Resistir activa y dignamente
Los electricistas debemos desplegar una
acción múltiple que incluya cohesionar la resistencia y
dinamizarla pero, ante todo, perfilar una salida decorosa y digna al conflicto
en sus vertientes política, industrial, laboral, sindical y social. Los
aspectos jurídicos son importantes pero deben ubicarse en el marco de la
estrategia no en la unilateralidad y acciones
individuales
Calderón sucesor de Carranza
“Quítense de mi vista antes de
que los saque a patadas”: Carranza 1916, “Primero liquídense,
después veremos”: Calderón 2009. El mismo lenguaje soez, la
misma cerrazón. No extraña, son los mismos gobernantes. El
gobierno neoliberal del PAN es sucesor del traidor Carranza.
Las
recientes expresiones son de Fernando Gómez Mont, secretario de
gobernación de Calderón. Las dijo ante una comisión del
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que acudió para participar en
un supuesto diálogo “mediado” por Marcelo Ebrard, jefe del
Gobierno del Distrito Federal.
No hubo tal diálogo. Gómez
Mont recibió al SME como consecuencia de la gran manifestación
realizada un día antes pero solamente para ratificar la postura oficial:
no hay marcha atrás del gobierno respecto a desaparecer a Luz y Fuerza
del Centro (LFC) con todas sus consecuencias, sin importarle la oposición
del pueblo.
El Estado mexicano está respondiendo como lo que es,
un aparato separado de la sociedad especializado en la opresión. La
medida represiva los acuerpó. Gobernadores, legisladores, jueces y
presidentes municipales son partícipes de la agresión. Enrique
Peña Nieto es, tal vez, el más agresivo al acusar a los
electricistas de sabotaje debido a los apagones en el Estado de México
que han afectado a la industria y a la población en general. De la
“oposición” solamente Ebrard se ha manifestado, si bien de
una manera muy superficial y limitada.
Entre tanto, el gobierno de
Calderón mantiene una fuerte ofensiva a través de los medios con
la intervención de los secretarios de energía, trabajo, hacienda y
economía. Las secretarías de la defensa nacional y la de seguridad
pública permanecen calladas pero posesionadas de todas las instalaciones
eléctricas en la región central del país.
2,547 liquidados
La cerrazón política del gobierno se
complementa con la presión a los trabajadores para que acepten las
liquidaciones supuestamente cuantiosas. Según el propio gobierno van
5,437 electricistas (el 6% del total) que se han liquidado habiendo recibido un
monto promedio de 435 mil pesos. También se han pagado 13 mil
jubilaciones.
El caso de los jubilados es aparte porque tienen derecho a
una jubilación adquirida con anterioridad. Sin embargo, no es la empresa
(LFC) sino el gobierno (secretaría de hacienda) la que hace los pagos
asumiendo que LFC ya no existe.
Las liquidaciones son incompletas porque
el gobierno les descontará los préstamos contraídos con la
empresa, así como, los correspondientes impuestos. En cualquier caso, se
trata de liquidaciones exiguas lo que revela el falso mito de salarios
privilegiados.
¿Quiénes han optado por la liquidación?
Seguramente los elementos políticamente más débiles, de
salarios bajos, poca antigüedad y puestos no operativos. La
desesperación determinada por la crisis económica, el chantaje
propagandístico del gobierno y la poca claridad sobre una perspectiva
política de solución al conflicto contribuyen a abandonar la
lucha.
Los amparos y la controversia constitucional
La representación de facto del sindicato
anunció que había contratado a Néstor de Buen para que los
trabajadores interpongan amparos individuales. Se trata de un desacierto.
Néstor es un abogado patronal, defensor de delincuentes, que cobra
carísimo y se especializa en perder todos los
casos.
También se ha sumado la Unión de Juristas de
México, encabezada por Eduardo Miranda, que ha anunciado la
realización de un análisis del decreto de extinción de LFC
al que encontraron, una semana después, inconstitucional. En
consecuencia, dicen que prepararán una Controversia constitucional contra
la medida de Calderón.
La propuesta de Miranda tiene la
limitación de que la Controversia corresponde interponerla a la
mayoría de los legisladores, mismos que (incluidas las fracciones
parlamentarias del PRD y del PT) “dudan”, “vacilan” e
incluso se niegan a utilizar tal recurso, el propio jefe del GDF ha omitido
referirse al asunto. Los diputados turnaron el asunto a comisiones con el
deliberado propósito de congelarlo.
Andrés Manuel
López Obrador (AMLO) ha propuesto la formación de una
comisión de diputados que “investigue” el caso de LFC.
Parecen chistes, así acostumbraban los regímenes priístas:
“si quieres que no se resuelva un asunto, forma una
comisión”, decían.
Obvia ilegalidad
El gobierno federal se comporta en la ilegalidad plena
y no de ahora. En materia energética, la legalidad constitucional
está rota desde 1992. En octubre de 2008, todos los partidos
políticos avalaron la continuación de la ilegalidad al aprobar una
contra-reforma energética lesiva a la nación. Los acontecimientos
en LFC no son sino la aplicación práctica de las reformas a la
legislación secundaria.
Pero la ilegalidad no es solamente en
materia energética sino laboral. El gobierno, que
“extinguió” a LFC mediante el uso de la fuerza
policíaca y militar, mostró su carácter de Estado pero
violentó asimismo el Pacto Político de la Nación.
Para el actual Estado, la Constitución no tiene ningún
valor, todo su accionar está basado en la legislación derivada, de
segundo y/o tercer nivel. Es el caso del decreto de Calderón (2009) para
anular el decreto de Salinas de Gortari (1994).
Entre tanto,
ningún abogado se ha avocado a preparar la respuesta al gobierno. Este va
a “subsanar” la ilegalidad laboral en que ha incurrido al proceder a
dar por terminadas las relaciones laborales en LFC pagando diversas sumas de
dinero, sin haber seguido los procedimientos establecidos por la propia Ley
Federal del Trabajo.
Es previsible que, de un momento a otro, el gobierno
interponga un juicio de Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica ante
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (Junta) para
“legalizar” sus acciones. La Junta seguramente, en una sola
sesión sumaria y prolongada, dará por aprobada la petición
de la empresa (gobierno) y, bajo argumentos de “fuerza mayor”,
derivados de quiebra financiera, dictaminará en contra del
sindicato.
¿Por qué no se prepara la defensa, de suyo muy
difícil, y se desvía la atención por asuntos como los
amparos y la Controversia que, en el mejor de los casos, son recursos que
tendrían una duración muy larga e
incierta?.
Demagogia charra
Si la agresión al SME se lleva a cabo con la
complacencia de diputados, senadores y gobernadores, también cuenta (y
mucho) la alianza que mantiene el gobierno con el charrismo sindical.
Los
charros del Congreso del Trabajo, de la CTM, de los maestros (SNTE) y de los
petroleros (STPRM) apoyan a Calderón. Pero también los charros de
la UNT, afiliados a la imperialista Confederación Internacional de
Organizaciones y Sindicatos Libres (CIOSL) (ahora Confederación Sindical
Internacional, CIS) y su brazo Regional en Latinoamérica, la ORIT, ahora
CSA.
Napoleón Gómez Sada, ha destruido al sindicato
minero-metalúrgico, es un delincuente y represor de los trabajadores
desde la época del padre, con más de 50 años de dictadura
sindical. Esas alianzas no le sirven al SME.
Francisco Hernández
Juárez, ahora diputado del PRD, es un charro eternizado en el sindicato
de telefonistas (STRM). Ante el conflicto declaró que habría que
declarar una “huelga por solidaridad” con el SME. No solamente es
una declaración de lengua sino una burla. El SME no está en una
situación de huelga sino de “terminación de las relaciones
laborales, individuales y colectivas”. Las huelgas por solidaridad, que
jamás han ocurrido, se declaran cuando un sindicato ESTA en huelga, de
acuerdo a lo que establece la legislación laboral. Es evidente que
Hernández Juárez NO está dispuesto a ninguna
huelga.
Su compañero de armas, Agustín Rodríguez,
charro casi vitalicio del STUNAM también habla de la huelga cuando es el
primero en impedirla sancionando a los trabajadores que se atreven a
promoverla.
De los partidos políticos no cabe esperar nada bueno.
El propio PRD está mirando de lejos, el PT no pasa del discurso
estruendoso tipo Muñoz Ledo (uno de los represores de los electricistas
de la Tendencia Democrática en 1976) y Gerardo Fernández
Noroña que flaco favor le hace al movimiento. Salvo el Lic. Manuel
Barttlet, los priístas hacen que no ven ni oyen y, los demás,
están abiertamente en contra. El mismo AMLO no pasa del
diversionismo.
Resistencia activa
La gran marcha del 15 de octubre fue muy importante,
especialmente, por la acción desplegada por las organizaciones sociales
solidarias, incluidos sindicalistas, jóvenes y gente del pueblo en
general. Pero una marcha no tiene efectos inmediatos. Sin embargo, debe
aprovecharse el capital político acumulado y sacar las conclusiones
correctas.
Es necesaria una nueva marcha, más aún, cientos,
miles de marchas en la capital e interior del país. Los electricistas del
SME se cuentan por decenas de miles y tienen el deber de volcarse en el tejido
social de la sociedad organizados en brigadas. Volanteo, mítines, foros,
festivales, todas las acciones al alcance deben desplegarse para afirmar la
solidaridad en un contexto de división de opiniones entre la sociedad.
Asumir una posición autocrítica es una necesidad.
La
siguiente marcha no debe pasar del 30 de octubre. Por esa fecha, el gobierno
acudirá a la Junta a interponer el Conflicto Colectivo de Naturaleza
Económica, cuyo propósito es “legalizar” la
terminación de las relaciones individuales y colectivas, lo que significa
el despido de todos los electricistas.
Algunas organizaciones
están llamando a la “huelga general”. ¿Hay condiciones?
¿Quiénes la van a hacer? En experiencias previas, ese llamado se
desgastó hasta vaciarse de contendido, a la mera hora, nadie le
entró. ¿Ahora sí? Si es el caso, debe prepararse debidamente,
definiendo todos los aspectos organizativos.
El FTE estima que la Huelga
solidaria del pueblo de México debe centrarse en la defensa de la
industria eléctrica nacionalizada, con una duración limitada, esta
vez de 1 día y debe ser una movilización activa con marchas,
bloqueo de carreteras y avenidas, toma de edificios públicos, asambleas y
mítines. A esta acción se le debe poner fecha. El FTE propone que
sea el 14 de noviembre, día en que el gobierno retirará su oferta
supuestamente millonaria para reducir las liquidaciones a lo determinado por la
Junta, es decir, conforme a la Ley.
¡A la acción electricistas!
A los electricistas del SME corresponde mantener
cohesionada a la resistencia y resistirse a liquidarse hasta el límite de
las posibilidades reales. Acudir al sindicato es importante pero lo es
más tomar iniciativas propias y dinamizarse sin esperar instrucciones de
una cúpula que se equivocó políticamente. No había
necesidad de embarcarse en una aventura infantilista. Ahora es peor porque el
sindicato no tiene representación legitimada, nadie tiene reconocida la
personalidad jurídica. En momentos de emergencia se puede actuar sin la
Toma de Nota pero, en los procesos jurídicos es
necesaria.
Entonces, la estrategia debe considerar los aspectos
jurídicos, industriales, técnicos, laborales, sindicales y
sociales. Esta estrategia múltiple no está presente al interior
del sindicato. Con o sin reconocimiento jurídico, lo más
importante es formular colectivamente los probables escenarios y perfiles de una
solución digna y decorosa que tiene como centro las alternativas
industriales, en este caso, relacionadas con la industria eléctrica
nacionalizada, específicamente en la región
central.
¿Existen tales propuestas? Al momento no se conoce
ninguna. Con toda responsabilidad podemos afirmar que no existen, el grupo de
Esparza no conoce a la industria, por décadas se ha carecido de una
política eléctrica propia.
Mirar en varias direcciones es
fundamental porque el conflicto tenderá a complicare más
aún. Los electricistas de base no pueden, ni deben, esperar a soluciones
burocráticas porque no las hay. En el accionar múltiple deben, a
un mismo tiempo, restablecer la normalidad sindical, fortalecer la resistencia y
discutir colectivamente las alternativas de solución en un contexto
altamente desfavorable y teniendo en contra al tiempo.
El FTE tiene
propuestas y las estamos discutiendo con los compañeros, varios de ellos,
miembros del Frente. Llamamos a los electricistas a mantener una resistencia
activa y, especialmente, a discutir colectivamente la salida política al
conflicto en sus tres vertientes básicas: industria, laboral y sindical.
¡Salud y Revolución Social!
[2009, elektron 9 (259) 1-4, 19
oct 2010].
Trabajadores de la energía en resistencia solidaria