Los privatizadores tienen prisa
Hoy sábado 11 de octubre, los partidos
políticos representados en el Senado iniciarán la discusión
de los primeros cuatro dictámenes sobre las iniciativas de reforma
energética. Empezarán violando a la Constitución al aprobar
la participación privada en las actividades del sector, el otorgamiento
de concesiones, autorizaciones y permisos privados, y la regulación
(privatización) de las fuentes alternas a los hidrocarburos, es decir
todas. Esos dictámenes deben ser rechazados porque son inconstitucionales
y contrarios al interés de la nación.
Habrá participación del capital privado
Las negociaciones entre
las cúpulas parlamentarias de los partidos políticos se han
intensificado. PRI, PAN y FAP hablan de acuerdos para una reforma “si
privatización ni contratos de riesgo”. Eso dicen, pero proponen lo
contrario. Los dictámenes no difieren mucho de las iniciativas.
La
voracidad privatizadora de la propuesta inicial de Calderón se ha
reducido pero no extinguido. Por ahora, el PAN ha desistido “la
participación del capital privado en refinación, transporte,
almacenamiento y distribución de hidrocarburos” (Morett G., en
www.mileniodiario 8 oct 2008). Pero, a cambio, TODOS los partidos
aceptarán “la participación privada en exploración,
sobre todo en aguas profundas, pero no se permitirá que se pague con
renta petrolera”. La exploración en las aguas profundas es lo que
interesa a las transnacionales, allí está el objetivo
geopolítico del imperialismo. Respecto a cómo se pague está
por verse porque los contratos que se acostumbra firmar para esos
propósitos NO incluyen lo que los partidos digan.
Desde ahora, los
términos propuestos para los contratos son lesivos. Según los
senadores, “se contratarán a empresas privadas nacionales o
extranjeras y se les pagará por el trabajo, por lo que Petróleos
Mexicanos asumirá el riesgo económico en caso de que no se
obtengan resultados; es decir, habrá certidumbre financiera (sic) a las
empresas que deseen explorar”. ¡Esos son contratos de riesgo, en los
cuales, éste será asumido solamente por Pemex!
Coincidencias “conceptuales”
Desde el martes 7 de octubre, las
comisiones habían concluido la revisión de las iniciativas
energéticas, siempre entre cuatro paredes. Con relación a Pemex,
está aprobado que se otorguen contratos, lo cual, contraviene a la
Constitución. La “salida” que encontraron los senadores es
“diseñar un régimen especial para las adquisiciones y
contratos, que no estarán sujetos a la nueva ley de obras y
adquisiciones” que el FAP rechazó en abril pasado.
Los
senadores Francisco Labastida (PRI), Rubén Camarillo (PAN) y Graco
Ramírez (PRD) “aseguraron que los contratos contendrán un
clausurado especial en el que se especificarán las condiciones necesarias
para desechar los llamados contratos de riesgo”. (Mercado A., en
www.mileniodiario.com 7 oct 2008).
Los senadores de PRI, PAN, PRD y PVEM
“manifestaron su disposición para construir un dictamen
único” (sic), luego de que “en privado Labastida les
manifestó su preocupación por sacar adelante esta reforma ante la
delicada situación económica internacional”. Graco
Ramírez dijo que “lo fundamental ya está resuelto en
términos conceptuales” (sic). “Ahora vamos a trabajar en el
texto y ahí veremos las coincidencias, que son quizá más de
las que pensamos, pero conceptualmente hemos encontrado esas coincidencias.
Hemos dicho que un acuerdo PRI-PAN sería como siempre; un acuerdo
PRI-PAN-PRD y partidos del frente sería un acuerdo trascendente para el
país (sic), y es posible”, remarcó.
Labastida dijo
que, “en materia de contratos, el acuerdo de todos los partidos es crear
un régimen especial y específico para el sector petrolero”.
Es decir, en ningún momento se ha discutido la inconstitucionalidad de
otorgar contratos a los particulares sino el procedimiento. La salida es
“un régimen especial” pero, de que habrá contratos en Pemex, los habrá.
También habrá “autonomía de gestión”
Al miércoles 8 de octubre, se había “negociado” que se
utilicen las Afores (sic) para financiar a Pemex y estaba pendiente lo relativo
a la reforma al sistema de pensiones en la paraestatal que, dijeron,
“daría al Estado un ahorro de 6 puntos del Producto Interno
Bruto” (PIB). Es decir, sin ser tema de la reforma, se está
discutiendo “eliminar” las jubilaciones para privatizarlas. Eso
sería algo que, seguramente, harán con reforma o sin ésta,
exactamente como ocurrió ya en la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) que dicen dio un ahorro de 5 puntos al PIB. En este caso, los charros
SUTERM firmaron el acuerdo, en el caso de Pemex lo harán los charros del
STPRM.
Otro punto de acuerdo es el relacionado con la
“autonomía de gestión” para Pemex, propuesta
compartida por todos los partidos en sus respectivas iniciativas. El PAN
estará de pláceme. La diferencia respecto a los consejeros que se
incorporarían al Consejo de Administración de Pemex fue
“resuelta”: el PAN cedió (sic) y, esos consejeros,
serán nombrados por el Ejecutivo pero “ratificados” por el
Senado como lo proponían el PRI y el FAP.
Una de las
preocupaciones de los legisladores es “buscar constitucionalmente (sic),
sin violar los tratados internacionales, la manera de obligar a empresas
extranjeras que le vendan a Pemex a establecerse en México para generar
empleos”. Esos legisladores causan lástima. En vez de prohibir el
contratismo, piden migajas que ni siquiera serán cumplidas. Una propuesta
en las comisiones es pedirles a esas empresas que “al menos un porcentaje
de las ganancias lo inviertan en México”. ¡Ridículo!, por decir menos.
Privatizar para apoyar al megafraude financiero
La noche del jueves 9 de octubre, se
dieron a conocer los primeros cuatro predictámenes referidos a: Ley para
el aprovechamiento sustentable de energía; Ley de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos; Ley para la transición energética y
energía renovable, y el artículo 33 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal (Gómez R., Ramos J., en
El Universal, 9 oct 2008).
El mismo día, Labastida se
refirió al anuncio de Calderón respecto al “plan”
anticrisis que éste presentó donde incluye la construcción
de una refinería y la supuesta cancelación de los Pidiregas. Por
supuesto, dijo que eso “no entorpece el curso que llevan las reformas en
materia energética”, al contrario, “Pemex hizo siete (sic)
refinerías que están funcionando, y obviamente podía
conseguir tecnología (sic), y hay recursos disponibles" (sic). El
priísta no sabe que habla, Pemex NO tiene siete sino seis
refinerías.
Sobre los Pidiregas, opinó que la
eliminación de éstos permitirá que “el gobierno se
libere del compromiso de ese pago, para que lo asuma sola la paraestatal y,
así, con recursos disponibles, 78 mil millones de pesos, se financien
proyectos como el programa carretero, la red ferroviaria, para infraestructura
educativa, de salud, seguridad, campo, vivienda, actividades deportivas, turismo
y apoyo a pequeñas y medianas empresas” (Ramos J., Gómez R.
en El Universal 9 oct 2008). De esta manera, explicó que la
“cancelación” de los Pidiregas no es tal pues Pemex
asumirá esa deuda.
Agustín Carstens, secretario de
hacienda de Calderón, fue más explícito al declarar que
“mas de 300 mil millones de pesos de la deuda actual de los Proyectos de
inversión con impacto diferido en el registro de gasto, mejor conocidos
como Pidiregas, quedaría cancelada si la Cámara de Diputados
aprueba la propuesta de que una cantidad similar pase a formar parte del
endeudamiento de Petróleos Mexicanos” (Zúñiga J.A.,
en La Jornada 10 oct 2008). Desde luego, afirmó que esto “no
interfiere en la iniciativa de reforma energética presentada por el
Ejecutivo”. Al contrario, “es perfectamente complementaria con la
reforma energética”.
El más reciente informe oficial
sobre la deuda generada por los Pidiregas indica que, al término del
primer semestre de 2008, el saldo del endeudamiento causado por el uso de este
mecanismo ascendía a 661 mil 495.9 millones de pesos; de tal manera que,
la mitad de ella, pasaría a formar parte de la deuda (sic) de Pemex; esto
es, unos 300 mil millones de pesos o más, según sea el tipo de
cambio en que esté contratada.
Así, el gobierno del PAN,
apoyado por el PRI, se esmera en salir al auxilio de los grandes defraudadores
financieros impulsando la privatización de Pemex. Es evidente que
Calderón, Labastida, Carstens y otros trabajan para el imperialismo pues,
las transnacionales petroleras también participan en el mercado
financiero.
El PAN pretendía que el viernes 10 se discutieran los
predictámenes, lo que no fue aceptado por el PRI y el FAP. El PAN
seguía oponiéndose “a que se fije a la paraestatal un
límite de hasta 40 por ciento de ingeniería e insumos nacionales
en todas sus compras y contratación de obras” (Becerril A.,
Ballinas V., en La Jornada 10 oct 2008).
No obstante, Labastida
señaló que estaban cerca de un acuerdo en lo que se refiere a
contratación con empresas privadas (sic) y aseguró que se intenta
“hacer un traje a la medida de Pemex”, con una figura de contratos
incentivados, “que no son de riesgo” (sic). ¿Cómo no van
a ser de riesgo si dichos contratos se definirían en el curso de su
ejecución?, por eso les llaman “incentivados”. El
“traje” no es a la medida de Pemex sino de las
transnacionales.
Los dictámenes empezarían con el veneno
Los cuatro dictámenes
iniciales son inconstitucionales y, los restantes, también.
1- El
primer veneno de la privatización está en las reformas al
artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, relativo a las atribuciones de la secretaría de
energía (Sener). Al respecto, TODOS los partidos presentaron
básicamente la misma propuesta que ya habían aprobado en la
sesión del Senado del 17 de abril en una votación de 94 votos a 0
(cero).
Las reformas se refieren a otorgarle a la Sener atribuciones para
“promover la participación de los particulares en las actividades
del sector energético”, “otorgar concesiones, autorizaciones
y permisos a los particulares” y “regular las fuentes alternas a los
hidrocarburos”. TODAS estas atribuciones son explícitamente
anticonstitucionales.
Para el PAN y PRI no hubo ni hay ningún
problema porque su política es privatizadora. Para el FAP, sin embargo,
hay una seria contradicción entre el discurso y las propuestas.
En
2007, fueron Graco (PRD), Núñez (PRD) y Dante (Convergencia)
quienes impulsaron la iniciativa a instancias del cabildeo llevado a cabo por
Labastida, quien “los convenció”. Al formular la iniciativa
energética del FAP, “los sabios” dejaron intacta la propuesta
de reformas al artículo 33, solamente pidieron “vigilar” que
la participación privada se ajuste a las leyes aplicables, es decir, las
leyes inconstitucionales y privatizadoras. En ningún momento propusieron
que se respetara la Constitución, eso solamente lo dicen en las
declaraciones a los medios. “Vigilar” que se viole la
Constitución NO expresa los sentimientos de la nación y es,
incluso, una propuesta ridícula.
En ese artículo 33
también se propone que la Sener determinará la plataforma de
producción de hidrocarburos y el ritmo de reposición de las
reservas, así como, la cuantificación de las mismas. Al quitarle
esas funciones a Pemex, se motiva la reforma a su correspondiente Ley
Orgánica, pero no nada más.
2- Al otorgarle a la Sener las
funciones de “regulación” energética para la
participación privada y el otorgamiento de permisos privados, los
senadores le dan entrada a la Ley de la Comisión Nacional Reguladora del
Petróleo (CNRP), instrumento diseñado expresamente para
“regular” todas las actividades estratégicas de Pemex. En las
iniciativas del PRI y el PAN hay coincidencia al respecto. El FAP se suma
porque, al apoyar las reformas al artículo 33 antes mencionado, se
está aceptando a esa CNRP, así como a la Comisión
Reguladora de Energía (CRE), entidades que contravienen a la
Constitución.
3- La Ley para el Aprovechamiento de las
Energías Renovables es una propuesta del PVEM, para el uso de
éstas fuentes a cargo del sector privado, basándose en las
actuales disposiciones inconstitucionales a la Ley del Servicio Público
de Energía Eléctrica (LSPEE), formuladas en el marco del Tratado
de Libre Comercio (TLC), la Ley de la CRE y nuevas disposiciones todas
privatizadoras. Se trata de una aberración al proponer negocios privados,
incluyendo hasta el Sol, como si tuvieran la propiedad privada del
mismo.
El FAP aparenta “desacuerdo” en que se permita generar
electricidad a partir de energías renovables a “persona
física o moral constituida conforme a las leyes mexicanas y con domicilio
en el territorio nacional”. Los legisladores del FAP no han leído a
la LSPEE, o bien, aparentan oponerse débilmente porque, la propuesta del
PVEM, debe ser rechazada en su totalidad.
4- La Ley para el
Financiamiento de la Transición Energética, propuesta por el PRI,
se refiere a la creación de un Fideicomiso que ni siquiera se ha
definido. El FAP propuso la creación de un Instituto de Energías
Renovables, que tampoco definió.
Iniciarían la traición parlamentaria a la nación
Los panistas Rubén Camarillo, Fernando Elizondo, Juan Bueno Torio y Jorge Ocejo
insistieron el jueves 9 en que ya se votaran los anteproyectos “más
sencillos”, en los que sí hay consenso. Es obvio, al reformar al
artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, lo demás será una consecuencia. No se
trata de aprobar las “más sencillos”, el caso del
artículo 33 es clave y violatorio de la Constitución.
Pablo
Gómez y Arturo Núñez, ambos del PRD, pidieron tiempo para
consultar con los expertos. Ojala lo hagan y los éstos los
“asesoren bien”. Al final, se acordó que las comisiones
volverán a reunirse este sábado por la tarde para discutir los
anteproyectos de dictamen. De manera que hoy podría ser un día
aciago, los senadores de todos los partidos podrían aprobar los primeros
dictámenes energéticos pri-va-ti-za-do-res; sería el inicio
de la traición a la nación.
Después,
seguirían los dictámenes a la Ley Reglamentaria del
Artículo 27 en el Ramo del Petróleo, Ley Orgánica de Pemex
y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. Para ser
congruentes, en éstos se afirmarán las decisiones
“conceptuales” privatizadoras.
Los dictámenes, incluso
su aprobación, no quieren decir que la reforma energética
neoliberal ya se aprobó. Faltaría el procedimiento parlamentario
en el Senado y, luego, en la otra Cámara. La reforma todavía se
puede impedir. Sin embargo, TODOS los partidos parecen confabulados para aprobar
una privatización energética no constitucional.
La
situación tendería a ser más difícil porque la
resistencia civil sería desarmada al oponerse a lo mismo que propusieron
(en su nombre) los “expertos” y políticos del propio FAP,
mediante “negociaciones” entre las cúpulas, al margen de la
propia resistencia. No obstante, es pertinente el llamado a resistir y oponerse
a esos “acuerdos”. (b263, 11 oct 2008).
Complejo petroquímico Cangrejera
Comisión de Energia