David Bahen *
FRENTE DE TRABAJADORES DE LA ENERGIA
dbahen@hotmail.com

RESUMEN: Se describe la situación de la industria eléctrica de México, actualmente sometida a un amplio proceso de privatización furtiva. La nacionalización de la industria eléctrica fue un relevante acontecimiento político que llevó a construir una importante infraestructura industrial. Hoy, los gobiernos en turno han trastocado el derecho de la nación y la industria eléctrica está en franco proceso de desnacionalización entregándola a las corporaciones transnacionales. El FTE de México ha formulado diversas alternativas y propuestas en el marco de la re-nacionalización energética que incluyen, la propiedad colectiva de los recursos naturales y medios básicos de producción, una política energética independiente y la integración del proceso de trabajo energético bajo control obrero de la producción e investigación.

Son ya más de cien años de industria eléctrica en México. En el siglo XIX el desarrollo del capitalismo en nuestro país había tenido como ejes a las industrias minera, textil y ferrocarrilera. Pronto se incorporarían las industrias eléctrica y petrolera, ambas hacia fines del siglo.

En 1903, la Mexican Light and Power Co. inició la excavación del túnel de la hidroeléctrica Necaxa. Dos años después, se iniciaría el abastecimiento de electricidad a la Ciudad de México, así como, a los centros mineros en El Oro y Pachuca.

Precisamente, de Necaxa surgió el sindicalismo electricista. El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) había sido fundado nen 1914. Al siguiente año, estalló la primera huelga contra la Telefónica Ericson. Ese año se produjeron varias movilizaciones en Necaxa. A partir de éstas, en 1916, se conjugaron las demandas con los obreros de la capital y la Federación de Obreros del Distrito Federal estalló la huelga general.

El gobierno de Carranza declaró la ley marcial, el toque de queda y la militarización de la ciudad. Los locales sindicales fueron ocupados por la soldadesca y los principales líderes del movimiento fueron aprehendidos. A varios de ellos se les instrumentó un juicio sumario de guerra y se pretendió fusilarlos. La solidaridad obrera lo impidió.

Muchos años transcurrieron para superar la derrota. El sindicalismo en general fue sometido por el Estado. Así había sido desde la época de Madero con la Casa del Obrero Mundial. Ahora, continúo con Obregón y Calles, promotores de la Confederación Regional Obrera de México (CROM), en la cual participaba el SME, que siguió el modelo economicista de la American Federation Labor (AFL) norteamericana.

La Mexican Light and Power ampliaba sus operaciones a varias partes del país, lo mismo que otras empresas extranjeras. El SME también crecía. Hacia 1925 se había formado la Confederación Nacional de Electricistas, Similares y Conexos de la República Mexicana (CNESCRM) en 25 lugares del país. La organización más grande era el SME del Distrito Federal. Por total incomprensión política, el Comité Central en turno decidió disolver a la Confederación y desde ese momento empezó el colapso del sindicato, mismo que se replegó al centro del país, especialmente a la capital.

Fue en la época de los 1930’s, con un nuevo auge post-Revolución de las masas mexicanas que el movimiento obrero mexicano volvió a recuperar espacios políticos. El contexto internacional fue determinante y el sindicalismo se destacó por la lucha contra el fascismo. También contó el ambiente nacional auspiciado por el cardenismo que permitió el accionar sindical.

En 1935, a convocatoria del SME, los sindicatos de la época formaron al Comité Nacional de Defensa Proletaria que daría lugar a la creación de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), de efímera trayectoria clasista pues, pronto fue usurpada y desnaturalizada. El SME abandonó a la CTM.

En 1936, el SME estalló la huelga eléctrica. De las instalaciones sindicales partió una marcha hacia la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En la marcha, varios electricistas iban armados. Otro tanto ocurría en los piquetes de huelga que los electricistas defendieron con las armas en la mano. La huelga fue declarada legalmente existente y, posteriormente, sería triunfante.

El sindicato pactó un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), cuyos antecedentes fueron los de 1932 y 1934, en condiciones muy favorables. Entre otras cuestiones, se afirmó la cláusula 64, referida a las jubilaciones a cargo de las empresas.

En 1937, el gobierno federal decidió crear a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), misma que contrató en 1943 con el Sindicato Nacional de Electricistas, Similares y Conexos de la República Mexicana (SNESCRM) afiliado a la CTM.

Al siguiente año (1938), se decretó la expropiación de la industria petrolera. Antes (1937) se habían nacionalizado los ferrocarriles. Acerca de la industria eléctrica, el SME propuso apenas la formación de una Cooperativa. La propuesta fue extraña por improvisada pero no prosperó.

Con el cardenismo, el movimiento sindical fue uncido formalmente al Estado al oficializarse el corporativismo. Eso fue un gran desacierto político de la CTM y su perdición. Después del cardenismo otra vez vino el reflujo, el sometimiento y la represión.

Durante los 1930’s el sindicalismo electricista de la provincia, que contrataba con empresas extranjeras, se había extendido por gran parte del territorio nacional. Estos sindicatos formaron a la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria Eléctrica (FNTIE). En 1942, ésta se transformó en Federación Mexicana de Trabajadores de la Industria y Comunicaciones Eléctricas (FMTICE) y, luego, en 1952 en Federación Nacional de Trabajadores de la Industria y Comunicaciones Eléctricas (FNTICE). Se iniciaba así un largo camino de la insurgencia obrera.

En 1952, la FNTICE y el SME se unieron en la Confederación Nacional de Electricistas de la República Mexicana (CNERM). El 1º de mayo de ese año, dos pancartas reflejaron la política que sería histórica en el sector: “Luchamos por la nacionalización de la industria eléctrica” y “Un solo sindicato, un solo contrato en la industria eléctrica nacionalizada”. Estas dos banderas son cruciales para entender el desarrollo de la industria eléctrica y del sindicalismo electricista en México.

Dos importantes hechos precedieron a la nacionalización. En 1958-59 estallaron las huelgas ferrocarrileras que le dieron un nuevo impulso a la insurgencia obrera. En 1959, las huelgas fueron reprimidas política y militarmente por el Estado mexicano infringiendo una gran derrota al sindicalismo. El otro acontecimiento fue el triunfo de la Revolución Cubana.

El contexto previo a la nacionalización era de una creciente inconformidad social contra las empresas extranjeras por el mal servicio que proporcionaban. Al deficiente servicio, se sumaban los constantes aumentos en las tarifas. Esto en los lugares donde había servicio de electricidad, mismo del que carecía la mayor parte del país.

El 27 de septiembre de 1960, el Congreso de la Unión aprobó el decreto de nacionalización de la industria eléctrica. Tan importante hecho político no fue comprendido, ni por la izquierda ni por el sindicalismo, salvo por los electricistas nacionalizadores de la FNTICE.

Hoy no solamente persiste la incomprensión también está presente el olvido y la ignorancia, domina la apariencia y el discurso privatizador neoliberal. La intelectualidad pequeñoburguesa no quiere acordarse de la historia. El Estado prefiere borrarla y sus voceros funcionales ignorarla. Pero los hechos allí están.

La industria eléctrica nacionalizada, conquista de los trabajadores y de la nación

La nacionalización de la industria eléctrica no fue un simple hecho administrativo, ni siquiera se reduce a un decreto de ley promulgado por el Ejecutivo; la nacionalización fue un hecho político.

Formalmente, la nacionalización se logró mediante la compra de acciones por parte del gobierno. Primero, la American Foreign Power Co. y, luego, la Mexican Ligh and Power Co. pusieron en venta sus acciones. Para algunos funcionarios del gobierno de López Mateos se trataba solamente de una operación mercantil.

Para los sectores de la derecha empresarial y política se trataba de un error pues, en vez de haber comprado las acciones, esos recursos debían haberse destinado a electrificar al país. La derecha mentía a sabiendas que los permisos otorgados a las empresas extranjeras les daban el dominio del territorio y donde operaban no podía intervenir el Estado. Obviamente, las concesionarias jamás promovían la electrificación a menos que fuera en su beneficio.

Para la izquierda de la época, comprar acciones no era correcto pues, debió nacionalizarse sin indemnizar al capital. Eso implicaría la expropiación. Sin embargo, las condiciones no se presentaron así. En 1960 no había el auge de masas que en 1938. La defensa del petróleo era un asunto de defensa de la soberanía nacional, la nacionalización eléctrica también, pero no se expresaba de la misma manera. Por lo demás, en 1938 hubo expropiación con indemnización, es decir, se tuvo que pagar a las empresas expropiadas y, para ello, cooperó el pueblo de México.

Fueron los electricistas de la FNTICE los que salieron en defensa del proyecto nacionalizador. Nadie más podía hacerlo pues los electricistas fueron promotores y coautores de la nacionalización eléctrica.

La nacionalización implicó un cambio en el régimen de propiedad en un sector de vanguardia. De ser propiedad privada se pasó a un régimen de propiedad social que implica la propiedad colectiva, es decir, nacional.

Solamente por este hecho, la nación daba un enorme paso, aún en el marco del capitalismo y bajo el control del Estado. Sin embargo, los mismos electricistas de la FNTICE, ubicados en el escenario de la lucha de clases, plantearon oportunamente la necesidad de tomar medidas que impidieran el estancamiento e, incluso, el retroceso.

La nacionalización implica la reorganización del proceso de trabajo eléctrico. Este fue definido, en términos generales, por el propio decreto nacionalizador elevado a rango constitucional.

La segunda parte del párrafo sexto del artículo 27 constitucional indica: “CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE A LA NACION GENERAR, CONDUCIR, TRANSFORMAR, DISTRIBUIR Y ABASTECER ENERGIA ELECTRICA QUE TENGA POR OBJETO LA PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO. EN ESTA MATERIA NO SE OTORGARAN CONCESIONES A LOS PARTICULARES Y LA NACION APROVECHARA LOS BIENES Y RECURSOS NATURALES QUE SE REQUIERAN PARA DICHOS FINES”.

Estas disposiciones, junto con las relacionadas con los hidrocarburos, son las más significativas de la Constitución política del país y de la Revolución Mexicana. De allí su importancia política e histórica.

Pero, si una medida nacionalizadora no es sostenida por una fuerza social organizada simplemente no avanza y puede revertirse desfavorablemente. Los electricistas de la FNTICE comprendían la situación porque la venían analizando y discutiendo por décadas en movilización nacional.

Por ello, cuando se produjo la nacionalización, los electricistas de la FNTICE fueron quienes sacaron las conclusiones más acertadas. Dos fueron éstas: 1- la unidad sindical democrática, y 2- la integración de la industria eléctrica nacionalizada.

La FNTICE fue una organización de alcance nacional que agrupaba a los sindicatos de empresa existentes en las diversas regiones del país y se fue extendiendo conforme se ampliaba la industria eléctrica. Siguió así un camino diametralmente opuesto al SME. Este se quedó en el concepto de sindicalismo de empresa, incluso gremial, mientras que la FNTICE avanzó en el desarrollo del concepto de sindicalismo industrial.

Lo anterior tiene connotaciones profundas. El sindicalismo de empresa, y el gremial, surgen con la generación de proletarios ligados a la manufactura y a los talleres. Con el desarrollo de la gran industria, el viejo sindicato de empresa, y/o el gremial, se vuelven obsoletos, superados históricamente. Un sindicato de este tipo es incapaz de dar respuesta a los múltiples problemas asociados al desarrollo industrial a nivel nacional.

En el caso de la nacionalización de la industria eléctrica, que implicó a esta industria a nivel nacional, solamente un sindicato de este alcance podía comprender y atender el significado de la nacionalización. Un sindicato de gremio y local tenía reducido su espacio sindical vital.

El problema no era siquiera que se contratara con una empresa extranjera, en casi todo el país estaban presentes estas compañías y con ellas contrataban los electricistas de provincia.

La cuestión determinante fue la política. Los electricistas de la FNTICE tuvieron una dirección política consecuente, con clara visión sindical e industrial. No sucedió lo mismo con el SME, sindicato dedicado solamente a la grilla doméstica, abstrayéndose siempre de la industria eléctrica nacional.

Por ello, cuando se anunció la nacionalización, el 8 de abril de 1960, la propuesta de la FNTICE fue concretar la unidad sindical electricista. El 22 de ese mes se realizó un acto en el SME. Allí, en asamblea general presidida por Luis Aguilar Palomino (SME) y Rafael Galván (FNTICE), éste propuso que ante la nacionalización de la industria eléctrica los electricistas debían dar respuesta sellando su propia unidad sindical. La asamblea estuvo de acuerdo.

Las razones son elementales. Con la nacionalización habría una solo industria nacional, debía haber un solo sindicato y un solo contrato colectivo de trabajo.

Al momento de la nacionalización se logró rescatar el 98% de las acciones quedando el restante 2% en manos de la Mexican Ligth y asociadas, formándose la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CMLFC), más adelante Luz y Fuerza del Centro (LFC), con la cual siguió contratando el SME. Pero, el compromiso de la nacionalización fue que tal 2% de acciones se extinguiría hacia 1999. Es decir, con la industria eléctrica nacionalizada NO continuaría ninguna empresa extranjera.

Esto también es elemental pues de no ser así habría contradicción con la nacionalización. Simplemente, implicaría un desacuerdo desde el principio y el inicio de la desnacionalización.

En consecuencia, unos días después del 27 de septiembre, el 8 de octubre de 1960, los 35 sindicatos que formaban a la FNTICE se reunieron en San Luis Potosí para realizar el último Congreso Nacional y disolverse. Al siguiente día, procedieron a instalar el Congreso Constituyente del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (STERM).

Al Congreso del STERM se invitó a Luis Aguilar Palomino (SME) quien solamente asistió como observador. El acuerdo de la asamblea del 22 de abril fue, simplemente, omitido (como ha ocurrido innumerables veces) y el SME se negó a la unidad democrática.

La constitución del STERM fue la respuesta política más acertada ante el proceso de nacionalización. Para los electricistas representó la garantía del ejercicio pleno de sus derechos laborales y sindicales. No nadamás, luego de un largo batallar, se lograba la anhelada unidad democrática. De ser más de 70 sindicatos se arribaba a uno solo a nivel nacional.

Para el sindicalismo en el sector el avance era notable. A ese momento existían solo 3 sindicatos: el SME, el SNESCRM y el STERM, cada sindicato con una membresía equivalente numéricamente similar.

La unidad sindical, sin embargo, fue una de las conclusiones de los electricistas; la otra fue la integración de la industria eléctrica nacionalizada.

Esta acertada propuesta tiene hondas implicaciones. Si se había logrado la nacionalización que implicaba un radical cambio en el régimen de propiedad de los medios básicos de producción en el sector eléctrico, era necesario, indispensable, no quedarse allí.

En un nuevo régimen de propiedad es fundamental proceder a la reorganización del trabajo en la industria ahora de propiedad nacional. Esa reorganización del trabajo se expresa en la integración industrial.

Esta es la mejor conclusión al respecto. Sin una visión nacional jamás se logra que la reorganización del trabajo implique la integración industrial. Mirando solamente un fragmento del proceso de trabajo no es posible reorganizarlo. Para hacerlo, se necesita considerar al proceso de trabajo eléctrico a nivel nacional, es decir, el espacio en el que opera la industria nacionalizada.

Esta conclusión solamente la podrían obtener los electricistas del STERM porque eran partícipes del proceso de trabajo eléctrico a nivel nacional. En el caso del SME, reducido a una pequeña compañía eléctrica en proceso de extinción, nunca pudieron siquiera comprenderse los aspectos básicos de la integración del proceso de trabajo. Peor aún, con una visión fragmentada, parcelada, siempre hubo negación a la integración. Con ello, se siguió abonando por un camino rumbo al colapso.

La integración industrial no reduce el espacio de la lucha de clases. Por el contrario, lo favorece. Pero ni en este, ni en otros casos, se produce automáticamente. La integración industrial es necesaria sobretodo tratándose de las industrias nacionalizadas. El capitalismo lo hace también, y lo sigue haciendo, pero con objetivos diametralmente opuestos.

En el sector nacionalizado, la integración industrial, horizontal y vertical, se realizan dentro del marco capitalista y bajo el control del Estado. Pero los objetivos no son el lucro sino el beneficio social. Esto no se logra solamente con declararlo, ni es tarea de los funcionarios gubernamentales y administraciones en turno. Corresponde a los trabajadores asumir sus tareas concretas en el espacio del saber.

Los electricistas del STERM partieron de bases objetivas: necesitaban salvaguardar sus derechos laborales. La necesidad de reorganizar el trabajo se explicaba por si sola. Con la nacionalización, los electricistas que prestaban sus servicios a las empresas extranjeras pasaron a formar parte de la CFE, misma que se asumió con el carácter de patrón sustituto.

Consecuentemente, había que reorganizar el trabajo para pactar las nuevas condiciones laborales. Lo primero era incorporarse a la CFE y así lo hicieron los electricistas organizados en el STERM.

Vendrían entones las discusiones para la integración de la industria eléctrica nacionalizada. En 1966 se formó una Comisión Tripartita, integrada por la CFE, el STERM y el SNESCRM. A través de esta comisión se procedió a la reorganización del trabajo en términos de la sustitución patronal a cargo de la CFE que implicó el respeto a todos los derechos laborales previamente adquiridos. Ese mismo año, el STERM firmó un CCT con la CFE.

En 1969, el SME se incorporó a la llamada Comisión Cuatripartita. Para avanzar en la integración de la industria eléctrica nacionalizada, al SME se ofrecieron las mismas condiciones que antes se habían otorgado al STERM. El SME firmó el acuerdo y, al poco tiempo, se retiró unilateralmente de la Cuatripartita, negándose a la integración industrial, actitud política que nunca fue explicada y menos corregida. Luis Aguilar Palomino, secretario general del SME, firmó el acuerdo que, luego, su sucesor Jorge Torres Ordóñez desconoció. Nadie de los smeítas dijo nada (hasta la fecha).

El proceso de trabajo eléctrico no se refiere a las actividades que normalmente hacen, o quieren hacer, los electricistas sino a las que deben hacer, en términos del desarrollo de la propia industria nacionalizada. Como todo proceso de trabajo, este se constituye por fases. En el caso eléctrico, el proceso de trabajo eléctrico fue definido por el propio decreto nacionalizador.

Las fases fundamentales son: generación, transmisión, transformación, control, distribución y comercialización de energía eléctrica. Las actividades son operativas, de mantenimiento, administración, y servicios. El proceso de trabajo incluye a la planeación, investigación y desarrollo, ingeniería de proyectos, y construcción.

La reorganización del trabajo asumió dos grandes características. Una, fue la unificación de frecuencia a 60 ciclos. Las frecuencias utilizadas en el país eran diversas, hubo cierta discusión y se decidió por una sola. Este fue un paso muy importante para consolidar a la nacionalización.

Dos, la integración industrial. Esto significó la creación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) único en todo el país, expresado en el Sistema Interconectado Nacional (SIN).

El SEN está formado por toda la infraestructura instalada necesaria para suministrar el servicio público de energía eléctrica, especialmente, centrales generadoras, subestaciones eléctricas, y redes eléctricas de transmisión y de distribución.

Con la interconexión del SEN a nivel nacional, se creo una sola red (de transmisión y distribución) a la cual fueron sincronizadas todas las centrales generadoras. El control se encargó al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

La integración industrial se logró por la lucha de los electricistas, primero del STERM y, luego, del SUTERM. La interconexión del SEN incluyó a la región central del país, donde operaba LFC. De estas tareas de integración industrial el SME siempre estuvo ausente. La razón principal es que tal integración conducía a discutir la unidad sindical y la unificación laboral, cuestiones a las que el SME siempre se negó.

En 1971 se produjo un conflicto sindical entre el STERM y el SNESCRM. Este sindicato pretendió arrebatarle la titularidad al primero. Los electricistas del STERM llevamos a cabo amplias Jornadas Nacionales por la Democracia Sindical, abanderados por nuestro programa “¿Porqué luchamos?”. Nuestras banderas: 1- Integración de la industria eléctrica nacionalizada, 2- Unidad sindical democrática, 3- Contratación colectiva de trabajo única. En 1972, se firmó un Pacto de Unidad entre ambos sindicatos y formamos al Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM).

En 1973, el Primer Congreso Extraordinario del SUTERM discutió acerca de la integración industrial acordando proponerle al SME la unificación sobre las siguientes bases: el sindicato unificado se llamaría SME, éste sindicato pasaría a ser el titular del CCT firmado entre el SUTERM y la CFE, se respetarían los derechos laborales adquiridos por los electricistas del SME, la afiliación a alguna central no sería motivo de discusión dejándose a la decisión del sindicato unificado, finalmente, si el SME tenía alguna objeción sobre algún punto, se procedería a someterlo a la decisión de un plebiscito.

El ofrecimiento planteaba condiciones soñadas y todas en favor del SME. Este, sin embargo, las rechazó. En 1974, el Primer Congreso Ordinario del SUTERM volvió a discutir sobre la integración industrial. El SME jamás respondió, simplemente calló.

A fines de este año, logramos la aprobación del párrafo séptimo del artículo 27 constitucional en materia nuclear.

Consecuencia de un conflicto interno, debido a la antidemocracia sindical, en 1975 surgió la Tendencia Democrática del SUTERM y llevamos a cabo nuevas Jornadas Nacionales por la Democracia Sindical con base en nuestro programa “La Declaración de Guadalajara”. El 1º de mayo realizamos en la capital del país la primera, la más importante y la última, marcha unificada de electricistas del SME y del SUTERM. Eramos evidente mayoría en el sector. Se volvió a proponer la unidad al SME y, nuevamente, calló.

Ese año, logramos la primera Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) mediante la cual se afirmó la nacionalización y se definió el concepto de servicio público de energía eléctrica. Esta ley es reglamentaria del párrafo sexto del artículo 27 constitucional. De acuerdo a la ley, se encomendó a la CFE la prestación del servicio público de energía eléctrica en todo el país.

Con motivo de la Huelga Eléctrica nacional, en 1976, los electricistas de la Tendencia Democrática del SUTERM fuimos reprimidos militar y políticamente por el Estado. El SME no solamente nos negó la solidaridad sino que, su secretario general operó directa y personalmente la traición auspiciada por el Estado. En plena “huelga”, la Tendencia fue fracturada con la intervención de Jorge Torres Ordóñez. Nadie del Comité Central del SME, Comisión de Trabajo, representantes, asamblea, ni base, dijeron nada (hasta la fecha).

Con la represión a la Tendencia Democrática del SUTERM se interrumpió violentamente la nacionalización de la industria eléctrica, la unidad sindical y la contratación colectiva de trabajo única.

En 1977-78 impedimos la privatización del uranio y logramos la aprobación de la primera ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear, de nuestra autoría junto con destacados científicos mexicanos. El mismo año, el Estado obligó a la Tendencia Democrática del SUTERM a disolverse.

Electricistas nacionalizadores

Banderas de los electricistas democráticos

Al nacionalizarse la industria eléctrica la capacidad instalada era de 2,308 MW. A la CFE correspondía el 54%, a la Mexican Light el 25%, a la American Foreign el 12% y el 9% al resto.

Con la interconexión del SEN se dio un paso sobresaliente. La electrificación del país casi se logró en su totalidad. La industria eléctrica integrada se expandió a todo el territorio nacional.

De 1970 a 1983, se tuvo un crecimiento sostenido de más del 5% anual. Hacia 1983, la capacidad eléctrica instalada llegó a casi 20 mil MW. A la generación termoeléctrica correspondían aproximadamente 12 mil MW y el restante a la hidroelectricidad. La contribución de la geotermia y carboelectricidad eran marginales.

En 1983, la capacidad de generación eléctrica fue de casi 80 mil GWh. Más de 50 mil GWh fueron termoeléctricos y 20 mil GWh hidroeléctricos.

Luego vinieron las contra-reformas a la LSPEE de 1992 que tergiversaron el concepto de servicio público de energía eléctrica, iniciándose la privatización eléctrica furtiva.

De 1993 a 200 la situación fue a la inversa pues el SEN creció a tasas inferiores al 5% anual. En 2000 se había llegado a una capacidad instalada de 36,213 MW, siendo 26 mil MW termoeléctricos y 10 mil MW hidroeléctricos.

En 2000, la capacidad de generación eléctrica total fue de 191,426 GWh, de los cuales, 12,910 GWh eran privados, es decir, el 6.32%.

A diciembre de 2009, la capacidad instalada de la CFE fue de 38,927 MW y la de los generadores privados fue de 11,457 MW, haciendo un total de 49,931 MW. La participación privada había llegado al 22.98% de la capacidad instalada de la CFE.

La capacidad de generación total de la CFE fue de 230,640 GWh, siendo la propia de 154,140 GWh y la de los privados de 74,500 GWh. Esto es, la participación privada llegó al 33.17% de la capacidad de generación de la CFE.

Pero el nivel de privatización eléctrica furtiva es mayor, ya que, no solamente incluye a la CFE sino al resto del SEN, llegando en 2009 al 50.02% de la capacidad de generación eléctrica total a nivel nacional.

El SEN se organiza en nueve regiones, a saber, 1- Central, 2- Oriental, 3- Occidental, 4- Noroeste, 5- Norte, 6- Noreste, 7- Baja California, 8- Baja California Sur, 9 Peninsular.

Las centrales generadoras son de los siguientes tipos: termoeléctricas (térmica convencional, ciclo combinado, dual, combustión interna, carbón, geotermia, nuclear), hidroeléctricas y eoloeléctricas.

En 2009, la CFE reportó el siguiente parque de generación eléctrica propia:

26 centrales termoeléctricas de vapor a base de combustóleo, gas natural y diesel, con 87 unidades y una capacidad instalada de 12,671 MW.

13 centrales de ciclo combinado a base de gas natural, con 59 unidades y capacidad instalada de 6,115 MW.

9 centrales de diesel, con 75 unidades y 216 MW de capacidad instalada.

9 centrales de turbogas, a base de gases de combustión, con 75 unidades y 216 MW de capacidad instalada.

1 central dual, a base de combustóleo y carbón, con 6 unidades y una capacidad instalada de 2,100 MW.

2 centrales carboeléctricas, con 8 unidades y 2,600 MW de capacidad instalada.

7 geotermoeléctricas, a base de vapor terrestre, con 38 unidades y 965 MW de capacidad instalada.

1 nucleoeléctrica, con 2 unidades y una capacidad instalada de 1,365 MW.

Existen también 64 centrales hidroeléctricas, con 181 unidades y una capacidad instalada de 11,095 MW.

Finalmente, hay 2 centrales eoloeléctricas, a base de viento, con 105 unidades y 85 MW de capacidad instalada.

Capacidad instalada de generación eléctrica de la CFE, 2009

A fines de diciembre de 2009, la CFE operaba 156 centrales, 640 unidades y una capacidad instalada de 38,927 MW.

A partir de las reformas regresivas de 1992 a la LSPEE, existen 22 centrales privadas, con 71 unidades y 11,457 MW de capacidad instalada. Estos generadores venden la energía que producen a la CFE. La capacidad instalada total que reporta la CFE es de 50,384 MW.

Desde hace diez años la capacidad instalada y de generación de la CFE tiende a mantenerse prácticamente constante porque crece muy poco. En cambio, la capacidad instalada privada tiene a crecer sostenidamente. La capacidad eléctrica instalada ha crecido básicamente por el aumento en la capacidad privada.

Tratándose de la generación, la capacidad de la CFE fue de 154,144 GWh y la de los privados de 76,500 GWh, para hacer un total de 230,644 GWh. La tendencia al aumento corresponde al incremento de la generación privada. De hecho, en estos momentos las centrales privadas generan 76,500 GWh pero el sector transnacional ya posee permisos de la CRE para generar 91,257 GWh, mismos que entrarán en operación en cuanto concluya la construcción de las correspondientes centrales.

La red de transmisión se organiza en 50 regiones con un total de 737,882 km de líneas reportadas en el Informe de la CFE de 2009.

Las regiones son: Hermosillo, Nacozari, Obregón, Los Mochis, Culiacán, Mazatlán, Juárez, Moctezuma, Chihuahua, Durango, Laguna, Río Escondido, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Monterrey, Saltillo, Valles, Huasteca, Tamazunchale, Tepic, Guadalajara, Aguascalientes, San Luis Potosí, Salamanca, Manzanillo, Carapan, Lázaro Cárdenas, Querétaro, Central, Poza Rica, Veracruz, Puebla, Acapulco, Temascal, Coatzacoalcos, Tabasco, Grijalva, Lerma, Mérida, Cancún, Chetumal, WECC (USA), Tijuana, Ensenada, Mexicali, San Luis Río Colorado, Villa Constitución, La Paz y Los Cabos.

Para conducir la electricidad generada, se cuenta con una red de transmisión conformada por los niveles de tensión de 400, 230 y 161 kV, que alcanzó en 2009 los 49,250 km.

En subtransmisión, donde los niveles de tensión son de 138, 115, 85 y 69 kV, se llegó a los 46,849.

En 2009, la red de distribución llegó a los 641,783 km en tensiones de 34.5, 23, 13.8, 6.6. 4.16 y 2.4 kV, incluida la baja tensión, que comprende tensiones de 220 y 127 volts (en su mayoría, corresponde a los usuarios con tarifas residencial y comercial). Con todo esto, la longitud total de la red eléctrica alcanzó los 737,882 km.

La Red troncal está formada por 42,291 km líneas de 400 kV y 230 kV, 46,073 km de líneas de 161 kV y 69 kV, 364,106 km de líneas de media tensión (60 kV y 2.4 kV), 232,950 km de líneas de baja tensión (220 V y 240 V) y 71,132 km de líneas antes a cargo de LFC de 6.6 kV a 440 kV y de 220 kV y 240 kV.

Longitud de líneas de la CFE, 2009

Para lograr una operación segura y económica del sistema eléctrico, se cuenta con ocho áreas de control encargadas de establecer las políticas, criterios y normas de operación.

Como parte complementaria al sistema de transmisión y de su interconexión, se realizan actividades que permiten incrementar la capacidad de transformación en subestaciones, de las cuales el 77 por ciento son reductoras y el 23 por ciento elevadoras.

A fines de 2008, se contaba con 187,533 MVA.

Capacidad en subestaciones de la CFE, 2009

La CFE brinda el servicio público de transmisión a permisionarios de autoabastecimiento. Estos, con base en falsos permisos de Autoabastecimiento y Cogeneración se aprovechan de la infraestructura eléctrica nacional. En la siguiente tabla se puede observar la evolución de este concepto.

Energía porteada

El sistema está constituido por 688,632 kilómetros de líneas de subtransmisión y distribución, y tiene una tasa de crecimiento anual de 2.4 por ciento. Además, cuenta con 1,646 subestaciones de distribución con 43,522 MVA.

En suma, el SEN está formado por 156 centrales de generación con una capacidad efectiva propia de 38,927 MW, 830 líneas de transmisión de 161 kV a 400 kV con 49,250 km, 357 subestaciones de transmisión con 147,132 MVA y 76 servicios con subestaciones particulares en 230 kV y 400 kV.

Hay 2,168 líneas de alta tensión de 69 kV a 138 kV con 46,649 km, 674 servicios con subestaciones particulares en 69 kV y 138 kV, 7,703 circuitos de media tensión en 2.4 kV a 34.5 kV con 391,770 km, 250,003 km de líneas de baja tensión, 679,821 km de acometidas y 28 millones 382 mil 025 medidores.

Asimismo, se tienen 1 millón 100 mil 458 transformadores de distribución con 41,138 MVA.

En total, en 2008, eran 737,882 km de líneas de transmisión, subtransmisión y distribución con 192,845 MVA de transformación en subestaciones para atender a 27 millones 150 mil usuarios.

Sistema Eléctrico Nacional

Regiones del Sistema Eléctrico Nacional

Sistema Eléctrico Nacional

En 1992, Carlos Salinas de Gortari promovió reformas regresivas a la LSPEE. En el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Norteamérica, Salinas decidió lo que NO constituye servicio público de energía eléctrica a efecto de darle vuelta a la Constitución.

Esta indica que, en las funciones que tengan por objeto la prestación del servicio público, no se otorgarán concesiones ni contratos a los particulares. Entonces, Salinas y asesores decidieron que seis figuras jurídicas inventadas, a saber, el Autoabastecimiento (AUT), la Cogeneración (COG), la Producción Independiente de Energía (PIE), la Pequeña Producción (PP), la Importación (IMP) y Exportación (EXP) de energía eléctrica NO son parte del servicio público. Entonces, en estos rubros, se pueden otorgar concesiones y contratos a los particulares.

Para levar adelante sus propuestas, Salinas pactó con el SME en el famoso discurso de Necaxa. A cambio, les crearía a LFC en las peores condiciones operativas posibles, principalmente, sin capacidad de generación eléctrica y cargando con la pesada deuda histórica de las compañías extranjeras. Con ello, no solamente se pervirtió el concepto de servicio público sino que se revirtió la nacionalización.

En ambos casos hubo trampa salinista. Las reformas regresivas a la LSPEE, avaladas por todos los partidos políticos, son grotescas. Se inventaron figuras que podrían seguir enumerándose hasta eliminar por completo al servicio público. La llamada producción “independiente” no es tal sino producción privada. La importación y exportación de energía eléctrica se convirtieron en actividades privadas. La Cogeneración también, lo mismo que el Autoabastecimiento, ambos fraudulentamente.

En cuanto a la creación de LFC la medida fue tramposa porque, en vez de culminar la nacionalización con la cabal integración industrial, Salinas decidió fragmentarla. Lo peor es que lo hizo es forma tal que anunciaba el colapso por venir. Una empresa eléctrica, dentro de la industria eléctrica, no es nadamás una contradicción sino una propuesta incorrecta. En ninguna parte del mundo podía funcionar indefinidamente una empresa que obligadamente le compra en bloque la energía a la misma industria para luego distribuirla.

Finalmente, el Pacto de Necaxa le salió muy barato al Estado. A cambio de una empresa quebrada y en extinción se avalaron reformas que permitieron la desnacionalización de la industria eléctrica de los mexicanos. El SME hizo prevalecer su interés egoísta y gremial, adornado con un discurso demagógico típico y desgastado, en contra de la nación.

Las reformas de 1992 a la LSPEE son, exactamente, las contenidas en el Anexo 602.3 del TLC. Allí se indica un punto “5” que no existe en la Constitución política del país. Mediante ese punto “5”, sin embargo, se “reformó” a la Constitución para permitir la privatización eléctrica.

En 1993, fue creada por ley la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Este instrumento fue propuesto por el Banco Mundial (BM) para, supuestamente, “regular” loa permisos a los particulares en materia de generación eléctrica.

En 1995, hubo reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. Nuevamente, se aprobaron contra-reformas para ajustar la legislación secundaria a lo indicado por el TLC, en el Anexo 602.3 en materia de petroquímica y gas natural. A la CRE se le ampliaron las funciones para regular los permisos a los particulares en materia de distribución, transporte y almacenamiento de gas natural y gas LP.

La privatización eléctrica y petrolera se amplió durante el sexenio de Ernesto Zedillo. En un Memorándum confidencial de 1995, el BM le recomendó a Zedillo privatizar el 100% de la generación de energía eléctrica y fortalecer a la Comisión Reguladora de Energía.

Fox aceleró la privatización furtiva y Calderón la ha desbocado. Hoy, la privatización de la capacidad de generación total a nivel nacional es ya el 50% y todos los planes próximos anuncian más privatización. Para el Estado neoliberal y sus gobiernos, NADA es servicio público, todo debe ser privado. El derecho administrativo y el mercantil, están por sobre el constitucional, los reglamentos por sobre la Constitución.

Al 31 de diciembre de 2009, la CRE había otorgado 776 permisos privados de generación eléctrica. De estos, 558 corresponden a Autoabastecimiento, 53 a Cogeneración, 24 a Producción Independiente de Energía, 37 a Importación, 7 a Exportación, 3 a Pequeña Producción y 45 a Usos Propios Continuos.

La capacidad instalada total concesionada fue de 24,675 MW, siendo 13,454 MW en la modalidad Producción Independiente de Energía, 6,105 MW en Autoabastecimiento, 3,381 MW en Exportación, 3,318 MW en Cogeneración, 233 en Importación, 19 MW en Pequeña Producción y 465 MW en Usos Propios Continuos.

La capacidad de generación concesionada por la CRE llegó a los 154,364 GWh. De este total, correspondieron 95,736 GWh a Producción Independiente, 26,852 a Autoabastecimiento, 23,737 a Exportación, 19,496 GWh a Cogeneración, 776 GWh a Importación, 72 GWh a Pequeña producción y 1,443 GWh a Usos Propios Continuos.

Así, el 49.54% de la capacidad de generación total a nivel nacional ya era privada.

Dos meses después, al 28 de febrero de 2010, la situación era la siguiente: 776 permisos administrados por la CRE, de los cuales, 600 son de AUT, 60 de COG, 24 de PIE, 37 de IMP, 7 IMP, 3 de PP y 45 de UPC.

La capacidad instalada total aumentó a 27,431 MW. A la modalidad de AUT corresponden 6,553 MW, a COG 3,327 MW, a PIE 13,454 MW, a EXP 3,381 MW, a IMP 233 MW, a PP 19 MW y a UPC 464 MW.

En el caso de la capacidad de generación eléctrica, ésta llegó a 171,244 GigaWatts-hora (GWh). A la modalidad de AUT le correspondieron 29,964 GWh, a COG 19,525, a PIE 95,736 GWh, a EXP 23,737 GWh, a IMP 776 GWh, a PP 72 GWh y a UPC 1,434 GWh.

En estas condiciones, al 28 de febrero de 2010, el 50.02% de la capacidad de generación eléctrica total a nivel nacional era privada.

La privatización más significativa, en capacidad instalada, capacidad de generación e inversiones es en la modalidad de Producción Independiente de Energía.

Esta figura nada tiene de “independiente” pues se trata de la participación explícita de las corporaciones transnacionales de la energía, sus filiales y prestanombres. Todas las centrales y unidades de esta modalidad son del tipo Ciclo Combinado a base de gas natural y de total propiedad privada.

A la desnacionalización eléctrica se adiciona la privatización de la Red Nacional de Fibra Optica (RNFO). Esta RNFO fue construida por la CFE con recursos públicos y comprende casi 22 mil km en todo el territorio nacional.

Solo en pequeña parte, la CFE ha utilizado a esta infraestructura. La Red será concesionada en 2 hilos de dos frecuencias (1.6 y 1.9 GHz) a los monopolios privados de las telecomunicaciones.

Red Nacional de Fibra Optica

Hoteles de la Red Nacional de Fibra Optica

Actividades del proceso de trabajo eléctrico

La planeación del sector eléctrico está contenida en el Programa de Obras e Inversiones 2009-2018, la Prospectiva del Sector Eléctrico 2009-2024 y el Programa Sectorial 2007-2012, documentos elaborados por la Secretaría de Energía (Sener).

Estos planes están orientados a los inversionistas privados a quienes les sirven de guía pues, a través de esta documentación, el gobierno federal anuncia sus planes de privatización. Las transnacionales, solamente, escogen los proyectos de su interés. Eso supone que la CRE les otorgará automáticamente los correspondientes permisos privados.

Los documentos son actualizados anualmente. En todos los casos se prevé una expansión en las obras e inversiones y casi todos los proyectos eléctricos próximos serán privados.

Esto corresponde a la actual política seguida en materia eléctrica. El mismo gobierno define al concepto Margen de Reserva (MR) como la diferencia entre la capacidad efectiva y la demanda máxima bruta coincidente. El Margen de Reserva Operativo (MRO) se define como la razón entre la diferencia anterior y la demanda máxima bruta coincidente, multiplicada por 100.

En 2009, el MR se situó en 33.1% y el MRO en 14.1%, siendo las recomendaciones internacionales de 17% en el primer caso y 6% en el segundo. Evidentemente, estos márgenes son muy amplios e innecesarios.

En 1999, Ernesto Zedillo propuso una iniciativa para reformar regresivamente a los artículos 27 y 28 constitucionales en materia eléctrica. Esto concitó una reacción inesperada pero importante del SME que encabezó el movimiento de amplios sectores de trabajadores y de la población.

Después de una intensa movilización, de la cual fue activo partícipe el FTE, en 2002 el Senado de la República rechazó la iniciativa zedillista y la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los permisos a los particulares otorgados por la CRE eran inconstitucionales.

La reforma constitucional se impidió no así la privatización que fue acelerada por el régimen de Vicente Fox. Con Calderón, la privatización eléctrica se ha desbocado. En este régimen hubo un cambio de estrategia. En vez de modificar a la Constitución, se decidió seguir el camino de Salinas de Gortari y reformar a la legislación secundaria en los términos definidos por el TLC.

De acuerdo a esta estrategia, no es necesario reformar a la Constitución, basta hacerlo con las disposiciones reglamentarias y, en éstas, incorporar todo lo que la Constitución prohíbe. A partir de la legislación secundaria (inconstitucional) en la reglamentación de tercer nivel se toman las decisiones que la Constitución no permite, y se llevan a la práctica mediante acciones administrativas. Esta es la legislación tramposa que rige la legalidad del Estado.

Desde el 17 de abril de 2007 se habían aprobado en el Senado, por 94 votos a cero (0), las reformas al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, relativas a las funciones y atribuciones de la Sener.

De acuerdo a estas reformas, la Sener tiene entre sus obligaciones promover la participación privada en las actividades del sector energético, mismas que están definidas como estratégicas por los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, así como, otorgar permisos, concesiones y contratos a los particulares en materia energética. Ambas cuestiones están expresamente prohibidas por la Constitución pero fueron aprobadas por todos los partidos políticos.

A estas alturas, en México no existe la Constitución lo que vale es la legislación secundaria inconstitucional. No solamente hay ruptura de la legalidad constitucional, existe un nuevo derecho del Estado basado en el TLC, con el cual se dio un Golpe de Estado contra la nación mexicana que ha sido “legalizado” por los partidos políticos.

En 2008 hubo movilización y debate popular impulsado, principalmente, por el FTE de México. También hubo movilización de políticos electoreros y foros oficiales, organizados a modo, por el gobierno. Este propuso una reforma petrolera, contenida en reformas regresivas a 10 leyes secundarias. No solamente fueron reformas petroleras sino eléctricas, al final se incluyó a todas las fuentes de energía. El resultado fue mayor al esperado por el gobierno federal. Todas las propuestas de reforma fueron aprobadas, incluso más de lo propuesto originalmente.

Los diputados y senadores procedieron explícitamente en contra de la Constitución. Esta indica que en materia eléctrica y petrolera NO se otorgarán concesiones ni contratos a los particulares y, la reforma aprobada en 2008, indica exactamente lo contrario. Es el caso de la Ley Reglamentaria petrolera y la nueva Ley de Pemex.

Se acordó también, “fortalecer” a la CRE a la que ahora se adicionan facultades para otorgar permisos relacionados con la distribución y transporte por medio de ductos de productos petroquímicos, petrolíferos y agrocombustibles, así como, su almacenamiento. De manera que, esta Comisión integrada por cinco burócratas menores tiene facultades para desnacionalizar el patrimonio nacional, erigiéndose por encima de la Constitución y de la nación.

Otro tanto hará la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) en materia de exploración y producción de hidrocarburos.

En la voracidad legislativa privatizadora, diputados y senadores aprobaron la privatización de todas las fuentes, renovables y no renovables, de energía. En el caso de las renovables, la CRE procederá a otorgar los permisos privados tratándose del agua, el viento, la geotermia, las corrientes marinas, olas y mareas, y hasta la radiación solar, así como, los agrocombustibles.

La traición a la nación está convenientemente “legalizada”. Lo que enseguida hará el gobierno federal será “cumplir” lo que indica la ley “respetuosos” de sus disposiciones, todas contrarias al interés nacional, aprobadas a espaldas de la nación y en favor del capital transnacional. Se trata de una felonía anti México.

De esta manera, la nación ha entrado en un severo proceso de desnacionalización energética. En materia eléctrica, Salinas revirtió la nacionalización y los sucesivos gobiernos se han encargado de proceder a la desnacionalización plena. No es una acción solamente del gobierno en turno sino del Estado en su conjunto. Independientemente del partido político en el gobierno, todos siguen la misma política de un Estado dependiente y sumiso al imperialismo.

A fines de 2009, la capacidad de generación eléctrica de la CFE era de 157,160 GWh que sumada a la generación realizada por Pemex, es decir, 8,295 GWh dan un total de 165,465 GWh. La capacidad de generación privada concesionada por la CRE era de 162,447 GWh. Esto lleva a un nivel de privatización del 49.54% de la capacidad de generación total a nivel nacional.

Al 28 de febrero de 2010, la capacidad de generación correspondiente al sector público, considerando a la CFE y a Pemex, era de 162,633.41 GWh. La correspondiente al sector privado es de 162,750.59 GWh. El total es de 325,384 GWh. Esto implica que el 50.02% de la capacidad de generación eléctrica total a nivel nacional es privada.

Además, actualmente están en construcción o licitación 6,997 MW y se proyecta por el gobierno una capacidad adicional de 20,040 MW para llegar a 27,037 MW adicionales. La mayoría de esta capacidad está diseñada en proyectos eléctricos privados, a base de gas natural.

En este tipo de tecnología, actualmente están en construcción o licitación 4,238 MW y se proyectan como licitación futura 7,946 MW para hacer un total 12,184 MW hacia 2016. Con ello, el nivel de privatización eléctrica aumentará apreciablemente, en un retroceso de más de 50 años. Ya actualmente, el nivel de privatización es mayor que el existente antes de 1960.

El auspicio a la privatización eléctrica furtiva total se complementa con el programa de retiros por parte de la CFE. Esta tiene programado el retiro de 4,546.3 MW entre 2006 y 2016. Lo importante, y grave, reside en que la CFE saca plantas de su parque de generación sin activar una nueva capacidad propia equivalente, sino apenas mínima. El espacio se deja, deliberadamente, a las transnacionales. Con ello, aumentan su participación en la privatización.

En la medida en que la CFE abandona sus funciones constitucionales estratégicas y las entrega a las corporaciones, incumple sus deberes esenciales auspiciando la entrega del patrimonio eléctrico nacional al imperialismo.

El 11 de octubre de 2009, el gobierno federal decidió extinguir a LFC y lo hizo mediante un decreto presidencial. Previamente, la Policía Federal, apoyada por el Ejército, ocupó simultáneamente todas las instalaciones de LFC en el Valle de México.

La acción fue políticamente violenta. Los electricistas del SME quedaron fuera de sus centros de trabajo. Los smeítas, presas de la sorpresa y la conmoción no acertaron a dar respuesta apropiada. Había antecedentes largos, otros recientes pero ninguno fue tomado en cuenta.

En 2008, durante la revisión contractual el gobierno emitió un decreto para la ocupación policíaca de LFC y su “expropiación por causas de utilidad publica”. De último momento se llegó a un acuerdo que incluyó la imposición de un convenio de productividad al sindicato. El decreto fue retirado de internet. Los planes de ocupación fueron desactivados.

En 2009, la Auditoría Superior de la Federación había determinado recomendar la extinción de LFC por encontrarse en estado de quiebra financiera. Así sucedió y se siguieron los procedimientos gubernamentales del caso.

El Estado aprovechó un conflicto interno derivado de una elección sindical cuestionada y no aclarada. Se negó la Toma de Nota a la representación sindical encabezada por Martín Esparza. Este declaró que paralizaría la ciudad y estallaría la huelga. El gobierno respondió que utilizaría la fuerza del Estado. En medio de bravuconerías, se produjo el enfrentamiento con el Estado y éste decidió intervenir a LFC mediante la fuerza pública.

Esparza jamás valoró la relación política de fuerzas y precipitó los acontecimientos. A la postre, 28 mil electricistas aceptaron la liquidación económica y 16,300 siguen en resistencia.

El sindicato prefirió la vía constitucional dejando en segundo plano los aspectos laborales. La controversia constitucional no fue interpuesta por los legisladores pero sí por los abogados de Esparza a través de un amparo. La vía está mal formulada y es completamente incierta, con la amenaza de la terminación de las relaciones laborales, individuales y colectivas, de todos los electricistas smeítas.

Las acciones del Estado fueron compulsivas y las respuestas del sindicato también. En este panorama, el FTE de México previó oportunamente la situación pero no fue escuchado. Al producirse el conflicto, el FTE propuso resolverlo en el marco de la integración de la industria eléctrica nacionalizada, invocando formalmente la figura de la sustitución patronal. El SME no acepta esta propuesta.

En tales circunstancias, la solidaridad del pueblo de México se manifestó ampliamente al principio disminuyendo después. Los electricistas afiliados al FTE se mantienen en resistencia apoyados por los jubilados. Para el 11 y 12 de marzo, la Federación Sindical Mundial programó una Conferencia Internacional de Solidaridad con el SME, organizada por el FTE de México, aún con la negativa y sectarismo del grupo de Esparza.

La errónea política eléctrica seguida por el SME se le revirtió. Aún en medio de la debacle se niega a corregir. El centro de las propuestas smeítas consiste en “regrésenos a nuestra empresa”. La situación es lamentable, no se puede regresar al pasado. La industria eléctrica nacionalizada fragmentada es parte de la estrategia de las transnacionales y banqueros. Una empresa eléctrica, separada de la propia industria eléctrica es una contradicción y un error.

Esa política contradice a la nacionalización. Una empresa local, nostálgica de las viejas compañías extranjeras, es inviable técnica y económicamente. Más aún, cuando el SEN está interconectado a nivel nacional incluyendo a la región central.

El costo de estos errores es enorme. 44 mil trabajadores fueron llevados a la aventura privilegiando intereses particulares. Lo grave ha sido la incapacidad de los propios electricistas para cuestionar, analizar y proponer alternativas favorables al conjunto. Los smeítas fueron inmovilizados políticamente por el Estado.

Décadas de simulación, sin política eléctrica independiente, y negándose sistemáticamente a la integración del proceso de trabajo eléctrico, llevaron a la postración del sindicato.

En México, las recomendaciones imperialistas avanzan puntualmente. En el caso del sector energético la pérdida es enorme. En materia de hidrocarburos y de energía eléctrica hay evidentes retrocesos expresados en los procesos de privatización furtiva que implican la desnacionalización.

La privatización eléctrica furtiva no se refiere solamente a la apropiación privada de los medios de producción sino de las funciones constitucionalmente estratégicas. Es decir, la nueva infraestructura eléctrica es totalmente privada pero esa infraestructura se utiliza para ejecutar las funciones del proceso de trabajo que corresponde realizar en exclusiva al Estado.

Pero, además, estos procesos de privatización obedecen a la lógica geopolítica del imperialismo. Por una parte, concretando la integración energética norteamericana y, por otra, la integración centroamericana.

En el primer caso, los enlaces de interconexión eléctrica existentes están ubicados a lo largo de la frontera México-Estados Unidos en: Miguel-Tijuana, Imperial Valley-La Rosita, El Paso (Texas)-Ciudad Juárez, Eagle Pass (Texas)-Piedras Negras, Laredo (Texas)-Nuevo Laredo, Falcon (Texas)-Falcon, Brownsville (Texas)-Matamoros, y Belice-Chetumal. La interconexión incluye líneas de 230 kV, 138 kV, 115 kV y menores a 115 kV.

La interconexión en programa incluye a CFE-ERCOPT (CFT) en Coahuila, CFE-Shariland en Tamaulipas y CFE-Guatemala, con líneas HVDC clásica, 400 kV, 230 kV, 138 kV y HVDC.

En el segundo caso, el enlace CFE Guatemala y el proyecto SIEPAC han avanzado con la interconexión, desde la Ciudad de México y la central nucleoeléctrica Laguna Verde, con las centrales hidroeléctricas de La Angostura, Chicoasén y Malpaso, con una derivación hacia Mérida y Cancún y, otra, hacia Tapachula. Desde aquí sigue la interconexión México-Guatemala que recorre a toda Centroamérica, pasando por Los Brillantes, Guatemala, San Salvador, San Pedro Sula, Tegucigalpa, León, Managua, Arenal Carobici, San José, Fortuna, Panamá y Bayano.

La interconexión es entre centrales térmicas e hidroeléctricas, subestaciones y diversas líneas. De manera que existe ya una Red regional de transmisión eléctrica.

Las alternativas están en las banderas de los electricistas democráticos, en primer lugar, la lucha por la Integración de la industria eléctrica nacionalizada, enmarcada ahora en la Re-nacionalización energética.

La Re-nacionalización incluye tres banderas fundamentales: 1- Propiedad colectiva de los recursos naturales energéticos y medios básicos de producción, 2- Política energética independiente, 3- Integración del proceso energético de trabajo bajo el control obrero de la producción e investigación.

La propiedad nacional implica que en materia energética no se otorgarán NINGUN tipo de concesiones y contratos al capital privado en NINGUNA de las fases que constituyen al proceso de trabajo energético y que son funciones constitucionalmente estratégicas, mismas que la industria energética nacionalizada debe realizar por administración directa.

La Política energética independiente se refiere a la formulada por los investigadores, profesionistas, técnicos y trabajadores, con independencia del Estado, patrones e imperialismo. Esta política incluye el aprovechamiento racional de los recursos naturales energéticos, la transformación de los mismos para su procesamiento interno, y la protección del medio ambiente.

La integración del proceso de trabajo implica a la integración vertical y horizontal de la industria energética, para realizar el conjunto de actividades a través de un solo Organismo. El control obrero de la producción se refiere a la intervención organizada de los trabajadores al interior de los centros de trabajo para definir la política energética en el espacio del saber.

La re-nacionalización se expresa en la correspondiente ley. Tal es el caso de la Ley eléctrica, y la Ley petrolera, del FTE. La integración industrial se define a través del proyecto INTEGRA del FTE. De acuerdo con éste, en el caso eléctrico, corresponde a Energía de México realizar el conjunto de actividades que comprenden al proceso de trabajo eléctrico.

Este incluye las siguientes fases: la planeación, investigación y desarrollo, ingeniería de proyectos, construcción, generación, transmisión, transformación, control, distribución, y comercialización de energía eléctrica. Las actividades son de operación, mantenimiento, administración, finanzas, suministro de materiales, transportes, telecomunicaciones, protección ambiental y servicios técnicos.

A nivel nacional se considera la existencia de áreas regionales. En la parte central del país corresponde la División Centro o Valle de México de la industria eléctrica nacionalizada. A esta División se deben incorporar los electricistas smeítas en términos de la sustitución patronal a cargo de la CFE, previa invocación formal.

En lo inmediato, reiteramos las siguientes propuestas en materia eléctrica: 1- Derogar las reformas eléctricas regresivas de 1992 a la LSPEE, 2- Anular todos los permisos privados de generación otorgados por la CRE, 3- Desaparecer a la CRE, 4- Revertir las contra-reformas de 2008, 5- Solución laboral a los electricistas smeítas mediante la sustitución patronal.

* doctor en física teórica, astronomía y astrofísica, exdirigente de la Tendencia Democrática del SUTERM, y de la Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Energía (UISTE)-Federación Sindical Mundial (FSM).

Actividades del proceso de trabajo eléctrico

Generación eoloeléctrica

Aerogeneradores eléctricos