energía, periódico del Frente de Trabajadores de la Energía

El homicidio en Chiapas trae una dura crítica a las mineras canadienses en México. ONG's canadienses hacen un llamado para tomar la responsabilidad por los descuidos; las comunidades mexicanas quieren las minas cerradas

Por Kristin Bricker
Especial para The Narco News Bulletin
14 de diciembre 2009

El reciente homicidio del líder antiminero chiapaneco, Mariano Abarca Roblero, ha traído una dura crítica a las mineras canadienses en México. Abarca fue asesinado frente a su casa el 27 de noviembre. Tres hombres ligados a la compañía minera canadiense Blackfire Exploration Ltd. fueron arrestados por el homicidio. Blackfire es propietaria de una mina de barita en Chicomuselo, Chiapas. Al momento de su homicidio, Abarca, residente local, era líder de la campaña por el cierre de la mina.

En respuesta al homicidio, se han movilizado comunidades y organizaciones mexicanas en demanda de la responsabilidad por el homicidio y por el cierre permanente de la mina de Chicomuselo y de otras minas canadienses. Cientos de personas asistieron al funeral de Abarca en Chicomuselo. La procesión se detuvo en las oficinas de Blackfire en Chicomuselo para demandar justicia.

Residentes de Chicomuselo y representantes de otras comunidades afectadas por la minería formaron una caravana para trasladarse a la Ciudad de México y demandar justicia. La caravana se detuvo para celebrar mítines y eventos en Comitán, Chiapas y en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez. La caravana de dos camiones, se reunió con representantes de otras comunidades afectadas por la minería frente a la embajada de Canadá en la Ciudad de México, donde llevaron a cabo una protesta. Representantes de Oaxaca, San Luís Potosí, Jalisco y de la Ciudad de México se reunieron con los delegados de Chiapas para llevar a cabo la protesta en la capital del país.

Los manifestantes se detuvieron en la Secretaria de Economía para entregar una carta que demanda que la concesión de Blackfire en Chicomuselo sea cancelada inmediatamente. De acuerdo al comunicado emitido por la organización de Abarca, Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), los delegados le dijeron al representante del secretario “si [la Secretaría de] Economía no le quita la concesión minera a Blackfire, el pueblo se la quitara en los hechos, pues no soportaremos mas muertos, ni mas destrucción ambiental, ni división de la Comunidad.” Esa no es una amenaza sin fundamento: en julio la comunidad bloqueo el camino que lleva hacia la mina.

Luego de reunirse con un funcionario de la Secretaría de Economía, la caravana se dirigió a la Embajada de Canadá para protestar por el asesinato de Abarca. De acuerdo con el comunicado de REMA: “Así mismo le planteábamos [al gobierno canadiense] la necesidad de que apoyaran leyes que le diera dientes al gobierno para pedirles cuentas a las empresas mineras que hoy apoyan económicamente y tienen una conducta general de violaciones a los derechos humanos y la democracia”.

Leyes con dientes

Cuando las comunidades afectadas por la minería demandan “leyes que le den dientes al gobierno” para responsabilizar a las compañías por sus acciones en países extranjeros, se refieren a leyes como: la Ley C-300, Ley que busca Responsabilizar a las Corporaciones por Acciones Resultantes en Minería, Petróleo, o Corporaciones de Gas en Países en Desarrollo, que en la actualidad se encuentra en el parlamento canadiense. De acuerdo con la ONG Mining Watch, la ley sentaría los estándares de responsabilidad de las corporaciones que determinaría la elegibilidad para el apoyo político y financiero que en la actualidad el gobierno canadiense proporciona a compañías canadienses de extracción. Estos estándares de responsabilidad incluirían criterios en salud, protección, seguridad, y derechos humanos. La ley crearía también un mecanismo de quejas en donde las comunidades afectadas pudieran emitir quejas al gobierno canadiense. Si se encuentra que una compañía no cumple con los estándares de conformidad de responsabilidad, perdería el apoyo del gobierno canadiense.

La ONG canadiense, Council of Canadians, admite que las sanciones propuestas en la Ley C-300 son “modestas.” Sin embargo, ellos creen que la acérrima oposición de la industria minera a la ley demuestra que la industria ve a la ley como una amenaza.
El gobierno de Harper se ha opuesto a la Ley C-300.
Otra ley propuesta, Ley C-354, permitiría que extranjeros puedan demandar a compañias canadienses ante juzgados canadienses por abusos a los derechos humanos, sin importar el lugar en donde los abusos ocurrieron. De acuerdo con uno de los proponentes de la ley, Peter Julian, esta ley es un replicante a la Ley de Reclamo por Agravio de los Residentes de los Estados Unidos, por la cual los sobrevivientes de la tortura en otros países pueden demandar a sus torturadores en las cortes estadounidenses.

El presidente de Council of Canadians, Maude Barlow, liga el homicidio de Abarca con la inacción del gobierno canadiense con respecto a las compañías a las que presta apoyo y que cometen abusos. Barlow dijo: “Un hombre involucrado profundamente en las protestas contra la compañía minera canadiense Blackfire ha sido asesinado afuera de su casa. Éste desenlace trágico puede ser un indicio directo al rechazo del gobierno de Harper de terminar con la impunidad que en la actualidad gozan las compañías mineras canadienses”.

Gordon Peeling, presidente de la junta directiva del grupo cabildero de la industria minera canadiense, la Asociación Minera del Canadá, dijo a la prensa: “En términos de la dinámica de la discusión esto no le ayuda a aquellos que quieren ligar esos asuntos. Su pensamiento está estropeado si tratan de ligarlo [el asesinato] con la [Ley] C-300”.
“El asesinato de Abarca: misión cumplida”
Los tres hombres arrestados por el homicidio de Abarca son empleados en activo o ex empleados de Blackfire.

Jorge Carlos Sepúlveda Calvo está acusado de haber disparado contra Abarca. Era conductor de Blackfire.

Las autoridades chiapanecas no han revelado el rol que creen que tuvo en el asesinato otro de los hombres detenidos, Ricardo Antonio Coutiño Velasco. Coutiño Velasco era contratista de Blackfire.

Caralampio López Vázquez es operador y supervisor de turno en la mina. De acuerdo con testigos, el condujo la motocicleta en la que los homicidas huyeron.

Blackfire no puede argumentar que el homicidio fue un incidente aislado. REMA reporta que en agosto de 2008 tres hombres que portaban chalecos de empleados de Blackfire golpearon a Abarca y a su hijo en su casa. Los hombres mantuvieron a la esposa encañonada con una pistola. REMA dice que en respuesta al ataque, Abarca presentó una denuncia ante el gobierno. El gobierno no hizo nada.

En el verano de 2009, los pobladores de Chicomuselo entraron en negociaciones con Blackfire con respecto al camino que la compañía construyó ilegalmente en su tierra comunitaria. Los pobladores afirman que poseen el acuerdo firmado en enero de 2008 en el que la compañía determinaba donde construiría el camino a la mina. La compañía ignoró el acuerdo y construyó el camino en un sitio en donde el gobierno de Chiapas dice que no debería estar. Cuando las negociaciones entre los pobladores y Blackfire se rompieron, los pobladores comenzaron a cercar el camino con el fin de cerrarlo. De acuerdo con el líder antiminero Gustavo Castro Soto los pobladores presentaron una denuncia ante el gobierno: “Luís Antonio Flores (Gerente de Relaciones Públicas de Black Fire), Sr. René Salvador Cartajena, C. Caralampio López (y) otro más, y además trabajadores de la misma amenazando de omicidio (sic) y golpes con armas blancas y con armas de fuego que portaban, por lo tanto no se llevó a cabo el trabajo de tapar el paso, decidimos retirarnos para no comprometernos aun (sic) acto de provocación de confrontación violenta a muerte que ellos insistían con palabras provocativas trataron de echar las maquinas encima de los compañeros, por eso hoy pedimos al C. Gobernador Juan Sabines Guerrero, rotundamente a su administración y trabajadores prepotentes ante nuestra comunidad, que se erradique [a la minera Blackfire] su estancia en este ejido”.

Debe resaltarse que Caralampio López, mencionado en la denuncia como parte del grupo amenazante, está acusado de conducir la motocicleta que los homicidas usaron para huir en el asesinato de Mariano Abarca. Caralampio López era trabajador de Blackfire al momento del homicidio. En otras palabras, los pobladores presentaron una denuncia formal en contra de López por ser parte del grupo que amenazó a los pobladores de Chicomuselo con agresiones físicas si trataban de cerrar el camino construido ilegalmente, y aparentemente Blackfire no hizo nada.

Tan solo días antes de su asesinato, Abarca presentó una denuncia en contra de dos empleados de Blackfire, Ciro Roblero Pérez y Luís Antonio Flores Villatoro, por amenazas de muerte si no dejaba de organizar a la comunidad de Chicomuselo en contra de la mina de barita de la compañia minera canadiense Blackfire. De acuerdo a una denuncia formal presentada ante un empleado de gobierno que trabaja en el edificio municipal de Chicomuselo, Roblero Pérez llegó al edificio municipal para decir que había ido a buscar a Abarca “para quebrarle la madre a plomazos”. Se informa que también dijo que Abarca y otras personas estaban en la lista de personas a los que los dueños de Blackfire querían lastimar. El gerente de relaciones públicas de Blackfire, Luís Antonio Flores Villatoro, es también mencionado en la denuncia como una de las personas responsables de dicha lista. El gobierno había citado a Roblero Pérez y Flores Villatoro para que declararan con respecto a la denuncia hecha por Abarca, sin embargo, estos no se presentaron. Abarca fue asesinado esa misma tarde.

El 7 de diciembre, las autoridades del estado de Chiapas finalmente actuaron. Cerraron temporalmente la mina de Blackfire en Chicomuselo. Aparentemente Blackfire cerró la mina y removió los aparatos que generaban luz poco tiempo después de la muerte de Abarca. El gobierno de Chiapas solamente hizo un acto oficial al pegar sellos de “Clausurado” en las puertas de la mina.

El gobierno dice que la clausura de la mina no tiene nada que ver con el asesinato de Abarca. De acuerdo con el gobierno: “El motivo de la clausura de dicha empresa deriva por la apertura de nuevos caminos sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental, emisiones a la atmósfera por partículas suspendidas, así como la desviación de causes y escurrimientos naturales y cambio de uso de suelo en una superficie importante”.

La contaminación era la principal razón por la que Abarca y la REMA protestaban en contra de la mina de barita de Blackfire. Cuando Abarca estaba vivo, dijo que diría a todos los que estaban dispuestos a escuchar sobre la contaminación que la mina provocaba en Chicomuselo. De acuerdo con Castro Soto, incluso después de la brutal golpiza de agosto de 2008 por parte de los supuestos empleados de Blackfire, Abarca “siguió en la lucha denunciando la falta de agua en los arroyos y las consecuencias de las detonaciones, denunciando la contaminación de los ríos que, llenos de lodo han acabado con los peces, con ganado y otros animales muertos”.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas de Chiapas, demanda que el gobierno haga de la clausura temporal de la mina de Blacfkire una clausura permanente. “Este Centro de Derechos Humanos celebra la clausura de la mina de barita, ubicada en el ejido Grecia del municipio de Chicomuselo, operada por la empresa canadiense Black Fire Exploration... Sin embargo, consideramos necesario que la cancelación no sea sólo de forma temporal sino definitiva, ya que las afectaciones denunciadas insistentemente por los habitantes ha costado la vida al señor Mariano Abarca Roblero, asesinado presuntamente por su activismo al oponerse a la explotación de la empresa canadiense. Es urgente que el gobierno tome medidas de no repetición para garantizar que en el futuro no se instalen este tipo de empresas transnacionales para evitar daños ocasionados al medio ambiente, como sucedió en la Región de Chicomuselo con la explotación minera de la empresa Blackfire”.

Es una lástima que Abarca tuvo que haber dado su vida para que las autoridades del estado de Chiapas actuaran por fin y cerraran la mina. Es incluso aún más trágico que el gobierno canadiense, que subsidia importantemente a su industria minera, no haya hecho nada con respecto a los continuos abusos ambientales y a los derechos humanos por parte de Blackfire. La Gobernadora General de Canadá Michaëlle Jean y Peter Kent, Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá para las Américas, visitaron Chiapas solo dos días después de que el gobierno del estado clausurara la mina de Blackfire. Fueron recibidos por cerca de 50 manifestantes que demandaban que la mina fuera cerrada permanentemente y que la compañía pagara por los crímenes que ha cometido. REMA solicitó una reunión con los dignatarios, sin embargo, Jean y Kent rechazaron la invitación, argumentando limitación en los tiempos.

2010 elektron 10 (17) 1-4, 17 ene 2010.