Privatización eléctrica de facto
Ana Lilia Pérez, de
la revista Contralínea, describe el
proceso de privatización eléctrica furtiva en México y sus
consecuencias adversas a la nación. El FTE publica este artículo
para el conocimiento de los trabajadores y pueblo
mexicanos.
Privatización de facto del sector eléctrico
18 octubre 2509
Ana Lilia Pérez
Al cobijo del gobierno de Felipe Calderón, mediante 772
“permisos especiales”, corporativos extranjeros y nacionales operan
una red paralela que produce y vende el 49.4 por ciento de la energía
eléctrica que consume el país.
Después del decreto presidencial que desaparece Luz y Fuerza del
Centro (LFC), los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont;
de Energía Georgina Kessel, y de Hacienda, Agustín Carstens,
insistieron en que no se privatizaría el sector eléctrico. La
Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encargaría de
suministrar la energía eléctrica a los 6 millones de clientes que
atendía LFC. En realidad, actualmente casi el 50 por ciento de la
electricidad que se consume en México es privada, generada por consorcios
extranjeros y nacionales, bajo la figura de productor independiente,
autoabastecimiento y cogeneración.
En detrimento a la Constitución, al amparo de los gobiernos de
Vicente Fox y Felipe Calderón, un reducido grupo de corporativos
creó una industria eléctrica paralela a la del Estado, que muy
pronto se convirtió en negocio redondo: utilizando parte de la
infraestructura de LFC y la CFE, comenzaron a producir mucha más
electricidad de la que supuestamente consumirían, para vendérsela
a empresas privadas y a las dos paraestatales, pues la directriz del gobierno
federal obligó a LFC y la CFE a comprarles todos sus excedentes y,
encima, a precios mucho más caros del costo de la generación
directa, lo que generó la subutilización de las dos
compañías eléctricas estatales y el indiscriminado
incremento de tarifas, según detectó en diversas auditorías
la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Manuel Bartlett Díaz, exsecretario de Gobernación, explica
que la privatización del sector eléctrico fue delineada en el
Tratado del Libre Comercio, acorde con los lineamientos del Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, durante los gobiernos de Carlos
Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo se otorgaron 99 permisos para el
autoabastecimiento y la producción independiente a ingenios azucareros,
fábricas de papel y a las subsidiarias de Petróleos
Mexicanos.
Durante su gobierno, Vicente Fox vio en el sector eléctrico una veta
de oportunidad para favorecer a los industriales e incluso se confrontó
con la ASF para que no auditara los permisos que indiscriminadamente otorgaba la
Comisión Reguladora de Energía (CRE). Con Dionisio
Pérez-Jácome Friscione –actual subsecretario de Egresos de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)–
como comisionado regulador, el gobierno de Vicente Fox ideó que los
permisos de supuesto autoabastecimiento incluyeran la figura de “asociados
beneficiados”, para que un solo permiso le diera al productor privado la
posibilidad de generar energía eléctrica para venderla a terceros
simulando sociedades.
La subrepticia entrega de esos permisos fue denunciada por trabajadores del
sector eléctrico y llevada a la tribuna legislativa por Manuel Barttlet,
entonces presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado
de la República, quien documentó la anticonstitucional
operación en la CRE. Según las declaraciones de Bartlett, en el
Legislativo las trasnacionales del sector cabildeaban directamente “la
privatización del sector eléctrico, que el Partido Acción
Nacional disfrazó como reforma estructural”.
A su paso por la Secretaría de Energía, Felipe
Calderón, junto con su asesor principal, Juan Camilo Mouriño
Terrazo, y su asesor jurídico, José César Nava
Vázquez, afianzaron la participación del capital privado en el
sector eléctrico mediante el Programa de Obras e Inversiones del Sector
Eléctrico (POISE) 2003-2011. Para cuajar el proyecto, en 2004, Vicente
Fox ascendió a Mouriño a subsecretario de Electricidad, cargo que
dejó para incorporarse como coordinador de campaña de Felipe
Calderón. Entonces Mouriño Terrazo y Pérez-Jácome
“eliminaban” las restricciones legales en la regulación que
no permitían “aprovechar al máximo las figuras de
autoabastecimiento y cogeneración”, según declaró
Mouriño Terrazo en una entrevista con el periódico El
Universal en septiembre de 2004.
Luego, mediante su compañía Gándara-Censa, la familia
Mouriño incursionaría en el sector eléctrico, al
convertirse en proveedores de la construcción del parque eólico La
Venta II, en Oaxaca, uno de los proyectos medulares del POISE.
Los permisos especiales que Calderón dio a los consorcios
españoles (Unión Fenosa e Iberdrola, principales proveedores de
energía de la CFE) cuando era secretario de Energía fueron
calificados como ilegales por la ASF y el Legislativo. Sin embargo, tal
acción ganó la simpatía y agradecimiento público del
presidente de España, José María Aznar, y posteriormente,
durante su campaña presidencial, el proselitismo en México y
Europa del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Con esos antecedentes, “no hay duda de que la extinción de Luz
y Fuerza responde a la intensión de privatizar el sector
eléctrico”, coinciden los integrantes del Frente de Trabajadores de
la Energía (FTE), organización integrada por ingenieros, analistas
y expertos en materia energética.
Como en el porfiriato
La industria eléctrica, que inició en el gobierno de Porfirio
Díaz con capital extranjero, fue nacionalizada en 1960 por Adolfo
López Mateos. Hasta entonces, el 70 por ciento de la producción
eléctrica era generada por los consorcios American and Foreign Power
Company y The Mexican Light and Power Company, a las cuales el gobierno
compró sus acciones para luego decretar la exclusividad de la
nación “para generación, conducción,
transformación, distribución y abastecimiento de energía
eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio
público”, mediante la adición de un párrafo sexto al
artículo 27 constitucional, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 29 de diciembre de 1960, estipulando que en materia
eléctrica “no se otorgarán concesiones a los particulares y
la Nación aprovechará los bienes naturales que se requieran para
dichos fines”.
Actualmente, mediante 24 permisos como grandes productores independientes
de energía, que según cifras oficiales, a julio de 2009, ha
otorgado la CRE a consorcios españoles, estadunidenses, canadienses,
japoneses, alemanes, franceses y belgas: Iberdrola, Unión Fenosa,
Tractebel, Abengoa, Mitsubishi, Alstom, Electricitè de France, Bechtel,
Intergen, que producen y venden casi la mitad de la energía
eléctrica que se consume en México.
Sumado a 595 permisos de “autoabastecimiento”, 58 para
cogeneración, 37 para importación, siete para exportación,
tres para pequeña producción y 48 para usos continuos. La
capacidad total de generación autorizada por la CRE a los privados
mediante los 772 permisos especiales asciende a 166 mil 682 giga-watts-hora, que
representa el 49.4 por ciento del consumo nacional. El gobierno que hoy
desaparece LFC fomentó una industria eléctrica paralela privada,
restándole considerables ingresos a las paraestatales LFC y CFE.
Lo anterior, explica David Bahena, especialista en temas energéticos
y doctor en física por la Universidad de Praga, “implica la
desnacionalización acelerada bajo figuras inventadas”.
El contrato –E/205/AUT/2002– que Pérez-Jácome
Friscione entregó a Iberdrola es ilustrativo de cómo ha operado la
industria eléctrica. El permiso se otorgó a la firma
española bajo la figura de “autoabastecimiento”, aunque su
giro es la venta de energía eléctrica. El documento esboza que
serán los “socios” de la compañía los que se
beneficiarán con la energía eléctrica que éste
genere.
Mediante este permiso, Iberdrola vendería la energía
eléctrica que produjera en la ciudad de Monterrey a las
compañías Agua Industrial de Monterrey; Acerex, SA de CV; Cables
Axa Yazaki, SA de CV; Cementos Apasco, SA de CV, en sus planta de Apazco,
Orizaba, Ramos Arizpe y Tecomán; Cementos Mexicanos; Cervecería
Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV; Fábrica de Hielo Apodaca;
Cigarrera la Moderna, SA de CV; Conductores CM, SA de CV; Conductores del Norte,
SA de CV; Conductores Monterrey, SA; Dolorey, SA de CV; Empaques de
Cartón Titán, División Fabrica de Cajas, División
Papel, División Moldeado, Fabricas Monterrey, SA de CV; Fabricas
Orión, SA de CV; Fibras Químicas, SA; Galvak, SA de CV; Grafo
Regia, SA de CV; Manufacturas Cifunsa, SA de CV; Manufacturas Vitromex, SA de
CV; Cerámica Santa Anita, SA de CV; CINSA, SA de CV; Castech, SA de CV;
Dupek, SA de CV; Filamentos Elastoméricos de México, SA de CV;
Hylsa, SA de CV; Industria Química del ISTMO, SA de CV; Instrumentos Axa
Yazaki, SA de CV.
Además del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey Campus Monterrey; Kir Alimentos; Lumisistemas GE, S de RL de CV;
Magnekon, SA de CV; Nemak, SA; Nylon de México, SA; Axa Yazaki
México, SA de CV; Polykron, SA de CV; Prolec-Ge, S de RL, de CV; Rot
Química SA de CV; Sigma Alimentos Noreste, SA de CV; Sistema Ambiental
Industrial, SA de CV; Talleres Industriales, SA de CV; Terza, SA de CV;
Tisamatic Internacional, S de RL de CV; y Ucar Carbon Mexicana, SA de CV.
Bahena explica que la simulación de dichos permisos radica en que
las trasnacionales y sus filiales son autorizadas a generar la energía
eléctrica que no consumen, sino que venden a los socios que registran
ante la CRE, cuya cartera van ampliando paulatinamente. Cita el caso de los
permisos para el llamado “autoabastecimiento remoto”, a
través de una figura legalmente inexistente: “Por ejemplo, en la
zona central existe el gran problema de que las redes de distribución
están al servicio de los privados, tengan o no tengan instalaciones en la
región, a través de una figura jurídicamente inexistente
que se lama autoabastecimiento remoto. Bajo esta figura, una trasnacional tiene
su central generador en cualquier parte del país, allá produce la
energía, la transmiten por las redes de la CFE y la distribuyen en el
país por las redes de CFE y en la zona central por Luz y
Fuerza”.
Por si fuera poco, los permisos de “autoabastecimiento” dan a
las permisionarias la venia de incluir, dentro de sus planes de
expansión, a cuantas empresas quieran, para el “aprovechamiento de
la energía eléctrica que se genere”.
En su primer permiso como autogeneradora independiente, Iberdrola
registró a 109 compañías, las cuales suministraría
energía eléctrica dentro de sus “planes de
expansión”. Destacan entre estos corporativos: Coca-Cola;
Colgate-Palmolive; Altos Hornos de México; Kimberly Clark; Cadena
Comercial Oxxo; DuPont; Femsa; Gas Natural México; Grupo Maseca; Ideal
Standard; Petrocel; Polycyd; Protexa; Tubacero, los cuales dejaron de comprarle
la energía eléctrica al Estado para comprársela a la
compañía española.
595 autoabastecedores
Algunas de las empresas eléctricas que producen y venden
energía eléctrica a la CFE y la hoy extinta LFC bajo la figura de
“autoabastecedores” son: Iberdrola; Unión FENOSA; Endesa;
Enertek; Transalta; Tractebel; AES Mérida III; Mexicana de
Hidroelectricidad Mexhidro; Mecox Resources; Central Saltillo, SA de CV;
Energía Azteca VIII; Electricidad Águila de Tuxpan; Electricidad
del Itsmo; Hidoreléctrica del Pacífico; Termoeléctrica
Peñoles; Fuerza y Energía de Naco-Nogales; Proveedora de
Electricidad de Occidente; Impulsora Mexicana de Energía; Bticino de
México; Energía Nacional.
Consorcios de telefonía, cerveceras, supermercados, tiendas
departamentales, cadenas de cines, ensambladoras, entre otras, concentran el
resto de los permisos para producir su propia energía eléctrica y
venderle la que les sobre al Estado. Con 102 permisos, Teléfonos de
México concentra el 15 por ciento de estas concesiones, seguido de Wal
Mart, con 100 permisos; Bimbo, con 25 permisos; Cinemex, con 19; Liverpool, con
15; Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, con cinco permisos.
El resto lo tienen Cargill de México; Ford Motor Company; Cadbury
Admas México; Nestlé; Productos Marinela; Barcel; Tía Rosa;
Grupo Gamesa; Sigma Alimentos; Cervecería del Pacífico;
Júmex,
El Palacio de Hierro; los Supermercados Internacionales Heb; Costco; las
tiendas Soriana y Unilever; Bayer de México; Procter&Gamble
Manufacturas; Becton Dickinson de México; Sony; Panasonic de
México; Samsung; Mabe; Sanyo; Kenworth; Kodak; el corporativo Alfa;
Bridgestone/Firestone de México; Médica Sur; en el ramo hotelero,
el Grupo Posadas (de los hoteles Fiesta Americana), entre otros.
A medida que se incrementaron los permisos para la producción
privada, las paraestatales dejaron de percibir considerables ingresos por esos
clientes que producen su propia energía o la compran a los privados. La
afectación más cuantiosa fue para LFC, pues de los 772 permisos,
141 de autoabastecimiento y cogeneración se entregaron en sus
áreas de influencia (Distrito Federal, el Estado de México,
Hidalgo y Morelos) a corporativos que tienen un alto consumo de electricidad:
Telmex, Wal Mart, Cinemex, Liverpool y Barcel, principalmente. En consecuencia,
LFC dejó de percibir sus ingresos como proveedor de energía de
esos consorcios. Aunado a que, según denunció el dirigente del
SME, Martín Esparza, dependencias del gobierno federales, hoteles y
diversas empresas instaladas en el Distrito Federal no pagan el suministro de
electricidad.
En este sentido, Javier Sainz, del FTE, considera que el principal motivo
de desarticular al SME vía la desaparición de LFC “es
terminar con la resistencia a una segunda privatización del sector
eléctrico desde la generación hasta la
distribución”.
La octava cláusula de los permisos de
“autoabastecimiento” obliga a la CFE y LFC a comprar a la empresa
los excedentes de producción. Mientras que la cláusula nueve da a
las permisionarias la “obligatoriedad” de venderle a la CFE la
energía eléctrica requerida para el servicio público
“cuando por caso fortuito o fuerza mayor dicho servicio se vea
interrumpido o restringido”, como ocurre hoy día con la LFC. Lo que
supondría que la energía que suministrará la CFE a los 6
millones de clientes que tenía la paraestatal será mercado ahora
de las privadas, con la CFE como intermediaria.
CFE, negocio privado
Durante el sexenio de Vicente Fox, trabajadores de la CFE denunciaron ante
el Legislativo que Elías Ayub subutilizada la infraestructura de la
paraestatal para comprar toda la producción a las empresas privadas.
Cuando auditó a la compañía, la ASF comprobó la
subutilización en beneficio de las privadas y a costa no sólo de
la paraestatal, sino directamente de los consumidores. El organismo
cuantificó en el sexenio de Vicente Fox un crecimiento del 143.9 por
ciento de energía comprada a particulares y una disminución media
anual del 4.3 por ciento en la que genera la CFE.
En sus revisiones al POISE, al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006,
al Programa Sectorial de Energía (Prosener) 2004-2013 y al Programa de
Egresos de la Federación en materia de generación de
energía, la ASF encontró que entre 2002 y 2004, Elías Ayub
había cedido el 22.3 por ciento de la generación de energía
eléctrica a los privados, de acuerdo con los reportes de
Generación, Compra e Importación de Energía
Eléctrica.
Más aún, la ASF descubrió que la CFE sobreestimaba la
demanda nacional de energía eléctrica y compraba más
electricidad, impactando los costos promedio de generación y encareciendo
la energía eléctrica para los consumidores. La tendencia en los
años subsecuentes ha sido la misma. La CFE estimó que para el
periodo 2005-2013 la demanda de energía eléctrica crecería
en promedio anual de 5.6 por ciento, al pasar de 171 mil 509 gigawats a 265 mil
40 gigawats en 2013. Sin embargo, sobre la base de las estimaciones de la ASF,
el incremento en la demanda es sólo de 2.5 por ciento.
De su revisión al POISE, la ASF estimaba que para finales del actual
sexenio (en 2012), la CFE habría perdido por lo menos el 34 por ciento de
la producción de energía y sus respectivos ingresos, en beneficio
de corporativos como las españolas Unión Fenosa e Iberdrola, la
japonesa Mitsubishi, la canadiense Transalta, el grupo francés EDF. Ello,
advertía la ASF, daría incertidumbre a las tarifas sobre todo de
los pequeños consumidores.
La ASF auditó los permisos especiales que ya entonces la CRE
entregaba indiscriminadamente. Identificó diversas irregularidades en las
que incurrían los productores privados. En respuesta, Vicente Fox
presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) contra la ASF. Sin entrar al fondo del asunto, la SCJN dictaminó
que la ASF se había “excedido en sus facultades” al revisar
dichos permisos.
Tarifas artificiales
Como parte de las justificaciones para extinguir LFC, el secretario
Agustín Carstens argumentó que de no hacerlo se habrían
incrementado las tarifas eléctricas, con lo que en un momento de
álgida crisis se pretendió que los consumidores aceptaran la
medida.
Durante su desempeño como senador en la LIX Legislatura, como parte
del análisis que hizo al proyecto de privatización del sector
eléctrico propuesto por Vicente Fox, Manuel Barttlet viajó a los
países de América Latina en donde se privatizó la industria
eléctrica. Lejos de haber sido la solución a la oferta de
energía, dice, “se convirtió en un severo problema. Del
servicio público se pasó a la conformación de monopolios
privados: el libre mercado no existe, no hay competencia, se encamina a la
concentración o al menos al acuerdo; las tarifas no bajan: las empresas
privadas buscan maximizar ganancias”.
En México no ha sido diferente. En los últimos siete
años, los productores privados han impuesto a la CFE tarifas mucho
más altas al costo que tendría la generación directa; en
consecuencia, a partir de 2006, los consumidores debieron pagarle a la CFE las
tarifas más caras del mundo: 0.8 centavos de dólar por
kilowat/hora más que en Estados Unidos.
Sergio González Broca, especialista en tarifas eléctricas y
extrabajador de las paraestatales del sector eléctrico por 40
años, explica que las tarifas eléctricas en México se han
incrementado a medida que avanza la privatización. La Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico coincide que en
México se paga la electricidad a los precios más altos del
mundo.
José Luís Apodaca, miembro fundador del Observatorio
Ciudadano de la Energía, AC, detalla la incidencia de los productores
independientes en las tarifas eléctricas. Señala que el aumentar
la capacidad instalada en generación entre 2000 y 2008, con una tasa
anual de 4.4 por ciento, casi el doble de la requerida, “significó
una inversión no requerida de 5 mil millones de dólares, cuyos
cargos fijos habrán de cubrirse a los productores independientes, aunque
no generen la energía comprometida; estos cargos, a su vez, se repercuten
a los usuarios en las tarifas”.
Agrega que algunos de los descalabros económicos que tuvo LFC fueron
las altas tarifas que le impuso LFC a la electricidad que le trasladaban las
empresas privadas: “Si a la CFE le cuesta 0.60 el kilowat de la
electricidad que proviene de la producción independiente, se la vende a
LFC a más de 0.90 centavos”. Así que, los productores
privados, asegura Apodaca, sólo han encarecido los costos en la
electricidad.
[2009, elektron 9 (261) 1-8, 20 0ct 2009].
El FTE en defensa de la industria eléctrica nacionalizada
El FTE de México lucha por la re-nacionalización energética
El FTE de México en contra de la privatización eléctrica furtiva
Comisión de Energia
