Las nuevas reglas de contratación en Pemex son consecuencia de la contra-reforma energética de 2008 que aprobó ilegalmente el otorgamiento de todo tipo de contratos, especialmente, en las fases constitucionalmente estratégicas del proceso de trabajo petrolero.

El 6 de enero se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las nuevas reglas de contratación que le permitirán a Petróleos Mexicanos (Pemex) “trabajar” con grandes corporaciones petroleras para desarrollar proyectos de exploración, explotación y producción de hidrocarburos. Se trata de las “Nuevas Disposiciones Administrativas de contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios”.

Según los analistas privados, “las disposiciones dejan abierta la regulación a múltiples modelos económicos de contratación, lo que eleva la regulación mexicana al lenguaje internacional de la industria petrolera” (Hernández A., en Reforma, 7 ene 2010).

En efecto, las reglas se aplicarán a diversos contratos para que sean otorgados prácticamente a discreción.

La posibilidad de establecer modelos económicos se establece en el artículo 77 de las disposiciones, condicionadas a la obtención del volumen máximo de petróleo crudo y gas natural en el largo plazo, por fases o períodos determinados, en condiciones económicamente viables.

Dichos modelos estarán en función de la rentabilidad medida por campos, la utilización de la tecnología más adecuada, las condiciones sociales y ambientales, la necesidad de proveer recursos para fondear trabajos de abandono, la sustentabilidad y la conservación energética.

Fluvio Ruiz, consejero “profesional” de Pemex (por el PRD) dijo que “las disposiciones administrativas de contratación le darán mayor flexibilidad de contratación a Pemex, alineando los intereses de la empresa con los de los contratistas” (sic).

Ese consejero, supuestamente izquierdista, es el que está “alineado” con los privatizadores. Sus expresiones a los medios son más que lamentables.

Las nuevas “reglas” no son sino los “contratos incentivados”, impugnados por la propia Cámara de Diputados, en octubre de 2009 a través de los legisladores del PRI que interpusieron ante la Suprema Corte de la Nación (SCJN) una controversia constitucional.

Son los mismos contratos previamente aprobados por los propios priístas. Esos contratos le permitirían a Pemex trabajar en proyectos de producción con empresas privadas.

Según las “reglas”, Pemex y sus organismos subsidiarios definirán las cláusulas y términos contractuales de acuerdo a lo indicado por el Reglamento de la Ley de Pemex de 2009. Este Reglamento, por supuesto, es ilegal por estar basado en una Ley anticonstitucional.

Sin embargo, las reglas NO indican nada respecto al contenido que deberán tener los contratos. Es decir, no se definen los criterios de adjudicación y de condiciones mínimas de contratación, ni lasa fórmulas de precios, ni las cláusulas esenciales para la ejecución de los proyectos.

Las nuevas reglas son parte de la contra-reforma energética, aprobada en 2008 por todos los partidos políticos, que le permite a Pemex ejecutar proyectos de exploración y producción en aguas profundas mediante el otorgamiento de contratos, hecho explícitamente prohibido por el artículo 27 constitucional.

Las nuevas disposiciones permitirán a Pemex Producción y Exploración (PEP) “realizar adjudicaciones directas (sic) o invitaciones restringidas (sic) para proyectos que incluyan altos niveles de inversión y especialización tecnológica” (Hernández A., en Reforma, 8 ene 2010). Es decir, serán contratos discrecionales.

Regiones identificadas por Pemex para realizar trabajos en
las aguas profundas del Golfo de México

En el seminario “Perspectiva económica 2010”, Juan José Suárez Coppel, supuesto director de Pemex dijo que “la operación de Pemex debe ser despolitizada para lograr los objetivos que se trazaron con la reforma. La empresa debe tener más flexibilidad para concluir (sic) su trabajo” (Aguilar D., en El Universal, 9 ene 2010).

Lo que se aprobó por la contra-reforma de 2008 fueron los contratos “incentivados”, mismos que entraron disfrazados. Durante el debate, el PAN y el PRI negaron que la aprobación, para que Pemex ejecutara sus funciones constitucionales mediante el contratismo, fueran contratos “incentivados”. En la redacción final, no se aprobó ningún adjetivo, simplemente se aprobó que Pemex celebre TODO TIPO de contratos. Ahora, las nuevas reglas no hacen sino explicitar a los contratos “incentivados”.

A la fecha, las principales corporaciones imperialistas que intervienen como contratistas de Pemex son: Schlumberger, Hallibutron, Watherford y Diavaz.

Fluvio Ruiz dijo que “la normatividad en materia contractual de Pemex está sustentada en la Constitución (sic) y en la propia Ley de Pemex y que se revisará contrato por contrato para verificar que se cumpla con las nuevas reglas” (Juárez D., en El Universal, 13 ene 2010). El consejero del PRD miente descaradamente, la Ley de Pemex permite el otorgamiento de contratos pero la Constitución los PROHIBE; el sustento de que habla Fluvio es anticonstitucional.

Se ha dicho que las nuevas reglas se aplicarán a contratos en ejecución (ya firmados), entre otros, en el paleocanal de Chicontepec, donde la producción sigue siendo muy baja (31 mil barriles diarios, la meta para 2010 era de 226 mil barriles diarios), para hacerlos “incentivados” y “hacerlos más rentables” ¿Para quién? Para las transnacionales, obviamente. Statoil de Noruega ya está esperando que Pemex revele el contenido de los contratos “incentivados” para intentar obtenerlos “sobre todo para la exploración en aguas profundas del Golfo de México” (Torres A., en Excélsior, 18 ene 2010). Otras empresas como Chevron, Exxon y British Petroleum “están pendientes” de tales contratos.

Entre tanto, según un informe que Pemex envió a la Bolsa de Valores en Nueva York, la paraestatal tiene previsto que invertirá en 2011 un capital por 321 mil 809 millones de pesos, de los cuales, PEP invertirá 253 mil 309 millones de pesos (Torres A., en Excélsior, 19 ene 2010). Esa inversión será transferida a las corporaciones. Por ello es que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) celebra que Pemex apueste a la inversión privada para que “cumpla su razón de ser” (sic). Es decir, según esta Agencia, Pemex debe privatizarse.

Con el pretexto de mantener una plataforma de producción de 2.6 millones de barriles diarios, la administración en turno de Pemex, ha entrado en franco proceso de privatización furtiva de la paraestatal. Suárez Coppel, egresado del ITAM; el centro “educativo” de la ultraderecha llegó a Pemex para terminar de desmantelarla.

El gobierno ha argumentado que, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos “interpondrá candados” a los contratos. Se trata de eufemismos, eso dijeron durante el debate de 2008 y terminaron entregando las “llaves” (de los candados) a los contratistas. La propia CNH ha reiterado el declive en la producción petrolera pero, lejos de corregir la política petrolera antinacional, favorece la privatización.


2010, elektron 10 (31) 1-4, 2 feb 2010.

Fuente: Suro V. 2008, Aspectos relevantes de la exploración y producción
de Hidrocarburos, Pemex.