Foro en Ocoyoacac
En la Casa de los Amigos de Ocoyoacac, con una
numerosa asistencia de jóvenes, hombres y mujeres de la comunidad, se
realizó un Foro para analizar los resultados de la reforma
energética aprobada recientemente por el poder legislativo. La reforma
significa la privatización total, se comentó. También se
dijo que debemos organizarnos, concientizarnos y consolidar al Consejo Popular
de Ocoyaocac para defender el patrimonio colectivo de todos los
mexicanos.
Reforma energética privatizadora
Organizado por la Alianza Popular
de Ocoyoacac, el 15 de noviembre de 2008, el evento fue iniciado por el
químico Arturo Rivera (FTE) quien señaló que los
legisladores que recientemente aprobaron una reforma energética
privatizadora deben ser sometidos a juicio político por traición a
la patria. Asimismo, refrendó el compromiso del Frente de seguir luchando
para que los recursos energéticos sean re-nacionalizados.
Arturo
señaló que, con la reforma energética, se
entregarían contratos a las transnacionales para la exploración y
explotación de los hidrocarburos, hecho prohibido por la
Constitución. No únicamente, pues la reforma contempla privatizar
todas las fuentes de energía, actuales y futuras, contrariamente a lo
dispuesto constitucionalmente. Llamó a organizarnos para estar en
capacidad de poder defender los recursos naturales que son propiedad de la
nación.
Privatización energética generalizada
Después, el doctor Bahena
explicó los términos de la reforma energética aprobada por
los legisladores en octubre anterior. Contrariamente a lo expresado por los
políticos y “expertos”, la situación es muy
desfavorable para la nación. No es cierto que se haya impedido la
privatización, al contrario, se amplió y
generalizó.
En primera instancia, la privatización furtiva
en marcha se avaló para que continúe impunemente. En materia
eléctrica y petrolera, esa privatización fue acordada en 1994 con
la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con América del Norte. En
esa ocasión, la Constitución fue modificada unilateral y
regresivamente.
Actualmente, el artículo 27 constitucional indica
en el párrafo sexto del mismo que corresponde a la nación la
generación, transmisión, distribución y
comercialización que tenga por objeto la prestación del servicio
público. Eso implica, consecuencia de la nacionalización
eléctrica, que todas las fases del proceso de trabajo deben ser llevadas
a cabo por el Estado mexicano de manera exclusiva. Esto es así porque se
trata de funciones “estratégicas”, según se indica en
el párrafo cuarto del artículo 27 constitucional.
Sin
embargo, en el Anexo 602.3 del TLC se introdujo un “párrafo
5” que NO EXISTE en la Constitución. En ese párrafo se
“acordó” que la generación eléctrica, producida
mediante figuras jurídicas inventadas, tales como, autoabastecimiento,
cogeneración, producción privada independiente, importación
y exportación NO constituyen servicio público.
Con esa
tramposa definición, a la fecha se ha privatizado el 48.3% de la
generación eléctrica total a nivel nacional, con base en las
reformas de 1992 a la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica (LSPEE).
Esto no les dijo nada a los legisladores y
“expertos” quienes en todas las iniciativas apoyaron a la
privatización en marcha y terminaron aprobando la reforma
energética que permite continuar con esa situación. Peor
aún, al extendieron a todas las fuentes de energía, tanto
renovables como no renovables. Entre las primeras, incluyeron al agua, la
geotermia, el viento, las mareas, el Sol e, incluso, los
agrocombustibles.
Todas las acciones para la privatización las
instrumenta la Comisión Reguladora de Energía (CRE), misma que fue
fortalecida por los legisladores y, ahora, se encargará de
“regular” la generación eléctrica, la
distribución, transporte y almacenamiento de gas natural, la
distribución y transporte de gas LP por medio de ductos, así como,
la distribución y transporte de productos petrolíferos,
petroquímicos y agrocombustible por medio de ductos, y su
almacenamiento.
La CRE privatiza al sector energético otorgando
permisos privados a los particulares, hecho prohibido por la
Constitución. Con la reforma, los partidos políticos ampliaron las
facultades de la CRE, la que decide de manera autónoma la entrega al
extranjero de las funciones constitucionales extranjeras. En materia
eléctrica se han entregado ya 736 permisos y 200 en el caso del gas
natural y gas LP.
Entrega de funciones constitucionales
En materia petrolera, la contra- reforma aprobada
es antinacional por inconstitucional y privatizadora. No se acordó vender
activos de Pemex sino algo peor, es decir, ceder las funciones constitucionales
estratégicas a las transnacionales por la vía de otorgarles toda
clase de contratos de obras y servicios, especialmente para la
exploración y extracción de petróleo crudo y gas. Al
respecto, los legisladores hablaron de haber interpuesto “candados”
o restricciones, sin embargo, en ningún momento objetaron el otorgamiento
de contratos, mismos que están expresamente prohibidos por la
Constitución.
Además, ratificaron al TLC en materia de
petroquímica y gas natural, mediante la definición de una
industria petrolera y fragmentada, como había sido acordada por las
reformas de 1995 a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en
el Ramo del Petróleo (LRRP).
L desintegración de la
paraestatal fue avalada al acordar que el Consejo de Administración de la
misma decida la creación de subsidiarias, filiales y sociedades
mercantiles. No nadamás, con el otorgamiento de autonomía de
gestión y presupuestaria, el Consejo podrá decidir la
emisión de fraudulentos bonos, el endeudamiento de la empresa a
discreción y el nuevo régimen para la contratación.
Adicionalmente, la nueva ley de Pemex establece la obligación de
someterse al derecho extranjero y a la jurisdicción de tribunales
internacionales en caso de controversias.
Con estas medidas, los
legisladores comprometieron el futuro de los recursos de hidrocarburos,
especialmente en las aguas del Golfo de México, incluyendo a las
estructuras transfronterizas que se comparten con México, Cuba, Belice y
Guatemala.
Para avalar los contratos con las transnacionales fue creada
la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), encargada de
“regular” la exploración y explotación de los
hidrocarburos. Esta comisión mantendrá la información en
términos de confidencialidad, de manera que, cinco burócratas
menores decidirán sobre el patrimonio energético de la nación.
Seguir la vía política
Luego de las presentaciones, los asistentes
hicieron varias preguntas e intervenciones. Un joven abogado dijo que la reforma
aprobada representa la privatización total y sugirió explorar la
vía jurídica para defender las disposiciones constitucionales
anulando las leyes secundarias. Tal vez podría interponerse un recurso de
inconstitucionalidad.
En efecto, se contestó que ese podría
ser un mecanismo, el problema es que no se cubren los requisitos ya que se
necesitaría un tercio de legisladores que no se alcanza porque la
mayoría votó a favor de la contra-reforma.
Un
compañero de Coapanoaya expresó que las leyes reglamentarias
están haciendo a un lado a la Constitución al contravenirla y
preguntó: ¿Ya no se puede hacer nada?
Se le dijo que no
estamos perdidos, hay todavía mucho que hacer. Pero, el asunto,
más que jurídico es político. En el primer caso, se trata
de la ruptura legislativa de la legalidad constitucional, las leyes secundarias
aprobadas son ilegales. Sin embargo, al Estado, gobierno, partidos
políticos y legisladores no les importa la ley. El problema
político es mayor porque, al seguir la ilegalidad, se está
rompiendo el pacto político de la nación expresado en la
Constitución. Precisamente, por ello, se debe seguir una vía
política.
Una compañera, ama de casa, preguntó
¿cómo unir al movimiento social? Y ¿qué debemos hacer
como ciudadanos? Luego, comentó que desde la conquista española no
hemos sido realmente libres, porque hay hambre y miseria y el poder lo tienen
unos cuantos que “ya nos tomaron la medida”. Dicen que hay
democracia pero el pueblo no la tiene y la patria, empezando por la tierra, se
sigue entregando al extranjero.
Invitó a conocer nuestras
raíces y cultura y defenderla porque vender la patria nos afecta a todos.
Se refirió a la crítica situación actual y dijo que
“las mujeres vamos a sufrir más” mientras los
políticos negocian conformándose con migajas. “Hay que
ponernos las pilas”, agregó, porque nos hemos vuelto
egoístas e individualistas, y debemos enfrentar una situación
difícil.
Organizarnos como mexicanos
Un compañero dijo que un problema serio es el de
las aguas profundas en el Golfo de México y preguntó:
¿Porqué Pemex no ha trabajado al respecto? Señaló que
los políticos toman decisiones irresponsables. En respuesta se le
indicó que Pemex ha dejado da hacer, deliberadamente, muchas de sus
funciones constitucionales en correspondencia con una política petrolera
antinacional.
En el caso de la exploración, no hay quién la
haga porque el gobierno deshizo a los grupos, tanto en Pemex como en el IMP; la
ingeniería fue destruida; y, la investigación científica
reducida a su mínima expresión. El objetivo ha sido deteriorar a
la industria nacionalizada para privatizarla. Durante años, Pemex e IMP
estaban a la vanguardia pero ahora es a la inversa. Mientras, se ha fortalecido
al contratismo y, con la reforma energética, se trata de favorecer la
entrada de transnacionales que, sea en tierra o en el mar, traerán su
propia tecnología, equipos y hasta personal, sin que aporten nada al
desarrollo nacional. Al contrario, se llevarán los datos, la experiencia,
el conocimiento y la riqueza de la nación.
Para finalizar,
Martín Sierra, llamó en consolidar al Consejo Popular de Ocoyoacac
para concienciar a las comunidades de la región sobre la importancia de
defender a los recursos naturales. Organizarnos independientemente “de
colores y creencias”, dijo. Lo que importa es defender el derecho y el
patrimonio colectivo como mexicanos. El Foro concluyó en medio de un
intenso frío pero la discusión continuó con un rico atole y
unos buenos tamales. (b304, 16 nov 2008).
El pueblo de Ocoyoacac defiende los recursos naturales de la nación
Comisión de Energia