El contratismo, tercerización o subcontratación, es una lacra en todos los países. Trabajo precario, infames condiciones laborales, carencia absoluta de derechos y, ante todo, fragmentación de los procesos de trabajo y de la unidad sindical, son características inaceptables.

El contratismo, también conocido como tercerización, subcontratación o “outsourcing”, forma parte de la ofensiva neoliberal contra las naciones, los sindicatos y los propios trabajadores. El problema no es nuevo pero cada vez se torna más grave.

En México, el contratismo contribuye a la fragmentación de los procesos de trabajo. Este fenómeno está en todos los sectores de la producción y los servicios pero, en el caso del sector energético, está tomando proporciones alarmantes.

El contratismo es parte de los procesos de privatización furtiva. En la industria petrolera, la contra-reforma energética de 2008 aprobada por todos los partidos políticos, avaló la entrega de las funciones constitucionales estratégicas al capital privado.

Tratándose de la industria petrolera, corporaciones como Schlumberger, Halliburton y otras, realizan funciones relacionadas con la exploración y producción de petróleo crudo y gas, en las plataformas terrestre y marítima, abiertamente en contra de la Constitución. En las plataformas marinas en el Golfo de México, miles de trabajadores, la mayoría extranjeros, están sujetos al contratismo.

Lo mismo ocurre en el sector del agua. Y, en el sector eléctrico, el añejo contratismo se ha acentuado, no solamente en la construcción de centrales generadoras sino en las actividades de la distribución eléctrica. Consecuencia del decreto calderoniano para la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está recurriendo a empresas contratistas para la reparación de fallas eléctricas.

Es pertinente distinguir entre las funciones básicas y las secundarias. Para la generación eléctrica en la región central del país, la CFE simplemente sacó de operación a las centrales que operaba LFC. Se trata de plantas que habían superado su vida útil y, generalmente, de baja o muy baja potencia. La transmisión eléctrica, así como, la subtransmisión y transformación la realiza personal de confianza de la CFE, lo mismo, la operación del Centro de Control de Energía en la zona. Pero, parte de la distribución, especialmente, las reparaciones, están a cargo de contratistas. El hecho es indebido porque se trata de funciones que son parte del proceso de trabajo eléctrico que la CFE debe realizar por administración directa.

El contratismo no solamente significa trabajo “indecente” sino infame que se realiza en condiciones de semiesclavitud. Se trata del trabajo peor pagado pues los salarios son bajísimos y no corresponden a la naturaleza del trabajo realizado. Los salarios representan la MENOR parte de los costos de producción en cualquier proceso de trabajo. Pero, en la voracidad, los contratistas tratan de abatirlos al máximo para obtener una mayor cuota de ganancia.

De entrada, los contratos recibidos en la industria paraestatal son ilegales por anticonstitucionales. El párrafo sexto del artículo 27 constitucional PROHIBE el otorgamiento de contratos a los particulares. Dichos contratos implican la transferencia de funciones constitucionales al sector privado y, al mismo, tiempo, la transferencia de parte de la renta energética pues cada contrato implica montos importantes de dinero, llegando el Estado hasta a financiar al capital privado.

En el caso eléctrico, los trabajadores subcontratados están al margen de la contratación colectiva e, incluso, de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Todos carecen de la mínima cobertura de seguridad social, no tienen ninguna de las prestaciones sociales fundamentales, ni protección ante los riesgos de trabajo. La situación es tal que, los “compañeros” laboran sin ropa de trabajo y, a veces, sin herramientas. El llamado “riesgo eléctrico” se ignora, no solamente al enfrentarse con las “líneas vivas” aumentando la probabilidad de accidentes, sino, con relación a las adversas consecuencias a la salud derivadas del “detrimento” causado por el campo electromagnético.

Los trabajadores subcontratados tampoco tienen derecho a la sindicalización. En México, el sindicalismo está dominado por el charrismo sindical, viciado y corrupto, y por los “contratos de protección” que gánsters sindicales venden a las empresas a través de “sindicatos” fantasmas. Pero, en el caso de la tercerización, la situación es peor, lo cual ya es mucho decir.

Derecho a la vivienda no hay, a la salud tampoco, ni siquiera a la alimentación. La separación familiar y su disgregación es cruel, la educación inexistente, la vida social simplemente no existe. Literalmente, se vive para trabajar y seguir enriqueciendo a los capitalistas a cambio de migajas. La jornada de trabajo de 8 horas, conquistada hace 100 años no se respeta, el contratismo no cubre siquiera las mínimas condiciones para la producción y reproducción de la fuerza de trabajo. Además, la duración del trabajo es temporal reducido a unos cuantos meses sobreviniendo a continuación el despido sin responsabilidad para el patrón.

Por supuesto, el contratismo es ilegal pero tolerado y auspiciado por el propio Estado. En el sector de electricidad, agua y gas, el contratismo ha crecido desorbitadamente. Según el INEGI (2004) en 1998, el personal ocupado era de 3,214 trabajadotes, en 2003 subió a 8,095 con una tasa de crecimiento de 151.9%. La realidad es peor y supera con creces a los datos maquillados del INEGI. En el sector energético, el contratismo es superior a los sectores del comercio, servicios, minería y manufacturas.

El 30 de abril de 2009, el Congreso de la Unión mexicano aprobó el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de julio de 2009.

Ese decreto reconoce como “sujeto obligado” a las empresas de outsourcing, mismas que tendrán las obligaciones indicadas por la Ley del Seguro Social. Esta ley no la cumplen los contratistas pues su obligación se limita a la presentación al Instituto Mexicano del Seguro Social de la información relativa al contrato con el trabajador en cada trimestre del año.

De manera que, los trabajadores subcontratados carecen de protección legal laboral, limitándose apenas a ser reconocidos por la Ley del Seguro Social que los patrones siempre eluden o manipulan.

Con el actual conflicto electricista, el problema de la subcontratación ha puesto a la discusión el problema con ópticas diferentes, visiones contradictorias y acciones equivocadas.

Desde el inicio del conflicto, el gobierno a través de la CFE, hizo proliferar el contratismo en el sector. Multitud de empresas, trajeron trabajadores de varias partes del país e, incluso, de Centroamérica, para atender algunas actividades. Las denuncias se emitieron de inmediato por los electricistas del SME. Pero, contradictoriamente, otros electricistas del mismo sindicato no solamente han callado al respecto sino que están en vías de convertirse en contratistas.

Este es el resultado de la división sindical interna, cuyo proceso electoral irresuelto, desembocó en el enfrentamiento con el Estado y la ocupación policíaca de las instalaciones eléctricas de LFC.

Una forma utilizada por el gobierno para profundizar la división entre los electricistas fue ofrecer al grupo de Alejandro Muñoz el otorgamiento de concesiones para que los trabajadores, previamente liquidados, constituyan empresas que le den servicios secundarios a la CFE.

Hay electricistas que lo que quieren es trabajar “aunque sea de contratistas” y Muñoz, apoyado por varios exrepresentantes sindicales, le hacen el juego al gobierno. Están en marcha varios proyectos para constituir empresas de construcción, distribución y mantenimiento. El gobierno ofreció franquicias para instalar estéticas, pizzerías y puestos de tacos y tamales.

En la región de Necaxa, coaliciones impulsadas por el PRI han procedido a reclutar electricistas para trabajar en minas de piedra, hacer postes y otras “chambitas”. El negocio es atractivo para políticos y “vivales”, únicos beneficiarios del negocio.

La “política” seguida por Muñoz y su grupo es equivocada. En vez de hacer valer el derecho a la sustitución del patrón, a cargo de la CFE, para que TODOS los electricistas regresen a sus puestos de trabajo, a desarrollar la materia de trabajo que subsiste y les corresponde, han optado por volverse contratistas de la propia CFE.

La respuesta es a todas luces errónea y desventajosa. Ahora, de ser asalariados, algunos electricistas aspiran a convertirse en empresarios de la noche a la mañana. El gobierno ya ha entregado los primeros millones de pesos a los nuevos empresarios para financiarles el arranque de los negocios, es decir, empezarán endeudados.

En un caso, 8 (ocho) trabajadores recibirán 6 millones de pesos para contratar a unos cuantos, y así por el estilo. No habrá trabajo para todos los liquidados ni mucho menos. El negocio será para pocos “patrones” que, a su vez, tendrán que contratar a sus “compañeros” seguramente en condiciones temporales y precarias, incurriendo en una contradicción ahistórica.

Los nuevos contratistas, además, tendrán que competir en el mercado con los demás contratistas. Por supuesto, no llegarán lejos, es previsible un rápido fracaso. Mientras tanto, han caído en el engaño del gobierno sirviéndole para minar la resistencia y desnaturalizar los objetivos de lucha. El contratismo es pernicioso para la industria nacionalizada, no resuelve los derechos laborales y sirve para enfrentar y dividir más a la clase obrera.

En vez de culminar la integración de la industria eléctrica nacionalizada, Muñoz y grupo se han prestado para seguirla fragmentando y privatizando. Porque, siendo contratistas no podrán oponerse a la privatización y menos al contratismo. Lamentablemente, el otro grupo (de Esparza), que critica al contratismo de la CFE, también se niega a la integración de la industria eléctrica nacionalizada.


2010 elektron 10 (29) 1-4, 29 ene 2010.

Electricistas subcontratados FOTOS: C. Ramos

Contratistas eléctricos FOTOS: Cuarto Oscuro, V. Camacho