Dictaminando en secreto
Las comisiones de energía y de puntos
constitucionales del Senado han estado dictaminando en secreto sobre las
diversas iniciativas de reforma energética. Ahora, en los portales de
noticias, se anuncia que esas comisiones han llegado a acuerdos. Estos se
refieren al otorgamiento de atribuciones adicionales a la Secretaría de
Energía (Sener). Se trata de facultades privatizadoras, en los
términos de las reformas aprobadas en el Senado, el 17 de abril de 2007,
por TODOS los partidos políticos. Son las mismas propuestas
“coincidentes” que ahora presentaron el PAN, el PRI y el FAP.
Dictaminación por las ramas
Sesionando siempre en secreto, los senadores empezaron
por las ramas, simulando grandes discusiones y desacuerdos. El PAN
insistía en mantener en el Consejo de Administración de Pemex a
los cuatro consejeros independientes nombrados por el Ejecutivo en turno. El PRI
y el FAP, por su parte, insistían en que, esos consejeros, fueran
ratificados por el Senado.
Se supo que discreparon en el número de
representantes de los charros del sindicato petrolero. El PAN y el PRI proponen
que sean cinco representantes designados por el sindicato; el FAP que sean dos
trabajadores de base sindicalizados. La discusión se centró en el
número, si dos o cinco. Pero, el número de charros no les importa,
al PRI y el PAN les interesan los consejeros “independientes” que el
FAP llama “ciudadanos”.
Luego, se abordaron cuestiones
relativas a las adquisiciones de Pemex. El PAN y el PRI se pronunciaron por
crear un nuevo régimen particular o especial para Pemex, para obras de
largo plazo con más de dos años de vida. Lo anterior, con el fin
de evitar las licitaciones públicas, darle la vuelta a la burocracia y
agilizar los trámites con adjudicaciones directas o licitaciones de
invitación restringida, así como para hacer frente a cambios
drásticos de las condiciones del mercado, accidentes y situaciones
especiales. EL FAP se opuso pero, en sus propuestas, también incluye a
los contratos por invitación o asignación, es decir, sin
licitación.
Acerca de la impropia y burdamente llamada "cadena
baja", es decir la refinación, el transporte, almacenamiento y
distribución de hidrocarburos, y la participación de terceros, los
partidos expresaron discrepancia. Un bloque del PRI y PRD se pronunciaron en
contra de permitir la ingerencia de particulares en esta cadena, mientras que,
el PAN avala esa participación. Para ello, los legisladores acordaron
hacer dos redacciones distintas en este capítulo, para someterlas a
votación de la comisión.
De los demás temas nada se
ha sabido oficialmente pero los legisladores se aproximan al tratamiento de los
asuntos cruciales. Resulta extraño que no se informe oficialmente al
respecto porque, en las comisiones de energía y en la de puntos
constitucionales hay representación de los diversos partidos
políticos. En el primer caso, la secretaría de la comisión
de energía, la ocupa Graco Ramírez, senador del PRD (FAP).
¿Hay acuerdos “en lo oscurito”? o ¿han excluido al FAP?
¿Cómo es que las comisiones, y sus expertos, están llegando a
acuerdos?
Negociación soterrada
Cada vez son más los indicios sobre una
negociación soterrada directamente entre el PRI y las oficinas de
Calderón. La siguiente nota es un ejemplo recién publicado en
varios portales de noticias. No dice la fuente y nadie firma la nota, por lo
que, parece un boletín oficial "sembrado".
"Las Comisiones de
Energía y Estudios Legislativos del Senado han llegado a acuerdos en la
dictaminación de la reforma energética, como fortalecer las
facultades de la Secretaría de Energía, informó el senador
Francisco Labastida Ochoa. Indicó que de igual forma acordaron fortalecer
la transparencia y la rendición de cuentas de la empresa, a través
de la creación de comités de adquisiciones y de inversiones de
planeación estratégica".
En la mayoría de los casos
se da por hecho que habrá reforma energética, aprobada por las dos
Cámaras (PRI-PAN-Nueva Izquierda y otros). No obstante, nadie se atreve
aún a establecer límites al marco "negociable" entre las partes,
con todo y que las propuestas del PRI y el calderonismo coinciden en buena
medida (y las del FAP, también, en ciertos temas críticos).
Todos a favor del contratismo en Pemex
El mínimo "natural" de la
negociación es económico, y podría reducirse a otorgar una
mayor "flexibilidad contractual" a Pemex, cosa que todos los partidos incluyen
en sus respectivas versiones de Ley Orgánica de Pemex.
Para
alcanzar este objetivo, uno de los muchos que pretende el capital internacional,
se requiere enfrentar ciertos temas "duros" que repercutirían en el
recién iniciado nuevo ciclo electoral (federal). Tratándose de
Pemex, todos los partidos están de acuerdo en que se permita a la
paraestatal, con distintas modalidades, otorgar contratos a los particulares.
Eso está prohibido por la Constitución pero a los partidos no les
importa e insisten en regir estas actividades a través de la
legislación secundaria. A fin de salvar su interés
“común” podrían plantearse al menos dos posiciones
para otorgar mayor "flexibilidad contractual" a Pemex:
1) Modificando
solamente las leyes existentes sobre Obras Públicas y la de la
Administración Pública Federal, agregando una sección que
incluya las "condiciones especiales" aplicables a los contratos de la industria
petrolera, y añadiendo algún mecanismo "de transparencia" que
obligue a la aprobación (de dichos contratos) por parte del Consejo de
Administración de Pemex (o incluso del propio Ejecutivo).
2) La
otra sería crear una nueva Ley Orgánica de Pemex (como lo propone
el FAP), que detalle las características y modelos de contrato para los
casos llamados especiales (supervisados por los consejeros), y ratificando la
obligación de acatar las normas de Obras Públicas para los
demás casos. Esta posición sería la más defendible
mediáticamente, puesto que, podrían darle entrada a las propuestas
del FAP, simulando una propuesta "nueva" en la que todos coinciden.
Sin
embargo, en cualquier opción se trata de propuestas inconstitucionales
porque, llanamente, contravienen a la Constitución. Lo mismo
tratándose de la las modificaciones y adiciones a las funciones de la
Sener.
¿Fortalecer a la Sener?
Los “acuerdos” entre senadores son factibles y,
al mismo tiempo, inconstitucionales y traidores. El PAN, el PRI y el FAP
coinciden en las reformas a la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal que le otorgaría funciones adicionales a la
Secretaría de Energía (Sener).
Entre otros aspectos, en el
artículo 33 de esa Ley, se propone que la Sener tenga las atribuciones de
“promover la participación del sector privado en las actividades
del sector energético”, lo cual es inconstitucional porque el
párrafo sexto del artículo 27 constitucional prohíbe la
participación privada en las actividades estratégicas, en este
caso petroleras y eléctricas, a cargo exclusivo del Estado.
También se propone “Otorgar contratos y permisos privados en
materia energética”, lo que es inconstitucional. Asimismo, se
propone “regular las fuentes energéticas alternas a los
hidrocarburos”, es decir, privatizar al carbón, el uranio, el agua,
la geotermia, las mareas, el hidrógeno, el viento y el Sol. ¡Esas
son las fuentes alternas a los hidrocarburos!
El manejo de la noticia es
obvio porque, como el FTE de México lo dijo en su oportunidad, el 17 de
abril de 2007, TODOS los partidos políticos aprobaron la misma iniciativa
ley en el Senado. Fueron 94 votos a 0 (cero). Los promotores fueron 26
legisladores, entre otros, Francisco Labastida Ochoa (PRI), Graco Ramírez
(PRD), Juan Bueno Torio (PAN), Dante Delgado Ranauro (Convergencia), Rosario
Green (PRI), Gustavo Madero (PAN), Jesús Murillo Karma (PRI), Arturo
Núñez (PRD) y Rubén Camarillo (PAN).
De aprobarse
las propuestas de reforma relacionadas con las funciones de la Sener, se
aprobarían enseguida las reformas a la Ley de la Comisión
Reguladora de Energía (CRE). Este es el instrumento para concretar la
privatización. Con los 736 permisos privados otorgados por la CRE, la
industria eléctrica ha sido desnacionalizada en un 48.3%. Las nuevas
reformas impulsarán que se llegue al 100% como lo propuso originalmente
el Banco Mundial en 1995. Esto es muy grave e inaceptable para la
nación.
Esas reformas, también, implicarían que la
privatización furtiva del gas natural ya no se detenga. Si a la fecha,
las transnacionales usufructúan 200 permisos privados otorgados por la
CRE, habiéndose repartido al territorio nacional en 15 regiones
geográficas, ahora se apropiarán de todos los terrenos posibles,
así como, de las funciones de distribución, transporte y
almacenamiento de gas natural, y distribución y transporte de gas LP por
medio de ductos.
En cuanto a la petroquímica, se validaría
la artificial definición legislativa en “básica” (con
solo nueve productos que podrían ser diez según lo propone el FAP)
y “secundaria” (con los cientos de productos restantes). Esto
significaría la entrega total de esa petroquímica a las
transnacionales.
La ruta de la privatización furtiva
El sucio proceso de
dictaminación sobre la reforma energética es típico de
Francisco Labastida Ochoa (PRI), mismo que hábilmente conduce las
supuestas “negociaciones” parlamentarias. Labastida le está
haciendo el “trabajo” al PAN y se aprovecha de las
“coincidencias” indicadas en las respectivas propuestas del PAN, del
PRI y del FAP. En el caso de la Sener, Labastida está siguiendo el mismo
procedimiento que realizó desde fines del 2006 para culminarlo en
2007.
De prosperar las propuestas a la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal se empujaría también
la reforma (regresiva) a la Ley Orgánica de Pemex porque, entre las
nuevas funciones de la Sener estarían la determinación de las
reservas de hidrocarburos, de las plataformas de producción y
exportación de hidrocarburos e, incluso, la reposición de las
reservas y el otorgamiento de contratos. Estas funciones dejarían de ser
propias de Pemex y pasarían a ejercerlas un grupito de burócratas
desde el escritorio.
Luego, seguirían las contrarreformas a la Ley
de la CRE, entidad encargada de otorgar los permisos privados en materia
eléctrica y petrolera. Con las nuevas funciones otorgadas a la Sener,
podría insistirse en la nueva Comisión Reguladora del
Petróleo dedicada también al otorgamiento de permisos pero en
materia de petróleo.
La “reforma” culminaría
con una nueva reforma regresiva a la Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en el Ramo del Petróleo. Como van las cosas, el atraco
podría ser más grave que el ocurrido en 1995. Esta vez, se
ratificaría una vez más al Tratado de Libre Comercio (TLC) con
Norteamérica en materia de Energía y Petroquímica, se
avalaría la “definición” legislativa que fragmenta a
la industria petrolera, se ratificaría la privatización
energética furtiva (electricidad y gas natural) en marcha y se
avalaría inconstitucionalmente al contratismo.
Esa ruta es la
diseñada por Labastida y socios, en los términos sugeridos por sus
asesores pagados por las transnacionales. El plan es “ir amarrando”
y, cuando alguien se quiera “safar” ya no podrá porque
habrán aprobado, previamente, las bases de la privatización que se
detalla en las subsecuentes reformas legislativas.
¿Qué hacer?
Como si nada hubiera pasado, haciendo caso omiso de los
foros oficiales, los universitarios y los populares, sin tomar en cuenta ninguna
razón ni argumento, los legisladores (en este caso los senadores) se
toman atribuciones por sobre el interés de la nación, al
dictaminar en secreto, violando sus propias reglas legislativas, las que indican
que las sesiones deben ser públicas.
El pueblo de México
tiene derecho a saber que está pasando. Obviamente, el PRI y el PAN no
acostumbran informar más que a sus allegados, especialmente corporaciones
y gobiernos extranjeros. Pero, los legisladores del FAP tienen la
obligación de informar a la resistencia popular. ¿Lo harán?
¡No! porque sus propuestas son coincidentes, en lo esencial, con el PAN y
el PRI. Esa es una contradicción del movimiento obradorista; por
privilegiar la negociación en las cúpulas, dicen una cosa y
escriben otra.
Los legisladores del FAP debieran oponerse a que ese
“dictamen” privatizador se presente en el Parlamento, es decir,
deben impedir que éste sesione. ¿Lo harán? Probablemente no.
De no hacerlo se confirmará su complicidad con el PRI y con el PAN, misma
que, hasta ahora, se prueba con los escritos de su iniciativa energética
(siete leyes) y la actitud complaciente que han tomado ante la
dictaminación en secreto.
Por lo pronto, las propuestas de
reformas del FAP a la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, relacionadas con las atribuciones privatizadoras para la
Sener, lo obliga a apoyar la privatización energética furtiva. El
PRI y el PAN están llevando “al baile” al FAP.
¿Cómo podría éste rechazar esas propuestas si al mismo
tiempo, en su iniciativa, las está proponiendo?
No es el
único caso, la dictaminación podría tomar un cause
más desagradable. A los legisladores del FAP solamente les queda proceder
con decoro; aún hay tiempo de corregir, basta con salirse de la
dinámica que los está literalmente secuestrando. ¿Lo
harán?
Independientemente de lo que hagan o dejen de hacer los
legisladores al interior de los recintos parlamentarios, los mexicanos en lucha
debemos ponernos en estado de alerta. Hay que reunirse de inmediato, discutir la
información disponible, analizarla colectivamente y sacar las
conclusiones pertinentes. Es muy importante leer los textos de las iniciativas
del FAP y contrastarlas con el discurso. En las cúpulas hay un
convencimiento absurdo de la propuesta de los “sabios” y
“expertos” que no son tales.
Los legisladores del FAP se
encaminan por una vía negociadora desfavorable, olvidando que la
Constitución NO se negocia y que, la resistencia, tiene un valor que las
cúpulas desdeñan. Por ello, el pueblo movilizado debe tomar su
propia dinámica, sin esperar a que de “arriba” se les diga
qué hacer. El asunto es muy grave e importante para dejarlo en manos de
los políticos.
Una de las acciones es preparar la salida
próxima a las calles pero, no solamente en la capital del país,
sino en todo el territorio nacional. Otra acción es reforzar la
organización para acciones mayores porque a espaldas de la nación
se está procesando la traición. Una forma de organización
son los Consejos de Pueblos, en todos los lugares y a todos los
niveles.
Los mexicanos en lucha tenemos que desmarcarnos de los
políticos demagogos y traidores. El pueblo de México no nos
quedaremos en la simple votación parlamentaria que se prepara. De
entrada, NO aceptaremos ningún dictamen “negociado” y menos
privatizador.
Desde ahora ratificamos que nuestra lucha es por la
¡Re-nacionalización energética! para impedir la
privatización de Pemex y recuperar lo que hemos perdido en materia de
energía eléctrica, gas, agua, tierra y, en general, de todos los
recursos naturales. (b254, 4 oct 2008).
Las petroleras en defensa de los derechos sociales y los de la nación
Comisión de Energia