Organización obrera afiliada a la FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL

La integración es la solución

Integrar a la industria eléctrica nacionalizada, aún en condiciones adversas, es la propuesta electricista correcta. Solamente ubicando al actual conflicto en su perspectiva histórica y política habría condiciones favorables para los trabajadores. Pero hay que tomar acciones, la solución no es mecanicista ni automática, tiene como condición la intervención organizada de la base.

Controversia constitucional fallida

Cuando estalló el conflicto electricista, a partir de la ocupación policíaca de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y el Decreto calderoniano de extinción de la empresa, la representación de facto del SME propuso una “estrategia” basada en dos aspectos considerados centrales.

Estos consistieron, uno, en interponer una Controversia constitucional para “echar abajo el Decreto”, misma que siempre estuvo en manos de los partidos políticos, a través de los diputados y senadores, y, dos, interponer una serie de amparos, el más importante, referido a las acciones seguidas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), mismo que promovió un procedimiento especial ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) para dar por terminadas las relaciones individuales y colectivas de los electricistas.

Los legisladores tienen la facultad para utilizar el recurso de la Controversia ante hechos inconstitucionales, el cual, se interpone ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los senadores NO hicieron absolutamente NADA, ni siquiera lo intentaron; los diputados, aparentaron estudiar el caso para terminar SIN acordar NADA en virtud de no haberse reunido el número mínimo de diputados.

La negativa de los legisladores tiene consecuencias serias. Si el Decreto de Calderón se considera inconstitucional, al no objetarlo siquiera, se avaló en sus términos.

De hecho, la legislación aplicada por el gobierno para privatizar a la industria eléctrica se ha basado en las disposiciones inconstitucionales enmarcadas en las reformas regresivas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), auspiciadas por Carlos Salinas de Gortari. Estas reformas, son las mismas que están contenidas en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Norteamérica, en el punto 5 del Anexo 602.3 del mismo.

Los legisladores en turno, de todos los partidos, son coautores de la ruptura de la legalidad constitucional. En 2008, ratificaron esa ruptura al aprobar la contra-reforma energética. Ahora, volvieron a reiterar que están contra la nación.

Políticamente, la Controversia fue fallida, cayéndose uno de los pilares de la “estrategia” esparziana.

Con relación al amparo, interpuesto después que la JFCA había iniciado el procedimiento, se obtuvo una suspensión provisional para que la Junta se abstuviera de emitir laudo alguno. Eso lo acató la Junta, lo cual no significa que ese laudo se haya revertido, simplemente se está a la resolución definitiva que dictamine la juez encargada. Esta ha fijado como fecha para la audiencia constitucional este 10 de noviembre, habiéndose puesto todas las esperanzas en un amparo descontextualizado.

Hoy 9, la SCJN ratificó la negativa a la Controversia constitucional interpuesta por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ratificando un acuerdo previo.

Este segundo pilar de la “estrategia” está incierto, en un contexto desfavorable y con el “tiempo político” enrarecido y avanzado. El dictamen que emita la juez, sin embargo, no sería la conclusión del conflicto, cualquiera de las partes podría interponer un nuevo recurso.

No obstante, la resolución podría tener el inconveniente de que la Junta decidiera emitir el laudo demoledor, siempre favorable al patrón. Esto tampoco significa la ejecución del mismo pues, en cualquier caso, se interpondría otro amparo.

En cualquier escenario, la “estrategia” se está tambaleando en medio del natural desgaste, al tiempo que, se sigue omitiendo una propuesta de solución en términos de la política eléctrica.

Integración industrial

La propuesta basada en la política eléctrica está basada en el proyecto de nacionalización eléctrica. Una de las conclusiones acertadas de los electricistas del STERM fue la reorganización del proceso de trabajo eléctrico a nivel nacional, de acuerdo a lo dispuesto en las funciones constitucionales estratégicas indicadas en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional.

Lo anterior se expresa en la propuesta de integración de la industria eléctrica nacionalizada. Esta avanzó considerablemente y fue interrumpida violentamente por el Estado en 1976 con la represión político-militar a los electricistas de la Tendencia Democrática del SUTERM.

A ese momento, sin embargo, habíamos logrado la casi total interconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Hoy, la industria eléctrica de los mexicanos, representada jurídicamente por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), está sujeta a un severo proceso de privatización, consecuencia de las reformas salinistas de 1992 y del TLC de 1994.

Sin embargo, la nacionalización y la integración de la industria eléctrica, no han concluido. En 1994, el mismo Salinas engañó a los electricistas y a la nación procediendo a crear por Decreto a LFC, con base en las disposiciones inconstitucionales a la LSPEE.

El 10 de octubre de 2009, resultado del enfrentamiento con el Estado, éste ocupó las instalaciones de LFC, dejando a todos los electricistas agrupados en el SME fuera de sus centros de trabajo.

Desde el primer momento, la CFE se hizo cargo del servicio público de energía eléctrica en la región central del país. Al momento, sigue operando y, más aún, ya se entregaron en los domicilios de los usuarios los correspondientes recibos de pago.

La CFE está operando el SEN, en la parte central del país, precisamente por la existencia del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Desde el punto de vista operacional, la CFE lleva a cabo las funciones porque es la más importante empresa eléctrica pública y, constitucionalmente, es la indicada. Peor hubiera sido que entrara una transnacional, como la española Unión Fenosa.

La CFE hace tiempo que dejó de realizar algunas funciones; con la privatización furtiva ha cedido incluso parte de la generación. Pero, eso ha sido ilegalmente. De acuerdo a la Constitución política, debe realizar todas las funciones inherentes al proceso de trabajo eléctrico y, en su mayor parte, las lleva a cabo.

En tales circunstancias, desde el punto de vista industrial es conveniente para la nación que la industria eléctrica termine de integrarse. La integración industrial es uno de los caminos necesarios para revertir la privatización, no solamente de la CFE, sino de toda la industria eléctrica nacional.

El SEN interconectado, incluso en la región central, plantea entonces que esta región se constituya en la División Centro de la CFE, misma que ya existe tratándose de la interconexión de las redes eléctricas nacionales, lo que hace posible que la energía eléctrica fluya por todo el país independientemente de la ubicación de las centrales generadoras.

CFE, patrón sustituto

Que la CFE esté encargada de la operación del SEN en la parte central del país (zona de influencia de LFC), implica que está realizando la operación del sistema, lo cual se puede demostrar porque el servicio público de energía eléctrica continúa e, incluso, ya se está cobrando. Esto significa que las funciones constitucionales, expresadas en las actividades propias del proceso de trabajo eléctrico, se siguen realizando. Eso implica que la materia de trabajo subsiste, en ningún momento se ha extinguido ni se ha interrumpido.

Al subsistir la materia de trabajo, la CFE se constituye en patrón sustituto de todos los trabajadores, en los términos del artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). En consecuencia, en la División Centro de la CFE, las funciones que constituyen la materia de trabajo deben ser realizadas por los electricistas titulares de esos puestos de trabajo, independientemente si antes lo hacían contratados por LFC.

En términos prácticos, lo anterior implica que TODOS los electricistas del SME deben regresar a los centros de trabajo para continuar desempeñando las funciones que realizaban. Esto se haría de acuerdo a las condiciones establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) LFC-SME que incluye a los electricistas activos y jubilados. Además, de acuerdo a la propia LFT, los electricistas regresarían organizados en su propio sindicato, el SME:

La limitación de esta figura es que opera solamente seis meses. Dentro de ese lapso, la CFE procedería a la reorganización del trabajo y la determinación de las nuevas condiciones laborales. Esto sería lógico pero tiene la ventaja que se haría con los electricistas laborando en sus puestos de trabajo y, necesariamente, mediante la bilateralidad. Esto, de ninguna manera, puede ocurrir con los electricistas fuera del trabajo.

La unificación de las condiciones laborales a nivel nacional, incluyendo la parte central, es una de las banderas históricas de los electricistas democráticos. Dentro de la industria se tendría la posibilidad de avanzar en una situación concreta. En la industria eléctrica nacionalizada debe haber un solo contrato (unificado) que, sin embargo, no puede ser un hecho unilateral.

En el mismo lapso, se tendría que abrir una discusión colectiva seria tendiente a la unificación sindical. El proceso podría concluir en seis meses o más. Pero, de entrada, el SME estaría reconocido por la CFE y demás autoridades, en términos de lo dispuesto por la Ley. Dentro de una propia empresa puede existir un solo sindicato o más, la extinción del sindicato no está a discusión y existen experiencias previas. Lo que sí es cierto es que la misma Ley indica que habiendo dos sindicatos o más, el mayoritario sería el titular del CCT.

Desde luego, la mejor opción sería ser parte activa del proceso de unificación sindical. No sería la primera vez que esto ocurriera y deben tomarse en cuenta las experiencias previas. La diferencia es que, esta vez las condiciones para el SME no son las óptimas; cuando las tuvo, rechazó las propuestas que le hicimos. Pero, ahora se está ante una necesidad.

El golpe definitivo no es inevitable. La propuesta de extinción de LFC no obedece solamente a los manotazos de Calderón, venían de muy atrás. Los electricistas mismos lo sabían pero Esparza llevó la situación al límite, sin medir el terreno político y las consecuencias adversas para los electricistas.

El propio CCT de los electricistas del SME preveía la situación y el qué hacer ante ésta. La cláusula 115 del CCT indica que,

“Cuando por cualquier motivo, LyF, traspase, venda o enajene sus propiedades o que sea transformado en empresa publica descentralizada, o bien, que pase a formar parte de la Comisión Federal de Electricidad, o como se denominen en el futuro bajo cualquier estructura jurídica o administrativa que pudiere adoptar, se obliga a pactar con cualesquiera de ellas, en su carácter de patrón sustituto, el cumplimiento de todas las estipulaciones contenidas en este Contrato Colectivo de Trabajo y de los preceptos de las leyes que rigen las relaciones obrero-patronales entre LyF y el Sindicato, así como el reconocimiento al Sindicato Mexicano de Electricistas ....”.

Esto lo saben los electricistas del SME y, se supone, que también Esparza. Sin embargo, la alternativa se ha desdeñado hasta el día de hoy. En las últimas horas se ha balbuceado la figura pero no se ha propuesto formalmente. ¿Por qué? Desde nuestro punto de vista por inconsistencia política al seguir una “estrategia” contraria. En este camino se ha omitido toda referencia a la política eléctrica nacionalizada y, lo peor, se ha dejado pasar el tiempo (físico) a sabiendas que el tiempo (político) tiene otra connotación y duración.

Las condiciones son muy adversas pero aun es posible preservar los derechos laborales y sindicales de todos los electricistas. Para ello, no se necesitan amparos ni controversias, sino una propuesta política enmarcada en la integración eléctrica, expresada en un convenio entre las partes: gobierno y sindicato. Si no lo hace el sindicato, la concreción se puede hacer por una Coalición temporal, en términos de la Ley, constituida con ese solo objetivo: defender sus intereses comunes, en este caso, el trabajo y su organización sindical.

Acción organizada de la base ¡YA!

Para concretar lo anterior, cuestión que debe hacerse de inmediato, hay una condición: se necesita la indispensable intervención de la base electricista. Esto es así porque el sindicato está acéfalo, el secretario general no tiene reconocida la personalidad jurídica. No obstante que la Junta declaró la nulidad del anterior proceso electoral, ha habido un empecinamiento patológico que complica más la situación.

Reponer el proceso electoral, desde la base, es una necesidad porque están en riesgo los intereses laborales y sindicales de los electricistas. El tiempo (de la base) esta avanzando sin hacer lo procedente. Hay que tomar decisiones. Este no es un llamado a la historia sino, simplemente, a la defensa de los genuinos intereses obreros.


2009 elektron 9 (330) 1-4, 9 dic 2009.

Smeítas: la decisión es hoy, mañana podría ser tarde