FAP 4. Motivos de la iniciativa
El FAP plantea definir un programa de
desarrollo de la industria petrolera dentro de un Programa Nacional de
Energía, derivado a su vez de una política energética de
Estado. Se plantea un Pemex “sin ingerencia de extranjeros”
vinculado con “todas” las formas disponibles de energía y que
garantice el respeto de la Constitución. En 12 puntos se propone un
programa para el desarrollo y fortalecimiento de Pemex. Este discurso
corresponde a la Exposición de motivos de la iniciativa energética
del FAP. En todos los casos, se elude la privatización energética
en marcha que ya desnacionalizó a la industria eléctrica, a la
petroquímica y parte de la del gas natural.
Exposición de motivos
El 25 de agosto de 2008, el Frente Amplio Progresista
(FAP) entregó al Senado de la República una “Iniciativa con
proyecto de decreto que crea, adiciona, modifica y deroga diversas disposiciones
en materia del sector energético nacional”.
Se
anunció en los medios que se trataba de una “iniciativa
ciudadana” elaborada por “intelectuales y expertos”.
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que aceptaba
íntegramente la propuesta “sin quitarle una sola coma”.
Cuauhtémoc Cárdenas, por su parte, expresó también
su apoyo a la iniciativa de marras. El PAN y el PRI se han mantenido callados.
Algunos de los invitados por el FAP han participado en Foros, otros han escrito
en la prensa o declarado a los medios. Todos se han referido a la parte
“buena” de la iniciativa, ninguno ha sido crítico ni ha
explicado el fondo de las propuestas.
Hasta ahora, los
“expertos” se han referido a los motivos de la iniciativa del FAP,
no así al contenido de la misma. La burocracia política ha sido
más superficial aún.
La Exposición de motivos indica
las razones que llevan a proponer la iniciativa describiendo a ésta. Sin
embargo, la Exposición NO tiene validez legal solamente expresa la
llamada “intención del legislador”. Lo que vale y es votable
son las propuestas concretas expresadas en el articulado de las leyes a
considerar.
En esta entrega, el FTE de México analiza la
Exposición de Motivos de la iniciativa energética del FAP; en las
siguientes, se abordarán las leyes específicas.
I. Contexto de las propuestas
Señala el FAP que “los contenidos”
de las iniciativas del gobierno federal “se limitan a la
reestructuración” (sic) de Pemex y que, “en el debate
nacional”, “ha quedado clara la necesidad de definir un programa de
desarrollo de la industria petrolera dentro de un Programa Nacional de
Energía, derivado a su vez de una política energética de
Estado”.
El FTE considera que las propuestas de Calderón no
“se limitan a la reestructuración” de Pemex sino a la
desnacionalización. Por otra parte, lo que se necesita es una
“política energética de la nación”,
independiente del imperialismo, del Estado y del charrismo sindical.
El
FAP indica que las iniciativas oficiales, de Calderón y el PAN,
“carecen de ese marco indispensable” y que expresan “un
discurso contrario a lo que su propuesta de reforma contiene”. Algo
similar ocurre con las iniciativas presentadas por el PRI, se
dice.
Luego, el FAP delinea lo que sería “un Pemex fuerte,
pero pleno de sus facultades constitucionales, sin ceder (sic) a la iniciativa
privada sus áreas de exclusividad, autónomo (sic) en el manejo de
sus recursos y de sus acciones, con un régimen fiscal no confiscatorio,
equitativo y justo para el buen desempeño de sus funciones, pero con los
controles ciudadanos (sic) que garanticen transparencia y honestidad, eficiente
.. sin relajar las normas al límite de la discrecionalidad de sus
funcionarios”.
Se plantea “un Pemex de todos los mexicanos
sin ingerencias de extranjeros” (sic). Se expresa a “un Pemex con
ductos y refinerías, propiedad de la Nación; sin contratos de
riesgo ni de servicios múltiples, ...; con una estructura integrada, con
capacidades de gestión y con recursos suficientes ..., con mecanismos de
supervisión y control internos y externos adecuados y con un sindicato
democrático ...”.
También se propone “un Pemex
que promueva la ingeniería mexicana, la industria del país y el
desarrollo científico y tecnológico nacionales ...”,
así como “un Pemex vinculado con todas las formas disponibles de
energía ...”.
Se expresa “la importancia del
petróleo en el contexto geopolítico mundial” y se dice que
“ese es el Pemex que quiere la mayoría de los mexicanos”. El
FAP agrega que “estas manifestaciones que podrían considerarse
sólo una larga serie de buenos deseos, son expresión de
situaciones perfectamente asequibles si la conciencia política (sic) de
quienes tienen la responsabilidad de las grandes decisiones nacionales (sic),
nuestros congresistas (sic), se pone en armonía con los derechos y las
necesidades de los mexicanos ...”.
Los “buenos deseos”
del FAP se diluyen poniéndolos en manos de “nuestros
congresistas” quienes no tienen ninguna “conciencia
política” acorde con la nación viviente y a quienes NO
corresponden las “grandes decisiones nacionales” pues eso
corresponde al pueblo mexicano en ejercicio de su soberanía. Las
decisiones sobre Pemex implican “decisiones políticas
fundamentales”, no únicamente formales ni
legislativas.
Expresa el FAP “atender las necesidades sin compartir
una sola molécula (sic) de nuestros hidrocarburos” e insiste en una
“política energética del Estado Mexicano ... cuyo objetivo
esencial es su soberanía y su seguridad
energética”.
Al respecto, se indica que esa política
“considere la transición energética. Agrega que “una
propuesta que solo busca reformar a Pemex es notoriamente insuficiente e
inadecuada. Más aún, cuando persigue instaurar las condiciones
para que capitales privados constituyan corporaciones que se beneficien del
transporte y almacenamiento de hidrocarburos y derivados, de la
refinación del crudo y de las labores de exploración y
extracción de hidrocarburos, en especial en algunas zonas del país
y, sobretodo, del Golfo de México”.
El FAP indica que tanto
las propuestas de reforma energética del PAN como las del PRI,
“implican la sobreexplotación del recurso, el sostenimiento de una
cuantiosa plataforma exportadora de crudo, el creciente desmantelamiento de
Pemex, la participación abierta o encubierta de transnacionales y el uso
de la mayor parte de los ingresos por exportación de crudo para financiar
el gasto corriente del sector público”.
II. Política energética de Estado
En este aparatado, el
grupo del FAP encargado de la elaboración del documento en
cuestión señala que “desde hace varios lustros los gobiernos
en turno decidieron incrementar la extracción de crudo” y que,
esto, “se acompaña de una baja en la tasa de restitución de
reservas y agotamiento acelerado de los yacimientos actuales”.
Se
indica que “crece notablemente la participación de los ingresos
provenientes de la industria petrolera en los ingresos del sector
público” y que “hay una petrolización de las finanzas
públicas, sin que los recursos se destinen a la inversión”,
que “existe un crecimiento en el consumo de hidrocarburos sustentado en
las importaciones y un aumento en las emisiones de gases de efecto
invernadero” y que, cada vez, es “mayor la participación de
las industrias energéticas transnacionales en actividades reservadas por
la Constitución al Estado”.
Se expresa que una
política energética de Estado debe “garantizar el respeto
del pacto social fundamental expresado en la Constitución” y
“convertir a Pemex en una palanca del crecimiento general de la
economía, incluido su papel como auxiliar de la hacienda
pública”, así como “reconocer al petróleo como
un recurso no renovable y de amplio uso económico”.
Tal
política de Estado “debe considerar como elementos
estratégicos: la soberanía y seguridad energéticas, la
disminución de la proporción del ingreso petrolero en la
recaudación federal, la mejora de la productividad energética, los
menores impactos ambientales, la mayor participación de las
energías renovables, una adecuada tasa de restitución de reservas
de hidrocarburos, la satisfacción de las necesidades energéticas
básicas de la población, el fortalecimiento de las entidades
públicas del sector energético y el apoyo a la
investigación y el desarrollo tecnológico
nacionales”.
Se habla de “un programa de largo plazo que
incluya todas las fuentes de energía y la eficiencia
energética”. También se dice que “las exportaciones de
crudo deben ir disminuyendo a un nivel adecuado en función de las
necesidades financieras del país y su contribución al presupuesto
público nacional, sustituida por ingresos provenientes del gravamen real
a las grandes empresas privadas y las personas en las que se concentra una
elevada proporción del ingreso nacional”.
Después, se
hacen consideraciones para la “mejora de la productividad
energética”, “menores impactos ambientales de la
producción y consumo de energía”, “mayor
participación de las energías renovables”, una
“adecuada tasa de restitución de reservas de hidrocarburos”
incluyendo el establecimiento de una “reserva estratégica”,
la “satisfacción de las necesidades energéticas
básicas de la población”, el “fortalecimiento de las
entidades públicas del sector energético” y el
“fortalecimiento de la investigación y el desarrollo
tecnológico nacional”.
III. Programa para el fortalecimiento y desarrollo de Pemex
En esta parte el FAP reitera
varios de los puntos señalados en el Programa de Acción Inmediata
para Pemex, indicados en el Anexo al Decreto de Presupuesto de la
Federación para 2009, de las reformas propuestas a la Ley de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria
“1. Recursos suficientes para
Pemex”.
Primero, se indica que “Pemex es el organismo
público descentralizado encargado del aprovechamiento de los
hidrocarburos”, ya que, “en esta materia no pueden darse
contratos”. La expresión es correcta y se invoca a la
Constitución pero, también, a la Ley Orgánica de Pemex y a
la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del
Petróleo, mismas que permiten la privatización de la
petroquímica “secundaria” y del gas natural.
Luego, se
propone un “presupuesto adecuado para el plan estratégico de
desarrollo” para atender “los programas de exploración y
explotación definidos en la plataforma estratégica” (sic),
“recursos suficientes para atender las inversiones que reclama su
operación, mantenimiento y desarrollo”, “revisar la
aplicación de los excedentes petroleros y evitar la discrecionalidad en
su distribución”, “utilizar parte de los excedentes
petroleros para atender los rezagos en refinación, ductos,
recuperación de reservas y desarrollo tecnológico”,
“otorgar a Pemex autonomía presupuestal (sic) y establecer un nuevo
régimen fiscal”, “basar la contribución fiscal de
Pemex fundamentalmente en impuestos indirectos” y “que el gobierno
absorba gradualmente (sic) la deuda de los PIDIREGAS”.
“2.
Pemex: industria integrada”.
Se critica la creación de las
subsidiarias de Pemex en 1992 y se dice que esta organización “ha
evitado una política de planeación integral en materia petrolera y
ha limitado la inversión en refinación, petroquímica,
almacenamiento y distribución; dañando severamente a
Pemex”.
Después se propone “reestablecer a Pemex como
una industria plenamente integrada” sin explicar en qué consiste
tal integración. Se indica que debe reconocerse “a todas (sic) las
actividades de la industria petrolera y por tanto la exclusividad de Pemex en la
propiedad, control y operación de las mismas”. No se especifica,
sin embargo, qué es “la industria petrolera”.
NO se toca el fondo privatizador
“3. Inversión en exploración
y restitución de la producción de petróleo a niveles
sustentables”.
Se menciona que la disponibilidad de recursos le
permitiría a Pemex invertir en proyectos urgentes “sobretodo para
mantener la producción de crudo en campos existentes y recuperar
reservas” dirigiendo los esfuerzos “principalmente a las aguas
someras y tierra”.
Luego, se vuelve a repetir el “esfuerzo
sostenido” en investigación y desarrollo para acumular “la
capacidad de negociación en la compra (sic) o renta (sic) de la
tecnología”. Como hemos señalado previamente, reiteramos que
ese “esfuerzo” para negociar la “compra” o
“renta” de tecnología NO es ninguna investigación ni
desarrollo, ni la única alternativa.
“4. Redefinición
de la política de precios entre las diversas
entidades”.
Aquí se indica que “deben adecuarse los
precios de transferencia de crudo, los condensados y el gas para el
procesamiento que realiza el propio Pemex”, ya que, actualmente Pemex
Exploración y Producción (PEP) le vende a las demás
filiales a precios internacionales.
Se indica, también, la
“autosuficiencia en gas natural a través del uso de derivados de
petróleo con nuevas tecnologías y fuentes renovables, y el uso
eficiente de este gas”.
El FAP critica el crecimiento de la
generación eléctrica basado en la utilización de plantas
privadas de ciclo combinado a base de gas natural. La preocupación es
correcta pero superficial, el FAP se preocupa por el uso del gas pero NO indica
NADA respecto a la propiedad privada de las centrales, es decir, la
privatización eléctrica furtiva se elude.
También,
dice que “son necesarios el ahorro y uso eficiente del gas natural”
y que, en particular, “es urgente eliminar la quema de gas natural”
y “la instalación de nuevas plantas de procesamiento de gas
natural”.
Asimismo, se critica la política que ha generado
pérdida de seguridad energética “por sustentarse en
combustibles importados” y se propone reorientar “la política
de fuentes de generación de electricidad hacia su
diversificación”.
“6. Autosuficiencia en gasolinas y
diesel a través del aumento en la capacidad instalada de
refinación y medidas de eficiencia, ahorro y sustitución de
combustibles para el transporte”.
Se critica que no ha habido
inversión en nuevas refinerías, así como, el crecimiento en
las importaciones de petrolíferos y se propone una “política
de eficiencia energética y sustitución de combustibles en el
sector transporte”. Entre otras medidas, el FAP propone combustibles
alternos “como el diesel y el etanol a partir de la caña de
azúcar”, “el uso de motores híbridos”, revisar
“las normas de rendimiento mínimo de combustible” y promover
a nivel nacional “el uso del transporte público”.
También se propone aprovechar “al máximo la capacidad
instalada de refinación” y se indica que “la
construcción de nuevos trenes de refinación debe reorientarse
tanto al suministro de gasolinas y diesel, como a la producción de
combustibles para generación de electricidad y a la producción de
materias primas para la petroquímica”.
“7.
Modernización y ampliación de la red de ductos”.
Las
consideraciones al respecto se orientan “al mantenimiento como a la nueva
infraestructura”. Se plantea “fortalecer las estructuras
organizacionales de los sectores de ductos”, “proporcionar los
servicios de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo”. Se dice
que estas actividades “pueden ser realizadas” por personal de Pemex
y, en el caso del mantenimiento correctivo, “dependiendo de su grado de
complejidad y magnitud, podrán ser ejecutadas por contratistas nacionales
a través de contratos de obras específicos, debidamente
licitados”.
“8. Fortalecimiento de la
petroquímica”.
El FAP parte de reconocer que las reformas
legislativas petroleras de 1995 fracasaron y la petroquímica “se
deprimió a tal grado que se cerraron plantas y líneas de
producción y las importaciones crecieron”. Se indica que ha habido
pérdidas “por tener plantas fuera de operación” y se
pone como ejemplo “el etileno” que es uno de los productos
estratégicos porque del mismo se derivan múltiples productos
secundarios.
Sin embargo, el FAP vuelve a omitir las causas, es decir,
las inconstitucionales reformas a la Ley reglamentaria petrolera y, al respecto,
NO dice NADA. Al contrario, después de quejarse y sin tomar acciones
coherentes, contradictoriamente indica que “la iniciativa privada puede y
debe (sic) hacer la transformación secundaria de este carburo de
hidrógeno” (el etileno).
Otro ejemplo es “el
amoníaco”, materia prima de los fertilizantes nitrogenados. El FAP
señala que “Pemex ha desmantelado y vendido varias de sus plantas
productoras de amoníaco a la iniciativa privada, sin embargo, no se
cubren las necesidades del país”. Al respecto, el FAP no acierta a
resolver sus contradicciones pues indica que “con esto se garantiza la
producción de amoníaco por el Estado a bajo costo y se asegura la
materia prima económica para la producción del fertilizante,
dónde las empresas privadas realizarían esta transformación
(sic)”.
“9. Inversión en investigación y
desarrollo”.
El FAP propone, en general, “el fortalecimiento
del Instituto Mexicano del Petróleo, con apoyo económico
suficiente para realizar un programa (sic) agresivo (sic) de ciencia y
tecnología, vistas las necesidades de Pemex y de la imperiosa
transición energética”, “la integración de un
fondo para el desarrollo científico y tecnológico para la
transición energética”, y “el apoyo a las
instituciones de educación superior”.
“10.
Transparencia y freno a la corrupción”.
Este grupo del FAP
propone “realizar auditorías integrales e independientes a Pemex,
CFE y Comisión Reguladora de Energía acerca del otorgamiento y uso
de PIDIREGAS, permisos y contratos a generadores privados de energía
eléctrica, contratos de servicios múltiples, contratos para la
adquisición de gas natural y destino de las plantas de proceso en
petroquímica que han sido desmanteladas y vendidas a
compañías privadas”.
Para la transparencia y freno a
la corrupción “deben considerarse controles institucionales
internos y externos y vigilancia ciudadana (sic) que garanticen (sic)
transparencia, pertinencia y eficiencia y eviten (sic) la
corrupción”. Y, ¿la corrupción sindical?
Contratismo “con procedimientos”
“11. Mayor agilidad a la
operación de Pemex y contratación con empresas
privadas”.
Se critica “la contratación de empresas
transnacionales para la ingeniería y ejecución de proyectos que
viene realizando Pemex” y se plantea “eliminar la
contratación sistemática con empresas extranjeras, así como
revitalizar las firmas nacionales de ingeniería, las empresas (sic) y
cooperativas (sic) de trabajadores, así como consultores y proveedores
nacionales”.
Luego, se propone “cambiar la forma de
contratación de los proyectos de inversión de Pemex”,
asignándolos a “los proveedores de menor costo y mayor calidad y no
solo a los que pueden obtener financiamiento”, con la obligación de
participar “en una licitación pública y/o otros
procedimientos de competencia” (sic). También se dice que “se
debe prescindir de los PIDIREGAS para nuevos proyectos y en su lugar utilizar
deuda directa, cuando sea necesaria”.
Después, se propone
“promover empresas de capital nacional” y “establecer un
Programa Sectorial de Política Industrial”.
Asimismo, se
propone “exceptuar a Pemex, CFE y otras instituciones públicas del
sector energético de todos (sic) los tratados de libre comercio en los
que se han comprometido las compras del sector de energía gubernamental
(sic)”. Eso no está bien, porque en México,
constitucionalmente, el sector de la energía NO es
“gubernamental”, es de la nación.
Finalmente, se dice
que “es imprescindible eliminar a los denominados “de llave en
mano”. Es necesario acudir preferentemente (sic) a los contratos por
administración”.
“12. Yacimientos
transfronterizos”.
En este rubro se reitera lo indicado en el
Programa de Acción Inmediata para Pemex indicando que “una
comisión plural” del Senado y la secretaría de relaciones
exteriores inicie de inmediato “negociaciones para ampliar la moratoria
relativa a la explotación de los yacimientos comprendidos en el llamado
Polígono Occidental, delimitado en la negociación del tratado de
límites marítimos con Estados Unidos” y, también, las
acciones diplomáticas para “definir los criterios aplicables a la
eventual explotación de los yacimientos transfronterizos” con
Estados Unidos, Cuba, Belice y Guatemala.
Comentarios del FTE
Comparada con las iniciativas del PAN y del PRI, la
Exposición de Motivos del FAP es diferente pero, a la vez, incompleta.
Muchas de las afirmaciones quedan al nivel del discurso. El FAP habla de un
Pemex “sin compartir una sola molécula de nuestros
hidrocarburos” pero, por omisión, exceptúa a las
moléculas del gas natural, que siendo las de un hidrocarburo gaseoso, ya
están privatizadas tratándose de la distribución,
transporte y almacenamiento del gas natural y del gas LP, actividades que son
parte del proceso de trabajo petrolero.
La “política
energética de Estado” que se promueve critica la “cada vez
mayor participación de las industrias energéticas transnacionales
en actividades reservadas por la Constitución al Estado”.
¡Correcto! Pero no hay congruencia al evitar referirse a las
inconstitucionales reformas legislativas a la Ley del Servicio Público de
Energía Eléctrica y a la Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en el Ramo del Petróleo, de 1992 y 1995,
respectivamente.
Se indica que se debe “garantizar el respeto del
pacto social fundamental expresado en la Constitución
política”, cuando ese pacto ha sido roto por los gobiernos en
turno. Se plantea incluso una “mayor participación de las
energías renovables” que también están ya en proceso
de privatización, sin hacer ninguna crítica al respecto.
De
esta manera, la consideración de “Pemex: industria integrada”
se reduce a los aspectos formales y administrativos, sin atender al proceso de
trabajo completo. Se insiste que en materia de hidrocarburos “no pueden
darse concesiones” pero los permisos privados otorgados por la
Comisión Reguladora de Energía (CRE) ni siquiera se
mencionan.
El caso de la sustitución de combustibles para el
sector transporte, la “producción de etanol a partir de la
caña de azúcar”, es discutible, lo mismo que un Pemex
“autónomo”. Si de cultivar las tierras se trata, debe ser
para producir alimentos. Además, la producción de amoníaco,
la del etileno y su transformación deben ser realizadas por Pemex no por
el sector privado.
La auditoría integral a la CRE es una
simpleza, lo que debe proponerse es desaparecer a ese veneno privatizador del
Banco Mundial. A la nación no le interesa saber cuántos permisos
ha otorgado sino que deje de hacerlo. Sabido es que, al 13 de junio de 2008, la
CRE había entregado 742 permisos privados de generación
eléctrica y 200 en materia de gas natural.
La crítica al
uso del gas natural para las plantas privadas de ciclo combinado es correcta
pero insuficiente. El problema no es solamente la utilización de
combustibles importados sino el proceso de privatización eléctrica
furtiva que llega ya al 47% de la generación eléctrica total a
nivel nacional. Al respecto, el FAP NO dice NADA. Eso es
incorrecto.
Finalmente, la Exposición de Motivos no tiene validez
legal, la argumentación (cualquiera que sea) no forma parte de la
iniciativa de ley, ni del decreto correspondiente. Lo importante son las
iniciativas mismas. ¿Hay correspondencia entre el discurso y las propuestas
específicas contenidas en los proyectos de modificaciones y/o adiciones a
las leyes secundarias propuestas? (b229, 9 sep 2008).
Expresiones de la resistencia
Comisión de Energia