Los archivos de Luz y Fuerza del Centro
Artículo de Nydia Egremy publicado en la
Revista Contralínea No. 155, 1º de noviembre de
2009.
Gobierno esfuma archivos de Luz y Fuerza del Centro
Nydia Egremy/Contralínea
Miles de expedientes reservados resguardan
testimonios, cifras y prácticas que documentan la forma como se
administró esa empresa estratégica y que se perderán en
cuanto se consuma el proceso de liquidación de la misma. En cada
edificio, oficina, sucursal o subestación, permanecen velados al
conocimiento público centenas de registros que describen cómo y
quién ejecuta el robo de fluido eléctrico en perjuicio de esa
empresa; el resultado de arqueos a pagadores de subestaciones eléctricas;
qué firmas se beneficiaron de las autorizaciones para eliminar sustancias
peligrosas, y quiénes entablaron los numerosos juicios laborales y por
qué contra LFC. Esa información, alejada de los ciudadanos desde
2003, quedará oculta para siempre
El registro de expedientes
reservados por el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro (en proceso
de extinción tras el decreto presidencial del 11 de octubre pasado)
muestra un amplio universo integrado por miles de archivos y documentos que
revelan las funciones, actividades, resoluciones y medidas administrativas que
emprendió esa empresa, cuyas autoridades consideraron que debían
ocultarse al conocimiento público luego de que entró en vigor la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental (LFTAIPG).
La Dirección de Asuntos
Jurídicos de ese organismo clasificó 6 mil 597 asuntos; le sigue
la Dirección de Recursos Humanos en el rubro de “Relaciones
laborales”, con 5 mil 635 archivos, a los que se suman 146 expedientes de
la Coordinación de Proyectos Institucionales que comprenden juicios
laborales. Otros 100 expedientes reservados pertenecen a la Subdirección
de Abastecimiento, rubro “Dispositivos de inteligencia y seguridad”;
22 más de esa subdirección corresponden al área
“Recursos materiales y obra pública”, y 85, al aseguramiento
de bienes e intereses asegurables de la empresa. No son todos los archivos
reservados de Luz y Fuerza del Centro (LFC), aunque algunos de los que
aquí se describen ilustran la condición de secretismo en que
operaron desde hace años rubros estratégicos de ese
organismo.
En el caso de asuntos jurídicos, Luz y Fuerza del
Centro (LFC) reservó, por cinco años, como clasificados los
expedientes correspondientes a “Averiguaciones previas”. Asuntos
relativos a “Juicios especiales hipotecarios”,
“Tercerías excluyentes de dominio”, “Juicios de
amparo”, “Juicios ejecutivos mercantiles”,
“Reclamaciones de fianzas”, “Juicios agrarios”,
“Concursos mercantiles”, “Juicios ordinarios
mercantiles”, así como “Asuntos fiscales y
administrativos”, todos se clasificaron por 10 años, hasta enero de
2014.
Es notable que desde el 30 de enero de 2004, LFC clasificó
más de 100 expedientes relativos a averiguaciones previas por “robo
de fluido eléctrico”, así se observa en el expediente
AP/RFE1, cuya información sería accesible hasta 10 años
después. En el decreto que extingue a ese organismo se señala que
“el porcentaje de pérdidas totales de energía de Luz y
Fuerza del Centro es excesivo y superior en casi tres veces al que presenta la
Comisión Federal de Electricidad”. Agrega el decreto que a junio de
2009 Luz y Fuerza del Centro perdió el 30.6 por ciento de energía;
los documentos que informan las razones y a los responsables de esa
pérdida se mantuvieron en secreto por años.
De la
política de reserva que mantuvo Luz y Fuerza del Centro con respecto del
robo de fluido eléctrico, María Xelhuantzi López, doctora
en ciencia política y analista en organizaciones laborales de la
Universidad Nacional Autónoma de México, considera que una
investigación de esos expedientes arrojaría luz respecto “de
quién robaba y cómo se clasificaba” esa información
por parte de la empresa.
“Desde luego, el robo en pequeña
escala, de los ambulantes o de la vía pública se resolvía
con una mordida; en cambio, el robo de mayor proporción, que
indudablemente implica a grandes consumidores, grandes empresas y grandes
intereses, a riesgo de equivocarse, se concluiría que mientras más
grande e importante fuera la empresa que robaba el fluido, más secreto es
el expediente”, estima la entrevistada.
En “Asuntos
penales”, que involucran a LFC según los archivos que
reservó, es notorio que a partir de enero de 2006 esa empresa optó
por el máximo periodo que autoriza la ley para clasificar su
información (12 años). Así se evidencia en el expediente
PGR/CHAL/106/II/03 que fue clasificado el 13 de julio de 2009 y que sería
visible hasta 2021, aunque ahora, en el actual proceso de extinción del
organismo, podría quedar olvidado.
Otro aspecto que
permanecerá oculto al interés público es el relativo a los
“Dispositivos de inteligencia y seguridad de LFC”. La
Subdirección de Abastecimiento y Transportes en el rubro clasificó
100 expedientes, todos por 12 años. “Corporaciones policiales para
vigilancia y seguridad en el Distrito Federal y en los estados de México,
Hidalgo, Puebla y Morelos” se remonta al 1 de septiembre de 2003 y
sería accesible hasta 2015.
De igual manera, las autoridades del
organismo descentralizado alejaron del conocimiento público por 12
años el archivo relativo a “Dispositivos de seguridad en
instalaciones (directorio de instalaciones, planes de seguridad física,
programas de supervisión, ficha técnica, diagnóstico de
riesgos)”. Hicieron lo mismo con la información relativa a las
“reuniones ordinarias y extraordinarias del grupo de coordinación
para la atención de instalaciones estratégicas”, que se
clasificó por 12 años, desde 2003.
Igual ocurrió el
11 de enero de 2006 cuando los funcionarios de LFC decidieron clasificar por 12
años la información del expediente “Presupuesto asignado
para los servicios de vigilancia policial 2006 (presupuesto de
explotación)”.
Finanzas oscuras
Por su parte, la Subdirección de Finanzas
reservó, desde 2004, por 12 años, la información que
contiene 1 mil 271 expedientes sobre el rubro “Recursos
financieros”. Se trata de los estados de cuenta, relaciones de
nómina, control y registro de pólizas de ingresos, conciliaciones,
egresos por partida presupuestal, registro contable, valores
financieros.
Como ejemplo, están los expedientes
“Programas y recorridos de pago de nómina 2”, “Ingresos
enlace bancos 30”, “Pólizas tipo 18”,
“Liquidaciones semanales subt”. “Belem de las Flores 4”.
Otros, como “Resguardos de los fondos fijos subt. Iztap”,
estarían disponibles hasta 2011.
Entretanto, datos sobre
nóminas, arqueos (comprobación de efectivo), pagos temporales se
resguardaron desde 2006 hasta enero de 2018; así se observa en los
expedientes “Requerimientos de nóminas subt.
Cuautitlán”, “Arqueos subt. Cuautitlán”,
“SC04C-SE05-Arqueos a pagadores-subtesorería
Ecatepec-LFTAIPG-13-1v-1-5 años”, “Guías de
autoevaluación subt. Cuautitlán”, “Penalización
Tameme subt. Cuautitlán”, “Liquidaciones semanales subt.
Cuautitlán” y el expediente “Egresos (programa pagos subg.
plan y cont. F.) Febrero 06 S.T.-1 carpeta”.
Asimismo, la
“Liquidación de pagadores subt. centro 10” se
clasificó desde 2006 hasta enero de 2011. Los expedientes titulados
“Subgerencia de Planeación y Control Financiero./S.T.Z.C.-1
carpeta” y “Remesas especiales extraordinarias g.finanzas-1
expediente” se reservaron el 13 de julio de 2006 para permanecer
clasificados por 12 años.
Por otra parte, Luz y Fuerza del
Centro decidió no informar qué sucede con respecto del rubro
“Tecnologías y servicios de la información”, pues
clasificó 108 expedientes desde 2004; todos por el máximo de
tiempo que permite la ley. Se trata de archivos que contienen información
sobre el software para cada equipo que opera en esa subdirección, sobre
el código fuente, de documentación técnica y temas
relacionados, de plataforma distribuida, así como de esquemas de
seguridad.
También clasificó 104 archivos relacionados
con el rubro “Programación, organización y
presupuestación”, que contienen datos sobre compromisos para
años subsecuentes e inversiones del organismo descentralizado, como el
archivo denominado “Compromisos solicitados 1”, clasificado el 29 de
enero de 2004, disponible hasta 2016.
Askareles en secreto
El jueves 11 de octubre de 2007 la Comisión de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca del Senado de la República
aprobó en votación económica un punto de acuerdo, que
también aprobaron los congresos de Querétaro y San Luis
Potosí, para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) informara sobre el manejo de askareles en el
país.
En el dictamen correspondiente de esa comisión se
señaló que “los askareles o bifenilos policlorados (BPCs)
son una mezcla de hasta 209 compuestos clorados individuales”, que son
líquidos aceitosos o sólidos, incoloros a amarillo claro capaces
de existir como vapor, inoloros e insípidos, que se usaban ampliamente
como refrigerantes y lubricantes en transformadores, condensadores y otros
equipos eléctricos.
El Senado agregaba que “los
askareles se constituyen como residuos peligrosos ya que poseen alguna de las
siguientes características: corrosividad, reactividad, explosividad,
toxicidad, inflamabilidad, y ponen sustancial o potencialmente en peligro la
salud humana o el ambiente”, pues los resultados del contacto de BPCs en
seres humanos han sido: “abortos, defectos en los recién nacidos,
desórdenes funcionales en el sistema nervioso, causando vértigo,
depresión, fatiga y nerviosismo” y, en el peor de los casos,
cáncer.
Además, ese documento apuntaba que los BPCs
están prohibidos en la mayoría de los países “y en el
nuestro no es excepción”, ya que es uno de los tres principales
objetivos del Plan de Acción Regional de América del Norte que se
lleva dentro del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del
Norte, “del cual, México es parte”, y donde se
comprometía a la eliminación, manejo ambientalmente adecuado de
los inventarios en todo su ciclo de vida y retiro gradual y destrucción
de los BPCs.
Por esas consideraciones, la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales pedía a la Semarnat información
sobre la localización y volumen de bifenilos policlorados almacenados,
abandonados o en uso, así como un listado de generadores; fechas y
métodos de eliminación de los bifenilos policlorados existentes,
así como los responsables de ese proceso.
También, le
requería copia del programa de eliminación de bifenilos
policlorados para 2008, como lo indica la “Tabla I” de la Norma
Oficial Mexicana: NOM-133-SEMARNAT-2000, incluyendo método, cantidades y
responsables de tal eliminación y métodos y cantidad de BPCs,
eliminados desde la entrada en vigor de la NOM mencionada hasta esa fecha (11 de
octubre de 2007).
Esa preocupación del Senado sobre el manejo
y desecho de esos residuos peligrosos no impidió, sin embargo, que desde
2004 la Subdirección de Planeación Estratégica de Luz y
Fuerza clasificara 118 expedientes relacionados con el rubro temático:
“Protección ambiental, manejo de residuos peligrosos”,
particularmente la información relativa a los programas de
eliminación.
Otros se clasificaron por seis años en
cuanto comenzó la actual administración federal: “Askarel
licitación pública internacional LPI/SS-153/94”, que
permanecería clasificado hasta el 12 de enero de 2011. En igual
circunstancia están los archivos “Bifenilos policlorados (BPC-S)
1994”, “Publicaciones diversas askarel 1994”, “BPCs
bitácora de obra 1996”, “Certificado de incineración
BPC-S (manifiesto de entrega y transporte) 1996”, “PBCs contrato No.
SS-111/96 (RIMSA) (manifiesto de entrega y transporte)”. “Estado de
cuenta del contrato de servicios (RIMSA No. SS-111-96) (ECOLAB No.
SS-139/97)”, así como el denominado “Bifenilos policlorados
(BPCs) (manifiestos) 1997”, y otras decenas de documentos
más.
Además de los certificados para la
incineración de BPCs y estados de cuenta de contratos de servicios o
bitácoras de obra, la Subdirección de Planeación
Estratégica de LFC clasificó otras actividades relacionadas con el
manejo o destrucción de estos residuos peligrosos. Dos de ellos se
vinculan con el Almacén Victoria del organismo. El primero, relativo a
“Compras” y el segundo, a “Bajas de almacén”, que
fueron blindados por cinco años a partir del 12 de enero de
2006.
Igualmente ocurrió con los archivos denominados
“Bajas de almacén 1999”, “Programa de
sustitución de equipos en operación con BPCs”,
“Empresas autorizadas en el tratamiento con BPCs”,
“Profepa-Almacén Victoria BPCs”, “Reporte de
análisis de laboratorio 2003-2005” y “Avances de indicadores
BPCs 2003-2004”.
Respecto de la falta de transparencia en
proceso de eliminación de askareles que se tradujo en la
clasificación de los expedientes que contienen la información
respectiva, la estudiosa en relaciones laborales María Xelhuantzi
López apunta que es delicado que no se hiciera pública en su
oportunidad, pues conlleva riesgos a la salud de los propios trabajadores de
LFC: “Es un asunto de salud y de vida para los trabajadores; hasta donde
sabemos, el sindicato no tomó medidas
oportunas”.
Oscuras relaciones laborales
La relación entre LFC y sus trabajadores no es
transparente, como lo demuestra la clasificación de 5 mil 635 expedientes
relacionados con juicios laborales que hizo la Dirección de Recursos
Humanos. El título de los expedientes no logra ilustrar el contenido de
esos archivos blindados, como se observa en el expediente 005A30385/2006, cuyo
contenido se reservó hasta el 11 de enero de 2019.
Entre el
amplio universo de información oculta en torno a las demandas que
empleados de LFC emprendieron contra el organismo descentralizado,
también figuran los archivos GRL-AI-G-026-054197, por procedimientos
administrativos laborales en 2007, y el 005 A/0666/2007, que apenas se
clasificó el 14 de enero de 2009 y que se abriría hasta
2021.
Más de 5 mil expedientes que documentan causas y
procedimientos de otros tantos juicios laborales entre una empresa
pública y sus trabajadores corren el riesgo de perderse con su valioso
contenido informativo para la sociedad frente al proceso de extinción del
organismo.
Complicidad y corrupción
La práctica de clasificar miles de
expedientes de la empresa Luz y Fuerza “refleja un altísimo grado
de corrupción y complicidad del propio gobierno, pues se trata de un
organismo público descentralizado de donde el gobierno no sólo era
el administrador sino el propietario”, aprecia María Xelhuantzi, de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
En su
opinión, esto denota que el gobierno “es parte medular de la
corrupción que había ahí” y no descarta que la
Secretaría de Energía, que es la cabeza del sector, conociera esa
información. Explica la especialista en organizaciones sindicales que
“esto revela la responsabilidad tan grande que tiene el gobierno en la
situación de inviabilidad y de crisis que, al final de cuentas, lo
llevaron a tomar la decisión de liquidar la empresa”.
Al
mismo tiempo, reitera, “también refleja que había toda una
intención desde tiempo atrás de tomar la medida de extinguir a la
empresa; refleja que el gobierno no tenía ni voluntad ni
vocación” de que LFC operara de manera eficiente, de
reestructurarla, pues si esto hubiera sido, habría tomado medidas
oportunamente.
A su vez, la especialista sostiene que también
hay gran corresponsabilidad del sindicato en la situación interna de la
empresa, porque “indudablemente sabía, quizás no de todo y a
fondo, pero sí de los malos manejos de la empresa”. Xelhuantzi
López considera que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)
“no sólo no tomó la iniciativa para que esto cambiara, sino
que se volvió también parte de ese statu quo”, y que la
responsabilidad de la organización gremial radicaría en
“haber omitido, tolerado y solapado” tal
situación.
“El sindicato no actuó oportunamente
ni con fuerza, la misma que mostró en las calles durante su marcha del
jueves 15 de octubre, y que debió invertir para presionar suficientemente
a la empresa con objeto de lograr que las cosas cambiaran, pero no lo hizo. En
todo caso, la mayor responsabilidad de la crisis interna de Luz y Fuerza del
Centro recae en el gobierno”, expresa la autora de las investigaciones: El
sindicalismo mexicano: entre la coyuntura y la historia (UAM, 2004) y El
sindicalismo en la reforma del Estado.
Más allá de la
parte de responsabilidad que corresponda al SME respecto de la situación
de Luz y Fuerza del Centro, la investigadora concluye que,
“desafortunadamente”, con la liquidación del organismo todos
los expedientes reservados y su valiosa información se perderán.
Ese hecho y lo que actualmente pasa reflejan “la falta de transparencia
brutal” que existe en este país sobre cosas
fundamentales.
Si le buscamos a Petróleos Mexicanos o a la
Comisión Federal de Electricidad, advierte, “encontraríamos
irregularidades de igual o mayor proporción, lo que muestra que a pesar
de la alternancia política en el país existen las mismas
complicidades que nos llevan a tener un país sistemáticamente
corrupto y donde los ciudadanos estamos indefensos y obligados a creer la
información oficial, manipulada a través de los grandes monopolios
de la información”.
La medida de extinción contra
Luz y Fuerza del Centro “refleja que el presidencialismo autoritario en
este país sigue intacto, lo que es muy grave”, declara María
Xelhuantzi. Agrega que si para el gobierno federal el problema de fondo era la
viabilidad de la empresa, esto se hubiera discutido en otro nivel y en otra
forma, no recurriendo a un “acto de brutalidad autoritaria” como el
que se dio el 11 de octubre.
2009 elektron 9 (282) 1-8, 1 nov
2010.
La industria eléctrica es de la nación y todos debemos defenderla
Electricistas del FTE en lucha combativa y solidaria
Comisión de Energia
