Foro del agua en Teotihuacan
El servicio público de agua potable
en el país está sujeto a una creciente privatización
furtiva, mediante concesiones y contratos otorgados a las transnacionales.
El 9 de septiembre de 2009, se realizó en
Teotihuacan, Estado de México, un Foro sobre la privatización del
agua en México, organizado por los electricistas del SME en la
región.
El ingeniero Hernández, de la Coordinadora de
Trabajadores en Defensa del Carácter Público del Agua, dijo que
el artículo 27 constitucional vigente establece que corresponde
“originariamente” a la nación la propiedad de las tierras y
las aguas PERO, al mismo tiempo, señala la transferencia del dominio a
los particulares “constituyendo la propiedad privada”. Esto
significa que la privatización del agua está contenida en la
propia Constitución.
También se establece que solo los
mexicanos y las sociedades mexicanas (empresas) tienen el derecho a adquirir el
dominio de las tierras y las aguas o para obtener concesiones de minas o aguas.
Pero lo mismo puede hacerse para los extranjeros “siempre que convengan
considerarse como nacionales”. En la práctica, todas las
transnacionales se consideran “nacionales” y, aún cuando no
sea así, los gobiernos en turno nunca han puesto objeciones para
otorgarles concesiones de todo tipo.
En México hay 13 millones de
mexicanos sin acceso al agua potable y más de 25 millones sin servicios
de drenaje y alcantarillado.
Anualmente se extraen 74 kilómetros
cúbicos de agua destinados a los siguientes usos: 74% agricultura, 11%
uso urbano, 13% industrial y 2% pecuario. 1 kilómetro cúbico
equivale a 1 mil millones de metros cúbicos; 74 kilómetros
cúbicos son 74 mil millones de metros cúbicos. A su vez, 1 metro
cúbico es igual a 1 mil litros.
Pero hay mucho descuido y
negligencia. Se estima que el 50% a nivel nacional, y el 35% en el Distrito
Federal, se pierde en las fugas de la red de agua potable antes de llegar a su
destino final. Las mayores pérdidas son en el sector
agricultura.
En este contexto, la privatización del agua en el
país sigue avanzando. Los gobiernos, incluido el del Distrito Federal,
siguen otorgando concesiones y contratos a las transnacionales, afectando a la
población mexicana y al interés de la nación en su
conjunto.
En el Foro se dijo que tales acciones deben suspenderse pues,
el suministro de nagua, constituye un servicio público.