La solución al conflicto electricista, consecuencia del decreto del gobierno federal para la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) NO consiste en crear otra entidad separada de la industria eléctrica nacionalizada sino en la INTEGRACION de la misma con base en una Política Eléctrica Independiente que incluya los derechos laborales y los de la nación.

Con relación a los acontecimientos recientes, cuando fuertes vientos afectaron varias líneas eléctricas en algunas partes de la capital mexicana y con ello al servicio público energía eléctrica, La Jornada, en su editorial del 20 de enero de 2010 señaló:

“Ante estas consideraciones, es imperativo que el Ejecutivo federal cobre conciencia de las implicaciones sociales y económicas de su actual cruzada antisindical y de su empeño por satisfacer los apetitos privatizadores -incluso por encima de los intereses de la nación-, y reconozca la procedencia de revertir el decreto presidencial emitido el pasado 11 de octubre, en el entendido de que sin LFC (sic) y sin sus trabajadores difícilmente se podrá impedir la redición de escenarios como los que se vivieron en días recientes en el valle de México”.

Lo indicado implica debilidad en el análisis pues la situación NO indica que existan condiciones políticas para “revertir” el decreto expedido por el “Ejecutivo Federal”, es decir, Felipe Calderón, de manera unilateral. Primero, porque los legisladores se negaron a utilizar el recurso de Controversia constitucional e interponerlo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Segundo, porque la vía jurídica basada en “amparos” ha fracasado, la juez federal encargada del asunto rechazó otorgar la “suspensión definitiva”, la actual revisión a cargo del Tribunal Colegiado de Circuito es muy incierta y la eventual atracción del caso por la SCJN más aún.

Es cierto que el ventarrón afectó a miles de usuarios en el valle de México y que la respuesta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no obstante que logró restablecer el servicio relativamente rápido, no fue la adecuada. La principal crítica correcta es la indebida utilización de contratistas, lacra que ha corroído a la paraestatal desde hace años.

La alternativa correcta consiste en realizar TODAS las actividades del proceso de trabajo eléctrico, a nivel nacional, por administración directa. La CFE incurre en evidentes violaciones constitucionales. Pero señalar que, “sin LFC” difícilmente se podrá impedir la redición de escenarios similares es mantener el análisis en la superficialidad. El fondo es otro y consiste en la observancia de una política eléctrica nacionalizadora que rebasa el ámbito de LFC cuya extinción parece notoriamente irreversible.

El mencionado editorial señala que “es necesario, por último, ante la cerrazón y la insensibilidad exhibidas por el grupo en el poder, que las autoridades del Distrito Federal y los estados de México, Hidalgo, Puebla y Morelos -es decir, las entidades donde operaba LFC- se planteen y analicen crear una entidad generadora y distribuidora de energía eléctrica que pueda atender a los habitantes de la zona centro del país, y garantizar la viabilidad social y económica de la región. Si los gobiernos federales no han tenido empacho en poner en manos privadas buena parte de la generación -y, ahora, de la distribución- de electricidad, a contrapelo del artículo 27 constitucional, no debería haber obstáculos legales para que los gobiernos de las entidades referidas, en tanto que integrantes del Estado, creen organismos paraestatales que proporcionen este servicio esencial a su población”.

La “propuesta” de La Jornada es a todas luces superficial, improvisada, irreal, inviable y, sobre todo, políticamente errónea, formulada en abstracción de la historia, los antecedentes previos, la nacionalización eléctrica, las características de la propia industria y el interés de la nación.

1- Que las autoridades del Gobierno del Distrito Federal (GDF), y los estados de México, Hidalgo, Puebla y Morelos. es decir, la zona de influencia “donde operaba” (sic) LFC, “se planteen y analicen crear una entidad generadora y distribuidora de energía eléctrica” es, en el mejor de los casos, solamente un buen deseo formulado improvisadamente. ¿Qué tipo de “entidad” sería ésa? ¿Un organismo público descentralizado? No, la creación de ese tipo de organismos no es facultad de los estados. ¿Sería una empresa regional o municipal? Tampoco, la iniciativa sería grotesca. ¿Se trataría de una empresa pública, privada o de capital mixto? La política seguida por el GDF y los estados vecinos no es precisamente nacionalizadora sino a la inversa, es decir, privatizadora. El caso reciente más notorio está con el servicio público del agua potable, el energético vital, que está siendo entregado crecientemente a las transnacionales francesas y españolas.

2- El tipo de “empresa” que se crearía adolece de una seria desventaja. Si se propone como “generadora”, es a todas luces inviable. ¿Cuál o cuáles serían las fuentes primarias? ¿Habría centrales generadoras a base de fuentes renovables o no renovables? Centrales hidroeléctricas no serían posibles porque no existen fuentes apropiadas para el suministro de agua. A base de viento, tampoco, porque la zona no es suficientemente adecuada. ¿Qué otra fuente renovable? ¿El Sol, las mareas, las olas del mar, la geotermia? Esas fuentes ni siquiera están desarrolladas en México. Entonces, ¿serían a base de hidrocarburos, tal vez, gas natural? Tales fuentes son altamente contaminantes e inconvenientes para la región central del país habida cuenta que se trata de una zona densamente poblada que tiene enormes problemas de contaminación ambiental. Si no es posible la generación en la región, entonces, ¿se compraría la energía (en bloque) a la CFE o a las transnacionales para únicamente distribuirla? Eso sería repetir la nefasta experiencia de LFC.

3- En cualquier caso, ¿el GDF y los gobiernos de los estados vecinos, disponen de suficientes recursos disponibles para financiar y sostener a una empresa eléctrica? ¡No! El GDF y el gobierno del Estado de México son muy fuertes pero con tantos problemas por atender, cuestión que cumplen parcialmente, que no tendrían manera de suministrar los recursos que se necesitan. Menos, en el caso de que la tal empresa tuviera que comprar la energía que distribuiría.

4- Por lo demás, el GDF y los gobiernos de los estados vecinos, ¿tienen facultades para “crear, generar, transportar, distribuir y comercializar la energía eléctrica con propósitos del servicio público? ¡No! Peor aún, esos gobiernos son explícitamente privatizadores al apoyar la creación y operación de empresas eléctricas privadas al margen de las disposiciones constitucionales. En todos los casos, participan de la privatización eléctrica furtiva porque en sus regiones de influencia, avalan la distribución y comercialización de los generadores privados, sea instalados en sus territorios o en lugares remotos. Si porque las transnacionales han violado reiteradamente la Constitución en materia eléctrica “no debiera haber obstáculos legales” para crear organismos paraestatales, los analistas de La Jornada que escribieron el editorial de marras sugieren que se siga violando la Constitución.

5- La violación constitucional es evidente porque el párrafo sexto del artículo 27 constitucional no le otorga la facultad de proporcionar el servicio público de energía eléctrica a ningún organismo local, se trata de una disposición de alcance nacional a cargo exclusivo del Estado mexicano.

Los editorialistas de La Jornada obnubilan el escenario público con una propuesta borrosa carente de fundamentos técnicos, constitucionales e históricos.

1- El dominio sobre los energéticos, primarios y secundarios, corresponde a la nación y no a ningún gobierno local. El proceso de trabajo eléctrico, es decir, el conjunto de actividades necesarias para el cumplimiento de las funciones constitucionales estratégicas NO se debe seguir fragmentando. En México hubo una nacionalización eléctrica (1960) que superó al viejo escenario privado basado, precisamente, en la fragmentación del proceso de trabajo. Eso mismo es lo que está ocurriendo con la privatización furtiva de la generación eléctrica. De manera que la propuesta de La Jornada es conceptual, técnica e históricamente errónea.

2- Consecuencia de la nacionalización, una de las dos conclusiones certeras de los electricistas democráticos fue la Integración de la industria eléctrica nacionalizada, la otra, fue la unidad sindical a nivel nacional. No obstante la represión político-militar de 1976 a la Tendencia Democrática del SUTERM, a ese momento habíamos logrado la casi total interconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Pero se interrumpió la necesaria integración industrial y la unidad sindical, cuestiones aún inconclusas pero vigentes.

3- Al calor de la lucha de la Tendencia Democrática, en 1975, logramos la Primera Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), la que afirmó a la nacionalización y al concepto de servicio público de energía eléctrica. En esa Ley se indica que estas facultades serán realizadas en todo el país por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la entidad paraestatal creada en 1937 que, en 1960, asumió la responsabilidad de las anteriores empresas extranjeras bajo la figura de patrón sustituto de los electricistas, excepto la región central a cargo de las “compañías” en liquidación.

4- A fecha, el SEN está interconectado en su totalidad, incluyendo la región central, existe un solo Sistema Interconectado Nacional (SIN), como corresponde a la existencia de una sola industria y un solo proceso de trabajo eléctrico a nivel nacional. Proponer el fraccionamiento, como lo hizo Salinas de Gortari en 1994 al crear a LFC con base en una legislación anticonstitucional, resultado de las reformas regresivas de 1992 a la LSPEE en congruencia “textual” con el Anexo 602.3 del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Norteamérica, no solo es una propuesta equivocada sino antinacional y técnicamente errónea en el marco del escenario privatizador basado, precisamente, en la fragmentación del proceso de trabajo energético.

5- La alternativa correcta, por razones constitucionales, técnicas, históricas, laborales y sociales, es la INTEGRACION de la industria eléctrica nacionalizada, hoy sometida a un severo proceso de privatización furtiva que alcanza ya el 49% de la capacidad de generación eléctrica total a nivel nacional. Como parte de este proceso, la región de influencia de LFC debe constituirse en la División Centro de la CFE, misma que por Ley está obligada a asumir la figura de patrón sustituto para TODOS los electricistas del SME.

En suma, el editorial de La Jornada expresa una propuesta borrosa contraria al interés de la nación, no explica el fondo del problema y contribuye a la confusión.


2010 elektron 10 (27) 1-4, 27 ene 2010.

Integrar a la industria eléctrica nacionalizada, propuesta histórica de los electricistas