Ministros evangélicos con México
La comunidad cristiana evangélica se
manifestó en contra de la intervención de capitales extranjeros en
la explotación de nuestros recursos. “Para los traidores
está el Cerro de las Campanas”. Necesitamos que el pueblo haga lo
que debe de hacer, ante todo, presencia. No somos de violencia, se dijo, pero
sí de reacciones. No debemos ser un pueblo indiferente ante la injusticia.
El petróleo es de la nación
El 18 de julio de 2008, el Nuevo Pacto
Social, la Iglesia Metodista de México y Pastores Unidos por
México, invitaron al pueblo cristiano evangélico a la conferencia
sobre “Las iniciativas de ley para la reforma energética”. El
evento se realizó en el auditorio del Colegio Sara Alarcón, de la
colonia Granada, en la ciudad de México, con la participación del
doctor David Bahen (FTE) y el licenciado Manuel Bartlett (PRI).
En
primera instancia, el doctor Bahen hizo una presentación a los pastores,
obispos, apóstoles y asistentes en general, acerca de la
inconstitucionalidad de las propuestas de reforma energética presentadas
por Felipe Calderón al Senado de la República.
La
Constitución de 1917 representa el pacto político de la
nación, el cual, expresa decisiones políticas fundamentales. En
materia energética se estableció que “la propiedad de las
tierras y las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio
nacional corresponden originariamente a la nación”. Asimismo, se
indicó que “el dominio de la nación sobre los minerales del
subsuelo –petróleo, carbón, metales, etc.- es inalienable e
imprescriptible”.
Luego, con la Expropiación Petrolera de
1938 se afirmó en el párrafo cuarto del artículo 27
constitucional que “Corresponde a la nación el dominio directo de
... el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos,
líquidos y gaseosos”. Más tarde, se indicó en el
párrafo sexto del mismo artículo que “Tratándose del
petróleo y los carburos de hidrógeno ... no se otorgarán
concesiones ni contratos a los particulares. De acuerdo al párrafo cuarto
del artículo 28 constitucional son áreas estratégicas
“ ... el petróleo y los demás hidrocarburos ...” y, en
términos del párrafo cuarto del artículo 25 constitucional
“Las actividades estratégicas serán realizadas por el Estado
de manera exclusiva”.
Esto, sin embargo, ha sido vulnerado por los
gobiernos en turno y, ahora, con la reforma energética de Calderón
se pretende transgredir al pacto constitucional.
Fragmentación del proceso de trabajo petrolero
El petróleo y la industria
petrolera fueron rescatados para la nación luego de una experiencia
nociva con las compañías extranjeras. La infraestructura
industrial implica a todo el proceso petrolero mismo que ha sido fragmentado
para privatizarlo. A la fecha, la planeación es prácticamente
inexistente y, consecuencia de una política energética
inconstitucional se privilegia solamente la extracción de petróleo
crudo para su exportación. La investigación y desarrollo
tecnológico ha sido reducida drásticamente y la ingeniería,
en todas sus especialidades, casi se ha cancelado.
En la
exploración y la perforación de pozos petroleros la
intervención privada es cada vez mayor al margen de la ley; en tales
actividades participan corporaciones transnacionales. La petroquímica ha
sido destruida otorgando la llamada petroquímica “secundaria”
al capital privado. Lo mismo tratándose de la distribución,
transporte y almacenamiento del gas natural, y de la distribución y
transporte de gas LP por medio de ductos. Así, la industria petrolera se
ha venido desintegrando.
El proceso de privatización petrolera
furtiva se inició en 1992 con la creación de cuatro subsidiarias
de Pemex, así como, de Pemex Internacional. Luego, en 1995, todos los
partidos políticos aprobaron reformas regresivas a la Ley Reglamentaria
del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo (LRRP).
Mediante estas reformas, la industria petrolera fue “redefinida”,
suprimiendo fases relacionadas con el gas natural, así como, a la
petroquímica secundaria, funciones que dejaron de ser
“estratégicas” para convertirlas en
“prioritarias”, en las cuales puede participar el capital
privado.
A la fecha, mediante 200 permisos privados otorgados por la
Comisión Reguladora de Energía (CRE), diversas actividades con el
gas natural ya están privatizadas.
Funciones inconstitucionales para la Sener
Ahora, el gobierno federal ha
turnado al Senado de la República una iniciativa de reforma
energética que propone modificaciones y adiciones a un paquete de seis
leyes secundarias que contravienen explícitamente lo dispuesto por la
Constitución.
La primera se refiere a la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, para adicionara nuevas
atribuciones a la secretaría de energía (Sener). Estas propuestas
fueron aprobadas el 17 de abril de 2007 por los senadores de todos los partidos
políticos. De acuerdo a lo indicado en el artículo 33 de esa ley,
se propone para la Sener “promover la participación de los
particulares en las actividades del sector ... otorgar y revocar concesiones,
permisos y autorizaciones en materia energética ... regular ... las
fuentes energéticas alternas a los hidrocarburos”.
Estas
disposiciones son inconstitucionales. En materia energética no
está permitida la participación de particulares, ni tampoco se
deben otorgar concesiones ni permisos. En cuanto a la
“regulación” de las fuentes alternas a los hidrocarburos, se
está proponiendo la privatización de todas las fuentes, incluyendo
al carbón, el uranio, la geotermia, el agua, el viento y la
radiación solar. Asimismo, se propone “determinar las reservas de
hidrocarburos” y “determinar la plataforma de producción
petrolera y el ritmo de reposición de las reservas”, funciones
actualmente a cargo de Pemex.
Privatización de Pemex
La segunda, se refiere a la Ley Orgánica de Pemex y
se introduce el pervertido concepto de “autonomía de
gestión”, que implica la libertad de las cúpulas para
comprar, contratar créditos y asociarse con las transnacionales. Se trata
de la “libertad” sin procedimientos ni controles para hacer de la
paraestatal a Pemex S. A., o bien, a PeUSA.
Para esto, Calderón
propone un gobierno corporativo para Pemex, en los términos propuestos
por el proyecto SUMA que fue diseñado en Houston, adoptado por Fox y
ahora por Calderón. A este gobierno corporativo se integrarían 4
consejeros con absoluta autonomía e independencia en la toma de
decisiones, quienes tendrían acceso a toda la información
relevante y cualquier decisión requeriría el voto de al menos dos
consejeros.
También se propone la emisión por Pemex de
bonos “ciudadanos” que serían adquiridos a través de
las Afores, sociedades de inversión o intermediarios financieros. En la
propuesta se permiten toda clase de contratos y, también, la
contratación de deuda pública pudiendo acudir Pemex al mercado
externo de dinero y de capitales. Para el caso de la exploración y
explotación del petróleo crudo y el gas natural asociado, el
contenido y precio de los contratos serían determinados en el curso de su
ejecución. Esto introduce subrepticiamente a los llamados contratos de
riesgo. Eso se indica en el artículo 46 de la propuesta de
Calderón. Tales contratos están prohibidos por la Constitución.
Más privatización energética furtiva
La tercera, es la Ley de la CRE. Esta comisión sería la encargada de
“regular”, que en la práctica implica
“privatizar” a todas las fuentes de energía. En materia
eléctrica, la CRE ha otorgado cientos de permisos privados y, a la fecha,
el 47% de la generación eléctrica total a nivel nacional ya es
privada.
Ahora, se propone que la CRE también “regule”
las ventas de primera mano de los productos que se obtengan de la
refinación del petróleo, del gas y de los productos
petroquímicos. También el transporte y distribución del
gas, de los productos petrolíferos y petroquímicos que se realicen
por medio de ductos, y el almacenamiento de los mismos, así como, el
transporte y distribución de biocombustibles por medio de ductos y su
almacenamiento.
Esto significaría que, se privatizarían
otras fases del proceso de trabajo petrolero, incluyendo al sistema nacional de
ductos. Esto significaría poner la red de oleoductos, gasoductos y
poliductos en manos privadas que acudirían a “guardias
blancas” para su vigilancia.
La cuarta, se refiere a una ley
nueva, la Ley de la Comisión del Petróleo. Esta comisión
sería la encargada de “determinar la plataforma de
producción de crudo y el ritmo de reposición de las reservas ...
cuantificar las reservas ... proponer los parámetros técnicos de
los proyectos de inversión en exploración y explotación ...
otorgar permisos para la exploración y explotación de
hidrocarburos ...”. Esto representaría la TOTAL y absoluta
privatización de Pemex pudiendo incluir a los yacimientos
transfronterizos, lo cual es abiertamente anticonstitucional.
Legislación petrolera inconstitucional
La quinta se refiera a la Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del
Petróleo. De entrada, se restringen las facultades de Pemex al indicar
que “podrá” participar en las actividades estratégicas
cuando es una facultad constitucionalmente exclusiva. Luego, se vuelve a
“redefinir” lo que
Abarca la industria petrolera para
dejarla más reducida que lo establecido por el Tratado de Libre Comercio
(TLC) con Norteamérica.
En el artículo 4 de la propuesta se
indica que “Pemex ... y los sectores social y privado previo permiso
...” podrán participar en el transporte, distribución y
almacenamiento de gas, productos petrolíferos y petroquímicos, lo
cual es inconstitucional. Se indica, también que “Pemex
podrá contrata con terceros los servicios de refinación del
petróleo” y que “los permisionarios podrán construir,
operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos”. Es decir,
se propone en la ley reglamentaria secundaria todo lo que la Constitución
prohíbe.
En el artículo 6 se establece que Pemex
otorgará contratos de obras y prestación de servicios. En el
artículo 10 se obliga a Pemex “a prestar a terceros el servicio de
transporte y distribución por medio de ductos”, es decir, a poner
la red nacional al servicio de los privados.
En el artículo 11, se
señala que “El ejecutivo, por conducto de la Sener
establecerá la regulación en materia de exploración y
explotación de hidrocarburos”. Es decir, se propone violar
explícitamente a la Constitución para incluir la
privatización de la exploración y producción de petróleo y gas.
Invasión de transnacionales
La sexta, es la Ley Federal de Derechos que
pretende mantener el actual Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos (DOSH) que
actualmente será del 74% y disminuirá gradualmente al 72.5% en
2012. Pero, además, se propone un nuevo Derecho especial sobre
Hidrocarburos (DESH) del 71.5%. Este derecho se aplicaría al caso de las
aguas profundas, a cuyos inversionistas podrían hacerse deducciones hasta
del 100% de las inversiones.
Para concluir, el doctor Bahen
mostró a los asistentes un mapa de México en el cual se indica la
llegada de las transnacionales eléctricas, del gas y petroleras a los
diferentes estados del país. Poco a poco, el territorio nacional ha
venido siendo ocupado y, ahora, las corporaciones proyectan invadir
también las seis cuencas petroleras e, incluso, el Golfo de México profundo.
Homenaje a Benito Juárez
El profesor Daniel Villegas hizo una
intervención con motivo de rendirle homenaje a Benito Juárez,
expresidente de México, en su aniversario luctuoso. Señaló
que Juárez hace vibrar la inestabilidad de nuestro pueblo y dijo que, lo
presentado por el doctor Bahen “es el documento que todo el pueblo de
México debe conocer”.
Se refirió al mapa mostrado y
reflexionó que creíamos que ese era nuestro país, que era
nuestro, pero ahora está ocupado, “solo falta que nos digan
¿cuándo se van?”
Los capitales extranjeros están
explotando las materias primas fundamentales de la cultura forjada por
Juárez que ya no se enseña en las escuelas. “No más
intervenciones ni capitales extranjeros explotando nuestros recursos”,
expresó. Los diputados son los primeros que entregan nuestras riquezas.
Pero, dijo, “para los traidores está el Cerro de las
Campanas”, en referencia al lugar donde fueron fusilados por Juárez
el emperador Maximiliano de Habsburgo y los traidores Miramón y
Mejía. Por la dignidad de un pueblo llamado México, éste es
un momento solemne y debemos ponernos de pie.
Privatización, mandato del Banco Mundial
En su intervención, el licenciado Manuel
Bartlett expresó que eventos como éste deben multiplicarse por
todo el país porque, dijo, hay que analizar a fondo el tema y trabajar
con la población. Las privatizaciones se han venido haciendo a
escondidas, con engaños, realizando trampas y ocultando las intenciones.
Los enclaves extranjeros están ya explotando los recursos
naturales.
Enseguida se refirió a la privatización
eléctrica que fue un mandato del Banco Mundial (BM) y se firmó en
el TLC. Se trata de una expropiación y la intervención extranjera
es un peligro para el país.
Con la nacionalización
eléctrica se estableció que el servicio público no puede
ser un negocio privado pero la norma constitucional ha sido violada
reiteradamente. El TLC, aparentemente, no toca a la industria eléctrica
pero sí al concepto de servicio público al crearse figuras
jurídicas, como la producción independiente, la
cogeneración, la importación y exportación de electricidad
a las que se definió que “no son parte del servicio
público”. Eso es inconstitucional.
Ahora, hay un proceso de
desnacionalización, las palabras se prostituyen y los conceptos se
malinterpretan. Pero “allí está” el TLC, el Plan
Puebla-Panamá y la integración eléctrica con los grandes
negocios. Se maneja una argumentación falsa, inconstitucional, basada en
el TLC. Bartlett expresó que fue Salinas de Gortari quien auspició
las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica (LSPEE) mutilando los conceptos. Por eso es que casi el 40% de
la generación está en manos de las transnacionales. Dijo que, en
2002, el Senado dictaminó en contra de la propuesta de Zedillo para
reformar la Constitución en materia eléctrica pero no fue posible
ir al fondo.
Ahora, los negocios privados son fantásticos, la
nueva generación no la hace la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) sino los privados con un amplio dominio extranjero. Estos fijan las
tarifas de acuerdo a sus intereses, falseando la realidad. No solo en
México, sino en América Latina, operan empresas japonesas,
españolas y otras que dominan al mercado eléctrico.
Despojo a la nación
Después, se refirió al libro “El
petróleo y Pemex despojo a la nación” que recientemente
publicó y estaba orientado a servir a los nuevos legisladores para que
conocieran la experiencia previa para la defensa del patrimonio
energético nacional.
Expresó que Fox llevó a cabo la
más brutal destrucción energética. Las reformas fueron
detenidas formalmente pero Salinas, Zedillo y Fox estuvieron muy comprometidos a
los intereses extranjeros. Ahora, todo lo que propone Calderón ya fue
desechado. Las cinco propuestas de leyes violan abiertamente a la
Constitución, mediante una re-interpretación hecha por los
abogados extranjeros, para dar la razón a presidentes traidores para la
entrega del país.
Todo se basa en acuerdos previos con el PAN y el
voto corporativo del PRI. Pero hay un rechazo en la base nacional porque
defender el petróleo es una causa social y el pueblo no quiere que se
privatice. El neoliberalismo ha reducido al Estado, la economía la dirige
el BM y la Comisión Reguladora es el instrumento para privatizar. Con un
Estado débil el cartel de transnacionales se pone por encima del propio
Estado porque, quien domina la economía controla al país. Bartlett
señaló que la sumisión del gobierno es peligrosa y la
posibilidad de un acuerdo sobre la reforma energética sería algo
indigno. Hay que manifestarse en contra, dijo, la movilización popular es
fundamental.
Posición de la iglesia evangélica
El Comité de Enlace de los
Pastores Unidos por México intervino para fijar la posición de
iglesia evangélica. Señaló que la Constitución
prohíbe a los pastores hacer declaraciones políticas y que, por
tanto, los deslindaba ante el gobierno.
Manifestó que a
través de la historia se ha tenido la experiencia de vivir la injusticia
y la mentira y que no hay justicia ni verdad. El nivel de pobreza exige
definiciones. “No se puede vivir sin ver”. La primera entrega fue
con Antonio López de Santana. Ahora, necesitamos que el pueblo haga lo
que debe de hacer, ante todo, presencia. No somos de violencia,
señaló, pero sí de reacciones. No debemos ser un pueblo
indiferente ante la injusticia, hagamos que la ciudadanía participe en la
consulta ciudadana y que sea escuchado.
El pueblo marcará a los traidores
¿La consulta será suficiente para
detener la reforma? ¿En la privatización también se incluye
al agua? ¿La basura se puede utilizar como fuente de energía?
¿Aparte de informar, qué otras formas hay? ¿Cómo estuvo
la privatización de los ferrocarriles? La soberanía nacional
está comprometida por los tratados internacionales, ¿qué se
puede hacer? fueron algunas de las preguntas realizadas por los asistentes.
También se comentó que hay un serio peligro sobre la Patria,
debemos estar vigilantes y no pasivos, “hay que
definirse”.
Evidentemente, hay desinformación, especialmente
promovida por la televisión, señaló el licenciado Bartlett.
Se debe trabajar en la base para que haya una reacción popular de
indignación. La Consulta es fundamental. En los meses anteriores, el
diseño del despojo consistía en sacar pronto las reformas. Luego,
los privatizadores perdieron el debate, los mismos burócratas no estaban
convencidos.
La pregunta para la consulta debiera ser muy sencilla, basta
preguntar ¿Quieres tú que vengan empresas extranjeras a explotar el
petróleo? Ya los conocemos y hacen lo mismo en todo el mundo. La
votación sería ¡no! en todo el país. La
privatización del agua está en marcha porque se trata de un
elemento clave para una mayor generación eléctrica. El
aseguramiento de los manantiales se está dando ya. El agua del
volcán Ixtaccíhuatl, por ejemplo, la vende la
Nestlé.
El voto del pueblo marcará a los traidores, dijo
Bartlett y agregó que, en el mundo, ninguna privatización ha
funcionado. En México, no se necesita de ninguna ley para construir las
refinerías que hacen falta. ¿Porqué no se hacen? Es el
pretexto de los gobiernos para reciclar los petrodólares que obtiene de
la exportación del petróleo crudo. La oligarquía no tiene
más interés que el dinero, los dueños de la
televisión son los principales enemigos del país. Un pueblo
indiferente “no puede ser”, México tiene en la defensa del
petróleo una de sus grandes causas, concluyó.
Los ministros evangélicos en desacuerdo con la privatización energética