Experiencia minera en Argentina
En todas partes las transnacionales mineras
provocan desastres ambientales y sociales. El siguiente es un análisis
con números y datos del profesor Sergio Hugo Cristani, Consejero Superior
por el Claustro Graduados de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
La estrategia de las multinacionales mineras y Universidad pública. Una
vergüenza nacional
En la aceptación de
“donaciones” enmascaradas bajo la figura de “responsabilidad
social empresaria”; o en la firma de un convenio con una multinacional que
orienta, confidencializa y privatiza el conocimiento y la información
públicas.
La estrategia de las multinacionales es clara y
evidente: acallar voces críticas, comprar estudios
“científicos” favorables, orientar investigaciones acordes a
sus intereses; chantaje e intensificar un discurso que fabrique un pseudo
consenso social y político prominero, prosojero y proendeudamiento
externo. Así, mientras articulan y desarrollan esta macabra
ingeniería expoliadora de nuestros recursos y colonizadora de nuestra
conciencia nacional, nos siguen endeudando, saqueando y contaminando con
cianuro, acido sulfúrico, glifosato, endosulfán y demás
químicos venenosos.
Una vergüenza nacional, una indignidad
política e ideológica que la universidad pública argentina
no puede legitimar a cambio de unas pocas pepitas de oro sucio que ingresan a su
flaco y consumido presupuesto. En este esquema de capitalismo salvaje e
irracional, el caso de las mineras es paradigmático: compran impunidad
política y económica; pagan a la gran prensa con el
propósito de que su actividad pase desapercibida para la gran
mayoría de los argentinos, intentan chantajear a los habitantes de los
pueblos que contaminan, con quienes emplean denigrantes prácticas
clientelares disfrazadas de “responsabilidad social
empresaria”.
Al mismo tiempo son favorecidas por los gobiernos de
los países que saquean, contaminan y endeudan con leyes a medida,
subsidios, beneficios fiscales e impositivos increíbles y cuantiosas
obras de infraestructura para desarrollar sus actividades sin contratiempos.
Muchos minerales que se llevan al exterior mediante una simple
declaración jurada y sin control estatal, son esenciales en el
sostén y desarrollo del mal llamado “primer mundo”, algunos
sirven para la industria del armamento moderno, otros son simplemente
artículos suntuarios que engrosan las arcas de una élite
parasitaria global.
Hay otras riquezas naturales: hidrocarburos, agua
dulce, tierras fértiles, bosques, fauna itícola, etc. que poco a
poco se van agotando, y de continuar esta dinámica depredadora pronto
escasearán en los países desarrollados y derrochones.
Por
eso las empresas multinacionales, entre ellas las mineras, están en estos
pagos. Buscan llevarse de aquí lo que reservan y protegen allá.
Hay numerosas organizaciones trasnacionales y planes globales que las grandes
potencias han pergeñado para despojar de sus recursos naturales y
materias primas a distintos pueblos del planeta.
Entre estas regiones en
disputa está Latinoamérica. Para la comarca sudamericana este
nuevo paradigma mundial despliega su estrategia mediante la Iniciativa para la
Integración de Infraestructura de la Región Sudamericana (IIRSA).
Este emprendimiento requiere necesariamente de la connivencia político
empresaria, de seguridad jurídica (llámese leyes y justicia
funcionales) y de pueblos desinformados, desmovilizados y fragmentados. Y la
historia se repite... En la estrategia imperialista nuevamente se manifiesta la
necesidad de promover un nuevo plan de endeudamiento externo
sudamericano.
En el caso de la mega-minería a cielo abierto, este
endeudamiento público se da través de la infraestructura que
necesitan estas corporaciones privadas para realizar la exploración, la
explotación y el transporte de minerales.
De esta manera los
argentinos tendremos que hacernos cargo de proyectos faraónicos en
materia de comunicación, transporte y energía, por citar
sólo los principales. Asumiremos el costo de caminos, puentes y puertos
por donde transitarán las materias primas y minerales que se
llevarán del país.
Tomaremos deuda para la
construcción de embalses, diques, centrales hidroeléctricas,
acueductos, gasoductos y oleoductos para que no les falte la gran cantidad de
energía que emplean estas empresas multinacionales atraídas por la
oportunidad de riqueza fácil y rápida que representa Argentina.
También deberemos poner a disposición nuestros ríos,
arroyos, lagos, acuíferos y demás cuencas para que estas empresas
extractivas la despilfarren y contaminen.
El verso será el de
siempre: que vendrán nuevas empresas e inversiones, que traerán
trabajo y bienestar, que aportarán al desarrollo de la economía
nacional, que significará progreso social, que posibilitará una
mayor calidad de vida, etc., etc. La misma mentira organizada que, como tantas
otras, con los años saldrá a la luz. Para entonces estaremos
más pobres, más tristes, más despojados, más
sometidos y con una deuda externa odiosa tan monumental como los cráteres
que dejarán estas mineras en nuestras montañas
andinas.
Leyes concebidas para el saqueo y la muerte La actividad minera
no se desreguló a inicios de la década de los '90, quizá es
más correcto hablar de reregulación y readecuación de leyes
y normas en función de los requerimientos de las grandes empresas
multinacionales del sector. El Banco Mundial es una de las instituciones que
puede reclamar la propiedad intelectual a los legisladores nacionales que
firmaron los despachos de comisión durante esos años.
En
1993 se promulgó la ley de inversión minera Nº 24.196, a la
que le sucedieron una larga ristra de leyes complementarias y decretos
reglamentarios que sirvieron de zanahoria para la radicación de emporios
mineros internacionales. Las leyes vigentes son: Ley de Inversiones Mineras
Nº 24.196/93 y su modificación Nº 25.161/99; Ley de
Reorganización Minera Nº 24.224/93; Ley de Acuerdo Federal Minero
Nº 24.228/93; Régimen de Financiamiento del IVA, Ley Nº
24.402/94; Ley de Modernización Minera y Modificación del
Código de Minería Nº 24.498/95; Ley de Protección
Ambiental Nº 24.585/95, y Ley de Actualización de Inversiones
Mineras Nº 25.429/01. (Fuente Fernando Solanas/Grupo MORENO, Movimiento por
la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora) La resultante
de esta arquitectura legal raya el absurdo, la tragedia y la maldición:
nos despojan de nuestros metales y minerales, nos contaminan y asesinan
lentamente y nosotros les pagamos para que lo hagan. Los privilegios que ofrece
nuestra legislación se traducen en exenciones de todo tipo: No pagan
impuesto a las ganancias ni a las ganancias mínimas presuntas. No pagan
el IVA a las exportaciones que realizan.
Tampoco tributan impuestos a los
activos ni a la ley de sellos. Están eximidos de pagar derechos de
importación de equipos, maquinarias, repuestos y accesorios destinados a
la explotación. Están autorizados a descargar de ganancias los
gastos de exploración. Sólo dejan un 3% de regalías en la
provincia donde se encuentra el yacimiento.
Este valor se calcula de lo
que extraen a “boca de mina” (sin ningún valor agregado).
Vale comentar que son las propias empresas las que mediante declaración
jurada manifiestan qué tipo y qué cantidad de minerales y metales
se extirpan de las entrañas provincianas. Pero la cuestión no
culmina aquí.
Ese supuesto 3% que deberían abonar y que se
reduce aproximadamente a un 1% si le descontamos las exenciones conferidas por
leyes, se transforma en un monto insignificante si hacen uso del reintegro
adicional por exportaciones a través de puertos patagónicos. Por
si estas prerrogativas legales no resultan suficientes para atraer a las
mineras, aún resta mencionar que los emprendimientos gozan de
“estabilidad fiscal” durante 30 años a partir del momento en
que es aprobado el estudio de factibilidad por la autoridad de
aplicación. Lo que significa que durante 3 décadas podrán
desplegar la actividad con la tranquilidad y la seguridad de que no habrá
ninguna normativa que modifique las inmunidades impositivas
concedidas.
Pero todavía resta aludir al decreto nacional Nº
753/04, publicado en el Boletín Oficial del 18 de junio de 2004, que en
su Artículo 1° deja “... sin efecto la obligatoriedad del
ingreso y negociación en el mercado de cambios de las divisas
provenientes de la exportación de productos, que fuera prevista por los
Artículos 1° del Decreto 2581/64 y 10° del Decreto 1555/86,
correspondientes a las empresas mineras que con posterioridad a la vigencia del
presente decreto obtengan los beneficios reconocidos en el Artículo
8° de la Ley 24.196 y sus modificaciones, respecto de un nuevo proyecto o
de una ampliación de unidades productivas existentes”.
Con
esta normativa nacional (nacional por el alcance pero no por su espíritu
y contenido) se les permite a las empresas mineras dejar todas sus ganancias en
el exterior, sin tener que ingresar la contrapartida de lo exportado en divisas
como lo hacen empresas nacionales, muchas de ellas pequeñas y medianas.
Mientras el latrocinio y la piratería se perpetran, el Congreso Nacional,
la AFIP, el Banco Central y demás organismos del Estado (incluidas las
universidades), brillan por su presencia y ausencia cómplice al igual que
el oro que se llevan.
Consejo Interuniversitario Argentino: CIN
vergüenza y CIN dignidad Los bastones largos del general Onganía se
presentan de distintas formas en la universidad argentina.
Están
vigentes, por ejemplo, en la supresión o dilución del pensamiento
crítico. En la autocensura. En la ausencia de presupuesto genuino y en la
presencia de partidas con destinos delimitados.
En la aceptación
de “donaciones” enmascaradas bajo la figura de
“responsabilidad social empresaria”; o en la firma de un convenio
con una multinacional que orienta, confidencializa y privatiza el conocimiento y
la información públicas.
El bastonazo reciente lo dieron
los rectores que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), al
aceptar y repartir por segunda vez, sin debate y sin culpa, dinero contaminado.
La universidad reformista del '18 no se limitó al ingreso irrestricto y
gratuito, sino que también preservó su autarquía y
autonomía frente al capital privado y las corporaciones
extranjeras.
A más de 9 décadas de aquella gesta, el debate
que comienza a florecer tibiamente a partir del reparto de los fondos mineros
refleja que la crisis de nuestra universidad no es solo presupuestaria y
financiera. Es mucho más profunda que las miradas monocromáticas y
administrativistas que no ven más allá del rojo de las
cuentas.
Bastones largos y dictadura cívico militar mediante, a
partir de 1990 muchas universidades, al igual que leyes y políticas
gubernamentales, se articularon funcionalmente a demandas de empresas privadas y
a necesidades del mercado. Estas nuevas lógicas se fueron introduciendo
en los diseños curriculares, en la orientación de investigaciones,
en el patrocinio de actividades académicas y en proyectos de
extensión.
A medida que el presupuesto oficial para la academia se
achicaba, crecía la proveeduría de servicios que poco y nada
tienen que ver con la democratización, transformación e
inserción social que se reclama y espera de esta institución
pública. Así, muchas universidades terminaron priorizando el
propio producido en desmedro de la producción propia. Pero no todo pasa
por números, cifras y cuentas.
El debate que se insinúa en
el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), al
igual que en distintas Facultades, a partir de la aceptación y
distribución de los fondos del yacimiento minero Bajo de la Alumbrera,
pone en contraste posiciones sobre el sentido ético, político,
cultural, económico e ideológico del saber académico y
científico. Y aquí volvemos al '18 para subrayar otro elemento
cardinal de aquella gesta reformista: el emparentamiento de la universidad con
la sociedad.
Quienes la protagonizaron comprendieron que la
política al igual que el conocimiento no son propiedad de tal o cual, ni
se transfieren desde-hacia. Todo lo contrario, se construyen y se amasan con un
ingrediente esencial: el pueblo. Y justamente fueron esas historias de
sufrimientos, resistencias y aprendizajes colectivos de pueblos
catamarqueños como Santa María, Belén, Andalgalá,
Antofagasta de la Sierra y Tinogasta, entre otras comunidades contaminadas y
usurpadas, que la mayoría del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y
del Consejo Superior de la UNER no consideraron ni comprendieron al aceptar y
repartir estos dineros del despojo nacional.
Los rectores y sus aliados
facultativos podrán ensayar explicaciones pseudolegalistas y
justificaciones economicistas, pero deberán saber que cuando está
en juego la vida y la dignidad de los pueblos la universidad pública no
puede aprender ni enseñar a jugar de imparcial. Quizá esta
discusión naciente sea una gran oportunidad para comenzar a caminar sin
bastones, apoyándonos entre todos los que pensamos que es necesario
cambiar desde los cimientos esta universidad neoliberal y
mercantilista.
Minería contaminante: Números y datos
• 1 día de explotación de una mina de oro a cielo
abierto según el estudio de impacto ambiental de la Meridian Gold-,
supone el uso de 7 toneladas de explosivos para volar 42.000 toneladas de roca
(lo que genera alrededor de 14 toneladas de partículas en
suspensión diaria).
• Para el proceso de lixiviado se utilizan 6 toneladas de cianuro;
400 kg de ácido clorhídrico; 400 kg de soda cáustica; 46 kg
de litargirio; 23.300 kg de cal; 2.500 kg de azufre y 1 millón de litros
de agua. En el caso de Minera La Alumbrera el consumo diario llega 100 millones
de litros diarios.
• Durante 1 año de explotación, los valores
serían los siguientes: 365 millones de litros de agua (la empresa no paga
por el uso del agua un solo peso). 2.190 toneladas de cianuro y 900 toneladas de
azufre.
• 300.000 metros cúbicos de agua dulce por día se
utilizan en Argentina en el proceso de lixiviado. Es agua pura que se extrae y
luego se devuelve contaminada.
• 15 son los megaproyectos a cielo abierto que funcionan en la
actualidad. Hay 7 en construcción y más de 150 exploraciones en
curso.
• 300 minas a cielo abierto estarían funcionando en los
próximos 10 años, según calculan los
especialistas.
• 13 son las provincias mineras comprometidas en este tipo de
actividad.
• 7 son las provincias que prohibieron por ley este tipo de
explotación: Mendoza, Chubut, Río Negro, San Luís, La
Pampa, Tucumán y Córdoba.
• La mayoría de los emprendimientos se radicarán en
nuestra geografía cordillerana.
• 5.000 son los kilómetros de cordillera que compartimos con
Chile, país con el que celebramos acuerdos que favorecen a la
instalación de estas industrias extractivas.
• Pascua Lama, en la provincia de San Juan, es el primer mega
emprendimientos mineros binacionales, y es explotado por la
norteamericana-canadiense Barrick Gold Corporation. Los kilómetros
cuadrados que ocupa este yacimiento en la región andina, al igual que
otros que le siguen, son una suerte de tercer territorio en posesión de
las multinacionales debido al “Tratado de Integración y
Complementación Minera Argentina-Chileno”, refrendado en
1997.
• 75% de las regiones mineras de Argentina aún siguen
inexploradas.
• El 95% de la minería a cielo abierto es llevada a cabo por
empresas extranjeras.
• Argentina es el sexto potencial minero del planeta. En sus
entrañas guarda enormes depósitos de oro, plata, cobre, plomo,
estaño, zinc, molibdeno, cobalto, uranio, potasio, litio, níquel y
diversos minerales poco conocidos pero valiosos y muy utilizados en diferentes
industrias.
• Nuestro país importa la mayoría de los minerales y
metales que se llevan de nuestro territorio.
• Electricidad, gasoil y agua potable es lo que más utilizan
estas corporaciones.
• Minera la Alumbrera es el mayor cliente individual de electricidad.
Consume el 80% del total consumido por toda la provincia de Tucumán.
Según el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, la mina
consume el 25 por ciento de la energía eléctrica suministrada a la
Región del NOA y el 87 por ciento del consumo total de la provincia de
Catamarca. Una enormidad de energía, al igual que los 100 millones de
litros de agua dulce que extrae diariamente del acuífero el Campo del
Arenal, único reservorio de agua pura de esa zona catamarqueña.
Los gobiernos facilitan y ponen a disposición estos recursos a las
multinacionales, incluso a costas de restringirlos a los propios
habitantes.
• 4 millones de litros de agua por hora que utiliza Minera La
Alumbrera para trasladar los minerales por el mineraloducto desde Catamarca
hasta Tucumán.
• 78 toneladas de residuos promedio se desechan por cada 28 gramos de
oro que valen alrededor de 950 dólares.
• Esta actividad deja enorme cráteres en áreas
naturales protegidas.
Está demostrado que la megaminería a
cielo abierto emplea sólo el 0,09 por ciento de la fuerza laboral. En el
caso de nuestro país es menor aún ya que más de un 25% de
los trabajadores provienen de países limítrofes.
www.ecoportal.net
* Sergio Hugo Cristani - Consejero Superior por el
Claustro Graduados de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) -
Facultad de Ciencias de la Educación.
Observatorio de
Conflictos Mineros de América Latina
www.conflictosmineros.net
4 de septiembre de 2009
2009 elektron 9 (211) 1.
Blackfire, transnacional minera que opera en Chiapas, México
Comisión de Energia