El conflicto electricista del SME es sumamente serio y preocupante para la nación. Es necesario valorar la experiencia histórica y las aportaciones programáticas de los electricistas democráticos, forjadores de la nacionalización y constructores de la industria eléctrica. La integración industrial del Sistema Eléctrico Nacional es una necesidad que, laboralmente, implica la sustitución del patrón a cargo de la CFE, incorporando a los electricistas de la región en la División Centro de la CFE, con todos los derechos, retos y desafíos para la correcta transformación en el sector.

La nacionalización de la industria eléctrica fue, y sigue siendo, una propuesta de los electricistas democráticos. Esta propuesta fue impulsada en la década de los 1950’s por la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria y Comunicaciones Eléctricas (FNTICE), que agrupaba a los electricistas de la provincia, y el propio Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), coordinados en la Confederación Nacional de Electricista de la República Mexicana (CNERM).

Con el decreto nacionalizador se recuperó para la nación el 98% del patrimonio eléctrico nacional, quedando un 2% de las acciones en manos de las compañías extranjeras, y habiéndose establecido el compromiso jurídico para extinguirlas hacia 1999.

La nacionalización fue anunciada el 8 de abril de 1960. El 22 de ese mes, se llevó a cabo una asamblea general en el SME, convocada por Luís Aguilar Palomino, secretario general en turno del SME, a la que asistió Rafael Galván, secretario general de la FNTICE. En esa asamblea, Galván propuso que ante la nacionalización era pertinente concretar la unidad sindical, a nivel nacional, en la industria eléctrica nacionalizada. La asamblea estuvo de acuerdo.

El decreto nacionalizador fue anunciado el 27 de septiembre de 1960. Ocho días después, el 8 de octubre, la FNTICE realizó su último congreso en San Luís Potosí y se disolvió. Inmediatamente, se convocó a un congreso de unidad sindical que dio pasó al Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (STERM), formado por 35 sindicatos de electricistas del interior del país. Al Congreso asistió Aguilar Palomino pero, solo en calidad de observador, el SME decidió no participar del proceso.

La unidad sindical fue uno de los aciertos más importantes de los electricistas de provincia y la respuesta política más congruente con la nacionalización.

La nacionalización, propuesta de los electricistas

Unidad sindical y contratación colectiva única, banderas electricistas

Al ser nacionalizada la industria eléctrica de México, los trabajadores de la provincia que prestaban sus servicios con las empresas extranjeras agrupadas en la Impulsora de Empresas Eléctricas, pasaron a integrarse a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la que asumió el carácter de patrón sustituto. En 1966, el STERM pactó un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) con la CFE, mismo que se integró con las mejores conquistas de los contratos anteriores. En la región central, las compañías eléctricas extranjeras en liquidación se agruparon en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLFC) y empresas subsidiarias, mismas que contrataron con el SME.

Otra de las conclusiones de la nacionalización, enarbolada por el STERM, fue la necesaria reorganización del trabajo a nivel nacional. Esto era consecuencia de la existencia de una sola industria eléctrica nacional, cuyo proceso de trabajo debía reorganizarse para superar la fragmentación existente con las anteriores compañías extranjeras.

La propuesta fue expresada como la integración de la industria eléctrica nacionalizada. Para ello, se llevaron a cabo intensas discusiones entre los electricistas.

Desde la fundación de la CFE, en 1937, había surgido el Sindicato Nacional de Electricistas, Similares y Conexos de la República Mexicana (SNESCRM), sindicato afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), representado por Francisco Pérez Ríos.

En 1966, la CFE, el STERM y el SNESCRM constituyeron una Comisión Tripartita para analizar conjuntamente lo concerniente a la reorganización del trabajo. El SME se sumó en 1969 en la llamada Comisión Cuatripartita.

Luego de intenso debate, se acordó la unificación de frecuencia en la industria eléctrica decidiéndose que fuera de 60 ciclos/segundo. Al mismo tiempo, se procedió a la interconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Hasta 1976, habíamos logrado la casi total interconexión del SEN, incluyendo la región central del país, faltando únicamente las penínsulas de Baja California y de Yucatán. Hoy, la interconexión está completa.

En 1971, se produjo un conflicto sindical derivado de la pretensión del SNESCRM para arrebatarle la titularidad del CCT al STERM. La respuesta de éste fue política, mediante la lucha en las calles y concitando la solidaridad de la población, en la Jornadas Nacionales por la Democracia Sindical que llevamos a cabo por todo el país. Estas jornadas fueron abanderadas por un programa conocido como “¿Porqué Luchamos?”.

El conflicto culminó el 20 de noviembre de 1972, mediante un Pacto de Unidad entre el STERM y el SNESCRM. El SUTERM que fundamos surgió democrático, con un CCT modelo y avanzado, unos Estatutos democráticos que incluyeron los principios, un programa y el concepto del sindicalismo nacional de industria. Así surgió el SUTERM, con una estructura integrada con 96 secciones por centros de trabajo o cercanía geográfica en casi todo el país.

En 1973, el SUTERM realizó un Congreso Nacional Extraordinario. En ese Congreso se acordó proponerle la unidad al SME, con base en tres puntos: 1- el sindicato unificado se llamaría Sindicato Mexicano de Electricistas, 2- El SME pasaría a ser el titular del CCT pactado entre la CFE y el SUTERM, lo que implicaba a toda la materia derivada del proceso de trabajo eléctrico que incluye a la generación, transmisión, control, distribución y comercialización de la energía eléctrica a nivel nacional y, 3- la discusión respecto de la afiliación a alguna central (la que fuese) se dejaba para ser resuelta posteriormente por el sindicato unificado. Al siguiente año, 1974, se realizó un Congreso Nacional Ordinario para tratar lo concerniente a la integración de la industria eléctrica nacionalizada. Ni en otra ni en otra ocasión, hubo respuesta del SME, simplemente no se aceptó la propuesta.

La lucha por la integración industrial continúo, siendo una de las grandes banderas de la Tendencia Democrática (TD) del SUTERM, surgida en 1975 con motivo de un conflicto interno en el sindicato. Volvimos a desarrollar con más intensidad las Jornadas Nacionales por la Democracia Sindical enarbolando nuestro programa conocido como “Declaración de Guadalajara”. El 1º. de mayo de año, los electricistas de la TD-SUTERM y del SME marchamos juntos en la capital del país, siendo una clara mayoría en el sector. Volvimos a plantear la unidad al SME sin éxito. Ese año, también, logramos la primera Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), propuesta hecha para afirmar la nacionalización y establecer el concepto de servicio público de energía eléctrica, por eso se le llamó así a esta ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de energía eléctrica.

El 16 de julio de 1976, el ejército federal ocupó todas las instalaciones eléctricas del interior del país para impedir la Huelga Eléctrica Nacional propuesta por la Tendencia Democrática. Los electricistas estuvimos 6 semanas fuera de los centros de trabajo, habiendo regresado mediante una negociación política. En pleno conflicto, la Tendencia Democrática fue quebrada por el gobierno, con la participación explícita y comedida de Jorge Torres Ordoñez, secretario general en turno del SME. No obstante que, durante años, todos los días, estuvimos discutiendo con los compañeros del SME, estos no tuvieron definiciones y al final nos dejaron solos avalando la conducta traidora de Torres Ordoñez.

Con la represión político-militar a la TD-SUTERM se interrumpió la nacionalización, la integración industrial, la contratación colectiva unificada y la unidad sindical. Las consecuencias fueron adversas, y muy desfavorables, para toda la nación iniciándose una onda larga de la crisis económica que aún no concluye. El SUTERM fue desnaturalizado pero no ha sido destruido.

En el marco de las discusiones para la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Norteamérica, Carlos Salinas de Gortari promovió en 1992 un conjunto de reformas regresivas a la LSPEE. Las reformas propuestas son las mismas que están contenidas en el Anexo 602.3 del TLC. De acuerdo al punto “5” de ese Anexo, las seis figuras jurídicas inventadas para privatizar a la industria eléctrica nacionalizada, se incluyeron en las reformas de 1992.

Marcha electricista del 1º de mayo de 1975 en la ciudad de México

Para lograr lo anterior, Salinas pactó en Necaxa con Jorge Sánchez, secretario general en turno del SME, la creación de una empresa que sustituiría a la CLFC en liquidación. Mediante un decreto de 1994 se creó a Luz y Fuerza del Centro (LFC). Esta empresa eléctrica surgió dentro de la propia industria eléctrica, ambas a cargo del Estado. Pero LFC fue creada en las peores condiciones, es decir, incapacitada para generar energía eléctrica, obligada a comprarle a la CFE la energía en bloque como lo hacían las compañías en liquidación y con una pesada deuda creciente heredada de las compañías, además de una planta industrial envejecida.

La creación de LFC fue una contradicción a la nacionalización, el acuerdo para la extinción hacia 1999 de las compañías extranjeras fue modificado unilateralmente. Para el Estado, la nacionalización había terminado entrando en una fase de privatización eléctrica furtiva a nivel nacional. Con base en las reformas regresivas, y mediante 772 permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), al 31 de julio de 2009, el 49.4% de la generación eléctrica total a nivel nacional estaba en posesión privada de las corporaciones eléctricas transnacionales.

Ese proceso de privatización furtiva incluye a LFC pues, en la región central, las transnacionales y sus filiales poseen 141 permisos privados de generación. De esta manera, tanto la CFE como LFC, fueron sometidas al capital extranjero. En el caso de LFC la situación es peor habida cuenta que muchas transnacionales generan en la modalidad de “falso autoabastecimiento remoto”, es decir, supuestamente generan para el autoconsumo en el interior del país pero venden la energía a sus propios clientes ubicados en otras partes, incluyendo el centro. Para ello, utilizan las redes de transmisión eléctrica de la CFE y las redes de distribución de LFC.

El proceso de privatización de la generación eléctrica sigue creciendo, con la pretensión de alcanzar el 100%, de acuerdo a las recomendaciones confidenciales que hizo el Banco Mundial a Ernesto Zedillo en 1995.

En 2008, todos los partidos políticos aprobaron una reforma energética tendiente a la privatización del petróleo, el gas, la petroquímica y los productos petrolíferos. No nada más, también se aprobó la continuación de la privatización eléctrica extendiéndola a todas las fuentes renovables de energía, es decir, el agua, el viento, la geotermia, la energía del mar, los agrocombustibles e, incluso, la radiación del Sol.

De acuerdo a la Prospectiva del Sector Eléctrico 2009-2024, casi todos los planes se orientan a seguir favoreciendo la intervención del capital extranjero, casi toda la capacidad de generación que se proyecta será privada, habiéndose comprometido ya más de 5 mil MWe próximos.

Las transnacionales intentan también apoderarse del Sistema Eléctrico Nacional mediante su privatización. Se trata de una pretensión voraz que, sin embargo, no es sencilla. Las redes eléctricas del sistema Interconectado Nacional (SIN) no pueden fraccionarse fácilmente porque afectaría el suministro eléctrico en las condiciones de calidad, estabilidad y continuidad. Más aún, esa infraestructura es muy costosa y los privados no estarían dispuestos a invertir para hacerse de redes de transmisión y distribución propias. Lo que pretenden es apropiarse de todas las redes pero no es tan simple.

La interconexión nacional es un valladar a esas pretensiones. De allí la importancia de fortalecer al SEN y culminar la integración de la industria eléctrica nacionalizada. Esta integración sería un medio para evitar que prosperare una segunda generación de reformas privatizadoras y, a la vez, revertir la privatización actual e, incluso, re-nacionalizar a la industria eléctrica y energética en general.

En 1999, el SME encabezó una importante movilización contra las propuestas de reforma constitucional de Zedillo y Téllez. En 2002, el Senado de la República rechazó tales pretensiones. Ese mismo año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin entrar a resolver el fondo del asunto, dictaminó que los permisos a los particulares, otorgados por la CRE, son inconstitucionales.

La reforma constitucional se detuvo, no así la privatización furtiva que se incrementó durante el sexenio de Vicente Fox. Este intentó nuevamente reformar a la Constitución pero no tuvo éxito. Con Felipe Calderón, la privatización eléctrica ha seguido aumentando. Hoy, más de 300 transnacionales y sus filiales ocupan a casi todo el territorio nacional, haciendo negocios e intercambiando los permisos de la CRE.

La política oficial seguida en el sector energético está basada en disposiciones anticonstitucionales de la legislación secundaria y terciaria. La legalidad constitucional en materia energética está rota desde 1992.

En los últimos años, la CFE construyó con recursos públicos 25 mil km de fibra óptica en todo el país y LFC construyó 1 mil km en la región central. Esa infraestructura, ahora está en proceso de licitación, subastándose los primeros 2 hilos de 36 entre las transnacionales de las comunicaciones, con la intención de privatizar el llamado tetra-play, es decir, la electricidad, telefonía, televisión e internet.

Hasta 2005, el SME se mantuvo movilizado, después las declaraciones a los medios ocuparon el lugar. Durante 2008, la lucha en defensa del petróleo de México quedó en segundo o tercer plano para el sindicato, no obstante que se incluyó una parte eléctrica altamente desfavorable. Peor aún, ese mismo año, el gobierno de Calderón amenazó seriamente al SME publicando un decreto de “expropiación” de LFC, que fue retirado de último momento pactando con la representación sindical un antilaboral convenio “de productividad”.

En este contexto, el 11 de octubre de 2009, la Policía Federal Preventiva (PFP) ocupó las instalaciones de LFC en la capital y estados vecinos, con base en un decreto expedido por Calderón para la extinción del organismo LFC. Eso significo, en el acto, que 44 mil electricistas activos quedaran fuera de sus centros de trabajo.

El 49.4% de la generación eléctrica total a nivel nacional ya es privada

La ocupación de LFC fue ilegal e indebida, como ocurrió con la CFE en 1976. La utilización de la fuerza pública para resolver los problemas nacionales es inaceptable. Esta vez, sin embargo, las condiciones fueron muy diferentes. Aquella ocasión, librábamos una relevante lucha por la democracia sindical y en defensa de la industria eléctrica nacionalizada. Ahora, el Estado aprovechó la alteración de la normalidad sindical en el SME, derivada de un proceso electoral interno viciado que nunca quiso ser corregido. Al contrario, se procedió a invitar imprudente y reiteradamente al enfrentamiento con el Estado. Este enfrentó al sindicato con serias consecuencias para los trabajadores y para la nación. En los primeros tres meses, 28 mil electricistas ya fueron liquidados, es decir, el 63% de la plantilla activa, mientras 22 mil jubilados están en el aire.

Desde un principio, la representación de facto del SME definió una “estrategia” basada en una Controversia constitucional para echar abajo del decreto de Calderón, así como, una serie de amparos cuyo contenido se desconoce por los trabajadores. La Controversia falló porque los legisladores se negaron a interponer ese recurso ante la SCJN, ni siquiera se reunió el número mínimo necesario de diputados para presentar la petición. Los amparos han sido adversos, no se ha ganado ninguno.

Uno de los amparos más importantes plantea que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) no resuelva respecto del juicio especial tramitado desde el 13 de octubre por el gobierno para dar por terminadas las relaciones individuales y colectivas de los electricistas de LFC. La Junta tiene preparado el laudo y, por supuesto, es adverso a los trabajadores. Ese laudo no se ha ejecutado porque no ha concluido el amparo, ya que, al fallar en contra la juez que conoció del caso, se ha interpuesto un recurso de apelación ante un Tribunal Colegiado de Circuito.

La situación, sin embargo, es muy incierta. Si viniera un nuevo fallo en contra del sindicato, se recurriría a la SCJN como instancia superior. La decisión de la Corte es más incierta aún habida cuenta que todos los poderes del Estado están alineados en el enfrentamiento con el SME.

Entre tanto, el tiempo sigue su marcha y el conflicto se complica cada vez más por la ausencia de liderazgo político en el sindicato, la carencia total de política eléctrica y la falta de voluntad política del gobierno y del grupo de Martín Esparza, exsecretario general del SME, para resolver la grave situación.

Ocupación policíaca y militar de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro

Ante tan difícil situación para los electricistas, el FTE de México planteó desde el primer momento la necesidad de una propuesta política de solución al conflicto, en el marco del proyecto nacionalizador, expresada en la integración de la industria eléctrica nacionalizada.

Frente al severo golpe del Estado es pertinente proceder políticamente pues, la persistencia en el enfrentamiento frontal, en medio de una desventajosa correlación de fuerzas, podría tener un final como el vivido en amargas experiencias previas, es decir, todos fuera del trabajo, sin organización y con todas las desventajas posibles.

Opuesta al planteamiento de “regrésenos nuestra empresa”, misma que no es de los electricistas sino de la nación, la propuesta de integración industrial pone por delante el interés de la nacionalización eléctrica como conquista del pueblo de México.

La industria eléctrica está sometida a un grave proceso de privatización pero este debe impedirse por todos, especialmente los electricistas, para revertirlo mediante la re-nacionalización. Para ello, es fundamental estar dentro de los centros de trabajo y agrupados en su propia organización sindical.

El SEN está interconectado y eso incluye a la región central del país. Por ello es que el servicio público de energía eléctrica sigue suministrándose en ésta área geográfica. Las redes de distribución eléctrica de la capital y estados vecinos no son redes aisladas o fraccionadas del resto sino una misma red interconectada, por la cual fluye la energía generada por la CFE en diversas partes distantes del país e, incluso, la energía que comercializan los generadores privados.

¿Qué hacía falta para la integración industrial en la región central? Desde el punto de vista técnico, solamente la operación de las redes de distribución y las actividades administrativas de comercialización. ¿Por qué se interrumpió y pospuso indefinidamente? Por razones políticas facciosas.

Hoy, en medio del terrible conflicto, la respuesta histórica, técnica y política de los electricistas es la integración industrial y, en esta perspectiva, la propuesta política consiste en pasar a formar parte de la División Centro de la CFE.

La propuesta de integración eléctrica es benéfica para la nación y fue la conclusión de los propios electricistas democráticos ante la nacionalización. La integración de la industria eléctrica nacionalizada beneficia también a la población porque, al estar nacionalizada su industria eléctrica, debe haber un solo organismo, un solo proceso de trabajo eléctrico a nivel nacional, y una sola política eléctrica independiente en el sector misma que debe ser formulada, desarrollada, concretada y evaluada por los electricistas y otros sectores de mexicanos.

Para el Estado y gobierno en turno, la integración es la mejor salida al conflicto. De hecho, en la práctica, está configurada esa situación. Desde el primer momento, posterior a la ocupación de LFC, la CFE pasó a encargarse directamente de la operación del SEN en la parte central del país.

Que la CFE se haya encargado de esas funciones corresponde a lo dispuesto por el artículo 7 de la LSPEE, pues, la CFE es organismo encargado de la prestación del servicio público de energía eléctrica, en términos de lo dispuesto por el párrafo sexto del artículo 27 constitucional. Las funciones constitucionales estratégicas las lleva a cabo la CFE, ciertamente, con la indebida intervención de contratistas en actividades secundarias, no obstante, las actividades fundamentales las realiza directamente.

Que la CFE sea el organismo responsable en la región es benéfico para los trabajadores porque, las actividades del proceso de trabajo eléctrico en esta área se siguen realizando, lo que significa que la materia de trabajo subsiste, en ningún momento se ha interrumpido y menos extinguido. De esa materia de trabajo son titulares los electricistas del SME.

La relación laboral de los electricistas no se ha disuelto, solamente hay cambio de patrón. La CFE, en términos del artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) se ha configurado en el patrón sustituto, como ha ocurrido en ocasiones pasadas.

Corresponde, entonces, a los electricistas hacer valer este derecho. Originalmente, toca al sindicato en su conjunto “negociar” lo concerniente. Esa “negociación” es un acuerdo entre las Partes, en este caso SME y gobierno, mediante una propuesta política de solución, enmarcada en la integración industrial. La propia cláusula 115 del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) vigente, pactado entre LFC y el SME, prevé el caso de la sustitución del patrón, incluyendo específicamente a la CFE.

Por lo demás, las condiciones laborales en la CFE son bastante decorosas y similares a las de LFC. Más aún, la CFE es la empresa eléctrica más importante de México y el proceso de trabajo eléctrico lo lleva a cabo a nivel nacional, se trata de condiciones muy superiores a las existentes en LFC.

Esta propuesta, sin embargo, se ha desestimado. De acuerdo a la LFT se dispone de 6 meses para ejercer el derecho. Ya pasaron 3 meses y se insiste en otros caminos que han demostrado el fracaso. Además, el plazo coincide con la vigencia del CCT entre SME y LFC. El 16 de marzo ya no habrá CCT y no podría reclamarse ninguna responsabilidad solidaria al patrón sustituido.

La lucha obrera tiene objetivos inmediatos e históricos pero ambos están relacionados. En México necesitamos de una revolución, para terminar pronto. Pero, para que sea triunfante, a esa revolución hay que organizarla y pasa por la solución a demandas inmediatas. Además, de momento, no hay condiciones para una huelga general en el muy corto plazo porque, también, hay que organizarla previamente. Al gobierno hay que tirarlo pero, de momento, no hay posibilidades. Aferrarse, entonces, solamente al enfrentamiento con el Estado podría dar como resultado perder todas las opciones y padecer un endurecimiento mayor de las fuerzas represivas, con otro saldo desfavorable no solo para los electricistas sino para la nación.

Invocar la figura de patrón sustituto, en este caso a cargo de la CFE, es una tarea obligada del SME en su conjunto, con el objetivo de regresar TODOS a sus centros y puestos de trabajo, organizados en su propio sindicato.

Lamentablemente, el sindicato vive una persistente alteración de la normalidad sindical, el SME no tiene secretario general con la personalidad jurídica acreditada, el sindicato está formalmente acéfalo. Los electricistas del SME, activos y jubilados, saben bien de esta situación pero la aceptan. Eso va en contra de sus propios intereses laborales y sindicales inmediatos.

El SME se ha venido desmoronando, su fuerza disminuyendo y sus perspectivas políticas obnubilándose. No obstante, todavía hay salida, necesariamente negociada. Si el sindicato en su conjunto hubiera escuchado a otras voces, no se hubiera liquidado nadie y la sustitución del patrón se hubiera concretado mediante un convenio. Si, en estos momentos, los electricistas deciden sacudirse el lastre y restituir la legalidad sindical interna, el procedimiento sería similar.

Pero, si persiste la necia situación interna, los trabajadores pueden ejercer sus derechos constituyéndose en Coalición temporal, precisamente, para la defensa de sus intereses comunes. Pueden existir una o varias coaliciones, con un número mínimo de dos trabajadores. Por supuesto, sería mejor que la Coalición estuviera integrada por todos o la mayoría de electricistas.

Constituidos en coalición, procede demandar la sustitución del patrón. El gobierno podría decir que no acepta esa propuesta pero esa opinión no es el único argumento ni el más consistente, existen aspectos legales reales, así como, sólidos argumentos industriales y técnicos, siempre sobre la base de una propuesta de solución política, acordada mediante una negociación digna y decorosa para ambas partes.

Habiendo regresado al trabajo, hay evidentes retos y desafíos. Pero estar dentro de la industria eléctrica nacionalizada ofrece interesantes perspectivas. En cualquier caso, debe haber transformación, especialmente, del SME.

Entre otros aspectos es pertinente abordar lo concerniente a la reorganización del trabajo, la misma CFE no debe seguir como hasta ahora. En el caso del valle de México procede redefinir la cantidad y calidad de las actividades a realizar en los distintos puestos de trabajo, con base en la reorganización del proceso de trabajo eléctrico en la región central y, en su caso, pactar las condiciones laborales apropiadas. Así se hizo en ocasiones anteriores con la propia CFE pero, nada de eso, se puede hacer estando fuera.

También es necesario reorganizar al sindicato, el viejo sindicato de empresa es obsoleto, está superado históricamente, hoy se necesita avanzar por el camino del sindicalismo industrial. De entrada, el sindicato deberá reorganizarse en la región central constituyendo secciones por centros de trabajo y/o cercanía geográfica, coordinadas en el Consejo Metropolitano del sindicato.

La reorganización del SME es necesaria desde ahora y con mayor razón en términos de la propuesta de integración industrial. En su momento, habrá que abordar la situación sobre la unificación sindical con el SUTERM. La existencia del SME no está a discusión pero su transformación sí.

El FTE hace esfuerzos hasta el límite de sus posibilidades en defensa de la industria eléctrica nacionalizada y en solidaridad con los electricistas del SME. No apoyamos a personas sino a la institución y desplegamos nuestras fuerzas a nivel nacional e internacional.

Llamamos a los (las) compañeros (as) a evitar la provocación, y tampoco auspiciarla, a ejercer los derechos con pleno respeto a las opiniones de los demás, a terminar con los falsos mitos de un sindicalismo egoísta y desclasado, y a tomar decisiones colectivas propias.

En estos momentos, es urgente decidir respecto a la situación laboral. La figura de sustitución del patrón a cargo de la CFE, en el marco de la integración de la industria nacionalizada, es la mejor opción real para todos los electricistas.

Pero la condición es corregir la situación interna, mediante la reorganización democrática de las fuerzas sindicales y la negociación política. La forma de solución es necesariamente política y se requiere unificar al frente interno. Ni “verdes” ni “naranjas” son factor de unidad y menos de liderazgo político, hay una evidente e ineludible (i)responsabilidad; ninguno es interlocutor para la negociación política e industrial.

¡Adelante electricistas! Los trabajadores y pueblo de México valorarán con entusiasmo las correctas decisiones del sindicato otrora glorioso.


2010 elektron 10 (7) 1-12, 7 ene 2010.

Integrar a la industria eléctrica nacionalizada y defender al Sistema Eléctrico
Nacional está en el interés de los trabajadores y de la nación