Este 2008, en México, la mayoría de los
legisladores aprobaron la mayor contra-reforma energética desde 1938. En
aquella ocasión, los trabajadores y pueblo mexicano rescataron para la
nación el domino sobre sus hidrocarburos. Otro tanto ocurrió en
1960 con la nacionalización eléctrica. Hoy, sin embargo, el sector
energético está sujeto a una seria
desnacionalización.
La legalidad constitucional está rota.
No existe más el Estado de derecho pues los gobiernos en turno lo han
transformado en un Estado del mercado. La política energética
oficial no se basa en lo dispuesto por la Constitución, que constituye el
pacto político de la nación, sino en la legislación
secundaria inconstitucional.
La reforma energética que aprobaron
los partidos políticos, en las Cámaras de Senadores y de
Diputados, es un agravio a la nación mexicana viviente. La opinión
mayoritaria de la población fue ignorada. Todos los partidos
políticos propusieron iniciativas privatizadoras.
La
privatización se expresa en la transferencia de las funciones
constitucionales estratégicas a las corporaciones imperialistas,
organismos especializados en proporcionar servicios múltiples mediante
redes internacionales del capital privado.
La reciente reforma otorga
facultades a la secretaría de energía para promover la
participación privada en las actividades estratégicas del sector
petrolero, del gas, de la petroquímica, de la energía
eléctrica y de todas las fuentes, renovables y no renovables, de
energía.
El mecanismo a seguir es el otorgamiento de concesiones,
contratos y permisos a los particulares, a través de la Comisión
Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
A la primera, además de las actuales facultades en materia de gas natural
y generación eléctrica, se le adicionaron facultades para regular
la distribución y transporte por medio de ductos de productos
petrolíferos, petroquímicos y agrocombustibles, así como,
su almacenamiento. La segunda, se encargará de regular los contratos para
la exploración y producción de hidrocarburos, tanto en tierra
firme como en las aguas del Golfo de México.
La
privatización de Pemex será a través del otorgamiento a las
transnacionales de contratos de obras y servicios, de toda clase, incluyendo la
exploración y producción de hidrocarburos. Pemex, de acuerdo a lo
indicado por la Ley Reglamentaria en el Ramo del Petróleo, podrá
otorgar tales contratos, mediante un régimen especial, sin requerir la
autorización del Consejo de Administración. Este,
incorporará a cuatro consejeros “independientes” para
decidir, junto con las burocracias estatal y sindical y con plena
“autonomía de gestión”, las decisiones fundamentales
de la industria petrolera de los mexicanos. El Consejo podrá decidir,
también, la creación de subsidiarias, filiales y sociedades
mercantiles. Además, Pemex se sujetará al derecho extranjero con
la obligación de acudir ante tribunales internacionales en caso de
controversias.
Todos estos hechos son inconstitucionales y representan
una traición a la nación. Para los mexicanos en lucha se inicia
una nueva etapa que, en opinión del FTE de México, debemos
orientarla hacia la Re-nacionalización de México, especialmente en
materia energética. Este es un proceso que requiere de
organización, conciencia, solidaridad y alegría.
Para
realizar un análisis crítico de la reforma energética
neoliberal realizamos el XI Foro de Energía, el 4 de diciembre de 2008, a
partir de las 16:30 hs., en el Centro Cultural Miguel Sabido, calle Basilio
Badillo No. 4, Alameda Central, Centro Histórico de la Ciudad de
México.
Comisión de Energia