En la lucha contra la privatización de la industria eléctrica de México, las opciones son muy claras: Nacionalización o Privatización. No hay alternativa intermedia, pretenderlo es engañarse.

La privatización es la propuesta del imperialismo, los empresarios y el gobierno. Las razones son obvias, a todos les conviene que tan importante industria pase a ser propiedad privada porque se trata de un enorme negocio de importancia estratégica.

Para los trabajadores, y el pueblo, la propuesta no puede ser otra que la nacionalización. Esto significa mantener la propiedad estatal por razones de interés nacional.

Hay un evidente conflicto de clase.

La privatización se ha estado imponiendo compulsivamente, al margen de la legalidad constitucional y por sobre la voluntad del pueblo mexicano. Este conquistó a la industria eléctrica misma que fue nacionalizada. El hecho no fue administrativo, sino político, resultado de una situación objetivamente insostenible. Los peores escenarios del discurso ya se vivieron en México. Mal ser servicio, escasez crónica, alza de tarifas, etc., dieron la razón a los electricistas en el sentido de que la industria eléctrica o debe ser sino de propiedad nacional. Los resultados obtenidos luego de 40 años muestran que la decisión de nacionalizar la industria fue algo acertado. ¿Porqué, ahora, sería mejor en manos privadas? La respuesta es obvia, el servicio no sería mejor, no es eso lo que importa sino la eliminación de la propiedad social.

Privatizar a la industria eléctrica de México significa para los inversionistas privados aprovecharse gratuitamente de una amplia e importante infraestructura industrial, disponer de un mercado cautivo y amplio al desaparecer el servicio público de energía eléctrica y controlar una actividad estratégica para el desarrollo independiente y soberano del país.

La nacionalización condujo a relevantes logros. Luego, en 1975, los electricistas y nucleares en lucha logramos, en plena lucha de la Tendencia Democrática, la promulgación de la primera Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). En esa ley se reafirmó el derecho exclusivo de la Nación en materia de electricidad y se definió al servicio público de energía eléctrica. Por otra parte, se logró la unificación de frecuencia y la interconexión de casi todo el territorio nacional. La red eléctrica es uno de los sistemas más extensos del mundo. Esa red está puesta ya al servicio de los privatizadores. Entretanto, la capacidad instalada de generación eléctrica privada aumenta cada día, mientras que la expansión de la industria nacionalizada ha sido detenida por completo.

Los permisos privados otorgados al año 2000 representan 12 mil Mwe, mientras que la capacidad instalada total asciende a 36 mil. Cada día, además, se otorgan más permisos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Pronto, la capacidad instalada privada será similar o mayor a la estatal. Todo esto se está haciendo sin haber modificado a la Constitución, la base son las reformas anticonstitucionales de 1992 a la LSPEE, que están sirviendo para "legalizar" la privatización.

Ante esta situación, muchas voces han dicho NO a la privatización y, al mismo tiempo, SI a la apertura eléctrica privada. Algunos dicen, incluso, que esa apertura es legal porque se basa en la ley (ilegal) de 1992; otros señalan que no hay necesidad de privatizar a la industria eléctrica porque ya, actualmente, puede participar la iniciativa privada. De esta manera, avalan la apertura privada, es decir la privatización.

Esa ambigüedad en el discurso está permitiendo que el gobierno actúe, en medio de la confusión y desmovilización de los trabajadores. El avance de la apertura privada representa, ni más ni menos, que la DESNACIONALIZACION de la industria eléctrica. Por eso es que la alternativa obrera es, precisamente, la Nacionalización. Esta no ha concluido, fue interrumpida violentamente por el Estado en 1976, cuando los electricistas democráticos fuimos reprimidos por el ejército, policía y gobierno. No solamente existen razones históricas o ideológicas para culminar la nacionalización, las hay de carácter técnico y legal. Ahora bien, si no es de esta manera, la pregunta es muy simple: ¿cómo se impedirá la privatización?

En la propuesta de nacionalización la solución puede ser sencilla si se actúa de inmediato y con firmeza. La misma LSPEE prevee que los permisos pueden revocarse y eso debe hacerse. Si no es así, la situación se complica pero tiene solución. De hecho, el gobierno actúa en sentido contrario. No va a revocar ningún permiso, más bien otorgará más. Ya están dentro de la industria eléctrica grandes y poderosos intereses políticos y económicos. Quienes proponen la apertura privada se justifican y dicen que ya no se puede hacer nada, entonces hay que ubicarse en la nueva situación. Eso es vil oportunismo. Claro que el gobierno jamás hará nada a favor de la Nación, el mismo López Mateos no actúo por cuenta propia, fue la movilización popular y las infames condiciones creadas por las empresas privadas las que llevaron a la decisión presidencial. Esta vez, será igual.

Quienes proponemos culminar la nacionalización no esperaremos a que el gobierno la haga. Lo que se requiere es la organización de un movimiento nacional capaz de imponer, de ser necesario, la expropiación de las empresas privadas, es decir, una nueva nacionalización.

De continuar como hasta ahora, el gobierno terminará por privatizar toda la industria sin modificar la Constitución, después nada se podrá hacer, la Constitución saldrá sobrando. Los nuevos monopolios (privados) decidirán el destino de la Nación y se habrá perdido a tan importante industria eléctrica nacionalizada.