Manuel Bartlett
Díaz
El pastel consensuado
26 de febrero de 2009
La lista de consejeros profesionales propuestos
por el Ejecutivo al Senado, con un mes de retraso, es el inicio de la
transformación de Pemex de acuerdo con el modelo privatizador aprobado
por el Congreso.
Uno de los cambios que presumen los promotores
de la reforma energética es el supuesto fortalecimiento del Consejo de
Administración, al que se le faculta en la nueva legislación para
conducir a Pemex conforme a las “mejores prácticas
corporativas”, o sea, prácticas de las empresas privadas
petroleras; con objetivos explícitos de operar un laxo sistema de
contratación —prohibido por el artículo 27
constitucional— con empresas extranjeras para localizar y extraer lo
más rápido posible las mayores cantidades de petróleo para
la seguridad energética extranjera. O sea, Pemex, empresa nacional
garante del aprovechamiento nacional y salvaguardia de nuestro patrimonio
energético, transformada en una empresa extractiva y enajenadora de
hidrocarburos homologada a las empresas petroleras privadas.
Para conferirle el carácter de
“gobierno corporativo”, concepto correspondiente a empresas
comerciales, se decreta una nueva composición del consejo con un papel
preponderante de cuatro consejeros profesionales, que se suman a otros seis
nombrados por el Ejecutivo. No podrá sesionar el consejo sin al menos dos
de estos consejeros profesionales y sus decisiones tendrán que contar con
el voto aprobatorio de dos de ellos.
Estos consejeros durarán seis
años con derecho a reelección hasta 12, no podrán ser
removidos sino por una decisión del propio consejo y, de acuerdo con la
nueva ley, no la que se aplica a todos los funcionarios, serán
prácticamente inamovibles.
Los consejeros todos actuarán “de
acuerdo a su leal saber y entender”, así nada más, y Pemex
pagará seguros y fianzas para protegerlos, a costa de la empresa, por si
incurren en responsabilidades. La Secretaría de la Función
Pública mantiene sus funciones pero no podrá evaluar el
desempeño del consejo; para eso se crea un Comité de
Auditoría, Evaluación y Desempeño, integrado en su
totalidad por tres consejeros profesionales, o sea, se cuidarán ellos
mismos, autorregulables, amparados en una legislación especial;
tendrán autonomía de gestión para evitar
“interferencias políticas”, una inverosímil
privatización de la operación de nuestra empresa nacional.
El Consejo de Administración y sus
derivaciones podrán contratar todo, desde la explotación hasta la
distribución, pasando por la industria petrolera. El consejo
definirá los tipos de contratos, los pagos y sus numerosos mecanismos de
incrementos y bonificaciones, contratos de riesgo disfrazados; tendría
incluso facultad de adjudicación directa sin licitación.
Obviamente, el feliz cuarteto propuesto al
Senado para estas funciones exorbitantes es una consensuada distribución
del pastel: los nombres son lo de menos, lo importante son los compromisos.
Calderón se reserva formalmente dos, panistas, ex funcionarios
foxistas-calderonistas que permanecerán más allá de
Calderón; el PRI obtiene uno, ya desde antes un convencido de las
privatizaciones energéticas; y a la “izquierda”, la que
validó finalmente el modelo desnacionalizador, se le retribuye con uno.
Alegre y prometedora privatización; apenas empiezan.
mbartlett_diaz@hotmail.com
Ex secretario de Estado
Fuente:
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/43052.html
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Las aguas del Golfo de México en la mira de las corporaciones petroleras
Comisión de Energia