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Volumen 8, Número 109, agosto 6 de 2008 www.wftucentral.org
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Ministros evangélicos con México



La comunidad cristiana evangélica se manifestó en contra de la intervención de capitales extranjeros en la explotación de nuestros recursos. “Para los traidores está el Cerro de las Campanas”. Necesitamos que el pueblo haga lo que debe de hacer, ante todo, presencia. No somos de violencia, se dijo, pero sí de reacciones. No debemos ser un pueblo indiferente ante la injusticia.


El petróleo es de la nación

El 18 de julio de 2008, el Nuevo Pacto Social, la Iglesia Metodista de México y Pastores Unidos por México, invitaron al pueblo cristiano evangélico a la conferencia sobre “Las iniciativas de ley para la reforma energética”. El evento se realizó en el auditorio del Colegio Sara Alarcón, de la colonia Granada, en la ciudad de México, con la participación del doctor David Bahen (FTE) y el licenciado Manuel Bartlett (PRI).

En primera instancia, el doctor Bahen hizo una presentación a los pastores, obispos, apóstoles y asistentes en general, acerca de la inconstitucionalidad de las propuestas de reforma energética presentadas por Felipe Calderón al Senado de la República.

La Constitución de 1917 representa el pacto político de la nación, el cual, expresa decisiones políticas fundamentales. En materia energética se estableció que “la propiedad de las tierras y las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación”. Asimismo, se indicó que “el dominio de la nación sobre los minerales del subsuelo –petróleo, carbón, metales, etc.- es inalienable e imprescriptible”.

Luego, con la Expropiación Petrolera de 1938 se afirmó en el párrafo cuarto del artículo 27 constitucional que “Corresponde a la nación el dominio directo de ... el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos y gaseosos”. Más tarde, se indicó en el párrafo sexto del mismo artículo que “Tratándose del petróleo y los carburos de hidrógeno ... no se otorgarán concesiones ni contratos a los particulares. De acuerdo al párrafo cuarto del artículo 28 constitucional son áreas estratégicas “ ... el petróleo y los demás hidrocarburos ...” y, en términos del párrafo cuarto del artículo 25 constitucional “Las actividades estratégicas serán realizadas por el Estado de manera exclusiva”.

Esto, sin embargo, ha sido vulnerado por los gobiernos en turno y, ahora, con la reforma energética de Calderón se pretende transgredir al pacto constitucional.

Fragmentación del proceso de trabajo petrolero

El petróleo y la industria petrolera fueron rescatados para la nación luego de una experiencia nociva con las compañías extranjeras. La infraestructura industrial implica a todo el proceso petrolero mismo que ha sido fragmentado para privatizarlo. A la fecha, la planeación es prácticamente inexistente y, consecuencia de una política energética inconstitucional se privilegia solamente la extracción de petróleo crudo para su exportación. La investigación y desarrollo tecnológico ha sido reducida drásticamente y la ingeniería, en todas sus especialidades, casi se ha cancelado.

En la exploración y la perforación de pozos petroleros la intervención privada es cada vez mayor al margen de la ley; en tales actividades participan corporaciones transnacionales. La petroquímica ha sido destruida otorgando la llamada petroquímica “secundaria” al capital privado. Lo mismo tratándose de la distribución, transporte y almacenamiento del gas natural, y de la distribución y transporte de gas LP por medio de ductos. Así, la industria petrolera se ha venido desintegrando.

El proceso de privatización petrolera furtiva se inició en 1992 con la creación de cuatro subsidiarias de Pemex, así como, de Pemex Internacional. Luego, en 1995, todos los partidos políticos aprobaron reformas regresivas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo (LRRP). Mediante estas reformas, la industria petrolera fue “redefinida”, suprimiendo fases relacionadas con el gas natural, así como, a la petroquímica secundaria, funciones que dejaron de ser “estratégicas” para convertirlas en “prioritarias”, en las cuales puede participar el capital privado.

A la fecha, mediante 200 permisos privados otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), diversas actividades con el gas natural ya están privatizadas.

Funciones inconstitucionales para la Sener

Ahora, el gobierno federal ha turnado al Senado de la República una iniciativa de reforma energética que propone modificaciones y adiciones a un paquete de seis leyes secundarias que contravienen explícitamente lo dispuesto por la Constitución.

La primera se refiere a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para adicionara nuevas atribuciones a la secretaría de energía (Sener). Estas propuestas fueron aprobadas el 17 de abril de 2007 por los senadores de todos los partidos políticos. De acuerdo a lo indicado en el artículo 33 de esa ley, se propone para la Sener “promover la participación de los particulares en las actividades del sector ... otorgar y revocar concesiones, permisos y autorizaciones en materia energética ... regular ... las fuentes energéticas alternas a los hidrocarburos”.

Estas disposiciones son inconstitucionales. En materia energética no está permitida la participación de particulares, ni tampoco se deben otorgar concesiones ni permisos. En cuanto a la “regulación” de las fuentes alternas a los hidrocarburos, se está proponiendo la privatización de todas las fuentes, incluyendo al carbón, el uranio, la geotermia, el agua, el viento y la radiación solar. Asimismo, se propone “determinar las reservas de hidrocarburos” y “determinar la plataforma de producción petrolera y el ritmo de reposición de las reservas”, funciones actualmente a cargo de Pemex.

Privatización de Pemex

La segunda, se refiere a la Ley Orgánica de Pemex y se introduce el pervertido concepto de “autonomía de gestión”, que implica la libertad de las cúpulas para comprar, contratar créditos y asociarse con las transnacionales. Se trata de la “libertad” sin procedimientos ni controles para hacer de la paraestatal a Pemex S. A., o bien, a PeUSA.

Para esto, Calderón propone un gobierno corporativo para Pemex, en los términos propuestos por el proyecto SUMA que fue diseñado en Houston, adoptado por Fox y ahora por Calderón. A este gobierno corporativo se integrarían 4 consejeros con absoluta autonomía e independencia en la toma de decisiones, quienes tendrían acceso a toda la información relevante y cualquier decisión requeriría el voto de al menos dos consejeros.

También se propone la emisión por Pemex de bonos “ciudadanos” que serían adquiridos a través de las Afores, sociedades de inversión o intermediarios financieros. En la propuesta se permiten toda clase de contratos y, también, la contratación de deuda pública pudiendo acudir Pemex al mercado externo de dinero y de capitales. Para el caso de la exploración y explotación del petróleo crudo y el gas natural asociado, el contenido y precio de los contratos serían determinados en el curso de su ejecución. Esto introduce subrepticiamente a los llamados contratos de riesgo. Eso se indica en el artículo 46 de la propuesta de Calderón. Tales contratos están prohibidos por la Constitución.

Más privatización energética furtiva

La tercera, es la Ley de la CRE. Esta comisión sería la encargada de “regular”, que en la práctica implica “privatizar” a todas las fuentes de energía. En materia eléctrica, la CRE ha otorgado cientos de permisos privados y, a la fecha, el 47% de la generación eléctrica total a nivel nacional ya es privada.

Ahora, se propone que la CRE también “regule” las ventas de primera mano de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo, del gas y de los productos petroquímicos. También el transporte y distribución del gas, de los productos petrolíferos y petroquímicos que se realicen por medio de ductos, y el almacenamiento de los mismos, así como, el transporte y distribución de biocombustibles por medio de ductos y su almacenamiento.

Esto significaría que, se privatizarían otras fases del proceso de trabajo petrolero, incluyendo al sistema nacional de ductos. Esto significaría poner la red de oleoductos, gasoductos y poliductos en manos privadas que acudirían a “guardias blancas” para su vigilancia.

La cuarta, se refiere a una ley nueva, la Ley de la Comisión del Petróleo. Esta comisión sería la encargada de “determinar la plataforma de producción de crudo y el ritmo de reposición de las reservas ... cuantificar las reservas ... proponer los parámetros técnicos de los proyectos de inversión en exploración y explotación ... otorgar permisos para la exploración y explotación de hidrocarburos ...”. Esto representaría la TOTAL y absoluta privatización de Pemex pudiendo incluir a los yacimientos transfronterizos, lo cual es abiertamente anticonstitucional.

Legislación petrolera inconstitucional

La quinta se refiera a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. De entrada, se restringen las facultades de Pemex al indicar que “podrá” participar en las actividades estratégicas cuando es una facultad constitucionalmente exclusiva. Luego, se vuelve a “redefinir” lo que

Abarca la industria petrolera para dejarla más reducida que lo establecido por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Norteamérica.

En el artículo 4 de la propuesta se indica que “Pemex ... y los sectores social y privado previo permiso ...” podrán participar en el transporte, distribución y almacenamiento de gas, productos petrolíferos y petroquímicos, lo cual es inconstitucional. Se indica, también que “Pemex podrá contrata con terceros los servicios de refinación del petróleo” y que “los permisionarios podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos”. Es decir, se propone en la ley reglamentaria secundaria todo lo que la Constitución prohíbe.

En el artículo 6 se establece que Pemex otorgará contratos de obras y prestación de servicios. En el artículo 10 se obliga a Pemex “a prestar a terceros el servicio de transporte y distribución por medio de ductos”, es decir, a poner la red nacional al servicio de los privados.

En el artículo 11, se señala que “El ejecutivo, por conducto de la Sener establecerá la regulación en materia de exploración y explotación de hidrocarburos”. Es decir, se propone violar explícitamente a la Constitución para incluir la privatización de la exploración y producción de petróleo y gas.

Invasión de transnacionales

La sexta, es la Ley Federal de Derechos que pretende mantener el actual Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos (DOSH) que actualmente será del 74% y disminuirá gradualmente al 72.5% en 2012. Pero, además, se propone un nuevo Derecho especial sobre Hidrocarburos (DESH) del 71.5%. Este derecho se aplicaría al caso de las aguas profundas, a cuyos inversionistas podrían hacerse deducciones hasta del 100% de las inversiones.

Para concluir, el doctor Bahen mostró a los asistentes un mapa de México en el cual se indica la llegada de las transnacionales eléctricas, del gas y petroleras a los diferentes estados del país. Poco a poco, el territorio nacional ha venido siendo ocupado y, ahora, las corporaciones proyectan invadir también las seis cuencas petroleras e, incluso, el Golfo de México profundo.

Homenaje a Benito Juárez

El profesor Daniel Villegas hizo una intervención con motivo de rendirle homenaje a Benito Juárez, expresidente de México, en su aniversario luctuoso. Señaló que Juárez hace vibrar la inestabilidad de nuestro pueblo y dijo que, lo presentado por el doctor Bahen “es el documento que todo el pueblo de México debe conocer”.

Se refirió al mapa mostrado y reflexionó que creíamos que ese era nuestro país, que era nuestro, pero ahora está ocupado, “solo falta que nos digan ¿cuándo se van?”

Los capitales extranjeros están explotando las materias primas fundamentales de la cultura forjada por Juárez que ya no se enseña en las escuelas. “No más intervenciones ni capitales extranjeros explotando nuestros recursos”, expresó. Los diputados son los primeros que entregan nuestras riquezas. Pero, dijo, “para los traidores está el Cerro de las Campanas”, en referencia al lugar donde fueron fusilados por Juárez el emperador Maximiliano de Habsburgo y los traidores Miramón y Mejía. Por la dignidad de un pueblo llamado México, éste es un momento solemne y debemos ponernos de pie.

Privatización, mandato del Banco Mundial

En su intervención, el licenciado Manuel Bartlett expresó que eventos como éste deben multiplicarse por todo el país porque, dijo, hay que analizar a fondo el tema y trabajar con la población. Las privatizaciones se han venido haciendo a escondidas, con engaños, realizando trampas y ocultando las intenciones. Los enclaves extranjeros están ya explotando los recursos naturales.

Enseguida se refirió a la privatización eléctrica que fue un mandato del Banco Mundial (BM) y se firmó en el TLC. Se trata de una expropiación y la intervención extranjera es un peligro para el país.

Con la nacionalización eléctrica se estableció que el servicio público no puede ser un negocio privado pero la norma constitucional ha sido violada reiteradamente. El TLC, aparentemente, no toca a la industria eléctrica pero sí al concepto de servicio público al crearse figuras jurídicas, como la producción independiente, la cogeneración, la importación y exportación de electricidad a las que se definió que “no son parte del servicio público”. Eso es inconstitucional.

Ahora, hay un proceso de desnacionalización, las palabras se prostituyen y los conceptos se malinterpretan. Pero “allí está” el TLC, el Plan Puebla-Panamá y la integración eléctrica con los grandes negocios. Se maneja una argumentación falsa, inconstitucional, basada en el TLC. Bartlett expresó que fue Salinas de Gortari quien auspició las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) mutilando los conceptos. Por eso es que casi el 40% de la generación está en manos de las transnacionales. Dijo que, en 2002, el Senado dictaminó en contra de la propuesta de Zedillo para reformar la Constitución en materia eléctrica pero no fue posible ir al fondo.

Ahora, los negocios privados son fantásticos, la nueva generación no la hace la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sino los privados con un amplio dominio extranjero. Estos fijan las tarifas de acuerdo a sus intereses, falseando la realidad. No solo en México, sino en América Latina, operan empresas japonesas, españolas y otras que dominan al mercado eléctrico.

Despojo a la nación

Después, se refirió al libro “El petróleo y Pemex despojo a la nación” que recientemente publicó y estaba orientado a servir a los nuevos legisladores para que conocieran la experiencia previa para la defensa del patrimonio energético nacional.

Expresó que Fox llevó a cabo la más brutal destrucción energética. Las reformas fueron detenidas formalmente pero Salinas, Zedillo y Fox estuvieron muy comprometidos a los intereses extranjeros. Ahora, todo lo que propone Calderón ya fue desechado. Las cinco propuestas de leyes violan abiertamente a la Constitución, mediante una re-interpretación hecha por los abogados extranjeros, para dar la razón a presidentes traidores para la entrega del país.

Todo se basa en acuerdos previos con el PAN y el voto corporativo del PRI. Pero hay un rechazo en la base nacional porque defender el petróleo es una causa social y el pueblo no quiere que se privatice. El neoliberalismo ha reducido al Estado, la economía la dirige el BM y la Comisión Reguladora es el instrumento para privatizar. Con un Estado débil el cartel de transnacionales se pone por encima del propio Estado porque, quien domina la economía controla al país. Bartlett señaló que la sumisión del gobierno es peligrosa y la posibilidad de un acuerdo sobre la reforma energética sería algo indigno. Hay que manifestarse en contra, dijo, la movilización popular es fundamental.

Posición de la iglesia evangélica

El Comité de Enlace de los Pastores Unidos por México intervino para fijar la posición de iglesia evangélica. Señaló que la Constitución prohíbe a los pastores hacer declaraciones políticas y que, por tanto, los deslindaba ante el gobierno.

Manifestó que a través de la historia se ha tenido la experiencia de vivir la injusticia y la mentira y que no hay justicia ni verdad. El nivel de pobreza exige definiciones. “No se puede vivir sin ver”. La primera entrega fue con Antonio López de Santana. Ahora, necesitamos que el pueblo haga lo que debe de hacer, ante todo, presencia. No somos de violencia, señaló, pero sí de reacciones. No debemos ser un pueblo indiferente ante la injusticia, hagamos que la ciudadanía participe en la consulta ciudadana y que sea escuchado.

El pueblo marcará a los traidores

¿La consulta será suficiente para detener la reforma? ¿En la privatización también se incluye al agua? ¿La basura se puede utilizar como fuente de energía? ¿Aparte de informar, qué otras formas hay? ¿Cómo estuvo la privatización de los ferrocarriles? La soberanía nacional está comprometida por los tratados internacionales, ¿qué se puede hacer? fueron algunas de las preguntas realizadas por los asistentes. También se comentó que hay un serio peligro sobre la Patria, debemos estar vigilantes y no pasivos, “hay que definirse”.

Evidentemente, hay desinformación, especialmente promovida por la televisión, señaló el licenciado Bartlett. Se debe trabajar en la base para que haya una reacción popular de indignación. La Consulta es fundamental. En los meses anteriores, el diseño del despojo consistía en sacar pronto las reformas. Luego, los privatizadores perdieron el debate, los mismos burócratas no estaban convencidos.

La pregunta para la consulta debiera ser muy sencilla, basta preguntar ¿Quieres tú que vengan empresas extranjeras a explotar el petróleo? Ya los conocemos y hacen lo mismo en todo el mundo. La votación sería ¡no! en todo el país. La privatización del agua está en marcha porque se trata de un elemento clave para una mayor generación eléctrica. El aseguramiento de los manantiales se está dando ya. El agua del volcán Ixtaccíhuatl, por ejemplo, la vende la Nestlé.

El voto del pueblo marcará a los traidores, dijo Bartlett y agregó que, en el mundo, ninguna privatización ha funcionado. En México, no se necesita de ninguna ley para construir las refinerías que hacen falta. ¿Porqué no se hacen? Es el pretexto de los gobiernos para reciclar los petrodólares que obtiene de la exportación del petróleo crudo. La oligarquía no tiene más interés que el dinero, los dueños de la televisión son los principales enemigos del país. Un pueblo indiferente “no puede ser”, México tiene en la defensa del petróleo una de sus grandes causas, concluyó.



Los ministros evangélicos en desacuerdo con la privatización energética


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