Transnacionales mineras en México
La industria minera mexicana es privada y
desde hace 500 años se dedica al saqueo de los minerales propiedad de la
nación. Del total actual, el 44.4% pertenece a las transnacionales
mineras, principalmente canadienses. En este sector, las condiciones de trabajo
son semi-esclavas pero las consecuencias son peores al destruir la vida y la
naturaleza a cambio de la ganancia
capitalista.
257 transnacionales, 628 proyectos mineros
Estos son datos de la
secretaría de economía publicados en la prensa. “La
Dirección General de Promoción Minera (DGPM) de la dependencia
reportó que en 2007 existían 209 empresas con capital extranjero
que manejaban en total 468 proyectos mineros distintos, pero para 2008 la cifra
se elevó a 257 compañías foráneas a cargo de 628
proyectos de exploración, desarrollo y producción de todo tipo de
metales y minerales en todo el país” (González S., en La
Jornada, 4 ene 2009).
En el Registro Público de Minería, a
junio de 2008, estaban inscritas 1,828 sociedades o empresas mineras, de las
cuales, 813 son de origen extranjero, es decir, el 44.4% del total. Durante el
primer semestre de 2008, se registraron 73 empresas nacionales y 37
extranjeras.
“En términos de inversión, las cifras
oficiales precisan que únicamente 27 por ciento de los 2 mil 180 millones
de dólares que captó el sector minero entre enero y agosto de 2008
provino de inversiones extranjeras, mientras que el resto correspondió a
empresas afiliadas a la Cámara Minera de México (Camimex), pero
debe recordarse que algunas de ellas también tienen participación
extranjera”.
La industria minera es la más antigua desde la
colonia española que sirvió para el desarrollo del capitalismo en
México. Hace más de 500 años, se lleva a cabo un saqueo
sistemático de los recursos naturales de la nación, con uno de los
procesos de trabajo más esclavizantes y una legislación abusiva en
favor del capital.
La minería es sinónimo de dependencia y
esclavitud. De acuerdo a la legislación minera, cualquier empresa
privada, nacional o extranjera, tiene el “derecho” a apropiarse de
la riqueza natural. EL mecanismo consiste en obtener una concesión del
gobierno federal. Para lograrla basta solicitarla pues el gobierno siempre
accede.
Una vez otorgada la concesión, los pueblos no tienen
derecho a nada y, si se oponen, pueden ser expropiados “por causa de
utilidad pública”, según el gobierno. Si hay resistencia, el
Estado echa mano de la policía o los soldados.
Esta
política la han seguido TODOS los gobiernos que ha habido en
México y la situación es cada vez peor.
Enormes ganancias, enorme pobreza
En el sector de la minería se presentan
contradicciones abismales. Las ganancias siempre han sido enormes, lo mismo que
la pobreza; la primera es para unos cuantos, la segunda para la
mayoría.
Según la Camimex, “dado que 70 por ciento
del territorio de México contiene importantes yacimientos mineros, en
2007 obtuvo el primer lugar del índice de potencial minero que a nivel
mundial elabora el Instituto Fraser de Canadá, luego de que un año
antes, en 2006, estaba ubicado en el sitio número 20, es decir que en tan
sólo doce meses dio un salto de 19 sitios”.
De acuerdo a los
datos oficiales, “las estadísticas de la DGPM muestran que 77 por
ciento de las empresas mineras extranjeras provienen de Canadá, ya que
suman 198 del total. En un segundo lugar, pero muy rezagado de las canadienses,
se ubican las empresas de Estados Unidos, con 14 por ciento de las 257
compañías foráneas que tienen actividades mineras en el
país. Luego se colocan Inglaterra, Australia, Japón, China, Corea
y Suiza con porcentajes que van del uno al dos por ciento del total, mientras
que Suiza, Luxemburgo, Chile, Italia, Holanda y Perú tienen porcentajes
por debajo del uno por ciento ya que solamente tienen una empresa cada
uno”.
“Aunque todavía no se cuenta con los resultados
completos de 2008 sobre la minería no petrolera –el dato más
reciente del INEGI indica que en octubre hubo un crecimiento de 1.4 por ciento
respecto al mismo mes de 2007–, el gobierno federal pronosticó que
la inversión crecerá 53.9 por ciento respecto a los 2 mil 156
millones de dólares registrados en 2007, aunado al superávit
registrado en la balanza comercial de la industria minero metalúrgica
obtenido por el alza en los precios internacionales de los metales y
minerales”.
“Según información de la Camimex,
entre los años 2005 y 2007 la industria minera fue el único sector
productivo de México que tuvo un crecimiento de dos dígitos, ya
que en este último año su producción alcanzó un
valor de 8 mil 100 millones de dólares, lo que representa un incremento
del 13 por ciento respecto al año previo y de hasta 65 por ciento
comparado con 2005, situación que según ha destacado el organismo
empresarial contrasta con el decrecimiento que han registrado los ingresos por
exportaciones petroleras o las divisas de migrantes”.
El charrismo aliado del capital
En el sector minero existe una mafia sindical que ha
impuesto una dictadura que lleva más de 50 años y sigue impune,
mostrando su poder económico y político. No por casualidad
Napoleón Gómez Urrutia, heredero del sindicato minero, está
en Canadá. Detrás del exilio están las transnacionales
mineras canadienses, a las que sirve, así como la exConfederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), ahora CIS,
organización imperialista al servicio del capital a la cual está
afiliado Napo y “su” sindicato.
Ni a charros ni a empresarios
preocupa la salud de los mineros ni menos de la población. Su objetivo es
el enriquecimiento ilícito. Mientras, las empresas mineras siguen la
explotación literal de los recursos naturales que son de la
nación.
El FTE está en contra de la política
minero-metalúrgica seguida en el país y propone una alternativa de
desarrollo basada en la nacionalización de la industria
minero-metalúrgica. Sí, hay que expropiar al capital, exterminar
al charrismo sindical y evitar que los gobiernos en turno procedan unilateral y
corruptamente en contra de la nación.
Si no hay
nacionalización no debe haber minería porque en las manos privadas
es sinónimo de miseria y muerte. La nacionalización no es la
panacea pero supera a la actual situación. Para evitar que el Estado siga
la misma política es preciso que los trabajadores y los pueblos
intervengan en el control de la planeación, producción y
desarrollo mineralúrgico.
Sin la intervención organizada
de los trabajadores y del pueblo a nivel nacional no hay ninguna posibilidad de
mejora en la minería y, en tales condiciones, carece de sentido apoyar
los trabajos de las concesiones mineras al capital.
Presa de jales mineros
Comisión de Energia