Balance de lo ocurrido en 2001
respecto a la privatización eléctrica en México,
la respuesta que ha habido y comentarios al respecto.
Al año 2001 lo caracteriza la aceleración del proceso de privatización de la industria eléctrica nacionalizada, por la vía de los permisos expedidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Esta ha seguido puntualmente la estrategia propuesta hacia finales del año pasado y delineada en uno de los eventos más importantes de 2001 que, en su momento, pasó desapercibido.
El 25 de Abril, la agencia Notimex envió un cable fechado en la Ciudad de México, dando cuenta del anuncio hecho por el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, quien señaló que "en fechas próximas se pondría en operación un mercado entre empresas generadoras y distribuidoras del fluido eléctrico, con el fin de preparar el terreno de cara a la aprobación de la reforma al sector"
Dicho anuncio tuvo como antecedente la carta de intención firmada, en el marco de la tercera Cumbre de las Américas, entre los gobiernos de México y Canadá "como base para posibles acuerdos de cooperación en materia energética", pero que -según la Secretaría de Energía (SENER)- "no creaba ninguna obligación de carácter legal". Elías Ayub anticipó lo que hacia finales del 2001 se perfila como el proyecto de Estado para la reestructuración del sector eléctrico mexicano y que, según se desprende de sus declaraciones, se resume en los siguientes aspectos:
- La división de la CFE en varias empresas eléctricas regionales estableciendo seis empresas de generación que operarán las 170 centrales actualmente existentes.
- La integración de una red única de distribución, y de tres empresas de distribución que fungirían como comercializadoras y operarían a nivel regional.
- La coordinación con Petróleos Mexicanos (PEMEX) para asegurar el abasto de gas "que requiere la CFE", dado que actualmente solo el 16% de la electricidad se genera a partir del gas natural pero para el año 2009, este porcentaje se incrementará al 60%.
Hacia finales del año, y ante la inexistencia de un proyecto formal para la reforma, mismo que fue anunciado por el propio Fox "a más tardar en marzo", estas propuestas (que en general retoman los elementos principales de la propuesta zedillista) han sido convenientemente "recogidas" y asimiladas en diversas propuestas "independientes" que circulan en el medio. Son el antecedente al debate que en el siguiente período legislativo supuestamente habría de conducir a la aprobación de un proyecto final de reforma. Este mecanismo "salva" en apariencia las promesas de no privatizar la CFE y respetar los derechos de los trabajadores, pero al precio de eliminar el concepto de SERVICIO PUBLICO de energía eléctrica, lo cual es muy grave, porque anula el carácter social, universal podría decirse, y No discriminativo de la electricidad.
Esta "nueva" estrategia, semeja más bien una especie de "paracaidismo energético", en analogía con aquella vieja práctica de ocupar por la fuerza terrenos "baldíos", construir asentamientos para forzar luego a la sociedad a cargar con los costos de una verdadera urbanización.
El plan se basa en que, no habiendo consenso para una reforma constitucional, las modificaciones realizadas en 1992 a la Ley del Servicio Público de Energía (LSPEE) son más que suficientes para mantener el acelerado ritmo de la privatización eléctrica, fomentando la construcción de una industria eléctrica paralela, en la que las nuevas plantas generadoras serán totalmente de propiedad privada, con lo que en algunos años (llámesele privatización o no) el sector privado tendrá todo el control estratégico de la industria eléctrica.
Hoy con su propuesta, la administración Foxista simplemente se concreta a declarar "baldía" la inversión estatal en el sector energético, dejando el campo abierto a las nuevas generaciones de estos "paracaidistas-inversionistas"
Esta forma de privatización, se lleva a cabo de manera subrepticia. Como en la reciente venta de Banamex al Citigroup, provocará la fuga de enormes recursos de las empresas del Estado, además de la pérdida de oportunidades de empleo para miles de trabajadores, sin que hasta la fecha el movimiento obrero haya planteado al menos una posición. Sólo en términos de mano de obra profesional y calificada, las firmas extranjeras de consultoría tienen ya el 80% de la facturación en México, provocando que de tres años a la fecha hayan desaparecido 1 mil 100 empresas nacionales, de las 1 mil 700 que existían. Destaca el contratismo gubernamental en materia de planeación estratégica y modernización, en PEMEX, CFE y LyFC, primeros clientes de los grandes bufetes extranjeros.
En este último aspecto, mención aparte merece el hecho de que la administración Foxista ha ampliado su ámbito de influencia mediante la integración de gente representativa o con influencia en al medio, no para consensuar una propuesta más amplia, sino para introducir los elementos de su propia estrategia en las propuestas supuestamente independientes.
En su lógica muy personal, Vicente Fox dejó en claro desde un principio que una cosa son las declaraciones y otra muy distinta las acciones. Siempre ha sido claro que la política de su gobierno en materia de energía consistiría "en mantener en manos del Estado el sector energético nacional, pero con participación privada". Todavía en noviembre, en su discurso en la bolsa de valores de Nueva York, puntualizó: "No estamos privatizando lo que tenemos, sino que nos estamos abriendo totalmente a la nueva inversión".
Esto por supuesto no es nuevo. Al menos los últimos 12 años hemos presenciado la privatización de una industria tras otra. La privatización de Teléfonos de México (Telmex) en 1989 nos dejó unas tarifas de monopolio, con servicios a costos más altos incluso que las prevalecientes en algunos países desarrollados. Luego vinieron las carreteras (hoy en bancarrota), los ferrocarriles (totalmente desaparecidos, excepto por los miles de desempleados que dejó), las aerolíneas (cuyos problemas operativos son resueltos afectando las prestaciones de los trabajadores) y, sobre todo, los bancos cuyo rescate y reventa vergonzosos han hundido al Estado en la peor ruina financiera de los últimos tiempos, aumentando la pobreza del país.
Nada tienen qué envidiarle los tecnócratas del gabinetazo Foxista a los equipos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. De hecho, los foxistas están empeñados en culminar la obra que aquellos dejaron incompleta privatizando las dos últimas grandes empresas estatales: PEMEX y CFE.
En el 2001 hubo promesas de cambios que no se sostuvieron. Fox repetía que ni PEMEX ni la CFE se privatizarían; la crisis energética de EU ofrecía la oportunidad de negociar nuestros recursos en mejores condiciones; el zapatismo iniciaba una caravana ampliamente apoyada por el pueblo en favor de una verdadera Ley Indígena, etc. De pronto... comenzó la "goliza", como la calificaría el propio ejecutivo federal. Sin contar con la "autogoliza" declarativa que ha propiciado el desconcierto prevaleciente. Sostener cada "puntada" presidencial, desde la ayuda eléctrica que brindaríamos a California, hasta el apoyo incondicional (en petróleo) en la guerra llamada "justicia infinita", cuesta al país recursos valiosos para su propio desarrollo.
En suma, en el 2001 la privatización de la industria eléctrica nacionalizada se lleva a cabo en los hechos, mediante acciones unilaterales del gobierno federal, a espaldas de la Nación y al margen de la propia Constitución. La CRE se ha excedido y debe desaparecer.
