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Volumen 9, Número 141, octubre 13 de 2009 www.wftucentral.org
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Anormalidad sindical en el SME



Por inconsistencias e incumplimiento de los requisitos acostumbrados, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social negó la Toma de Nota a Martín Esparza, como ganador de las recientes elecciones en el Sindicato Mexicano de Electricistas. El conflicto postelectoral se agrava pero todavía hay salida SIN intervención del Estado, depende de la decisión organizada de los electricistas.


STPS niega Toma de Nota

Luego del conflicto electoral realizado en el SME, la planilla Verde, encabezada por Martín Esparza, proclamó su triunfo por una diferencia de apenas 352 votos respecto a la Planilla Naranja, encabezada por Alejandro Muñoz. Entonces, procedió a solicitar la llamada “Toma de Nota”, documento otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), mediante el cual se otorga personalidad jurídica a las representaciones sindicales para ostentarse como tales ante las autoridades laborales y de la empresa, en este caso, Luz y Fuerza del Centro (LFC).

En principio, la STPS, envió al sindicato un documento cuyo asunto es “Observaciones” solicitando, entre otras cuestiones, aclaraciones a la petición presentada que incluían la definición del acta electoral, pues dijeron que se habían presentado dos (fueron tres), así como, precisiones sobre los datos pues resultaba que había más votos emitidos que votantes, así como, la relación actualizada del “padrón” de trabajadores que incluye a quienes tienen derecho al voto en el momento de emitirse la convocatoria respectiva.

Más tarde, el 30 de septiembre, en la Oficialía de Partes de la STPS, el grupo de Esparza entregó a la STPS la nueva documentación requerida (Muñoz P., en La Jornada 1 oct 2009).

El 5 de octubre, la STPS dio a conocer que negaba el otorgamiento de la Toma de Nota a Esparza. Javier Lozano, titular de la STPS, dijo en conferencia de prensa que la negativa era debida a que no se había cumplido con los requisitos legales y “detalló que después de un riguroso análisis, fueron siete inconsistencias básicas, entre las cuales destacó que en la información exhibida por Martín Esparza, se presentaron más boletas que los votantes registrados. Tan sólo en las divisiones foráneas se presentaron 9 mil una cédulas y se tienen computados 12 mil 399 sufragios” (Sánchez J., en El Universal, 6 oct 2009).

La decisión de la STPS implica que la secretaría general y 12 cargos más de la representación sindical del SME carecen de personalidad jurídica reconocida.

Lozano también expresó que “Esparza y su comité pueden recurrir al amparo directo, y que incluso el 33 por ciento de los agremiados pueden convocar a una asamblea para solucionar todos los asuntos. Dijo que falta por ver lo que resuelve la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje sobre el juicio entablado por Alejandro Muñoz para demandar la nulidad de las elecciones, y adelantó que es posible y probable que esta instancia ordene, hacia finales de octubre o principios de noviembre, que se reponga el proceso electoral en el SME”. La resolución de la Junta está anunciada y cantada.

Conflicto poselectoral

Con la decisión administrativa del gobierno, el SME queda momentáneamente sin representación jurídica acreditada, la relación laboral está congelada y el sindicato entra en una situación de anormalidad sindical.

Antes de que el proceso electoral concluyera, la planilla Naranja había interpuesto inconformidades internas que fueron soslayadas. La planilla Verde procedió de inmediato para que Esparza y demás tomaran posesión de sus cargos. Dentro del auditorio sindical el grupo de Esparza impuso “un fuerte dispositivo de seguridad, impuesto por los propios electricistas ante el temor de que irrumpiera la disidencia” (Muñoz P., en La Jornada, 15 jul 2005). Fuera del recinto sindical, el grupo de Alejandro Muñoz, acompañado de varios exsecretarios generales, expresó su inconformidad con “la farsa que en estos momento se lleva a cabo en el auditorio”.

El 3 de julio, la planilla Naranja presentó una primera inconformidad ante las autoridades laborales. El 19 de julio, 5 mil electricistas jubilados del grupo Vanguardia de Jubilados del SME anunciaron que impugnarían el proceso electoral ante la STPS (Redacción, en La Jornada 20 jul 2009) “por violaciones sistemáticas y continuas al estatuto (sindical).

En los medios, Esparza reiteraba que “el proceso electoral concluyó” y él era el secretario general en tercera reelección. El 29 de julio, la planilla Naranja declaró que el proceso “no había concluido” y que presentarían una nueva inconformidad firmada por 6 mil trabajadores. “Del resultado que emita la Comisión Autónoma de Justicia se determinará si se recurre a juicio laboral ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje”. Para la mencionada Comisión, afín a “los verdes”, el proceso electoral había concluido. A ese momento, Esparza no había solicitado la Toma de Nota “por que no cumple con los requisitos que la ley señala”, dijeron “los naranjas”.

El 3 de agosto, todavía no había solicitud de Toma de Nota ante la STPS. Los naranjas acusaron a Esparza de “poner en riesgo a los electricistas”. El 12 de agosto, la STPS informó que “la semana pasada” se había solicitado la Toma de Nota “en favor de Esparza” (Muñoz P., en La Jornada, 13 ago 2009). La dependencia dijo que revisaría la documentación presentada y que, de acuerdo a la ley, tenía 60 días para resolver y/o pedir más información.

El 20 de agosto, el conflicto llegó formalmente a los tribunales a partir de una querella interpuesta por la planilla Naranja ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (Junta) demandando la nulidad de las elecciones sindicales.

Ese día, desde las 9:00 hs. se abrió la audiencia. Por su puesto, en la primera etapa, NO hubo conciliación. Se pasó entonces a la fase de presentación y desahogo de las pruebas. A las 21 horas se suspendió la audiencia para continuar al día siguiente. Tan solo la duración de la audiencia indica el nivel alcanzado por el conflicto. En esa audiencia se detallaron los hechos y cada parte presentó sus pruebas. Como siempre ocurre, la Junta “se reservó”, es decir, no resolvió dejando el juicio para que la Junta, a su juicio y en el tiempo que considere, emita su resolución.

El bloqueo del Periférico

El 3 de septiembre “Trabajadores del SME cierran Periférico Sur frente a STPS”. Se publicó que, “con 480 vehículos, entre autos, camiones, grúas y un tráiler, casi 5 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas realizaron ayer un mitin durante más de 10 horas frente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en Periférico Sur, para exigir la entrega de la toma de nota de Martín Esparza Flores como secretario general” (Muñoz P., en La Jornada, 4 sep 2009).

“Con 480 vehículos, entre autos, camiones, grúas y un tráiler, casi 5 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas realizaron ayer un mitin durante más de 10 horas frente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en Periférico Sur, para exigir la entrega de la toma de nota de Martín Esparza Flores como secretario general del sindicato.

“Llegaron antes de las 9 de la mañana dispuestos a permanecer en ese lugar hasta obtener respuesta positiva y levantaron el plantón pasadas las 7 de la noche, cuando tras horas de discusión las autoridades reconocieron que ahora sí estaba completo el expediente y ya no faltaba nada para el trámite”.

“Los electricistas pusieron de plazo el lunes 7 de septiembre para que la STPS entregue la toma de nota que hará oficial el triunfo de Esparza en las pasadas elecciones o de lo contrario, señalaron, paralizarán la ciudad la próxima semana para exigir que se respete la autonomía del sindicato”.

“El subsecretario del Trabajo, Álvaro Castro, en entrevista con reporteros señaló que la dependencia no cederá a presiones ni chantajes, que el plazo para responder a una solicitud de toma de nota es de 60 días naturales, por lo que la STPS tiene hasta el 5 de octubre para dar respuesta que se emitieron requerimientos a los solicitantes de la toma de nota ya que el padrón de trabajadores registrados ante la STPS es de 41 mil 975 y el padrón electoral, es decir, el número de los que votaron fue de 66 mil 388, y se requiere aclarar esta diferencia”.

Al término de la reunión, Esparza declaró que “el lunes (7) regresarán con más trabajadores a exigir que se entregue la toma de nota, pues ya se cumplió con lo que establece la ley, y se revisaron las cifras de votantes, por lo que no hay pretexto, ellos mismos dijeron que no falta nada y solo les queda cumplir o de lo contrario el SME estaría dispuesto a paralizar la ciudad” (Muñoz P., en La Jornada, 4 sep 2009)).

“La STPS declaró que “lamenta y reprueba” el bloqueo realizado por los electricistas y agregó que “en los términos del artículo 377, fracción I de la propia ley, se establece que son obligaciones de los sindicatos proporcionar los informes que les soliciten las autoridades del trabajo”.

Sobre el particular, el titular de la STPS, “recordó que luego de que abril a julio de 2009, el SME llevó a cabo el proceso electoral para elegir 13 cargos de su directiva, incluido el de Secretario General, en el que contendieron dos planillas (la de Martín Esparza y de Alejandro Muñoz), la citada Dirección les solicitó información. En decir, emitió requerimientos a los promoventes para que precisen, entre otros aspectos, los datos de la lista general de electores, ya que el padrón de socios registrado en la STPS reconoce a 41 mil 975 trabajadores y el padrón electoral exhibido en la solicitud de referencia suma 66 mil 388 agremiados, por lo que se requiere aclarar dicha diferencia”.

También, “se solicitó también informar si la Comisión Autónoma de Justicia del sindicato, recibió alguna impugnación del proceso electoral y en tal caso, se remita la resolución que se hubiere emitido” (Sánchez J., en El Universal, 3 sep 2009).



Bloqueo en el Periférico Sur. FOTO: A. Domínguez, en ww.jornada.unam.mx

¿Paralizar la ciudad?

Al siguiente día (4), “Esparza Flores advirtió que si el próximo lunes, antes de las 10 horas, no le entregan las autoridades del trabajo la toma de nota como secretario general, nuevamente bloquearán el Periférico, frente a la sede de la STPS, pero con más gente en la calle” (León G., en La Jornada, 5 sep 2009).

“Esta situación implicaría, señaló, activar su fase 2, en la que se movilizarán las 11 divisiones foráneas en una serie de acciones permanentes hasta que la STPS entregue el reconocimiento oficial”, agregó.

Un día después “El Sindicato Mexicano de Electricistas advirtió que la intromisión del gobierno federal en la autonomía y vida interna del gremio pone en riesgo la continuidad de la prestación del servicio de Luz y Fuerza del Centro (LFC), porque al impedir que su dirigencia cuente con la toma de nota, la propia empresa detiene recursos y acciones pactadas entre ambas partes para su modernización y productividad.

“Amezcua explicó que apoyada por la STPS, la empresa se ha entrometido en la vida interna del SME al parar los trabajos de productividad pactados, con la excusa de que la representación sindical no ha presentado la toma de nota o una constancia emitida por la Dirección General del Registro de Asociaciones de la propia secretaría”.

“Reiteró que en el transcurso de la mañana de este lunes, la STPS deberá entregar la toma de nota al comité ejecutivo que encabeza Martín Esparza; de lo contrario –advirtió-, la mayoría de los 66 mil agremiados activarán su fase II” (sic) (León G., en La Jornada, 6 sep 2009).

Ese lunes (7 de septiembre) no se realizó ningún nuevo bloqueo al Periférico Sur, el grupo de Esparza convocó a un mitin frente al recinto sindical antiguo, solamente la calle de Antonio Caso fue bloqueada. En las diversas intervenciones el discurso subió de tono contra “los naranjas”. “Esquiroles, traidores” fue lo menos que se dijo públicamente sobre “los naranjas”.

¿Riesgo de apagones?

Se publicó que “el Ejecutivo federal propone una asignación de sólo mil 641.7 millones de pesos para los programas de inversión de Luz y Fuerza del Centro, empresa que presta el servicio de suministro de energía eléctrica al Distrito Federal y parcialmente al estado de México, Morelos, Puebla e Hidalgo, pese a que el gobierno ejercerá el mayor presupuesto de su historia” (Rodríguez I., en La Jornada, 15 sep 2009).

“Ante este escenario, Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricista, alertó sobre un posible colapso de energía eléctrica en la zona central del país por la falta de recursos financieros para dar mantenimiento y concluir las obras necesarias.

“Alertó a la sociedad sobre posibles apagones y hasta un colapso eléctrico en la zona central del país por falta de materiales como fusibles, cables y transformadores, por lo que responsabilizó al gobierno federal de los disturbios que pudiera sufrir la población por fallas en el suministro”.

El 17 de septiembre, “cuestionado sobre las acciones que tomará si la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no le entrega la toma de nota como secretario general del gremio, Esparza Flores respondió que los trabajadores ya votaron, la dependencia sólo tiene que hacer un trámite administrativo que es entregar el documento, pero no puede decidir si estuvieron bien o mal las pasadas elecciones, eso corresponde a la asamblea general del SME” (Muñoz P., en La Jornada, 18 sep 2009).

El 21 de septiembre, “los verdes” anunciaron que “el Sindicato Mexicano de Electricistas presentará este martes en la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra del secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, por usurpación de atribuciones, al exigir más requisitos de los que fija la ley para la toma de nota de los sindicatos” (Méndez E., en La Jornada, 22 sep 2009).

Al siguiente día, en un mitin realizado fuera de la Cámara de Diputados, Esparza presentó una solicitud en la secretaría general de la Cámara de Diputados para que se realice juicio político contra Lozano Alarcón, a quien acusaron de intervenir en la vida interna de los sindicatos, obstaculizar la entrega de tomas de nota a organizaciones que no doblan las manos ante el gobierno, alentar la disidencia en el SME y fracturar a los sindicatos de industria” (Méndez E., Garduño R., Méndez E., en La Jornada, 23 sep 2009).

Por su parte, “La planilla denominada Transparencia Sindical del Sindicato Mexicano de Electricistas, encabezada por Alejandro Muñoz, quien contendió en las pasadas elecciones contra el grupo encabezado por Martín Esparza, informó que se pretende expulsar de esta organización a varios de sus miembros” (Redacción, en la Jornada, 24 sep 2009).

El 24, se realizó una asamblea de grupo de “los verdes”. En ausencia, Alejando Muñoz (actual tesorero) y otros secretarios en funciones fueron destituidos de sus cargos en ausencia, sin siquiera ser escuchado en defensa y sin que se hayan cumplido los procedimientos legales.

En una carta enviada por Fernando Antuña, director de registro de asociaciones de la STPS (en La Jornada, 28 sep 2009), éste indicó que “Las facultades de la STPS para revisar y cotejar la información que presenten los sindicatos para el cambio de su directiva están previstas en los artículos 365, 371 y 377, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo (LFT) y en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“El artículo 366 de la LFT, dispone que la autoridad registral tendrá un plazo de 60 días para resolver sobre la procedencia o no de la llamada toma de nota”.

“El señor Martín Esparza y demás interesados tienen, como límite para integrar debidamente su expediente hasta el 5 de octubre próximo. Si así ocurre, la STPS procederá a la entrega de la toma de nota solicitada. En caso contrario y a pesar de las amenazas, la autoridad registral no obsequiará dicho documento”.

El 30 de septiembre, se informó que “según señaló el dirigente (sic), los integrantes del comité ejecutivo acudieron ayer a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a solicitar una entrevista con el director del Registro de Asociaciones, Fidel Antuña, para entregar la documentación requerida -lista de electores, actas de asamblea, ratificación del secretario de actas-, misma que dejaron en la oficialía de partes, ya que no fueron recibidos” (Muñoz P., en La Jornada, 1 oct 2009).

Ese mismo día, Esparza “informó que en virtud de que les será negada la toma de nota, interpondrán un amparo y comenzarán a realizar movilizaciones para evidenciar que lo que se pretende es privatizar Luz y Fuerza del Centro” (Sánchez J., en El Universal, 1 oct 2009).



Bloqueo en el Periférico Sur. FOTO: A. Domínguez, en ww.jornada.unam.mx

La policía en Luz y Fuerza

El 3 de octubre, “el líder (sic) del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores, afirmó que todas las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro están resguardadas (sic) por personal sindicalizado ante el riesgo de que el gobierno federal “decida bajar el switch y acusar a los trabajadores” (Poy L., en La Jornada, 4 oct 2009).

El 5 de octubre, un propio de la STPS acudió a las oficinas del sindicato para entregar el documento mediante el cual “no ha lugar a su petición”, negando en consecuencia la Toma de Nota solicitada por Esparza, argumentando inconsistencias e irregularidades no aclaradas.

Con ello, el conflicto interno en el SME entra en una clara alteración de la normalidad sindical.



La democracia sindical involucra a todo el sindicato no solamente a un grupo



La base electricista llamada a recuperar democráticamente al sindicato

Sindicato fracturado

En este conflicto se han reiterado acusaciones sobre la intervención del gobierno en la vida sindical interna. La STPS argumenta que basa en lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, ley obsoleta y patronal que tiene el grave inconveniente se ser la ley vigente.

Internamente, “los verdes” acusan reiteradamente a “los naranjas” de divisionistas, al tiempo que ni siquiera les permiten ingresar al auditorio sindical. Lejos de favorecer un arreglo interno, la situación se ha polarizado ante la intolerancia “verde”.

El resultado momentáneo es público y evidente: El SME está fracturado, el concepto de democracia (basado solo en el derecho al voto) está hecho trizas, cientos de votaciones y experiencias electorales se han desbaratado en un proceso aparentemente fraudulento, la práctica política reciente ha oscilado del “endiosamiento” de Esparza a la rigidez de la intolerancia a ultranza, y el hostigamiento interno a la oposición cada vez es mayor al negárseles incluso el derecho a la voz. En suma, en el SME existe una situación de alteración de la normalidad sindical.

Entre tanto, el Estado ya ha anunciado las medidas que podría tomar. De entrada, el secretario de gobernación de Calderón ha dicho que el SME debe conducirse en el marco de la legalidad y, de no hacerlo, el Estado respondería como tal. Ante las declaraciones de “paralizar a la ciudad” y el anuncio de “posibles apagones”, la respuesta del Estado está en marcha, ya dijo que “intervendrá”.

Por el momento, la vigilancia policíaca se ha hecho visible en la cercanía de algunas instalaciones eléctricas de LFC. Se han dado casos de ingreso temporal de elementos de la Policía Federal Preventiva en algunas subestaciones importantes. Es obvio que el Estado tiene activadas posibles medidas unilaterales iniciales de emergencia.

Por lo que hace al manejo “oficial” de los “verdes”, corriente política que lleva más de 10 años en el sindicato, a la que pertenece Esparza y pertenecía Muñoz, se carece de brújula política, insensibilidad y apoyo mayoritario, cada día se invita al enfrentamiento innecesario con el Estado y se adoptan posturas de soberbia sin detenerse a analizar detenidamente el fondo del asunto.

Lo que ahora se vive en el SME es el resultado de una “política” cuyas causas conviene analizar con detalle en sus aspectos históricos, industriales, sindicales, políticos y sociales. Este conflicto se había venido larvando largamente, no salió de la nada, hay motivos internos y participación externa.

El descontento interno es inocultable, nadie tiene consenso mayoritario evidente. En silencio, la mayoría de los compañeros no está a favor de Muñoz pero sí en contra de Esparza. Eso no es casual, tiene explicaciones políticas.

Ante tal situación de crisis, los electricistas no pueden quedarse solamente en la denuncia por la obvia ingerencia del Estado sino que deben ir al fondo del asunto. Esencialmente se trata de recuperar democráticamente al sindicato. Es el momento de la autocrítica de conjunto y, ante todo, de la intervención organizada de la BASE electricista.

¿Hay salida interna? LA HAY. Esta se ha omitido deliberadamente dejando la iniciativa al Estado. Cada día que pasa la situación se complica más tendiendo a provocar torpemente el enfrentamiento con el Estado, cuya parte principal está representada por las fuerzas represivas de coerción, en vez de eludir ese enfrentamiento.

La salida desde abajo

Entre los trabajadores de la base hay preocupación, en las organizaciones nacionales e internacionales, también. Todos defendemos al SME, como institución social necesaria para México, pero no podemos (ni debemos) apoyar a personas sino a políticas que sean de clase. Sin embargo, en cualquier escenario, los únicos que pueden Reestablecer la normalidad sindical son los propios electricistas debidamente dirigidos, organizados, decididos y actuantes.

Hay experiencias previas, especialmente en el sector eléctrico, que deben retomarse. El camino a seguir, con todas sus limitaciones, está indicado en la ley laboral y en los propios estatutos sindicales. Lo que ocurre es que las normas internas se han omitido desde hace algún tiempo por razones “explicables”.

En una primera instancia, los estatutos indican que en ausencia del secretario general, el secretario del interior pasa a fungir como representante general del sindicato. ¿Por qué no se hace? Porque el compañero es “verde”, y se lo impiden, además que él mismo incumple sus deberes con el sindicato. ¿Para qué destituir a Muñoz, quien por ahora es el tesorero, y se desvía la acción demandando a la empresa por la retención de las cuotas sindicales? La demanda implica un juicio ante la Junta que sería prolongado y tortuoso afectando a toda la organización.

¿Para qué esperar el dictamen de la Junta que implicaría un “recuento” bajo el control de la propia Junta? ¿Para qué provocar el enfrentamiento con el Estado en una situación de evidentes condiciones desfavorables? No podemos cerrar los ojos ante un manejo político estratégicamente erróneo, cuyas consecuencias podrían pagarlas “todos” los electricistas. Más aún, las consecuencias adversas serían para la nación en su conjunto dando lugar a mayores retrocesos en una industria en acelerado proceso de desnacionalización.

Entonces, la base debe intervenir organizando un procedimiento interno SIN intervención del Estado. Este procedimiento de la base es posible y es real, cuesta trabajo ejecutarlo pero garantiza el éxito. Dicho procedimiento se puede precisar y activar de inmediato. Este procedimiento empieza por organizar la discusión colectiva unitaria SIN excluir a ningún electricista, en todos y cada uno de los centros de trabajo de LFC, a convocatoria de los propios trabajadores, con o sin participación de los representantes sindicales oficiales. Los cuadros medios (representantes departamentales) tienen el deber se asumir las decisiones de la base, si no lo hacen se implicarían contra la organización. Los jubilados consecuentes constituyen el sector electricista que debe recuperar su autoridad moral e intervenir activamente.

Esta discusión en la base, en asambleas o reuniones (conjuntas de activos y jubilados), es crucial para organizar el proceso de re-establecimiento de la normalidad sindical. Allí se deben tomar las primeras decisiones colectivas. Esa práctica se ha abandonado desde hace tiempo viciando la vida sindical. Pero la recuperación democrática del sindicato solamente puede y debe hacerse desde la base porque el conflicto en el SME dista de ser formal y administrativo, hay una crisis política que no se puede soslayar.

Las decisiones de la base, además de considerar detalladamente el procedimiento, mismo que se conoce, deben incluir un programa que ubique la lucha electricista en el contexto social e incluya a la sociedad en su conjunto ofreciendo alternativas concretas.

El SME no es propiedad privada de nadie, es un organismo de interés social. El FTE de México estima que se debe evitar el enfrentamiento imprudente con el Estado. Este siempre tiende a enfrentar al movimiento pero no es lo mismo que le invite a diario dándole pretextos gratuitos.

El procedimiento “desde abajo” hay que iniciarlo YA para resolverlo cuanto antes y proceder a planear la próxima revisión contractual y la lucha para revertir la desnacionalización eléctrica ante el avance desbocado de la privatización furtiva.

En cualquier circunstancia, el FTE está y estará junto a la base electricista apoyando propuestas que son reales, posibles, democráticas, esperanzadoras y concretas.

Llamamos a los electricistas del SME a proceder en consecuencia.

[2009, elktron 9 (237) 1-8, 6 oct 2009].




Peligrosa polarización sindical interna


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