El gobierno de Chiapas apoya a mineras
Análisis crítico de la
información proporcionada por el gobierno de Chiapas a los medios
nacionales con relación a las transnacionales mineras y a la
oposición de la población.
LA ESTRATEGIA PRO MINERA DEL GOBIERNO DE CHIAPAS
Gustavo Castro Soto
Otros Mundos, AC/Amigos
de la Tierra México
San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
México; 11 de Octubre de 2009
El Gobernador de Chiapas,
Juan Sabines Guerrero, se presentó el 25 de Septiembre de 2009 en el
municipio fronterizo de Chicomuselo, al sur de la entidad, a calmar los
ánimos de la resistencia que va subiendo de tono, de movilización
y protesta contra las trasnacionales especialmente canadienses que han llegado a
la región en busca de oro, barita, magnetita, titanio y otros minerales.
Inauguró obras públicas por invitación del presidente
municipal que la empresa canadiense Blackfire pide desaforar porque no le
arregla el problema con los que se inconforman por sus actividades mineras.
También repartió machetes y limas, promesas y manipuló en
la prensa lo que en ese encuentro sucedió. En el boletín de prensa
del gobierno chiapaneco el gobernador hizo muchas afirmaciones falsas y
peligrosas que ahora analizaremos.
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“El gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, rechazó
que los grupos empresariales mineros continúen explotando las riquezas
del estado, sin que esto reditúe en beneficios directos para los
habitantes de los pueblos donde se encuentran los minerales que se
extraen.” (...) Juan Sabines expresó que “no comparto la idea
de la explotación de minas en Chiapas, pero la acepto únicamente
si hay un beneficio directamente para mi pueblo”.
Estas
declaraciones se dan luego de varios encuentros, marchas, protestas, cierres de
carreteras, grafiteado de camionetas y transportes de la canadiense Blackfire y
otras acciones que las organizaciones sociales han tomado en el último
año. Incluso a un mes después de que el gobernador detuvo y
privó de su libertad al Sr. Mariano Abarca, originario de Chicomuselo y
uno de los líderes que lucha contra la presencia minera y en especial
contra la trasnacional canadiense
Blackfire. Al final lo tuvo que liberar
ante la presión nacional e internacional. Por otro lado cabe
señalar que las 97 concesiones mineras se han dado en los últimos
nueve años, al menos 37 de esas concesiones se han otorgado a 50
años, y hasta ahora el gobierno del estado no había salido a la
defensa de los recursos ni del pueblo de Chiapas. Sabidos son los conflictos
entre los ejidatarios de Chicomuselo y la empresa canadiense Blackfire. Desde
tres meses antes ya estaban los cierres de caminos exigiendo el cumplimiento de
las promesas hechas por la empresa y sistemáticamente ignoradas por sus
funcionarios.
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“En un acto de consulta con pobladores del municipio de
Chicomuselo, donde estaban presentes ejidatarios y líderes sociales, se
concretaron diversos acuerdos, entre los que destaca la realización de un
amplio Foro en Chiapas sobre la explotación minera, en el mes de
noviembre con la participación de legisladores federales chiapanecos y
organizaciones sociales”. 1 Boletín 2089 del Gobierno del Estado de
Chiapas; 26 de Septiembre de 2009;
http://comunicacion.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20090927015035
El gobernador llegó a Chicomuselo no para hacer una
consulta sobre el conflicto minero, sino para la inauguración de la red
del Agua Potable de esta Cabecera Municipal, convocada por el Presidente
Municipal Julio César Velázquez Calderón. Aunque a los
ejidatarios les repartieron sus machetes y limas, a la pregunta del gobernador
si la población estaba de acuerdo con la actividad minera toda la gente
gritó ¡NO! Tres veces hizo la misma pregunta y tres veces fue la
misma respuesta. Por lo que al final dijo: “el pueblo manda y yo
haré lo que el pueblo diga”.
Estamos de acuerdo con el Sr.
Gobernador de que el “El pueblo manda y es el que determinara acciones a
realizar”. Sin embargo, habría que agregar que la demanda del
movimiento antiminero ha sido que los tres niveles de gobierno exijan a las
mineras el cumplimiento de las leyes, normas y convenios internacionales. Para
otros que cumplan con lo prometido y, para otros, que simplemente se vayan del
territorio chiapaneco. De cualquier forma, no fue el evento una consulta ni
mucho menos una especie de diálogo para llegar a acuerdos y entre ellos
un Foro, que más bien fue propuesto por el gobernador.
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“Se planteó que en el Foro se analice la posibilidad de
legislar para que las empresas mineras paguen un impuesto del 4% de las
ganancias derivadas de la explotación minera. “Que sean recursos
que se entreguen a los Ayuntamientos y a las comunidades para obras
sociales” (...) que se reforme el artículo 27 constitucional, para
que las empresas mineras estén obligadas a aportar el 4% de sus
utilidades a las comunidades donde trabajan. “Vamos a organizar un gran
foro, a donde convoquemos, entre otros, a los legisladores federales,
presidentes municipales, comisariados ejidales, organizaciones sociales ligadas
a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) para que revisen el tema, y a
pedir a los diputados chiapanecos analizar la posibilidad de una reforma
constitucional para que las minas en Chiapas y en todo México paguen
impuestos, para beneficiar
Aunque mantenemos firme nuestra exigencia de
un Chiapas Libre de Minería, consideramos que no esta demás un
foro, aunque ya han realizado muchos y la demanda general se mantiene en
firme.
No necesitamos esperar a cambiar la Constitución para
modificar la Ley de Ingresos, de Derechos, y actualizar la legislación
fiscal, como lo tienen otros países latinoamericanos sobre el pago fiscal
de las mineras y su contribución a los municipios y a la Nación.
REMA, como Red Nacional de Afectados por la Minería realizó en
julio pasado un Foro especifico sobre minería en la Cámara de
Diputados, una propuesta de cambios legislativos y de política minera que
beneficie a las comunidades y a los estados.
El otorgamiento de las
concesiones mineras es facultad de la Secretaría de Economía a
nivel federal, y conocidas son las sistemáticas anomalías para
otorgarlas ya que se violan los requisitos que establecen las leyes, las normas
y los convenios. Comenzando con la Consulta previa, libre e informada, antes que
invadir territorios indígenas, de violar la propia ley agraria, los
requisitos para cambios de uso de suelo, de hacer transparente la
información sobre concesiones, las Manifestaciones de Impacto ambiental,
etc. Recordemos que Linear Gold, nunca presentó sus manifestaciones de
impacto ambiental.
Para el supuesto foro propuesto por el gobierno del
estado, de cualquier manera, la CNPA no es la única afectada por la
explotación minera. La convocatoria debe ser dirigida no sólo a
quienes fácilmente negocian prebendas o defienden posiciones a favor del
gobierno, incluyendo al sector académico que, por lo general, se pliega a
los intereses gubernamentales o que, sin saber, insiste en la minería
sustentable. Se debe convocar al conjunto de los sectores de la sociedad, porque
las casi 100 concesiones mineras en la entidad tienen efectos generales e
incluso globales.
Pese a todo lo anterior, el problema no es ese. Es
otro. No se puede pasar por alto los efectos sociales, ambientales,
económicos y culturales tan sólo porque hay quien tenga dinero
para pagar un impuesto a cambio de tanta destrucción. Hay de
minería a minería. Pero ésta, debe ser erradicada. Los
ejidatarios, campesinos e indígenas no son dueños de las cuencas,
de las montañas ni de la decisión de afectar y agudizar el cambio
climático y vulnerar ambientalmente las regiones y otras comunidades tan
sólo por el hecho de que tengan más o menos dinero pagado por la
empresa minera. El problema no se soluciona dándoles más dinero a
los municipios, a la corrupción o a las familias a costa de acabar con la
Sierra Madre de Chiapas. No sólo es el problema de la ganancia, sino de
la contaminación, la deforestación, las afectaciones sobre el
suelo, la salud de la población, los medios de subsistencia. Entrar en la
lógica de la cantidad de pago es ocultar las dimensiones del problema y
privatizarlo, pensando que los únicos perjudicados son los que tienen en
sus inmediaciones la mina y por lo tanto deben ser recompensados, aunque la
cuenca del Grijalva se llene de cianuro, aunque las comunidades más abajo
se queden sin agua, se les contaminen las fuentes del vital líquido, o el
día de mañana vean cómo se inundan los ríos ante la
falta de cubierta vegetal en las montañas y en los bosques, o se les
derrumben los cerros en sus casas, tierras, territorios y parcelas.
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“Además de los empleos que ofrecen estas empresas, no se
cuenta con ningún beneficio de responsabilidad social, por lo que
“vamos a exigirles, desde el respeto, pero con firmeza, a los diputados
federales que reformen las leyes para concretar el impuesto local (del 4 por
ciento)”.
Los empleos que producen las mineras son un mito. Por lo
general son pocos y mal pagados. Sin embargo, en regiones donde se carece de
fuentes de empleo, los pocos afortunados defienden sus empleos a costa de
presiones, chantajes, hostigamientos e incluso conflictos que terminan por
fuertes divisiones al interior de las familias, como sucede en Chicomuselo. Por
otro lado, los recursos que otorga la minera Blackfire a la comunidad son
ridículos y todavía más comparados con las ganancias que
extrae y los costos medioambientales que genera. La empresa Blackfire entrega 60
mil pesos mensuales que se distribuyen entre 207 personas en el ejido de Grecia.
Esto equivale a 290 pesos por familia al mes y que a su vez representan 9.6
pesos diarios. ¿Esto es justicia? ¿Desarrollo? En el caso del Ejido
Morelia la empresa canadiense paga 15 mil pesos mensuales por el derecho de paso
que se distribuyen entre 68 ejidatarios que no quisieron compartirlo con los
posesionarios ni avecindados del ejido por lo que ha acarreado divisiones. Esto
equivale a 7.3 pesos diarios por familia. Por si fuera poco, por 3 millones de
pesos los habitantes de Morelia han demandado a la trasnacional canadiense por
todo el robo que ha hecho de Barita que sin permiso ha extraído del ejido
durante su paso a la mina. A los trabajadores les paga 100 pesos diarios por la
jornada de 10 horas al día en un municipio y región muy cara. Esto
equivale a dos salarios mínimos. Es decir, una miseria. Mientras, la
empresa presume sus camionetas nuevas, camiones pesados y maquinaria comprada en
este año, y cuenta con departamentos que renta en el municipio vecino de
Comalapa.
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Recordó el caso de Petróleos Mexicanos, paraestatal que
otorga recursos para obras sociales, como carreteras, hospitales y otras obras
sociales; así, sostuvo, las mineras en Chiapas, y en todo el país,
deben “dejar parte de los ingresos no para el gobierno estatal, sino para
los municipios y localidades, para que puedan hacer obras”. Esto debe ser,
sostuvo, no por acuerdos personales, sino por Ley.
La minera Blackfire en
Chicomuselo ha prometido obras de infraestructura al ejido Grecia y Nuevo
Morelia que no ha cumplido. Esta es la razón por la que los ejidatarios
han bloqueado los caminos e incluso quieren suspender los acuerdos con la
canadiense. La carretera prometida se convirtió en un caminito de cemento
para las llantas de las camionetas, los tanques de agua no sirven y otras obras
simplemente no llegaron. El 4% de impuestos propuestos para los municipios no
limpiará el agua, o restaurará la cuenca ni volverá a
construir la montaña o formar la capa del suelo perdido
irremediablemente. Por otro lado, cabe señalar que la empresa Blackfire,
para garantizar sus inversiones y seguridad, lo primero que hace es regalar
mucho dinero a las autoridades ejidales y al presidente municipal, como ha
sucedido en Chicomuselo, e incluso explicado por la misma empresa en un diario
local de cómo le ha dado prebendas al presidente municipal para tener
contento a las autoridades.
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En este proceso de consulta, donde asistieron más de 2 mil 500
personas, en uno de los municipios con mayor actividad de empresas mineras, los
pobladores, ejidatarios y organizaciones presentes, entre las que destacó
la OCEZ-CNPA, el pueblo en pleno se comprometió a dejar, por el momento,
trabajar a los empresarios mineros, a no realizar movilizaciones, a la
realización de los estudios que aclaren la posibilidad de afectaciones a
la salud y al medio ambiente; y a apoyar la realización del amplio Foro
en noviembre.
Insistimos, no fue un “proceso de
consulta”. En nada ayuda focalizar la relación gubernamental y la
presencia sólo de la OCEZ-CNPA ya que se corre el riesgo de que se les
acuse de traidores o negociadores con el gobierno del estado a nombre de otras
organizaciones, comunidades y población en general. Son muchos los
sectores, organizaciones y movimientos que se han expresado, marchado o
realizado acciones de protesta e inconformidad contra las mineras. Con estas
afirmaciones el gobierno pretende que las organizaciones no se movilicen contra
las mineras mientras no se lleve a cabo su Foro; que la sociedad no se movilice
el 12 de octubre; o el 16 día de la alimentación u otras
fechas.
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Desde aquí, hizo un llamado a desterrar la violencia de Chiapas,
ya que existen quienes quieren aprovechar el movimiento de las minas para
convocar a la violencia. “Ya descubrimos a esos falsos impostores
pacifistas, que están convocando por un lado a la paz y por otro lado
exhortan a la violencia”. “Ya sabemos quienes son y lo que
están haciendo”, dijo al informar que estas personas responden a
intereses delictivos, “lo que buscan es el tráfico de armas en
Chiapas, ya lo descubrimos” (...) “se debe tener cuidado que
promueve una falsa lucha social, y que pretender que un chiapaneco mate a
otro”.
Hacen llamados nocivos a la gente a que se arme;
“cuidado con estos falsos profetas, mentirosos que quiere que haya
violencia”. Al recordar que está del lado del pueblo, el Gobernador
de Chiapas recordó que un estado tan diverso, “hay libertad
religiosa, hay libertad de culto, y no hay ningún culto en la entidad que
promueva la violencia, todos son promotores de la paz”. “La fe es
promotora de la paz, entonces no recibamos estos mensajes de quienes no cumplen
con su verdadera vocación y están convocando a la violencia”
(...) Aparentemente los funcionarios y trabajadores de la empresa canadiense
Blackfire salieron de este encuentro rabiando por las afirmaciones del
gobernador. Curiosamente, días después se empiezan a agudizar los
conflictos donde se acusan que la trasnacional incita a sus trabajadores y
funcionarios a la violencia y coerción con los ejidatarios. Las familias
empiezan a dividirse cada vez más.
Mientras, el gobierno del
estado hace afirmaciones muy peligrosas para introducir el miedo o preparar la
antesala de la represión. Cualquier disidencia, lucha por los derechos
humanos, por la tierra y el territorio, el gobierno estará listo para
criminalizar la protesta social. Estas afirmaciones son sumamente
irresponsables. ¿Están en los objetivos del Milenio? Se lee que las
iglesias promueven la violencia o que incluso están armando a la
población. Pareciera ahora detrás de la protesta social anti
minera, legal y legítima, está el principal interés de
vender armas. Esto es gravísimo. Por otro lado, si ya identificó a
los delincuentes, ¿por qué no los detiene y los procesa?
Por
otro lado, habrá que insistir que la violencia la trae la trasnacional
minera canadiense Blackfire, que deja sin agua y la contamina, que no paga
impuestos, que deja sin tierras a las comunidades, que incumple los acuerdos,
que corrompe y divide, que mal paga a los trabajadores, que amenaza e intimida,
que acaba con el medio ambiente y las montañas, que arma expedientes
tramposos para meter a la cárcel a los luchadores sociales. Estos son los
delincuentes.
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Ante la pregunta: “¿quién está de acuerdo con
la violencia?”, los cientos de pobladores que acudieron al evento
sostuvieron: “nadie, nadie”. De forma unánime, los pobladores
levantaron la mano para concretar los acuerdos, junto al gobernador de la
entidad.
Los empleados y funcionarios de la Blackfire no levantaron
la mano. Y quienes la levantaron fue para decir “No” a la
minería, no para cerrar acuerdos de un supuesto proceso de consulta como
el gobierno lo pretende hacer creer en su boletín.
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El gobernador Juan Sabines también anunció que
solicitará a especialistas a realizar los estudios necesarios para
determinar las posibles afectaciones a la salud humana y al medio ambiente.
“Vamos a convocar a la UNAM, al Instituto del Agua, a la Comisión
Nacional del Agua y al Instituto Politécnico”, para estos trabajos,
que es uno de los puntos acordados.
Existen ya muchos estudios e incluso
experiencias sistematizadas de los efectos sociales, ambientales, culturales,
etc., que acarrea la minería a cielo abierto. Ya sea de barita, de oro u
otros minerales. No se requiere hacer nuevos estudios para verificar los efectos
del mercurio, del cianuro y otros químicos sobre la salud y el medio
ambiente. Tampoco de otros académicos que verifiquen si una vez molida la
montaña se puede volver a reconstruir. De cualquier forma, esperamos que
los “especialistas” no sean los que justifican y defienden que esta
minería a cielo abierto es sustentable, los que justifican la
privatización del agua, de las tierras y territorios, los que afirman que
no existen impactos sociales como lo han hecho algunas universidades y centros
de investigación para justificar la construcción de grandes presas
a cambio de fuertes sumas de dinero al sector académico y sus
instalaciones.
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“Por su parte, el secretario de Salud, James Gómez Montes,
explicó a la asamblea que según resultados de investigaciones
serias, la barita -un mineral arenoso-líquido-, no es un elemento de
toxicidad en el ambiente ni el agua de Chicomuselo, a pesar de que existen minas
de este producto. Explicó que este mineral es inofensivo para la salud
humana, toda vez que se encuentra generalmente incluso en el agua que se consume
en todo el mundo, en cantidades mínimas.
Aquí, en esta
región de la sierra chiapaneca, las cantidades en el agua son incluso
menores que en otros lados. Sólo en cantidades exageradamente grandes
podría causar algún daño, explicó el secretario de
Salud, para tranquilidad del pueblo de Chicomuselo. Además de usos
industriales, en materiales como el caucho, la barita tiene utilidades
médicas, ya que se inyecta a los pacientes a quienes se realizan estudios
de ultrasonido y resonancias, como sustancia líquida de contraste, sin
que ello signifique ningún tipo de riesgo a la salud”.
Poco
ayuda que el Secretario de Salud afirme que como usamos el mercurio en un
termómetro y no nos ha hecho daño, éste sea inocuo para la
salud. Ya hablamos mucho sobre la barita, qué es y cuáles son sus
efectos.4 La barita es sumamente soluble en el agua y en la región de las
montañas de Chicomuselo lo que hay, es agua. Por otro lado, la
minería a cielo abierto contradice totalmente los Objetivos de Desarrollo
del Milenio de la ONU que el gobernador pretende cumplir ya que es insustentable
ambientalmente.
OTROS ELEMENTOS DE UNA NUEVA ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL
En el mismo mes de Septiembre de
2009 curiosamente la Oficina de Cooperación de la Unión Europea
(EuropeAid) suspendió el financiamiento del Programa de Desarrollo Social
Integrado y Sustentable (Prodesis) que se supuestamente se llevaba a cabo en la
Selva Lacandona. Mucho tiempo les llevó entender lo que se refutaba del
proyecto años atrás y que al final terminó en un derroche y
desperdicio de fondos públicos para funcionarios del proyecto. Desde el
2004 se presupuestaron 31 millones de euros de los cuales 15 fueron aportados
por EuropeAid y 16 por el gobierno de Chiapas. La Comisión Europea
había estimado que el Prodesis beneficiaría a 155 mil personas
establecidas en 833 comunidades en la "región selva de Chiapas". El
proyecto planteó tres "objetivos generales": "reducir la pobreza",
"disminuir la presión sobre los recursos naturales de la Selva Lacandona
y mitigar los procesos de degradación medioambiental en la zona", y
"reformular las políticas de desarrollo social" con la finalidad de
hacerlas "más participativas y sustentables". Se constató el
fracaso de todos estos objetivos.5 Lo que sí fue un rotundo éxito
fue el mapeo social, político, geográfico y de recursos naturales
que realizaron en toda la región.
Sin embargo, se pretende hacer
una réplica de este proyecto con el nombre tentativo de
“Picoso”" para el 2010 que podría ser en la región de
Chicomuselo. Se avecinan así más divisiones, corrupción,
presencia de otros actores políticos, extranjeros, funcionarios, nuevos
“promotores” pagados por el proyecto; supuestos proyectos para
mitigar los efectos de la explotación social y minera en una
región política, cultural, económica, social y
ambientalmente muy compleja.
A esta estrategia el gobierno anuncia
otra más. En este mes de octubre anunció el Gobernador que cuatro
ejidos más de Chicomuselo se suman a la reconversión productiva.
Este programa significa persuadir a los campesinos e indígenas que no
siembre maíz para comer, sino otros productos para la exportación.
Entre las comunidades están Santa María, Pablo L. Sidar,
Chicomuselo, Unión Buenavista y Nueva Morelia. El gobernador, contento
porque ahora sembrarán mango, aguacate y limón que, además
de vender los sembradíos como “reforestación” y luego
como servicios ambientales, servirá para alimentar a la gente de otros
países si llegan a obtener buenos precios por los productos. Otra
plantación clave que impulsa el gobierno fuertemente en la región
es la introducción de la jatropha (piñón) para alimentar la
planta de Biocombustible en el estado. Ante esto, la minera canadiense Blackfire
anuncia su proyecto de siembra de jatropha en las inmediaciones de sus
propiedades mineras para no quedarse fuera del negocio. Y es que tanto la barita
como el aceite de piñón se usan para la industria petrolera. La
jatropha se usa para facilitar la extracción de crudo en los pozos
petroleros y sirve como adelgazante del crudo para disminuir la presión
lo que, según algunos científicos del ramo, aseguran que garantiza
un 5% más la explotación del crudo.
La planta de biodisel
en Chiapas, convenio entre México y Colombia, pretende venderse como
fuente de empleos, impulsor de la reforestación y de proyectos
sustentables ambientalmente como si lo fueran los monocultivos y las
plantaciones de árboles, así como de energía limpia y el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esta planta, con la
capacidad de procesar 20 mil litros diarios con la siembre de más de 10
mil hectáreas de piñón que ya se siembran en Chiapas,
además de la palma, higuerilla y vegetal usado. Más de 57 millones
de pesos se han invertido y se pretende que inicie sus operaciones en el
2009.
Por otro lado, para mantener contentos a los que protestan contra
la minera Blackfire, el gobierno del estado repartió 35 mil plantas de
café a los campesinos del ejido de Grecia donde está latente el
conflicto con la trasnacional canadiense. Para ello los vehículos de
Blackfire repartieron las plantas de café. En su visita a Chicomuselo
también repartió 900 paquetes del programa llamado “Mano a
Mano” donde el gobernador entregó machetes, coas, rastrillos, entre
otras herramientas. Por si fuera poco anunció que va en un 75% de
avanzada la construcción del vivero en el municipio que producirá
un millón de plantas de árboles como caoba, cedro, primavera,
entre otros.
La reconversión productiva no significa otra cosa
más que terminar con la soberanía alimentaria, con las culturas,
incorporar nuevas especies de plantaciones de monocultivos exóticos para
el mercado del agro negocio, bañados de plantaciones verdes, de
sustentabilidad, de energía limpia, de servicios ambientales, etc. Por
ello el gobernador también afirmó que “el maíz de
autoconsumo no deja beneficios económicos para las familias, si acaso
sólo para el autoconsumo (¡!).
[2009, elektron 9 (256) 1-8,
19 oct 2010].
Juan Sabines, gobernador de Chiapas
Blackfire explota minerales en Chiapas, la población se opone
Comisión de Energia