Fibra óptica de CFE para Telefónica
Los funcionarios del gobierno regalan el
patrimonio nacional. La red nacional de fibra óptica, propiedad de la
Comisión Federal de Electricidad, se pretende entregar gratuitamente a
Telefónica, transnacional española, misma que viola flagrantemente
la ley. Todo ha sido a partir de las gestiones de funcionarios que ahora son
empleados de las
corporaciones.
Regalo a transnacionales
“El gobierno, con el auspicio del secretario
de Hacienda, Agustín Carstens, y la influencia de Francisco Gil
Díaz, pretende entregar gratuitamente la red de fibra óptica
propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la trasnacional
Telefónica Movistar, denunció el diputado federal perredista Juan
Guerra Ochoa” (Garduño R., en La Jornada, 15 feb
2009).
“Expuso que el costo, erogado por el erario, de la red de
fibra óptica asciende a más de 4 mil millones de dólares,
de los cuales la empresa española no pagaría un solo
centavo”.
La denuncia es sumamente grave y consiste en la entrega
gratuita de la infraestructura eléctrica nacional a la transnacional
española.
Según la denuncia, “fue entre 2004 y 2005
que Gil Díaz, promovió que la CFE tendiera en todo el territorio
nacional una red de fibra óptica similar a la de Teléfonos de
México (Telmex), o incluso con mayor cobertura. A través de ella
se puede dar el servicio de telefonía, de Internet y de
televisión; es decir, con esa red la diferencia entre la telefonía
por cable y la abierta prácticamente desaparece, porque sería
capaz de cubrir a 90 por ciento de la población. Eso se hizo a cargo del
erario, y costó más de 4 mil millones de
dólares”.
La instalación de fibra óptica en el
territorio nacional tiene serias implicaciones. Por una parte, el país
necesita estar bien comunicado y la fibra óptica contribuiría a
ello pero, por otra parte, es absurdo que esa necesidad se ponga en manos de una
transnacional que hará negocios amplios sin que le cueste “un solo
centavo”.
Funcionaros empleados de las transnacionales
Otra vez se repite la historia.
Héctor Olea, exdirector de la Comisión Reguladora de
Energía (CRE), oficina encargada de privatizar a la energía
eléctrica y el gas, le otorgó permisos privados de
generación eléctrica a Tractebel, lo mismo que en materia de gas.
Luego, pasó a ser empleado de la transnacional. Ernesto Zedillo,
privatizó los ferrocarriles nacionales entregándolos a Union
Pacific Corporation, transnacional de la cual ahora es empleado. Después,
Francisco Gil Díaz, siendo secretario de comunicaciones y transportes
favoreció que con recursos públicos se construyera la red nacional
de fibra óptica con la intención de entregarla a la
española Telefónica, con la cual se asoció y ahora la
preside.
Se trata de evidente corrupción, abuso de poder y
traición a la nación. A ninguno de esos funcionarios se ha
aplicado la Ley Federal de Responsabilidades de los Funcionarios
Públicos. Conforme a esa ley, todos los funcionarios mencionados han
incurrido en cohecho. El artículo en cuestión señala que
"Durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y un
año después, los servidores públicos no podrán
solicitar, aceptar o recibir por sí, o por interpósita persona
(...) empleo, cargo o comisión para si y que procedan de cualquier
persona cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se
encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor
público en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, que
determinen conflicto de intereses".
Y en su último párrafo
precisa: "Se castigará como cohecho las conductas de los servidores
públicos que violen lo dispuesto en este artículo y serán
sancionadas en términos de la legislación penal". Pero, ¿se
ha hecho algo al respecto? Los legisladores o el poder judicial ¿se han
encargado de hacer cumplir la ley? ¡Jamás!
Vendepatrias a ultranza
Ahora, el diputado Guerra declaró que
“Carstens insiste en modificar la Ley de Inversión Extranjera para
que empresas trasnacionales tengan participación accionaria superior a 49
por ciento, hasta ciento por ciento” e informó que
“Telefónica mantiene el 97 por ciento de las acciones, sin existir
presencia mexicana. Se configura una clara violación a lo que establece
la ley, en cuanto que los mexicanos deben tener 51 por ciento. Esto lo supimos
no en México, sino por un reporte que elaboró la Bolsa de Valores
de Nueva York sobre la trasnacional española”.
Las
intenciones de Carstens son obvias y no se refieren solamente a
Telefónica. Cartens es empleado del Fondo Monetario Internacional (FBI) y
representante del mismo en el gobierno espurio de Calderón. El FMI como
el Banco Mundial y demás organismo financieros del imperialismo pretenden
la privatización, total y absoluta, de la infraestructura
estratégica nacional, por la vía de privatizar el 100% de los
sectores fundamentales de producción. Es el caso de las industrias de
energía eléctrica, hidrocarburos, telecomunicaciones,
mineralúrgica y otras.
En varios sectores, la inversión
extranjera ya es del cien por ciento, por ejemplo, en la industria minera, en la
siderúrgica, metal-mecánica, ferrocarriles, banca y otras. Pero
propuesta de Carstens, empleado también de Gil Díaz, implica
legalizar la violación a las leyes que ya hicieron, además de
“regalarle” a Telefónica la red nacional de fibra
óptica que NO es CFE, mucho menos de Elías Ayub o de Carstens,
sino de la nación.
Por si fuera “poca ilegalidad”,
Telefónica evade impuestos.
¡Abajo el mal gobierno!
Con los de Carstens y Gil Díaz están los
intereses facciosos de Luís Téllez y de Calderón. A todos
se les hace fácil regalar lo que no es suyo sino de la nación.
México necesita comunicaciones de vanguardia y al acceso de todos.
Construir la red de fibra óptica para regalarla a la corporación
española no solamente es contradictorio sino
criminal.
El FTE de México está en
contra de esta política y exige aplicar la endeble ley a Zedillo, Gil
Díaz, Carstens, Téllez, Calderón y otros. Lamentablemente,
los propios legisladores incumplen sus propios deberes. La denuncia es correcta
pero hacen falta acciones. En su momento tendrá que tomarlas el pueblo
organizado y movilizado en todo el país. ¡Hay que bajar al gobierno!
[2009, elektron 9 (49) 1].
La CFE construye redes para regalarlas a las transnacionales
Comisión de Energia