En Veracruz late la privatización
Siguiendo la política del
gobierno federal, los gobiernos estatales impulsan la privatización
furtiva de los servicios de la salud. Esto corresponde a los dictados de los
organismos financieros internacionales. Los Estados incumplen sus deberes
constitucionales. Privatizar no es ninguna alternativa conveniente para la
nación. En vez de desmantelarlas, es preciso, fortalecer a las
instituciones públicas de salud y seguridad social.
Contratarán servicios privados de salud
El 12 de septiembre de 2008, la LXI Legislatura
del estado de Veracruz, autorizó al Gobierno estatal la
“contratación de los servicios complementarios para la
prestación del servicio público de salud por doce años a la
iniciativa privada” (Morales J., en www.milenio.com 13 sep 2008). Esto se
hará “con la empresa que ofrezca las mejores condiciones de calidad
(podría ser Vitalmex Internacional, S.A. de C.V.)” (Landa A., en
www.elmundodeorizaba.com 13 sep 2008).
De acuerdo a la propuesta aprobada
por los 26 legisladores del PRI contra 16 de la oposición, “los
centros hospitalarios que participarían en este esquema en
complementariedad con la iniciativa privada serían el hospital general
Emilio Alcázar de Tuxpan, hospital general de Poza Rica, hospital Manuel
Ávila Camacho de Martínez de la Torre, hospital Rafael Lucio y
Luis F. Nachón de Xalapa, hospital Yanga, de Córdoba, el Virgilio
Uribe de Veracruz, el hospital Río Blanco, de ese municipio, el hospital
Bernardo Peña, de San Andrés Tuxtla, el Valentín
Gómez Farías, de Coatzacoalcos, y el hospital general de Tierra
Blanca”.
El esquema aprobado es de
“coinversión” entre el gobierno y la iniciativa privada. Bajo
este esquema de participación público-privado, 11 hospitales que
dependen de la Secretaría de Salud y Asistencia del Estado
“podrán equiparse con tomógrafos de 16 y 64 cortes,
impresoras en seco, inyectores de medio contraste, rayos X con fluoroscopia
intermedio y mastógrafos. Además “con UPS, monitores de
signos vitales, salas de hemodinamia, ultrasonidos intracoronarios, consolas
para medir la presión intracoronaria, unidades de
hemodiálisis”, entre otros equipos.
De acuerdo al dictamen
legislativo, “se garantiza la existencia de consumibles y desechables que
disminuyan el tiempo de espera de los pacientes y que permiten optimizar la
funcionalidad de las salas quirúrgicas, de imagenología y unidades
de hemodiálisis”.
Subrogación de servicios de salud
Esta propuesta que aprobaron los
legisladores locales del PRI, fue anunciada desde el 2 de enero de 2007 por
José Angel Córdoba Villalobos, secretario de salud de
Calderón.
En aquella ocasión, Córdoba dijo que
“los servicios médicos privados en México han crecido por la
incapacidad del sector público para garantizar una atención
universal y de calidad”. Pero, en vez de corregir la situación,
anunció que “en la administración calderonista se
echará mano de la subrogación de servicios en aquellos lugares
donde no existan clínicas ni hospitales públicos o resulten
insuficientes”. Hay que entender, dijo, que “en algunos sitios el
Estado no podrá construir ni ampliar la infraestructura” (Cruz A.,
en La Jornada 3 ene 2007).
Por supuesto, además de incumplir sus
funciones, y en vez de impulsar la construcción y ampliación de la
infraestructura, Córdoba declaró que la subrogación se
haría sin “que ello implique la privatización de los
servicios de salud, porque las personas no tendrían que gastar nada, sino
que lo haría el Estado. Lo ideal, explicó, sería que
hubiera una bolsa única de recursos para pagar a una red de hospitales
públicos y privados con tarifas referenciales”.
Ley General de Salud obliga al gobierno federal y a los estatales
La Ley General de Salud (LGS), en el artículo 5, señala que “El Sistema
Nacional de Salud está constitutito por las dependencias y entidades de
la Administración Pública, tanto federal como local, y las
personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten
servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de
acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección
de la salud”. Esto es, el sistema mexicano de salud es mixto porque
incluye a los sectores público y privado, lo cual es un
retroceso.
Se indica en el artículo 8 que “Con
propósitos de complemento y de apoyo recíproco, se
delimitarán los universos de usuarios y las instituciones de salud
podrán llevar a cabo acciones de subrogación de servicios”.
Este artículo se presta a diversas interpretaciones, haciendo
contradictoria a la Ley. Pero hay disposiciones que aclaran la
situación.
En el artículo 19 se establece que “La
Federación y los gobiernos de las entidades federativas ...
aportarán los recursos humanos, materiales y financieros que sean
necesarios para la operación de los servicios de salubridad general
...”. Esta disposición es muy precisa al establecer la
obligación de los gobiernos federal y estatales de aportar los recursos
“que sean necesarios” para la operación de los servicios de
salud.
En el artículo 77 bis 5, inciso A, se indica que
corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud,
“IV. Transferir con puntualidad a los estados y al Distrito Federal las
aportaciones que le correspondan para instrumentar los Regímenes
Estatales de Protección Social en Salud”.
Asimismo, indica
"XII. Establecer la forma y términos de los convenios que suscriban los
estados y el Distrito Federal entre sí y con las instituciones
públicas (sic) del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de
optimizar la utilización de sus instalaciones y compartir la
prestación de servicios...". Es decir, la optimización de las
instalaciones, y la prestación de servicios compartidos se define entre
los estados y “las instituciones públicas”.
Por otra
parte, el Reglamento de la LGS en materia de Protección Social en Salud,
mismo que reglamenta al Título Tercero Bis de la LGS, indica en el
artículo 12 que “la prestación de los servicios de salud a
la comunidad será responsabilidad de los Servicios Estatales de
Salud”. Esto es muy claro en cuanto a la responsabilidad
estatal.
Luego, en el artículo 13 del Reglamento se dice que
“Los regímenes estatales garantizarán la prestación
de los servicios de salud a la persona de forma directa a través de los
establecimientos para la atención médica de los Servicios
Estatales de Salud o de forma indirecta a través de los establecimientos
para la atención médica de otras entidades federativas o de otras
instituciones del Sistema Nacional de Salud”.
Esto es, el
Reglamento de la Ley de Salud obliga a las entidades federativas a proporcionar
los servicios de salud y a hacerlo de forma “directa”; si la forma
es “indirecta” se plantean varias opciones, tales como, otras
entidades federativas o instituciones del Sistema Nacional de Salud.
Tramposamente, el gobierno federal y el estatal, prefieren al sector
privado.
Con esta base, los gobiernos interpretan la legislación a
conveniencia. Sin embargo, un artículo del Reglamento no puede estar por
arriba de la Ley.
El mismo artículo 77 bis 5, inciso B, de la Ley
indica que corresponde a los gobiernos de los estados y al Distrito Federal,
dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales “I. Proveer los
servicios de salud, ... disponiendo de la capacidad de insumos y el suministro
de medicamentos necesarios para su oferta oportuna y de calidad”.
Es decir, los gobiernos estatales tienen la obligación de proveer
los servicios de salud y todo aquello que se necesita, incluyendo los insumos y
medicamentos.
¿Es privatización o no?
Lo que ahora se pretende, haciendo una
interpretación dolosa de la Ley y del Reglamento, es la
“contratación”, como subrogación, de servicios
“privados” de salud. Se trata de “coinversiones” con el
sector privado para favorecer “negocios” consistentes en el uso de
equipos, así como consumibles y desechables para los hospitales
públicos.
Los equipos que se proponen se refieren a la
infraestructura física dedicada básicamente al diagnóstico
y estudios médicos. Se trata de los medios materiales necesarios para los
servicios públicos de salud, mismos que el Estado está obligado a
proporcionar en los términos del artículo 19 de la Ley, es decir,
los “recursos humanos, materiales y financieros que sean necesarios para
la operación de los servicios de salubridad
general”.
Córdoba Villalobos declaró que esto no es
privatización “porque las personas no tendrían que gastar
nada, sino que lo haría el Estado”. Pero, ¿de dónde
salen los recursos del Estado? Precisamente, de la población, mediante
los impuestos y los ingresos aportados por Pemex, no de los gobiernos y menos de
los gobernantes.
En el presente caso, la
“contratación” con empresas privadas, tipo Vitalmex
Internacional, no será gratuita, las empresas privadas cobran porque ese
es su negocio que siempre está basado en la ganancia y jamás en el
beneficio social.
Para los gobiernos, federal y estatales, la
privatización implica solamente la “compra-venta” de
“activos”, misma que también se aplica
“solapadamente” en el presente caso. Pero hay algo peor. Lo que los
gobiernos están promoviendo es el otorgamiento de funciones, cuya
responsabilidad es pública, al sector privado. Este ya participa
ampliamente en el Sistema Nacional de Salud; cada vez son más los
hospitales y establecimientos de salud privados. Ahora, se pretende otorgarles
una ampliación mayor, al intervenir en los hospitales
públicos.
La contratación de los medios para proporcionar
los servicios de salud significa privatizar a éstos, pues no se trata de
la simple “compra” o “alquiler” de equipos, sino de
“coinversiones” que implican la participación privada para
hacer negocios con la salud de la población. Obviamente, será el
Estado el que pagará pero, ésa no es su función. Su
responsabilidad es equipar a los hospitales a su cargo, proporcionándoles
los recursos necesarios, no ceder las funciones a los inversionistas privados
que, a través de sus equipos, se apropian de los recursos e instituciones
de la nación.
Desmantelamiento del sistema público de salud
¿De qué se trata, entonces? La doctora Assa Cristina Laurell, secretaria de salud del gobierno de
AMLO, ha señalado que “la supuesta necesidad de subrogar servicios
en los sitios donde la infraestructura pública no alcance para satisfacer
la demanda, representa el inicio del desmantelamiento del sistema público
de salud (Cruz A., en La Jornada 4 ene 2007).
En efecto, la
intervención privada en los servicios de salud públicos implica un
proceso para que éstos se vuelvan cada más dependientes de los
recursos privados mientras la responsabilidad de los estados se diluye, al
tiempo que éstos gastarán más en apoyo de los negocios
privados y en detrimento de las instituciones públicas de
salud.
“Al hablar sobre la insuficiencia de clínicas y
hospitales públicos, las autoridades van a empezar a contratar con
particulares”. Laurell aseguró que esta práctica ya se
realiza en entidades como Jalisco y no precisamente en las zonas más
pobres.
De manera que, “con este discurso, el país
entrará a un círculo vicioso porque si hace falta infraestructura
se empezará a canalizar una parte importante del presupuesto al pago de
servicio del sector privado y, entonces, habrá todavía menos
dinero para la construcción de nuevas unidades
médicas”.
La doctora Laurell ha expresado que “si el
número de clínicas y hospitales no satisface la demanda de los
pacientes es porque durante los seis años pasados se hizo una
inversión mínima y lo que hubo fue por la decisión del
Congreso de la Unión de asignar 5 mil millones de pesos para obras.
También reconoció que el rezago de inversión en
infraestructura viene desde 1983, cuando a causa de la crisis económica
se desplomó el presupuesto del sector salud”.
Nada de lo
anterior ha sido corregido, al contrario, los gobiernos federal y estatales
siguen agravando la situación y, como solución dogmática,
pretenden generalizar la privatización de la salud. Esto forma parte del
proceso de privatización de la seguridad social en general.
¡No a la privatización furtiva de la salud!
Lo prioritario en materia de salud es mantener desarrolladas las instituciones de seguridad social
y cubrir a quienes carecen de acceso a ellas, proporcionándoles los
recursos “necesarios” para el cumplimiento de sus funciones. Este
deber es del Estado, en cumplimiento del derecho a la salud establecido por el
párrafo tercero del artículo 4º
constitucional.
Privatizar la salud, que es parte de la seguridad social,
es inconveniente para la nación. La privatización no es solo la
“compra-venta”, existen muchas modalidades más. La más
seria consiste en otorgar las funciones públicas al sector privado. Los
mecanismos también son diversos. En el presente caso, mediante contratos
que ni siquiera están previstos en la Ley. Se trata de una
subrogación disfrazada para favorecer la ampliación de los
servicios privados de salud. El desmantelamiento de las instituciones
públicas ES parte de la privatización.
El gobierno federal,
y los estatales, no están interesados en la salud de los mexicanos. Por
ello, la política que siguen se basa en mantener el deterioro de las
instituciones públicas para argumentar, después, que es necesaria
la intervención privada. Con ello, se gastarán más recursos
que lejos de fortalecer la infraestructura pública llevarán a
ceder más funciones al sector privado.
Ya en estos momentos, se
observa esa “política”. La propia doctora Laurell ha
señalado que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF), que se discute actualmente en el Congreso, “de
los 9 mil 500 millones de pesos que el PEF menciona, realmente sólo
existen mil 500 millones, con lo que se deja sin solución la falta
reconocida de unidades de salud y hospitales, mientras que cada día se
inscriben más personas al Seguro Popular, así como
derechohabientes al IMSS y al ISSSTE” (Cruz A., en La Jornada 24 sep
2008).
En estas condiciones la creciente demanda de atención
médica sólo podría cubrirse con la
“privatización furtiva” de los servicios de salud, en una
estrategia similar a la que se ha venido haciendo con el agua, la electricidad y
el gas, desde 1992 y que ahora se pretende extender al petróleo a
través de la reforma energética privatizadora de
Pemex.
Defender el derecho a la salud y luchar contra su
privatización es una de las más nobles causas del pueblo de
México. La nación requiere de la “integración”
del Sistema Nacional de Salud en un solo Organismo a cargo exclusivo del Estado.
Esto significa la nacionalización de los servicios de salud, la
expropiación de los servicios privados, la nacionalización de la
industria químico-farmacéutica, la fabricación estatal de
quipos y componentes, y el control por los trabajadores de la salud y la
población de los servicios de salud.
Para ello, es necesaria la
lucha social organizada en todo el territorio nacional. En esta lucha
está planteada la Re-nacionalización de México. El FTE
apoya al pueblo veracruzano en defensa del derecho a la salud y a la seguridad
social. (b244, 24 sep 2008).
La Asociación Nacional Transportista en lucha
Comisión de Energia