Dependiendo de las anteriores opciones están las consecuencias y caminos a seguir. La nacionalización conduce a la integración de la industria eléctrica nacionalizada; la privatización, a la desintegración industrial.

Culminar la nacionalización eléctrica quiere decir integrar la industria. Esto significa que las facultades que la Constitución le otorga la Nación en materia de electricidad deben llevarse a cabo por un solo Organismo, a nivel nacional, encargado de realizar todas las funciones que representan al proceso de trabajo eléctrico, a saber, planeación, investigación y desarrollo, ingeniería de proyectos, generación, transformación, transmisión, control, distribución y comercialización. Así se previó cuando se nacionalizó la industria, así se avanzó hasta 1976. La propia Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) de 1975 fue el paso lógico para afirmar la nacionalización.

La integración de la industria eléctrica nacionalizada implica la necesidad de definir cuestiones básicas: 1- La Política Eléctrica, 2- El Plan Eléctrico Nacional, 3- La Reorganización Industrial del Trabajo en un solo Organismo. Al respecto existen propuestas de los trabajadores que incluyen modificaciones y adiciones a la LSPEE para suprimir las regresivas reformas de 1992 y mejorar a la Ley de 1975.

No se trata de regresar al pasado, sino al punto en que se interrumpió la nacionalización precisamente para culminarla. Esto es viable y, además, necesario para la Nación y para los trabajadores. Si el proceso se interrumpió fue por la represión a electricistas y nucleares, y porque se impusieron las tendencias antiunitarias que dieron paso al charrismo sindical. Después, las burocracias y gobiernos en turno hicieron caso omiso de sus deberes y procedieron al contrario. Debiendo de extinguirse las acciones de las Compañías en liquidación hacia 1999, la industria eléctrica nacionalizada asumiría la responsabilidad de proporcionar el servicio en las zonas de trabajo a cargo de las empresas privadas. Pero, en vez de culminar la nacionalización, Salinas de Gortari y los charros sindicales en turno decidieron sesgar el camino. Se creo a Luz y Fuerza del Centro (LFC), en ausencia total de perspectivas, a cambio de apoyar la privatización de la industria eléctrica nacionalizada (que incluye a LFC). El resultado no solo fue aquel abrazo de Necaxa sino la aprobación de las modificaciones a la LSPEE en 1992 sin que casi nadie dijera nada. Así se inició la privatización eléctrica en México.

Ahora, las mismas tendencias antiunitarias de antaño siguen posesionadas de los aparatos sindicales y, por supuesto, son contrarias a la integración industrial. No dan razones porque no las tienes, simplemente se oponen. Por su parte, las burocracias políticas carentes de base social propia, se apantallan y a cualquier charro se le hincan. En consecuencia repiten que, por ahora, la integración industrial no es conveniente, se puede dejar para después, en este momento hay que unirse para detener la privatización. ¡Pura pantufla!, dirían los amigos cubanos.

Precisamente, la única manera de detener a la privatización es mediante la integración industrial. No solamente existen razones históricas e ideológicas, las hay de carácter técnico-económico, simplemente para lograr mayor eficiencia y optimización en los procesos y el servicio. Eso supone la reorganización del trabajo en un solo Organismo encargado de la operación, mantenimiento, transporte y administración de las funciones constitucionales en la materia.

El Organismo único sería el responsable a nivel nacional de proporcionar el servicio eléctrico. Consecuentemente, habría que reorganizar el trabajo en las diversas zonas del país, particularmente en el Valle de México. En esta división se integraría Luz y Fuerza del Centro, mientras que en la División Oriente se integraría Laguna Verde y así en las demás, incluyendo la Peninsular. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y LFC serían transformadas y pasarían a ser una misma industria. Con ello se resolverían muchísimos problemas de operación, financieros, contables y administrativos. Para LFC significaría, sencillamente, garantizar el futuro y no volvería a ser jamás revendedora de electricidad en estado de persistente crisis. El Organismo único se encargaría de operar a todas las unidades generadoras, de todos los tipos, así como a las redes de transmisión y distribución en todo el país.

Sin integración industrial, el escenario previsible es justamente la desintegración y la pérdida de este importante patrimonio nacional. Si no es de esta manera, mediante la integración industrial, la pregunta es muy sencilla: ¿Cómo se impedirá la privatización? ¿Alguien tiene una respuesta coherente? No, porque no la hay.

Actualmente, ya se han constituido más de 100 empresas privadas que han estado recibiendo permisos de todo tipo para generar electricidad. Dominan las grandes transnacionales (Iberdrola, Unión Fenosa, Enron, Mitsubishi, Electricitè de France y otras). Más aún, varias de estas empresas están coaligándose e integrando nuevos monopolios privados. Un solo ejemplo es Iberdrola que opera en el país con varias filiales. En poco tiempo, habrá multitud de empresas eléctricas privadas literalmente "colgadas" de la red eléctrica nacional presionando casa vez más para destruir a lo que quedare de la industria nacionalizada. De manera que, integrar la industria es algo urgente, que no depende del gusto de los charros ni del gobierno; es una necesidad insoslayable de la Nación para conservar su patrimonio.