibles a partir de plantas no comestibles.

Consecuentemente, en las líneas de acción, se propone promover las tecnologías “limpias” para la generación de electricidad instrumentando los “mecanismos que manden las señales deseadas” para el desarrollo de esas tecnologías. ¿A qué señales se refiere el gobierno de manera tan vaga y general? Se trata de expresiones tendientes a profundizar la privatización de estas fuentes, de acuerdo a la contra-reforma energética de 2008 que generalizó la privatización de TODAS las fuentes, renovables y no renovables de energía.

También se propone aprovechar el potencial de cogeneración, por parte de Pemex y los ingenios azucareros, así como, facilitar el desarrollo de los bioenergéticos.

En 2008, el sector transporte representó más del 50% del consumo total de energía, seguido del industrial, con una tasa anual de crecimiento del 4.7%.

La “Estrategia” señala que “México tiene la oportunidad de seguir una trayectoria eficiente en el consumo de energía, alcanzado niveles de países desarrollados como Japón o Dinamarca”. Son expresiones declarativas carentes de sentido, esos países tienen un PIB/per cápita, nueve y siete veces mayor al mexicano, con casi el doble del consumo energético per cápita.

Los recursos prospectivos según Pemex

Para el gobierno del PAN, los subsidios al consumo de energéticos representan montos significativos y desincentivan al consumo eficiente. En el período 2004-2009, los subsidios habrían sido de 200.4 miles de millones de pesos. El 63% de dichos subsidios está concentrado en la electricidad, 31% en la gasolina y el diesel, y el resto en gas LP. En la “Estrategia” se dice que, en los últimos seis años, los subsidios a la electricidad representan una diferencia de 29% entre la tarifa cobrada y el costo contable (sic). Estos subsidios se concentran en los sectores agrícola y doméstico, “desincentivando el consumo y producción eficiente de electricidad” (sic).

En ningún momento se explica que, debido a la privatización eléctrica furtiva, existe un paralelismo entre el aumento a las tarifas y el nivel creciente de privatización. Se habla de un “costo contable” pero no del verdadero costo de producción. El subsidio no es a los consumidores sino a los generadores privados, mismos que incluyen la correspondiente ganancia creciente pagada por los consumidores. Lo que sugiere la “Estrategia” es seguir aumentando esas ganancias privadas por la vía de tarifas más elevadas y así será, en la medida en que se propone incrementar la privatización eléctrica que, a diciembre de 2009, llegó al 49.54% de la capacidad de generación total a nivel nacional. Algo similar ocurre con el gas natural y el gas LP.

Una de las líneas de acción que se propone es “aprovechar tecnologías de punta para administrar la demanda eléctrica (redes y medidores inteligentes)”. Esa medida implica el aumento generalizado y extendido de las tarifas eléctricas. Otra medida consiste en “instrumentar, de manera gradual, esquemas tarifarios que reflejen los costos de oportunidad (sic) de todos los energéticos e incentiven el uso eficiente de la energía, protegiendo a la población de escasos recursos mediante programas de subsidios localizados”. Esto es, se están anunciando incrementos a las actuales tarifas, de suyo elevadas, así como la supresión de los subsidios, mismos que prácticamente están eliminados con cada aumento de tarifas que ha ocurrido desde 1997.

Las emisiones de CO₂ están en creciente incremento, especialmente, en los sectores transporte y generación eléctrica. La “Estrategia” plantea reducir al 50% la emisión de gases de efecto invernadero en el año 2050 (sic), en relación con las emitidas en el año 2000 (sic). Se trata de endebles planes hipotéticos a muy largo plazo.

En la producción de hidrocarburos también se han incrementado las emisiones debido a la quema y venteo de gas.

El sector energético tiene una alta proporción de consumo de agua fresca, específicamente, por parte de Pemex y de la CFE. En 2009, el consumo de agua fresca de Pemex fue del 83% y el de agua tratada de 17%; en la CFE, el 68% del consumo de agua es fresca y el 32% es agua tratada.

La “Estrategia” propone como líneas de acción: “alinear (sic) prácticas de aprovechamiento de gas natural con los mejores estándares de la industria (quema y venteo)”. Esta medida tan general se contrapone con la creciente quema de gas natural en la atmósfera derivada de la irracional explotación petrolera. También se propone “Promover el uso sustentable de recursos naturales en los procesos del sector energético” y “Reducir gradualmente el pasivo ambiental”, es decir, puras generalidades.

Se dice que los procesos de transformación del sector de hidrocarburos “presentan brechas en desempeño operativo” respecto a estándares internacionales. Es el caso del Sistema Nacional de Refinación (SNR) y la operación del sistema de ductos.

En el caso eléctrico, el reto más importante es la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas, y mejorar los indicadores de productividad, “sobre todo los del área de extinción de la extinta (sic) Luz y Fuerza del Centro (LFC)”.

De entrada, para la “Estrategia”, LFC ya no existe. Sin embargo, la toma en cuenta en sus aspectos operativos más negativos para compararla con el resto del sector.

¿Que propone la “Estrategia” como líneas de acción? “Desarrollar e instrumentar programas de mejora operativa, ... profundizar programas de eficiencia energética, ... redefinir prácticas y asegurar la disponibilidad multianual de recursos para programas de mantenimiento ...”, es decir, obviedades.

Para reducir las pérdidas en transporte y distribución de energéticos se propone: instrumentar las redes y medidores inteligentes, “identificar y ejecutar inversiones necesarias para reducir pérdidas a niveles costo-eficientes (principalmente en la zona de atención de la extinta LFC)”, “promover la modificación del marco legal para tipificar el robo de energía eléctrica y de combustible como delito federal grave”. En suma, una política “diablera”.

Tratándose del suministro de energéticos, la “estrategia” se limita a señalar que “el crecimiento de la demanda de gasolinas ha cambiado el esquema de suministro y llevado al límite las capacidades del sistema”. Eso se pudo haber dicho hace 31 años, cuando se construyó la última de las refinerías existentes. Hoy el señalamiento es débil cuando todas las refinerías han agotado su vida útil y operan a un nivel bajísimo de su capacidad.

En vez de haber construido más refinerías la política oficial sigue el camino de aumentar las importaciones. En 2009, la producción fue de 450 mil barriles diarios del total requerido y 350 mil fueron importados, con una tendencia creciente a las importaciones netas.

En 2009, el 54% de la demanda de petrolíferos estuvo representada por gasolinas, el 25% por diesel y turbosina y el 21% por combustóleo. Entre tanto, la nueva refinería que se proyecta construir en Tula, no ha empezado a construirse.

En el sector eléctrico, la capacidad efectiva instalada ha tenido un crecimiento promedio anual de 3.8% entre 1998 y 2008, con un incremento cada vez mayor de la capacidad instalada privada. En 2009, el margen de reserva del Sistema Interconectado Nacional alcanzó el 47.3%, con un margen de reserva operativo del 20.3%. La “Estrategia” dice que “este elevado margen de reserva es el resultado de niveles de demanda inferiores a lo programado”.

Ocupación policíaca y militar de Luz y Fuerza del Centro el 11 de octubre de 2009.
Para el Estado, LFC ya no existe

La “Estrategia” no lo dice pero eso corresponde a la política seguida de privatización furtiva acelerada que ha llevado a un exceso de generación para favorecer a las transnacionales. Eso es deliberado y no se plantea corregir la situación sino agravarla con mayor privatización pues, en los planes próximos del gobierno, casi todos los proyectos eléctricos adicionales se proponen como privados.

En el caso de los petroquímicos, la “Estrategia” sugiere que Pemex “debe enfocarse en las cadenas más rentables”. Esta es pura demagogia habida cuenta que el TLC, y la contra-reforma energética de 2008, ratificó la privatización de la falsamente llamada petroquímica secundaria, aprobada desde 1995, cuya rentabilidad es inobjetable pero está en manos privadas.

Entre las “Líneas de acción” se propone: “Reducir la proporción de productos de bajo valor y enfocar el desarrollo en mayor eficiencia económica ... instrumentar esquemas de contratación (sic) para grandes proyectos de infraestructura de hidrocarburos ... promover el desarrollo petroquímico de las cadenas rentables y fomentar alianzas ...”.

Como Pemex NO realiza ya tales funciones, se propone promoverlas con las transnacionales, a las que no se menciona pero son las que se encargan inconstitucionalmente de dichas actividades. Eso está expresamente prohibido por la Constitución pero se plantea realizarlas mediante el otorgamiento de contratos de todo tipo.

Para el sector eléctrico pues se plantea “mantener un margen de reserva consistente con una metodología que considere la composición del parque de generación, el perfil de demanda y restricciones de transmisión”. Es mucho ornato sabiendo que a nivel internacional el margen de reserva es del 15% y el margen de reserva operativo es de 6% en promedio. Lo que pretende la “Estrategia” es seguir con el exceso de generación, a cargo de las transnacionales, actualmente y en el futuro.

También se propone “promover estructuras tarifarias en función de una operación eficiente” ¿De quién? De las transnacionales eléctricas y del gas, como ocurre actualmente.

Adicionalmente, se propone “optimizar las operaciones del Sistema Nacional de Refinación, incluyendo la importación de crudos para proceso y mezclado, ... consolidar terminales de importación de gas LP, ... identificar fuentes de suministro de energéticos importados y asegurar continuidad del suministro por medio de contratos de largo plazo ...”. En suma, no obstante la urgencia de procesar internamente el petróleo crudo y producir gasolinas, se pretende seguir importándolas.

La “Estrategia” indica que, la utilización de la red de gasoductos se ha incrementado y, la red de ductos, para el transporte de petrolíferos está llegando a la saturación en puntos críticos. La adición a la red de gasoductos tuvo un incremento después de 1995 pero, luego, disminuyó. Hasta 2002 hubo un crecimiento en el número de consumidores, mismo que ha disminuido drásticamente, consecuencia del incremento en los precios de gas natural y gas LP.

En cuanto al almacenamiento, dos terminales (privadas) de gas natural licuado están en operación: Altamira y Ensenada, y está una en construcción (Manzanillo). Se trata de permisos privados otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Esta comisión otorgó en 2007 un permiso para el almacenamiento subterráneo, en un domo salino ubicado en Tuzandépetl, Veracruz.

El Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) cuenta con 9,343 km de longitud, cubriendo 18 estados, y el sistema aislado de Naco-Hermosillo tiene una longitud de 340 km conectado con Arizona, en Estados Unidos. Existen 10 estados (Baja California Sur, Colima, Guerrero, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Zacatecas, Oaxaca y Chiapas) que no están cubiertos por ductos de gas natural.

¿Que se propone? ¡Más privatización! Entre las líneas de acción de la “Estrategia” se indica “Separar, de manera clara y transparente, la venta de primera mano del gas natural de los servicios de transporte que presta Petróleos Mexicanos” (Pemex). A la fecha, el transporte (público, y usos propios) de gas natural lo realizan los privados, mediante inconstitucionales permisos otorgados por la CRE. Ahora, se propone “separar” a la red de gasoductos de Pemex, es decir, privatizarlos. Eso se refuerza en la siguiente “línea”, al proponer “instrumentar, de manera gradual, el acceso abierto al Sistema Nacional de Gasoductos”, o sea, poner al servicio del sector privado transnacional la red nacional de ductos, hecho que ya ocurre actualmente, pero la pretensión es generalizarlo de manera total.

También se propone “promover el desarrollo de una infraestructura de almacenamiento subterráneo de gas natural” e “instrumentar el acceso abierto en la infraestructura de almacenamiento de gas natural y gas LP”. Todo, por supuesto, privado.

Para mayor claridad privatizadora, se propone “Fomentar la inversión eficiente en infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución de energéticos” (en general), así como, “Impulsar un suministro de energéticos oportuno que envíe las señales necesarias al mercado para atraer inversiones”. Actualmente, la privatización eléctrica furtiva se apoya en la construcción y operación de plantas de ciclo combinado a base de gas natural. Como la producción nacional de este energético es insuficiente, la CFE lo importa y suministra a las transnacionales en condiciones ventajosas. Ese es el tipo de “señales” que propone la “Estrategia”.

El 33% del consumo total de energía es a partir de leña y carbón vegetal, en el centro y sur del país, especialmente, en los municipios más pobres.

El 97.3% de mexicanos tiene cobertura de electricidad y, para el restante, se propone “la autogeneración con energías limpias”.

El desarrollo y adopción de tecnologías de punta y recursos técnicos especializados, se mencionan como “aspectos de vital importancia” para la ejecución de la “Estrategia”. Se “mencionan”, específicamente: la exploración y desarrollo de recursos de hidrocarburos en cuencas de mayor complejidad técnica y comercial”, así como, “la diversificación de fuentes de energía primaria hacia energías limpias”.

Se dice que el personal ha venido envejeciendo, tanto en Pemex y la CFE, como en los institutos de investigación del sector, especialmente, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). Los institutos tienen cada vez una plantilla más reducida de trabajadores y, en su mayoría, mayores de 50 años. Se dice, solo se dice, que “el principal reto para estos organismos es atraer y retener al capital humano especializado”. En la práctica ocurre lo contrario, esos organismos son verdaderas mafias impenetrables, alejadas de sus deberes esenciales, dedicados a los servicios, y sometidos a una destrucción gradual y sistemática.

Los elementos “facilitadores” que propone la “Estrategia” son explícitamente privatizadores. Por ello, entre las líneas de acción, se propone: “Continuar el desarrollo institucional de los órganos de regulación”, mismos que están dedicados al otorgamiento de permisos, concesiones y contratos a las transnacionales en las actividades constitucionalmente estratégicas.

Luego, se propone “Orientar los esfuerzos en materia de regulación hacia monopolios naturales y mercados eficientes”. ¿Cuáles son los monopolios “naturales”? Pemex y la CFE. Cómo al gobierno federal no le es posible reformar al artículo 27 constitucional para privatizar plenamente a las industrias eléctrica y petrolera, se proponen mecanismos basados en la legislación secundaria, apoyados en la contra-reforma energética de 2008 y en vaciladas como la “Estrategia”.

También se propone “Alcanzar la autonomía financiera de los órganos de regulación”, mismos que, actualmente, llevan a cabo sus actividades de manera unilateral y mafiosa, siempre de acuerdo a los dictados de las transnacionales.

En materia de recursos se propone “Mantener permanente colaboración y participación con organismos financieros internacionales para la atracción de recursos en apoyo a la transición energética”. También, “Identificar mecanismos de financiamiento que lleven a una mayor inversión privada en la cartera de proyectos del sector energía”. Esto es plenamente anticonstitucional.

Refinería de Salina Cruz FOTO: J.A. López

Central nucleoeléctrica Laguna Verde

Entre las metas de la “Estrategia” están: alcanzar en 2024 un nivel de producción de petróleo crudo de 3.3 millones de barriles diarios; incrementar y mantener un nivel de restitución de reservas probadas 1P de al menos 100%, considerando el crecimiento de la plataforma de producción; y, mantener un margen de reserva para el suministro de gasolina del 15%. Este sería el rubro de “Seguridad energética”.

En “Eficiencia económica y productiva” se indican: llevar al SNR del cuarto al segundo cuartil de desempeño operativo respecto a los estándares internacionales y disminuir, hacia 2024 (sic), el margen de reserva de capacidad de generación eléctrica a un nivel de 22%.

En “Sustentabilidad ambiental”: incrementar el aprovechamiento de gas natural al 99.4%, incrementar la participación de las tecnologías limpias en el parque de generación al 35% (sic).

Las conclusiones de la “Estrategia” están perforadas por la incertidumbre. Se dice que, es un acuerdo del Estado, con una visión de largo plazo y un plan para hacerla realidad.

Sí, es un acuerdo del Estado, con sus tres poderes, pero lo se necesita es un acuerdo de la nación. Los energéticos no son propiedad del Estado y menos de los gobiernos en turno. Para 2024, el actual Estado debe estar quebrado y, los gobiernos antinacionales, eliminados. Sería una desgracia para la nación aguantarlos más de cien años.

La “Estrategia”, sin embargo, aún cuando se plantea con una “visión” hacia el 2024, no constituye una verdadera visión porque está formulada improvisadamente, en algunos casos, se hacen estimaciones ligeras como “para no dejar”, sin sustento ni fundamento. En cuanto al “plan” para concretarla no hay tal, todo se deja a los avatares del mercado de capital pues, el desarrollo se propone, mediante la fe supersticiosa en la privatización generalizada.

En estas condiciones no es posible ninguna seguridad energética ni menos sustentabilidad ambiental.

El gobierno, y sus partidos políticos, consideran que esta primera “Estrategia” es la oportunidad para crear consensos”. Entre las cúpulas estatales no hay problema, todos están de acuerdo. Los legisladores, coautores de la contra-reforma energética de 2008 no tuvieron ninguna objeción en aprobar las propuestas de la “Estrategia” privatizadora, ellos mismos las propusieron y aprobaron con anterioridad.

La situación es diferente, respecto al resto de la nación. Los trabajadores concientes y el pueblo en lucha NO estamos de acuerdo con esa “Estrategia”, basada en una Política Energética Antinacional y Proimperialista.

Lo que México necesita es un Programa Nacional de Energía, basado en una Política Energética Independiente. Esta incluye, la propiedad colectiva de la infraestructura industrial y de los recursos naturales energéticos, una política basada en la transformación de los energéticos y no en la simple extracción y exportación de los mismos, así como, la integración de la industria energética nacionalizada, bajo el control obrero de la producción e investigación.

Nada de esto se indica en la “estrategia” del Estado sino al revés. Todas las propuestas están encaminadas a continuar la privatización energética.

La nación está ante una sistemática ofensiva del Estado para desnacionalizar sus industrias eléctrica, petrolera y del agua. Las reformas a la legislación secundaria y demás instrumentos, como la “Estrategia”, son atentados directos a la soberanía, seguridad e independencia de la nación en su conjunto. Por lo tanto, son plenamente inaceptables por ser técnicamente improvisadas y políticamente perniciosas.


Referencia: FTE de México 2010, elektron 10 (121) 1-12, 21 abril 2010.

Complejo termoeléctrico de Tuxpan en manos de transnacionales

De Ku-Maloob-Zaap se obtiene actualmente la mayor producción de crudo