El grupo del SME promotor de la creación de empresas contratistas sigue con una política equivocada. Pero el grupo se escindió, la mayoría ahora propone invocar la sustitución del patrón. La medida es correcta pero debe hacerse siguiendo los procedimientos adecuados. La mejor opción reside en la invocación formal del derecho por el conjunto del sindicato.

En la “asamblea” o reunión del 24 de febrero realizada en el Salón Los Angeles, Jorge Sánchez, exsecretario general del SME volvió a insistir en demandar la figura de patrón sustituto, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para algunos electricistas de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Ramón Mera, exsecretario del trabajo del sindicato, reviró su desacuerdo. Insistió en que, desde el principio, se había propuesto la constitución de empresas para los trabajadores liquidados. En efecto, eso fue lo que plantearon, tanto Sánchez, como Alejando Muñoz, Mera y otros exrepresentantes sindicales. Esa propuesta llevó a que varios de estos últimos, entre ellos, Rosendo Flores, exsecretario general, se apartaran. Pero otros continuaron con la misma “política”.

Hace apenas unos días, Jorge Sánchez, señaló que ese no era el camino y propuso que se invocara la sustitución del patrón. Ahora, al haber desacuerdo con Muñoz, se produjo una nueva ruptura en la llamada Coalición de Miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Mera argumentó que debía seguirse con las empresas (contratistas) porque “hay riesgo de que la materia de trabajo sea arrebata por ajenos”, dijo. Agregó que “no podemos permitir que otros contratistas (sic) absorban la materia de trabajo”.

La argumentación no es solamente borrosa sino totalmente equivocada. La materia de trabajo, de la cual son titulares los electricistas del SME, efectivamente existe. Pero, defenderla implica volver a sus centros de trabajo a realizar, precisamente, las funciones que les corresponden en sus respectivos puestos de trabajo.

La materia de trabajo existe porque jamás se ha interrumpido y la relación laboral NO se ha disuelto. En la región central del país, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) está funcionando debido a que hay un Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Pero la defensa de la materia de trabajo solamente puede hacerse, dentro del SEN, haciéndose cargo los electricistas de las diversas funciones del proceso de trabajo eléctrico que les corresponden, esto es, la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Esto solamente puede ocurrir, mediante la sustitución del patrón, cuyas pruebas son públicas, reales y documentales. El patrón sustituto natural es la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A su modo, la nueva propuesta de Sánchez es correcta y, la de Muñoz es incorrecta.

Las empresas (empresitas) que promovieron Sánchez, Muñoz y otros, NO significa la defensa de ninguna materia de trabajo. Se trata, en todo caso, de la defensa de migajas de trabajo.

Esto es así porque, las empresas que defienden Muñoz y Mera NO están referidas a las funciones constitucionales estratégicas que constituyen al proceso de trabajo eléctrico en términos de lo dispuesto por el artículo 27 constitucional.

Las empresas contratistas, llamadas “cooperativas”, son simples sociedades anónimas (S.A.), constituidas por un puñado de socios que emplearán a otro puñado de extrabajadores. Eso, tan solo en el aspecto numérico, está lejos de la defensa de la materia de trabajo. Unos cuantos, los “líderes” pasarán a volverse “empresarios” y serán los nuevos “patrones” de sus propios compañeros. ¿Bajo qué condiciones laborales, qué derechos tendrán?

Lo grave es que tales empresas o sociedades anónimas NO atenderán absolutamente nada de las funciones eléctricas fundamentales. Por ejemplo, ¿van a generar energía? ¡No! ¿Van a transmitir energía? ¡No!, ¿Van a controlar el SEN en la región? ¡No! ¿Harán la distribución eléctrica? ¡No! ¿Comercializarán la energía? ¡No!

¿Qué harán, entonces? Atender funciones secundarias o conexas. El llamado “call center” para la atención de quejas de los usuarios, la fabricación de postes, el mantenimiento automotriz, etc. no constituyen la materia de trabajo fundamental y estratégica, sino actividades relacionadas. Consecuentemente, los contratos serán contratitos enrolando a los compañeros que acepten a laborar en condiciones precarias y renunciando a la defensa de la industria eléctrica (y su materia de trabajo asociada).

Estos argumentos, por supuesto, no le dicen NADA a Muñoz y Mera, empecinados en seguir un camino desfavorable para los electricistas.

Ante la actitud de Mera, abajo se desató un primer enfrentamiento. Empezó con empujones y gritos, luego, empezaron a volar las botellas y hasta las sillas.

“Calmados los ánimos”, tomó la palabra Jorge Tapia, exsecretario general del SME durante la huelga de 1987. Fue su reaparición, porque estuvo al principio y después se ocultó. Ahora, dijo que había que sentarse a negociar y que la propuesta de Sánchez era la mejor. Agregó que, “los trabajos temporales” no garantizaban “nada”.

Apenas terminó su intervención y abajo volvieron los golpes. El enfrentamiento, físico y verbal, terminó “reventando” a la “asamblea” que duró menos de 45 minutos

Obviamente, Muñoz y Mera se negaron al debate sobre las “cooperativas”. Al “tronar” la asamblea, no hubo manera de que informaran sobre las empresas ni a que aclararan los datos. Se advierte que los “compromisos” con el gobierno son muy fuertes.

Entre tanto, siguen los “amarres”. Ahora, César Rodríguez (alias “El Chihuahua”) está del lado de Mera, no obstante la impugnación de varios compañeros de base. Para éstos la cuestión es muy sencilla: Bajo los conceptos del contratismo se anula la lucha en defensa de la industria eléctrica nacionalizada. Eso representa un retroceso de 100 años.

Jorge Sánchez anunció que continuaría con la propuesta, citó a una asamblea en el Centro de Convenciones de Tlatelolco y dijo que para el martes 2 de marzo presentará la demanda en cuestión invocando la figura de patrón sustituto.

No obstante la postura dura de Muñoz, se nota que han bajado mucho sus bonos. En los escenarios que se comentan, de cada diez asistentes a la “asamblea”, siete u ocho apoyan la propuesta de Sánchez. Entre ellos se incluye a electricistas liquidados que se encuentran en la situación más difícil.

Muchos de los exrepresentantes del SME han jugado un papel lamentable, la mayoría de éstos prefirió hacerse a un lado, otros, sostienen planteamientos erróneos. Casi nadie se ha atrevido a “arriesgar” el supuesto prestigio que alguna vez tuvieron pero, con su silencio, asumen cómplicemente la situación de severa agresión a todos los electricistas.

Algunos dan pena. Para negar la invocación de la sustitución del patrón “argumentan” que “no se aplica la figura de patrón sustituto porque no hay, el Decreto no menciona que la CFE se encargue. Tan es así, que la CFE contrata a contratistas porque no respeta el convenio de zonas”, dicen.

Esos señalamientos no se sostienen. Precisamente, el Decreto calderoniano del 11 de octubre para la extinción de LFC dice, en el párrafo tercero del artículo 2, que

La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica señala

El artículo 4º. se refiere a la prestación del servicio público de energía eléctrica

Esto es, el organismo encargado de la prestación del servicio público a nivel nacional es la CFE, incluyendo a la región central del país. Se incluye al área de influencia de LFC porque esta paraestatal NO era ajena al SEN sino parte de éste máxime que el sistema está interconectado.

La “contratación (sic) de contratistas”, por parte de la CFE, NO se debe a ningún “convenio de zonas” sino a una política errónea antinacional seguida por el gobierno y administraciones de la CFE en turno. Todas las funciones, de todas las fases del proceso de trabajo eléctrico, corresponde realizarlas a la CFE por administración directa, en correspondencia con lo dispuesto por el párrafo sexto del artículo 27 constitucional. Allí se indica, expresamente, que en materia de energía eléctrica NO se otorgarán concesiones ni contratos.

De manera que, la CFE es el patrón sustituto de los electricistas. Obviamente, el gobierno se niega a acatar la Ley pero resulta peor que el SME se niegue, incluso, a solicitar el ejercicio del derecho.

Esta es la bandera de los electricistas democráticos, formulada como una de las conclusiones de la nacionalización. El proceso avanzó considerablemente hasta 1976 pero se interrumpió violentamente por el Estado al reprimirnos política y militarmente a quienes formamos a la Tendencia Democrática del SUTERM. En 1992, Salinas de Gortari, apoyado por Jorge Sánchez, procedió a desnacionalizar la industria con base en las reformas regresivas a la LSPEE:

Pero la propuesta de integración industrial sigue vigente. Cuando Calderón emitió el Decreto de extinción de LFC, configuró un golpe demoledor que conmocionó a los electricistas y a la nación. Aparte la discusión de inconstitucionalidad y demás argumentos débiles de los abogados comandados por Néstor de Buen y Raúl Carrancá, el Decreto tiene una contradicción para revertirlo.

Calderón tuvo que poner al sistema eléctrico de la región central del país a cargo de la CFE. No podía ser de otra manera, ese es el mandato de la Constitución y de la LSPEE. Por supuesto, Calderón NO lo quería, nunca lo razonó y jamás pensó en las implicaciones. Por ello, es que desde el primer momento, el FTE propuso revirar la agresión invocando la figura de patrón sustituto a cargo de la CFE, en el marco de la integración de la industria eléctrica nacionalizada.

El gran problema es que se eluden estas acciones ante la carencia de política eléctrica. La situación llega al absurdo. Toda la nación sabe que: la CFE se está encargando de la operación del sistema eléctrico en la región central, el Valle de México está iluminado, el servicio público de energía eléctrica (aún con las fallas en las colonias populares) se está suministrando y que, incluso, la propia CFE está comercializando el servicio que proporciona.

A pesar de ello, la mayoría de electricistas siguen dudando que la CFE sea su nuevo patrón y se niegan a invocar la sustitución establecida por la propia Ley laboral. Sabido es que el gobierno NO respeta las leyes pero menos las va a respetar si ni siquiera se toman las acciones (formales) para ejercer los derechos. Eso es lo pretende el juego político del gobierno: evitar que se ejerzan los derechos por omisión (deliberada o no) de los propios afectados.


2010, elektron 10 (54) 1-4, 24 feb 2010.

El contratismo NO defiende la a materia de trabajo. FOTOS: M. Peláez, V. Camacho