Los agravios contra la nación se han acumulado en los últimos cien años.
Las acciones del Estado oprimen, someten y reprimen a la mayoría.
¿Qué hacer? ¿Esperar un estallido social u organizar la revolución?

Lo peor es encontrase sin trabajo y este es cada vez más escaso. El desempleo nos desorganiza y nos deprime. El capitalismo no puede sobrevivir sin la fuerza de trabajo asalariada aún disponiendo de la tecnología más avanzada y automatizada. Pero esa fuerza de trabajo está sometida a un persistente proceso de descalificación, rechazo y exclusión.

México está formado mayoritariamente por jóvenes, un poco más de la mitad son mujeres, pero solamente la minoría de la llamada Población Económicamente Activa (PEA) tiene trabajo, los demás están en la economía informal (comercio y servicios ambulantes). Muchos profesionistas están desempleados, muchos investigadores fuera de las instituciones, algunos dedicados a las actividades privadas, otros han sido expulsados de su patria.

El campo está prácticamente desolado por la emigración a las ciudades o a los Estados Unidos, en las zonas urbanas aumenta la marginación. En muchos casos, grupos sociales enteros son partícipes del narcotráfico y del crimen.

El trabajo en las fábricas está en caída, en la gran industria domina el contratismo en condiciones laborales precarias, solo una ínfima minoría tiene relaciones laborales decentes. En la manufactura, la situación es deprimente, con bajos salarios y sin ninguna protección social. En el sector tecnologizado, la inestabilidad es común sin ninguna garantía laboral.

Con las recurrentes crisis, el desempleo sigue en aumento y ninguna política del Estado tiende a resolver esta situación. En la lógica capitalista no interesa resolver este problema. Al contrario, se necesita de los desempleados para auspiciar la competencia por los puestos de trabajo. Los desempleados siguen siendo un ejército de reserva y, peor aún, se han convertido en un ejército de desecho.

Al capitalismo no le importa el desarrollo humano ni el deterioro de la mayoría de adultos, jóvenes o niños.

Las políticas del Estado no indican ninguna mejora próxima, menos en el contexto de una crisis persistente.

El desempleo genera malestar social, pobreza económica, física y mental, degradando al conjunto de la sociedad.

La situación en México es alarmante, la gran mayoría somos pobres y una alta proporción se encuentra en pobreza extrema. Eso nos deshumaniza.

En la apariencia no pasa nada pero en todas partes se vive en la zozobra y el miedo. Los mexicanos vivimos en estado de shock. El Estado es el principal promotor de la violencia, los medios la magnifican y el crimen organizado la practica.

El miedo principal es a la policía y a los soldados junto con el aparato burocrático judicial. La Procuraduría General de la República, las estatales y Ministerios Públicos son instancias que lejos de procurar justicia ejercen la violencia contra la sociedad.

El Estado está en su papel de administrador de la violencia y esta se ejerce de múltiples formas. Una parte es la violencia callejera, otra es auspiciada por los aparatos de coerción y, una más, en los mismos centros de trabajo.

La inseguridad social atenta todos los días contra muchos mexicanos. Las reformas legislativas regresivas han afectado los derechos sociales, haciendo cada vez más calamitoso el futuro posterior a la edad laboral y el presente ensombrecido por el desempleo.

Para impedir la protesta, los cuerpos policiales especializados están siendo reforzados incrementando el espionaje contra la sociedad.

La inseguridad está relacionada con el crimen y este existe porque el Estado lo apoya. En años recientes, las fuerzas militares (ejército y marina) han venido siendo utilizadas en labores que no les son propias. Para combatir al narcotráfico, se han desplegado contingentes militares en estados y regiones enteras produciéndose enfrentamientos sangrientos. Todos los días hay asesinatos.

Las víctimas no han sido solamente los delincuentes sino la población civil. Allanamientos unilaterales de morada, desapariciones y violación a los derechos humanos se han vuelto comunes; las mayores denuncias son contra los soldados.

En México existe un virtual estado de guerra, filmado en vivo y en directo por la televisión privada. De uno y otro lado hay caídos en alarmantes exhibiciones armadas. No solamente han caído integrantes de carteles sino diversos funcionarios gubernamentales.

La sociedad mexicana está indefensa, en algunos casos cautiva de los cárteles y siempre amenazada por la fuerza pública. La narco-guerra es parte de la doctrina del choque y pretexto para criminalizar la protesta social.

Parte de los crímenes son políticos afectando especialmente a los defensores de los recursos naturales y del medio ambiente, así como, a las comunidades étnicas.

En todos los sectores del Estado domina la corrupción y la impunidad. La corrupción es política y económica. En este último caso, los gobiernos en turno han entregado el patrimonio nacional a las corporaciones transnacionales. En la minería, el agua, el petróleo y la energía eléctrica, miles de concesiones y permisos privados se han otorgado discrecionalmente por el Estado, en las plataformas terrestre y marina.

El proceso desnacionalizador de los recursos naturales y patrimonio industrial se lleva a cabo a través de la legislación secundaria inconstitucional, aprobada y ratificada por todos los partidos políticos que han devenido en corporaciones corruptas.

Los legisladores se han tomado la atribución de traicionar a la nación de manera reiterada y permanente. El poder ejecutivo promueve la corrupción política y el poder judicial la avala sin darse siquiera por enterado o tomar nota de la situación.

Todo esto se traduce en la antidemocracia que se reproduce a todos los niveles del Estado e incluye a empresarios y charros sindicales.

El invento del PRI para canalizar el descontento social por la vía del Parlamento le ha servido al Estado para mantener el control social significando un retroceso en la vida nacional.

En tal estado de pobreza económica y política, los mexicanos estamos socialmente excluidos. El Estado es inherentemente excluyente y no hay manera de transformar la situación intentándolo desde “adentro”. Los trabajadores, los pobres, los marginados, jamás seremos incluidos por este Estado.

La única opción por la vía estatal es el sometimiento de todos.

El malestar social, en sus diversas formas, se ha venido incrementando en México. La tensión está en aumento. Cada vez es mayor la presión configurándose condiciones críticas. Obviamente, el malestar no es reciente ni basta por sí solo para cambiar la situación. Pero, dependiendo de su expresión política podría haber diversos escenarios posibles.

Personajes oficialistas y/u oficiosos declaran frecuentemente a los medios sus “advertencias” respecto a un posible estallido social. Nadie de los políticos y/o empresarios quiere tal estallido pero tampoco hacen nada por evitarlo.

¿El estallido social es una amenaza? ¿Para quién? En las actuales condiciones, hay lugares y sectores con firme resolución, sobre todo cuando ya no hay mucho que perder pues las pérdidas han sido enormes.

¿Cómo ocurriría ese estallido? Una manera es provocándolo y, para ello, el Estado e imperialismo son expertos profesionales en la infiltración social. Otra forma, sería mediante acciones espontáneas, improvisadas y voluntaristas.

¿El Estado tiene miedo a un estallido social? NO, evidentemente. En cualquier caso, está preparado para la represión.

Hablar de un “estallido” implica rendirle culto al espontaneísmo pues se trataría de acciones unilaterales, desorganizadas y sin perspectiva política.

En la presente época, la protesta contestataria es insuficiente, los métodos primitivos de trabajo político no le hacen mella al imperialismo, el Pentágono está preparado para sofocar la revuelta.

¿Cómo enfrentar, entonces, la violencia del Estado? ¿La respuesta debe ser necesariamente violenta? En principio, no; el objetivo social no es matar. ¿Entonces, cómo hacer entender al Estado que debe cambiar su proceder? Tampoco hay manera de hacerlo entender “por las buenas”, se necesita de la fuerza socialmente organizada.

He allí, la característica de las alternativas independientes y clasistas. Lo que está ocurriendo en México es la superposición del malestar social. Esta superposición implica un malestar creciente cada vez, es el reforzamiento del enojo que, sin embargo, no se traduce aún en respuestas de protestas organizadas.

Precisamente, de lo que se trata es de organizar el descontento social en una superposición de acciones basadas en un proyecto político con independencia de clase.

La superposición del malestar y la superposición de la protesta deben canalizarse en la perspectiva de una revolución la cual no ocurre espontáneamente ni puede basarse en el empirismo. Se necesita de un proyecto político enmarcado en el programa y en la práctica política coordinada a nivel nacional e internacional.

Hacer la revolución significa organizarla debidamente. Hacer cristalizar este proyecto implica dar un salto cuántico, cualitativa y cuantitativamente, y en varias dimensiones. A esto no está acostumbrada la “izquierda” cuya inexistencia política es real desde hace décadas. La “izquierda” oficialista ni siquiera está interesada, sus objetivos son electorales, coyunturales y, si acaso, orientados a administrar corruptamente el descontento social.

La sola idea de revolución, entonces, implica un serio desafió: hay que reconstruir a la izquierda, desde abajo y desde el movimiento social, al margen de los partidos políticos oficialistas.


2010 elektron 10 (3) 1-4, 3 ene 2010.

Maestros de la CNTE

Enarbolar un programa y una política con independencia de clase

Hacer del malestar social una superposición cuántica de protesta