Aprueban cuarto dictamen
Las comisiones del Senado aprobaron el dictamen
que adiciona facultades a la Comisión Reguladora de Energía, misma
que a la fecha ha otorgado 736 permisos privados a los particulares habiendo
desnacionalizado ya el 48.3% de la capacidad de generación
eléctrica total a nivel nacional. Este dictamen es inaceptable por ser
abiertamente privatizador. Con o sin votación, todos los partidos
están avalando la continuación impune de la privatización
energética furtiva.
Dictamen privatizador
Con 12 votos a favor, las comisiones de
energía y de estudios legislativos del Senado aprobaron el dictamen de la
Ley de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que fortalece (sic)
y amplía (sic) las actividades que regula dicha instancia. El PRD se
volvió a “reservar” su voto.
“La Comisión
Reguladora de Energía, órgano desconcentrado de la
secretaría energía gozará de autonomía
técnica, operativa, de gestión y decisión al llevar a cabo
la regulación económica de los sectores de gas y
electricidad”. Asimismo, se acordó ampliar las actividades
reguladas por la CRE, "con lo que se disminuye el riesgo de distorsiones en los
precios y en la selección de los medios de transporte y almacenamiento de
gas natural" (Notimex, 17 oct 2008).
El dictamen “se aprobó
con modificaciones, ya que Arturo Núñez hizo notar que se
otorgaban facultades a ese organismo para intervenir en refinación, redes
de distribución y almacenamiento de petróleo, como si esas
actividades las fueran a realizar compañías privadas”
(Becerril A., en La Jornada 18 oct 2008).
Este dictamen es
inconstitucional y contiene, explícitamente, el veneno privatizador. La
CRE es el instrumento propuesto por el Banco Mundial (BM) para concretar la
privatización energética en materia de electricidad, para llevarla
al 100%, y de gas natural.
A la fecha, esta Comisión ha otorgado
200 permisos para la distribución, transporte y almacenamiento de gas
natural, y distribución y transporte de gas LP por medio de ductos. Estas
actividades ya son privadas, acordes con lo establecido por el Tratado de Libre
Comercio (TLC) y las contrarreformas de 1995, 1996 y 2006 a la Ley Reglamentaria
del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo
(LRRP).
En el caso eléctrico, con base en las inconstitucionales
reformas de 1992 a la Ley de Servicio Público de Energía
Eléctrica (LSPEE), la CRE ha otorgado 736 permisos privados a las
transnacionales y sus filiales. Esto significa que el 48.3% de la capacidad de
generación eléctrica total a nivel nacional, ya es privada.
Más de 300 transnacionales y sus filiales ocupan el territorio nacional.
La CRE ya desnacionalizó a la industria eléctrica de los
mexicanos.
Pero, eso, no les dice NADA a los legisladores de
ningún partido. Peor aún, todavía se atreven a fortalecer a
esa comisión traidora. El PRI y el PAN apoyan esas propuestas. El propio
FAP, en la iniciativa elaborada por los “expertos”, solamente
propuso que la CRE presente “un informe” de los permisos otorgados.
Esto es simplista porque, no se trata de que esa comisión
“informe” de sus fechorías, sino que, NO se otorguen permisos
inconstitucionales.
Ley para el aprovechamiento de energías renovables
En las comisiones se
pretendía aprobar el dictamen sobre la Ley para el Aprovechamiento de las
Energías Renovables, propuesta por el PVEM, y la Ley para el
Financiamiento de la Transición Energética, propuesta por el PRI.
Sin embargo, se pospuso la votación.
Esto se debió a la
discusión que se suscitó respecto a la primera Ley. “Pablo
Gómez planteó que en la pasada legislatura quedó en primera
lectura en el Senado una minuta con un proyecto similar de reforma, a la que
primero debía darse trámite, pero su planteamiento no
prosperó”. “Núñez advirtió que aunque en
la exposición de motivos se destaca que la intención es impulsar
el desarrollo de energías renovables, lo que se busca realmente es que
continúe la participación de la inversión privada en la
generación de energía eléctrica, lo cual viola la
Constitución” (Becerril A., en La Jornada 18 oct 2008).
En
efecto, así es. Lo grotesco es que Nuñez, Graco, Dante,
Gómez y otros senadores del todos los partidos aprobaron, desde el 17 de
abril de 2007, un dictamen pare otorgarle a la secretaría de
energía (Sener) las facultades de “regular” todas las fuentes
de energía alternas a los hidrocarburos. Esto incluye a las renovables y
las no renovables. Ahora, en 2008, TODOS los partidos volvieron a presentar la
misma propuesta, relacionada con las reformas al artículo 33 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), cuyo
dictamen ya fue aprobado por las comisiones del Senado. Na-die objetó
na-da.
El mismo FAP, en su iniciativa energética, NO objetó
a esas reformas; más aún, también las propuso.
Consecuentemente, ese dictamen fue aprobado en
comisiones.
Núñez tiene razón cuando indica que se
continuaría con la privatización eléctrica “lo cual
viola la Constitución”. Pero, entonces, ¿porqué
aprobaron (y propusieron) las reformas al artículo 33 de la LOAPF? Apenas
están descubriendo el veneno privatizador; podría ser
tarde.
“El senador del PVEM Arturo Escobar y los panistas Fernando
Elizondo y Rubén Camarillo sostuvieron que no hay inconstitucionalidad,
debido a que la Ley del Servicio Público para la Energía
Eléctrica permite la generación a particulares, e insistieron en
la urgencia de impulsar fuentes alternas renovables”.
Sí, la
LSPEE permite la generación eléctrica privada, incluyendo a las
fuentes renovables. Entre los permisos privados otorgados por la CRE
están varios referidos al viento. Iberdrola de España,
Electricidad de Francia, y prestanombres vendepatrias, ya han instalado cientos
de aerogeneradores en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, para la generación
eoloeléctrica, a base del viento. Pero, las disposiciones de la
legislación secundaria contravienen a la Constitución, pues el
párrafo sexto del artículo 27 constitucional indica que en materia
eléctrica NO se otorgarán concesiones a los particulares. De
manera que sí existe inconstitucionalidad.
“Gómez
Álvarez, sin embargo, desmenuzó el anteproyecto de dictamen, y
precisó que se obliga a la CRE a expedir reglas para interconectar a las
empresas privadas al sistema eléctrico nacional y se crea un fondo de
transición “a fondo perdido” para financiar a cualquiera; por
ejemplo, a una empresa extranjera que instale generadores de energía
eólica”. Así es, pero eso no es nuevo. La
privatización eléctrica furtiva se inició en 1992 y hoy
está dominada por las transnacionales. Gómez, al parecer, no se
había dado cuenta siendo que casi la mitad de la industria
eléctrica mexicana ya nos ha sido expropiada.
El panista
Rubén Camarillo “restó importancia a los planteamientos de
los perredistas”. Gómez Álvarez advirtió que
“el PRD no votará ese dictamen de no modificarse los
artículos 17 y 18, los cuales señalan la obligación de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) de comprar la energía
generada por empresas privadas y su interconexión al sistema
nacional”. Eso, es exactamente lo que ya existe y que el FAP, en
ningún momento, objetó en la iniciativa energética de los
“expertos”, al contrario las apoyó.
Gomez
advirtió “que si se imponen y aprueban esa ley que viola la Carta
Magna, el PRD podría acudir a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, que en la pasada legislatura resolvió una controversia
constitucional”. Sí, el pequeño problema es que el propio
FAP aceptó el primer dictamen que autoriza a la Sener para
“promover la participación de los particulares en las actividades
del sector energético, otorgar concesiones, autorizaciones y permisos a
los particulares, y regular las fuentes energéticas alternas a los
hidrocarburos”. La Sener llevará a cabo esas actividades a
través de la CRE. Además, el FAP está de acuerdo con las
reformas a la Ley de la CRE. El rollo de Gómez, entonces, no pasa de una
simple amenaza que no podrá cumplir.
Por simple decoro
político, los legisladores del FAP tienen la obligación de
rechazar el primero, cuarto, quinto y demás dictámenes
privatizadores. En la medida en que no lo están haciendo y la
dictaminación sigue, el PRI y el PAN se están llevando “al
baile” al FAP, mientras AMLO sigue vacilando con la resistencia.
PRI y PAN van por una votación de mayoría
El quinto dictamen quedó
pendiente. Entre tanto, el PRI volvió a “introducir el tema de las
refinerías privadas, el cual había retirado días
antes”, con la obvia intención de presionar al FAP para que acepte
los contratos en la industria petrolera.
El objetivo parece aclararse. El
PRI y el PAN ya “sacaron” las bases de la privatización
furtiva, indicadas en el primer dictamen, mismo que ya pasó al pleno en
“primera lectura”. TODOS los partidos están de acuerdo. El
cuarto dictamen, también privatizador, ya fue aprobado en comisiones y
TODOS están de acuerdo.
Para los dictámenes restantes, el
PAN dice que los acuerdos por mayoría son válidos,
refiriéndose a la alianza PRI-AN. De manera que, el FAP pudiera estar de
acuerdo o no, eso no les importa a los privatizadores. Carlos Navarrete (PRD),
espera que “todos honren su palabra” y se lleve “lo
acordado” a dictámenes. Pero el PRI y el PAN nunca han sido
caballeros.
Según Graco Ramírez, “el PRI puso a
consideración de PAN y PRD un proyecto para modificar la ley
reglamentaria del artículo 27 constitucional para establecer un esquema
especial de privatización de las refinerías vía la
creación de empresas que importen crudo y produzcan gasolina para
exportar”. “Para nosotros ello es inaceptable”, destacó
Ramírez, ya que es el primer paso para impulsar el proyecto de filiales
que los del tricolor ya habían retirado” (Becerril A., en La
Jornada 18 oct 2008). Es evidente que el PRI no ha quitado el dedo del
renglón privatizador.
Al respecto, el senador Juan Bueno (PAN)
comentó: “alguien llevó a la mesa de discusión un
documento en el que se plantea instalar en México empresas para refinar
petróleo, aunque no fuera con producción nacional ni para el
mercado interno”. Meter esa propuesta en la discusión
“echaría a perder” lo avanzado, dijo, aunque no
descartó que si hubiera un acuerdo al respecto “en otro
lado”, es decir, entre coordinadores, lo tendrían que discutir este
domingo, cuando se reunirán los miembros de las mesas directivas de las
comisiones de energía y de estudios legislativos para concluir la
revisión de los tres dictámenes pendientes.
Se ha anunciado
que hoy se discutirán los proyectos de la Ley Orgánica de Pemex y
la Ley Reglamentaria del Artículo 27 en el Ramo del Petróleo. El
PRI y el PAN mantienen la ruta de seguir dictaminando en estos días,
subir los dictámenes en la próxima semana y, de serles posible,
aprobarlos por el pleno del Senado. No se descarta el “fast
track”.
La resistencia debe ejercer las acciones previstas ya, no
es necesario esperar más.
Este martes 21 de octubre, el FTE
hará un mitin frente al Senado, de 12 a 14 hs., para expresar nuestro
rechazo a la privatización energética furtiva. Invitamos a los
interesados a participar en este evento. ¡La Constitución NO se
negocia!
Llamamos a los mexicanos (as) en lucha a manifestarse
organizadamente en sus propios lugares, con todas las acciones al alcance.
(b275, 18 oct 2008).
La regulación de la CRE significa, llanamente, privatización
Comisión de Energia