FRENTE DE TRABAJADORES DE LA ENERGIA
¡Fuera policía y ejército de Xoxocotla!
Unilateralmente y al margen
de la ley, el Estado y sus fuerzas de coerción vulneran las
garantías constitucionales en Morelos. Es la aplicación de una
política represiva que utiliza “toda la fuerza del Estado”
para criminalizar la protesta social y la solidaridad omitiendo las causas del
conflicto. Estas medidas del gobierno neoliberal se inscriben en sus
propósitos para imponer compulsivamente la privatización
educativa, la energética y la laboral. El FTE de México se
solidariza con los pueblos de Morelos y exige la salida de policías y
soldados.
Acción inconstitucional contra los pueblos
En Xoxocotla, el Estado,
gobiernos federal y estatal, ejército y policías, están
violando el artículo 1 de la Constitución. Este indica que en
México, “todo individuo gozará de las garantías que
otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni
suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma
establece”.
Cientos de policías y efectivos del
Ejército federal mantienen cercados a los pueblos de Xoxocotla y
Amayucan. Las fuerzas represivas han instalado retenes a la entrada y salida de
las poblaciones procediendo a interrogar a todas las personas que transitan
libremente. Se trata de un abuso de funciones y del ejercicio de la
represión política.
El artículo 29 prescribe que
“En los casos de invasión, perturbación grave de la paz
pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o
conflicto” solamente el Presidente de la República, de acuerdo con
los titulares de las secretarías de Estado, los departamentos
administrativos y la Procuraduría General de la República “y
con la aprobación del Congreso de la Unión, podrá suspender
en todo el país o lugar determinado las garantías que fuesen
obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la
situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio
de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a
determinado individuo”.
Ni en Xoxocotla ni en Amayucan se
configuran ninguna de las condiciones señaladas por el artículo 29
constitucional. Por supuesto, tampoco se han seguido los procedimientos para
suspender las garantías constitucionales. Se trata una represión
política en la que, el Estado, utiliza unilateralmente a sus cuerpos de
coerción.
Entre tanto, 16 personas detenidas en Xoxocotla han
sido puestas a disposición de la Procuraduría de Justicia del
Estado por el delito de ataque a las vías de comunicación. De los
49 detenidos en Amayucan, seis campesinos siguen en prisión acusados
“de rebelión (sic), motín (sic), ataque a las vías de
comunicación (sic) y sabotaje (sic)”. También hay, al menos,
50 maestros detenidos y “desaparecidos”, según ha denunciado
el magisterio morelense.
Sucia alianza de gobierno y charros
Los gobiernos, federal y estatal, provocan a
la población y la amenazan. A los maestros y organizaciones solidarias en
lucha contra el proyecto privatizador llamado Alianza para la Calidad de la
Educación (ACE), el Estado los considera “delincuentes
peligrosos”.
Con esa apreciación en mente, el individuo
español que representa a las transnacionales en la secretaría de
gobernación declaró que, “se utilizará toda la fuerza
del Estado” para desalojar las vías bloqueadas por el magisterio de
Morelos y que “no negociará la ley” con los detenidos. Ese
discurso de Mouriño es una burda expresión de las recomendaciones
de Aznar.
Josefina Vázquez, secretaria de educación de
Calderón, y Elba Esther Gordillo, charra del SNTE, han reiterado que
“no darán marcha atrás con la ACE”. Mientras, a los
maestros morelenses se les ha suspendido el pago de sus salarios. El gobierno
pretende acelerar el desgaste del movimiento y aplicar la ACE en los hechos,
como lo ha hecho con la Ley del ISSSTE.
Gordillo ha ofrecido un
“diálogo de sordos” a los maestros al invitarlos asistir a la
reunión del consejo nacional del sindicato que se realiza en Hermosillo,
Sonora. Se trataría de buscar una “salida” pero,
subrayó, en la aplicación de la ACE “ni un paso
atrás”.
Estos hechos, del gobierno y charros, lejos de
resolver el conflicto lo agravan. Se trata de una provocación a los
maestros y al pueblo de México, con base en las “razones de
Estado”, que ya los han llevado a ejercer la violencia contra el
movimiento con riesgo de escalarla.
Criminalizan la protesta y la solidaridad
Las medidas ejercidas por el Estado, al utilizar al
Ejército para reprimir a la población, constituyen acciones
políticas. No es función de los soldados respaldar con sus armas a
las actividades represivas de la policía, menos participar en la
suspensión unilateral de las garantías constitucionales al ocupar
las poblaciones. Tampoco las policías, ni siquiera los gobiernos federal
y estatal, tienen facultades para suprimir tales garantías.
La
represión en Xoxocotla y Amayucan es una seria agresión. El Estado
considera a las luchas sociales como crímenes. He allí el caso de
los maestros en Oaxaca, Morelos y otras partes. Ahora, se ha pasado a
criminalizar también a la solidaridad.
Los argumentos del gobierno
son del tipo Ministerio Público, omitiendo las causas de los conflictos,
y negando la atención a los reclamantes a quienes ni siquiera ha
escuchado en audiencia. Las acciones políticas seguidas por el Estado no
son únicamente contra los maestros y pueblos de Morelos sino contra toda
la nación.
Con la represión en Xoxocotla se envía el
mensaje a los mexicanos en lucha que, el Estado acudirá a “todas
sus fuerzas” no solo para imponer la ACE sino las demás medidas
privatizadoras, especialmente en materia energética, cuyo dictamen se ha
iniciado en el Senado. Se trata de imponer compulsivamente la entrega de los
recursos naturales (tierra, agua, viento, hidrocarburos) al capital,
principalmente extranjero, el mismo que se debate en una severa y fraudulenta
crisis.
El Estado también está anunciando las medidas a
tomar contra el pueblo si éste se niega a padecer sumisamente los efectos
de esa crisis. Pero los mexicanos estamos en lucha y NO NOS VAMOS A DEJAR. En lo
inmediato, exigimos la salida de las policías y soldados de los pueblos
de Xoxocotla y Amayucan, y la liberación incondicional de los detenidos.
Asimismo, exigimos la cancelación de la ACE, en todo el país.
El FTE de México expresa su solidaridad con Xoxocotla, con los 13
Pueblos y con el Consejo de Pueblos de Morelos, así como, con el
magisterio democrático en lucha. (b265, 11 oct 2008).
Frente de Trabajadores de la Energía,
de México
¡Alto a la represión! ¡Fuera policías y soldados de Xococotla!
Comisión de Energia