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Aprueban los primeros tres dictámenes

Los tres primeros dictámenes sobre la reforma energética han sido aprobados por las comisiones del Senado. Todos los partidos coinciden. En el primer dictamen está el veneno de la privatización. Los diputados ya aprobaron también dos dictámenes. Los parlamentarios van tras una reforma por consenso que aún no es total. Políticos y expertos ya se congratulan del trabajo legislativo. El FTE y diversos sectores populares estamos en total y completo desacuerdo.

PAN, PRI y PVEM aprueban los primeros dictámenes

Ayer 14 de octubre, se aprobaron los tres primeros dictámenes sobre la reforma energética y se pretende que mañana pasen al pleno del Senado en primera lectura, con miras a que se voten en la siguiente sesión. Los dictámenes aprobados en comisiones son: 1- Reformas al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 2- Ley de la Comisión Nacional Reguladora del Petróleo, 3- Ley para el Aprovechamiento Sustentable de Energía.

Estos dictámenes fueron aprobados por los senadores del PAN, del PRI y del PVEM, no así del PRD quienes se esperarán hasta que toda la reforma energética esté concluida y no votarla “en retazos”, dijeron. Sin embargo, el PRD-FAP no está en desacuerdo, al contrario, en los tres dictámenes hay “coincidencias”. El mismo Pablo Gómez dijo que las dos primeras (sic) propuestas “son parte de la iniciativa del FAP” (sic). El segundo dictamen fue votado por Dante (Convergencia).

Primer dictamen: contiene veneno

Las reformas al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), son propuestas de TODOS los partidos y corresponden a las que fueron votadas el 17 de abril de 2007. Ahora, hayan votado o no, TODOS coinciden en esas reformas regresivas.

Sí, se trata de propuestas inconstitucionales que no admiten adornos. En estas reformas se otorgan a la secretaría de energía (Sener) atribuciones para “V. Promover la participación de los particulares en las actividades del sector, VII. Otorgar y revocar concesiones, permisos y autorizaciones en materia energética, XII. Regular las fuentes energéticas a los hidrocarburos”. Estas funciones contradicen a los párrafos cuarto y sexto del artículo 27 constitucional.

Además, se propone para al Sener “XIII. Determinar la plataforma de producción petrolera y el ritmo de reposición de las reservas, XVII. Determinar las reservas de hidrocarburos”. Estas son, actualmente, facultades de Pemex.

Con estas reformas, la Sener tendrá la “facultad” de “promover” la participación privada en las actividades estratégicas a cargo de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Eso se hará mediante el otorgamiento de permisos privados a los particulares, como ahora ya ocurre en materia de generación eléctrica y gas natural. Ahora, la privatización furtiva podrá extenderse a TODAS las fuentes de energía, mediante la “regulación” que, en términos del mercado, significa privatización.

El FAP NO cuestionó ninguna de estas barbaridades, su iniciativa se limitó a “vigilar” que la participación de los privados se realice “en los términos de las disposiciones aplicables” que son las reformas inconstitucionales a la legislación secundaria, eléctrica y petrolera, de 1992 y 1995 respectivamente y, obviamente, las nuevas reformas al artículo 33 de la LOAPF.

En estas reformas está contenido el veneno de la privatización. ¿Cómo podrá oponerse el FAP al otorgamiento de contratos en Pemex, si está de acuerdo en la participación privada aprobada en esta LOAPF? Podrán ponerle “candados” pero el contratismo sería legalizado, lo mismo que la privatización energética furtiva. En materia eléctrica y petrolera, la aprobación de este primer dictamen es, explícitamente, contrario al interés de la nación.

El FAP había propuesto un Consejo Nacional de Energía con cuyo concurso la Sener definiera la planeación y política energética. Gómez anuncia que, ahora sí, habrá planeación de largo plazo. Se engaña solo. ¿Qué van a planear? ¿Acaso la participación privada? Simplemente, en materia eléctrica, ¿van a poder “planear” el 48.3% de la generación eléctrica privada actualmente existente más la que se incremente en lo sucesivo? ¿Se puede planear la privatización? Esto, en todo caso, lo harán las transnacionales.

Por lo demás, ese Consejo, integrado por los directores de las entidades del sector, no es garantía de nada, habida cuenta que casi todos esos “directores” no lo son, pues se han convertido en enemigos de las propias entidades que supuestamente dirigen.

Segundo dictamen: impulsa privatización furtiva

En la iniciativa del FAP no se había propuesto ninguna Comisión Nacional Reguladora del Petróleo (CNRP), como sí lo plantearon el PAN y el PRI. ¿Cómo está eso, de que ahora, “son parte de la iniciativa del FAP”?

En las observaciones realizadas por el FAP a la propuesta del PAN, se criticó a esa comisión que “cierra el círculo de las inconstitucionalidades” y, con respecto a la propuesta del PRI, se dijo que esa CNRP “obedece a intereses extranjeros y por lo tanto no debe ser aprobada”. Ahora, ¿ya pasó a formar parte de la iniciativa del FAP? ¿Cómo estuvo eso?

Esta CNRP no se necesita, si ahora se ya se aprobó el correspondiente dictamen es consecuencia de la aprobación del primero. El objetivo de esta comisión será “regular” las actividades relacionadas con el petróleo.

De entrada, a Pemex se le quitan funciones muy importantes para trasladarlas al escritorio de cinco burócratas privatizadores. Esto es, exactamente, lo que se hizo en 1993, luego en 1995, cuando se creó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a partir de las reformas eléctricas y petroleras regresivas de 1992 y 1995.

La CNRP se encargaría de aspectos cruciales relacionados con las nuevas atribuciones que tendría la Sener, relacionadas con al plataforma de producción (y exportación), cuantificación de reservas (mismas que ya están en un nuevo proceso de reevaluación mediante las auditorías en marcha ordenadas por el gobierno federal) y el otorgamiento de permisos privados a los particulares, adicionalmente al sometimiento de Pemex a las “regulaciones” que se les ocurran a los comisionados, individuos que serán nombrados por el Ejecutivo federal y estarán al servicio de las corporaciones, como ahora ocurre con la CRE.

Este dictamen es inconstitucional y privatizador. Si el FAP reclama a estas propuestas como propias, cuando al principio las había criticado, se está ante una “coincidencia” que legisladores, políticos y “expertos” tendrán que explicar. No lo harán, dirán lo contrario.

Tercer dictamen: relleno demagógico

El dictamen sobre la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de Energía también tiene consenso porque es menos relevante. Se refiere a la creación de una Comisión Nacional para la Eficiencia Energética. Al respecto el PRI propuso formar un Fideicomiso que ni siquiera ha definido.

Privatización burdamente disfrazada

¿Qué define a los dictámenes? ¿El consenso parlamentario o la constitucionalidad? Si es lo primero, todos están de acuerdo; si es lo segundo, nadie debiera estarlo. Al “coincidir” en dictámenes inconstitucionales se está optando por la privatización NO constitucional sino furtiva.

La Sener NO tiene porqué promover la participación privada en las actividades del sector energético, ni otorgar concesiones, autorizaciones y permisos privados a los particulares y, menos, “regular” a todas las fuentes de energía con el objetivo de privatizarlas.

Con esas “bases”, el PRI, el PAN y el FAP impulsan a las demás reformas regresivas. Las “coincidencias” no estarán solamente en los tres primeros dictámenes, incluirá al menos a cinco de los siete, más coincidencias parciales en los dos restantes. A partir del primero, los legisladores privatizadores tendrán los argumentos para detallar la privatización en los siguientes.

La situación es clara con el segundo dictamen que, en materia de hidrocarburos, es la consecuencia del primero. Esta comisión hará las funciones reguladoras a cargo de la Sener.

Al aprobar que se otorguen concesiones y permisos privados, esta Comisión y la propia CRE podrán disfrutar de impunidad total para privatizar a TODAS las fuentes de energía. Consecuentemente, también habrá “coincidencias” en la reforma a la Ley de la CRE. Como ésta tendrá amplias facultades, que incluyen a las fuentes renovables de energía, la correspondiente ley también será aprobada y, al respecto, ya hay “coincidencias” por haber aprobado el primer dictamen que las incluye y “regula” o privatiza.

Con la misma base, y lo indicado por las reformas regresivas de 1995, 1996 y 2006 a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo (LRRP), ésta Ley será ratificada en términos del Tratado de Libre Comercio (TLC), permitiendo el otorgamiento de contratos en Pemex, la fragmentación del proceso de trabajo petrolero, del cual fue excluida la petroquímica “secundaria”, así como, el transporte, distribución y almacenamiento de gas natural, y distribución y transporte de gas LP por medio de ductos.

En los mismos términos será modificada la ley Orgánica de Pemex. En ambos casos, las “coincidencias” que se buscan son para legalizar los contratos mediante procedimientos. Eso contraviene a la Constitución. Además, se insiste en una inconveniente “autonomía de gestión” para hacer de Pemex una sociedad anónima con un gobierno corporativo que tendría las facultades de decidir al margen de la nación. Esas “coincidencias” no son ningún motivo de orgullo.

Los legisladores del FAP han declarado que “de la iniciativa original de Calderón poco queda”. Eso será en la redacción porque, en la esencia, son las mismas propuestas.

Candados de la privatización

“El debate está centrado en el modelo de contratación basada en incentivos, en el que Acción Nacional insiste –lo cual para el PRD es inaceptable–, “a pesar de que se trata de contratos de riesgo, prohibidos en la Constitución”, explicó el perredista Pablo Gómez” (Becerril A, Ballinas V, en La Jornada, 15 oct 2008).

Gómez reveló que sobre los contratos incentivados “hay redacciones que el PAN propone que para nosotros son un punto de ruptura; así de graves son”. Por ello, precisó, desde ayer está en consultas con los legisladores del PRI “para ver la forma de remover eso”. Pero, Gómez omite que la única manera de hacerlo sería prohibiéndolos, como indica la Constitución, cualquier otra “coincidencia” sería privatizadora.

Carlos Navarrete, coordinador de los senadores del PRD, “detalló que en la iniciativa de Calderón se propone un régimen de contratos “que le abría de par en par las puertas al capital privado”, y la del PRI es menos agresiva, pero también con tintes privatizadores, y por ello las rechazaron y el FAP formuló una contrapropuesta”. El amigo Navarrete está línea con las “coincidencias” privatizadoras. La única propuesta digna es respetar a la Constitución.

Los textos de que se habla estarían encaminados a poner “candado sobre candado” al régimen de contratos, “para evitar que por esa vía se nos colara cualquier participación de la iniciativa privada, y es lo que se está negociando en estos momentos”. Esto quiere decir que, en vez de respetar a la Constitución, le van a poner candados.

Los legisladores del FAP insisten en “sacar la reforma energética por consenso”. Pero, ¿el derecho de la nación se ejerce por el consenso parlamentario o por el respeto a las decisiones políticas fundamentales expresadas constitucionalmente? Para Labastida “hay 95 por ciento de acuerdos en el tema de contratos y las diferencias son menores y se centran en los contratos incentivados”. Para este individuo “es un asunto de redacción precisa, de puntos y comas (sic), para no dar lugar a la imprecisión y la discrecionalidad”.

Navarrete considera “que los senadores del sol azteca están dando una dura e intensa batalla” y “trabajan para la victoria de su propuesta en torno a contratos”. No hay tal, esa “victoria” sería de Calderón, Labastida, Beltrones y socios.

AMLO y “expertos” están de acuerdo

Anoche, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunió con intelectuales, expertos “en materia de petróleo” y legisladores del FAP para analizar los dictámenes sobre la reforma energética.

Se publicó que, “en el encuentro, celebrado en la casa del intelectual José María Pérez Gay, los asistentes dieron un espaldarazo (sic) al trabajo legislativo que realizan los partidos integrantes del FAP (PRD, PT y Convergencia), que de acuerdo con el coordinador de los senadores del sol azteca, Carlos Navarrete, busca un dictamen unitario (sic) en torno a la reforma” (Muñoz A., en La Jornada 15 oct 2008).

“La reunión concluyó a la media noche y acudieron por lo menos 35 personas de una lista cercana a las 80. Entre ellos los escritores Carlos Monsiváis, Laura Esquivel, Hugo Gutiérrez Vega y Guadalupe Loaeza; el ex senador Carlos Payán Velver, el maestro Arnaldo Córdova, el embajador Jorge Eduardo Navarrete y los integrantes del “gobierno legítimo” Claudia Sheinbaum y Mario di Costanzo. También el académico Rolando Cordera, los integrantes de la Comisión de Energía del Senado (Graco Ramírez, Arturo Núñez y Pablo Gómez), así como los coordinadores de los senadores perredistas y de Convergencia, Carlos Navarrete y Dante Delgado, respectivamente; de los diputados del PT, Ricardo Cantú, y el coordinador nacional del FAP, Porfirio Muñoz Ledo, entre otros”. ¿Dónde están, quiénes son, los expertos “en materia de petróleo”?

“Hugo Gutiérrez Vega y Rolando Cordera explicaron que el comité de intelectuales, al igual que López Obrador (sic), se congratularon (sic) de la labor legislativa que lleva a cabo el FAP”. ¡Vaya políticos y expertos!

Hoy 15 de octubre, por la tarde, AMLO ha convocado a una reunión “informativa” en el Hemiciclo a Juárez “donde anunciará acciones de resistencia civil pacífica ante la posibilidad de que se apruebe una iniciativa privatizadora, posiblemente este fin de semana” o hasta el martes como prevé Graco. Por su parte, Carlos Navarrete descartó que hoy inicien las acciones de resistencia civil. “Nadie ha hablado de eso, sólo se tratará de una asamblea informativa”, dijo.

En efecto, habrá la información “a modo” para calmar los ánimos. Es previsible que, en ningún momento, se explique a la resistencia que ya hay muchas “coincidencias” privatizadoras. Sí se dirá que, “por ningún motivo”, se permitirá la privatización de Pemex.

Comisiones aprueban el “régimen fiscal” de Pemex

Entre tanto, ayer, la comisión de hacienda de la Cámara de Diputados “aprobó por unanimidad el dictamen de reforma a la Ley Federal de Derechos en lo relativo al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex). Se definió un régimen diferenciado para el pago de derechos que deben cubrir los campos de hidrocarburos en el Paleocanal de Chicontepec y en Aguas Profundas, con la finalidad de obtener “mayor rentabilidad tras el pago de impuestos en yacimientos, acorde al mercado, en proyectos que lleve a cabo (la paraestatal) en condiciones geológicas cada vez más adversas” (Méndez E., Garduño R., en La Jornada 15 oct 2008).

“A efecto de que Pemex cuente con mayores recursos de inversión en el paleocanal, se propone que los límites a la deducción de gastos y costos para el petróleo crudo y gas natural asociado, extraídos de esa zona, sean de 11 dólares, en lugar de 10 dólares por barril de petróleo crudo. Para impulsar la inversión en aguas profundas, el máximo para el crudo y el gas natural asociado será de 16.5 dólares, en lugar de los 15 dólares que proponía el Ejecutivo”.

El dictamen entrará hoy al pleno de la Cámara en primera lectura. Pero, ¿este dictamen implica un régimen fiscal para Pemex que le permita “retener un monto de sus ingresos suficientes para que funcione eficientemente y para que pueda crecer y cumplir con sus objetivos de empresa pública?. Parece que no, la estructura fiscalmente depredadora permanece.

Comentarios del FTE

¿Cómo podemos entender el alcance de los dictámenes del Senado sobre la reforma energética? Ante todo, determinando sí las reformas propuestas incluyen o no la privatización. Las propuestas de Calderón, del PAN, del PRI y del PVEM no dejan lugar a dudas. Pero, ¿las del FAP se distinguen de las anteriores? Esencialmente, ¡No! Por ello las “coincidencias”.

De los tres primeros dictámenes aprobados en comisiones, dos de ellos son privatizadores, especialmente, el primero que contiene el veneno de la privatización. Las adiciones que se han hecho, en ningún momento, cuestionan la privatización y menos la impiden. Las atribuciones otorgadas a la Sener son claramente privatizadoras y traerán, como consecuencia, la afirmación de esa privatización en los subsecuentes dictámenes.

Más aún, los dos dictámenes de los diputados sobre el supuesto régimen fiscal de Pemex y la conversión de los Pidiregas en deuda, no son los adecuados. Con ello, sin embargo, se avanza en las decisiones sobre la reforma calderonista.

El momento político es de definición. Todos los partidos, de la posición irreconciliable inicial, avanzan por el camino de las “coincidencias”, que significa “conciliación” para aprobar una reforma “de consenso”. Suena, exactamente, a los deseos del Banco Mundial. Pero, las decisiones políticas fundamentales, expresadas en el Pacto político de la nación, ¿deben tomarse por el consenso parlamentario o por la nación misma? Al respecto, ¿debe definir la “negociación” entre las cúpulas o la voluntad soberana del pueblo?

Para ese consenso, la población NO ha sido consultada. Hoy se ha llamado a la resistencia solamente para “informarla” y, probablemente, preparar acciones. ¿Para qué? El propio AMLO y “expertos” se han congratulado del trabajo legislativo de los senadores del FAP, que no han votado los tres primeros dictámenes pero sí están de acuerdo. ¿O, no?

En la oposición están configurados dos grandes bloques, de un lado, el FAP incluido AMLO quienes apoyan las “coincidencias” legislativas en torno a la reforma energética e insisten en los candados para lo que falta, sin eliminar los contratos en Pemex, ni las “definiciones” del TLC en materia de energía y petroquímica, ratificando las contrarreformas a la legislación secundaria energética de 1992 y 1995, avalando y promoviendo a la privatización energética furtiva y su continuación impune.

Del otro lado, está el FTE y amplios sectores populares quienes, tomando como referencia la situación económica y política mundial, las experiencias previas, las definiciones constitucionales en materia energética y el análisis de las diversas iniciativas y dictámenes en curso, consideramos que el veneno de la privatización ya está introyectado explícitamente.

Uno de los dos bloques estaría mal y se podría equivocar. Pronto lo veremos más claro porque la política se comprueba en la práctica.
(15 oct 2008).

Rechazo a los dictámenes del Senado por privatizadores