¡No! a la privatización de Pemex
Durante 71 días, el
Senado de la República organizó varios Foros de Debate sobre la
Reforma Energética, consistente en 6 iniciativas de modificaciones y
adiciones a la legislación petrolera secundaria. Una amplia
mayoría de ponentes invitados al Debate Oficial se manifestaron en contra
de tal reforma. En el Debate Popular en marcha el consenso casi unánime
de la población participante se ha expresado en contra de la
privatización de la energía y el agua. Todas las iniciativas del
gobierno federal deben ser desechadas. Este 27 de julio llevaremos a cabo una
Consulta Popular. Los mexicanos (as) diremos ¡No! a la privatización
de Pemex y de todos los recursos
naturales.
Iniciativas inconstitucionales
Las iniciativas en cuestión se refieren
a las reformas de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, Ley Orgánica de Pemex, Ley de la Comisión
Reguladora de Energía, Ley (nueva) de la Comisión del
Petróleo, Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el
Ramo del Petróleo, y Ley Federal de Derechos relativa al régimen
fiscal de Pemex.
Del análisis de las iniciativas propuestas por el
gobierno federal se concluye que TODAS contravienen a la Constitución
política vigente. Esta indica, en el párrafo 6º. del
artículo 27 constitucional, que en materia de hidrocarburos, NO se
otorgarán concesiones ni contratos a los particulares. Las iniciativas
señalan que SÍ se entregarán contratos, de todo tipo, en
todas las fases del proceso de trabajo, incluyendo la exploración y
producción de petróleo crudo, tanto en la plataforma terrestre
como en la marina, especialmente, en las aguas profundas del Golfo de
México.
Lo anterior implica cambiar el régimen de propiedad
de Petróleos Mexicanos (Pemex) al cederse a las corporaciones
transnacionales las FUNCIONES CONSTITUCIONALES en áreas
estratégicas que corresponde realizar al Estado de manera exclusiva,
según se indica en el párrafo 4º. de los artículos 28
y 25 constitucionales.
Organos reguladores ilegales
El mecanismo para concretar la privatización
serían dos entidades llamadas “reguladoras”, encargadas de
otorgar permisos privados al capital extranjero. Uno de estos órganos
sería la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y, el otro,
la Comisión (Reguladora) del Petróleo (CRP). La primera, ha
otorgado a la fecha 744 permisos privados de generación eléctrica
que representan el 47% de la capacidad de generación total a nivel
nacional, así como 200 permisos privados para la distribución,
transporte y almacenamiento de gas natural, distribución de gas LP y
transporte del mismo por medio de ductos.
Ahora, se pretende que la CRE
otorgue permisos para la refinación del petróleo, el transporte,
distribución y almacenamiento de productos petrolíferos y
petroquímicos, así como de agrocombustibles por medio de ductos.
Por su parte, la CRP se encargaría de otorgar permisos privados para la
exploración y producción de petróleo crudo y gas natural
asociado. De esta manera, TODO el proceso de trabajo petrolero sería
privatizable.
Privatización inconveniente a la nación
Pemex es la empresa más
rentable del mundo y la principal fuente de ingresos del Estado mexicano. En
estos momentos, 46 centavos de cada peso son aportados por la paraestatal. Se
trata de cuantiosos recursos, que significan más del 100% de los
rendimientos obtenidos por Pemex, entregados a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) a través de impuestos, derechos y
aprovechamientos. Por esa razón, Pemex opera con pérdidas netas,
obteniendo del gobierno federal presupuestos exiguos para su operación y
mantenimiento, sin posibilidades de realizar inversiones propias, lo que ha
llevado a la paraestatal a endeudarse en exceso.
En 2007, Pemex obtuvo 1
billón 235 mil millones de pesos por concepto de ventas totales. El
rendimiento antes de impuestos, derechos y aprovechamientos (IDA) fue de 660 mil
152 millones de pesos. Por concepto de IDA, Pemex entregó a la SHCP 676
mil 278 millones de pesos. El rendimiento neto fue un déficit de 16 mil
127 millones de pesos.
La reforma energética del gobierno no
corrige esa situación, al contrario. Actualmente, existe un Derecho
Ordinario Sobre Hidrocarburos (DOSH) que correspondía al inicio de 2007 a
una tasa del 78.8% sobre el valor anual de los hidrocarburos extraídos,
tasa que será reducida en 2008 al 74% para llegar en 2012 al 71.5%. Eso
afecta considerablemente a la operación de Pemex y debiera corregirse
porque se le sustraen fiscalmente enormes recursos.
La iniciativa de la
Ley Federal de Derechos que se propone, adiciona un Derecho Especial Sobre
Hidrocarburos (DESH), con una tasa del 71.5% cuando el precio del barril de
crudo de exportación sea superior a 90 dólares por barril. Esa
propuesta desalentaría las inversiones propias, por administración
directa, de Pemex. En cambio, alentaría a los inversionistas privados
extranjeros que podrían ser exentados del 100% de impuestos por las
inversiones realizadas
De acuerdo a las propuestas de reforma, Pemex
entregaría a las transnacionales las funciones y la correspondiente renta
petrolera, de manera que, el Estado estaría reduciendo gradualmente a su
principal fuente de financiamiento para atender las necesidades de
educación, salud y demás servicios públicos de la población.
Política petrolera oficial nociva para la nación
El gobierno federal, a través de una costosa campaña mediática, insiste
en la reforma de Pemex para mantener altas plataformas de producción y
exportación de petróleo crudo. Se argumenta que las reservas
probadas han caído apreciablemente y que hace falta restituirlas. En
efecto, la producción de crudo depende en más del 80% del complejo
Cantarell mismo que, debido a irracional explotación, está en
declive desde 2004. Sin embargo, el gobierno federal omite que oficialmente se
ha dilapidado el petróleo mexicano, sin restituir las reservas.
La
gestión de Fox dilapidó el 52% de las reservas que había al
inició de ese sexenio, sin reponerlas. La mayor parte de la
producción de crudo (54%) se destina a la exportación,
principalmente, Estados Unidos que recibe el 85% de los abastecimientos
mexicanos.
Esta política, seguida durante décadas, ha
llevado a que miles de pozos (p.e. Chicontepec) hayan sido, literalmente,
“quebrados” en el afán de producir aceleradamente para la
exportación. Ahora, se pretende aumentar el ritmo de producción
para seguir enviando el crudo al exterior.
Entre tanto, siendo
México productor de petróleo crudo, al mismo tiempo es importador
de gasolinas y gas natural, entre otros productos. Lejos de corregir la
situación, se pretende avanzar hacia las aguas profundas del Golfo de
México, cuando ni siquiera se han explorado las aguas someras. El
propósito es permitir la entrada de las transnacionales, las cuales, si
encontraran hidrocarburos se apropiarían de los mismos como ocurre en
otras partes del mundo.
¿Comprar o desarrollar tecnología?
El gobierno federal argumenta sin
demostrar nada que Pemex carece de tecnología para la exploración
y producción de petróleo a grandes profundidades y, como
única opción, propone celebrar contratos con las corporaciones.
Estas han venido perforando a diversas profundidades, mismas que no llegan a los
2 mil metros, nadie ha llegado a los 3 mil que sugiere el gobierno federal.
Pero, ninguna posee la tecnología de explotación
(producción) a esos niveles de profundidad. ¿A quién se le
compraría?
El gobierno también ha insistido con la idea de
“sacar” un “tesoro” que se encuentra en el fondo del
mar. Más allá del impacto televisivo, el argumento es falso porque
no son lo mismo “reservas” que “recursos” de
hidrocarburos. Las reservas, en sus diversas categorías (probadas,
probables y posibles), están identificadas mientras que, los recursos se
refieren a petróleo (y gas) NO descubiertos. Entonces, NO se tiene
certeza de tales recursos. El gobierno federal ha declarado que existen enormes
cantidades de petróleo pero, mientras no se explore, perfore y compruebe,
tales estimaciones están por el momento en el nivel de
“tesoros” hipotéticos o especulativos.
Por lo
demás, no es necesario perforar en las aguas profundas cuando el
territorio nacional se ha explorado limitadamente, tanto en tierra como en el
mar. Lo que hace falta es impulsar el desarrollo científico y
tecnológico propio en materia de energía para estar en capacidad
de aprovechar los recursos nacionales. Pero, el gobierno ha procedido a la
inversa, reduciendo la investigación al mínimo y suprimiendo la
ingeniería. Eso ha llevado a un sensible deterioro del Instituto Mexicano
del Petróleo y del propio Pemex que ha preferido signar supuestos
convenios de colaboración técnico-científica con las
transnacionales en detrimento de la nación.
La corrupción corroe a Pemex
La industria petrolera de los mexicanos ha sido
sujeta a una sostenida y creciente corrupción, tanto administrativa como
sindical. Los informes de resultados de la paraestatal son fragmentarios e
incompletos. Se presume que existen contabilidades paralelas. Los resultados
operativos y financieros de Pemex Internacional, y más de 40 filiales de
las cuales es accionista Pemex, no se conocen.
Los desvíos de
recursos a las cúpulas del sindicato Petrolero (STPRM) son motivo de
alarma pública. Primero fue el PemexGate I que significó 1,400
millones otorgados al STPRM para apoyar la fallida elección presidencial
del candidato del PRI. Luego, en 2004, el PemexGate II representó 7,500
millones de pesos entregados al sindicato, sin que se sepa su destino.
El
sindicato participa también de contratos de mantenimiento otorgados
directamente. Eso ha contribuido al fortalecimiento del corporativismo sindical,
conocido como charrismo, el cual se ha convertido en una superestructura de
poder utilizada para reprimir violentamente a los trabajadores, al tiempo que el
sindicato apoya los planes privatizadores oficiales.
En estos momentos,
hay 32 mil demandas ante los tribunales laborales por despidos injustificados de
trabajadores. Con base en el proyecto SUMA, diseñado en Houston y
aplicado por los gobiernos en turno de Fox y Calderón, se propusieron las
medidas ahora expresadas en el paquete de 6 iniciativas de reforma a las leyes
secundarias. De acuerdo a ese proyecto, se alteraría la estructura
administrativa y operativa de Pemex que, entre otras cuestiones, contempla el
despido de 32 mil petroleros más.
NO es necesaria ninguna reforma energética
La reforma energética que propone
el gobierno federal NO es necesaria porque lejos de fortalecer a Pemex
significaría su destrucción total.
Las iniciativas de
reforma energética del gobierno no son propias sino del Banco Mundial
que, en sucesivos “Documentos de Estrategia para México”,
confidenciales y únicamente para uso oficial, han dictado a los sucesivos
gobiernos la privatización de todas las fuentes de energía. Eso
mismo se propone, literalmente, en las iniciativas. Lo anterior incluye
“considerar que la CFE venda (sic) toda (sic) su capacidad de
generación (sic)”. Si a la fecha, la CFE está ya privatizada
en el 47%, la propuesta implica desnacionalizarla por completo, incluso a un
nivel peor del existente antes de 1960, cuando la industria eléctrica fue
nacionalizada.
También se propone “Reforzar (sic) a la
Comisión Reguladora de Energía”, exactamente lo mismo que se
propone con las actuales iniciativas.
Este proceso iniciado en 1992 con
las reformas inconstitucionales a la Ley del Servicio Público de
Energía Eléctrica (LSPEE), ahora se extienden a la industria
petrolera. Ya en 1995, fue reformada inconstitucionalmente la Ley Reglamentaria
del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo (LRRP).
Ahora, las iniciativas proponen volver a reformarla para “redefinir”
burocráticamente a la industria petrolera, fragmentando a Pemex, para que
todas las funciones dejen de ser “estratégicas” y pueda
participar el sector privado por la vía de concesiones y contratos en
TODO el proceso de trabajo con los hidrocarburos, incluyendo la
producción de petróleo crudo.
Se trata de un proceso de
Expropiación Energética Extranjera que implica el cambio en el
régimen de propiedad, hecho violatorio del párrafo 4º. del
artículo 27 constitucional.
El conjunto de propuestas oficiales
está enmarcado en los planes de geopolítica energética del
imperialismo que consisten en asegurarse suministros seguros de petróleo
crudo. Dentro de esa estrategia, se incluye apoderarse de los recursos del Medio
Oriente, del posiblemente existente en el fondo de los polos terrestres, y el
que se encuentre en el fondo de los mares como el Golfo de
México.
Las iniciativas de Calderón son parte de esos
planes. Permitirlas implicaría ceder soberanía.
Necesaria acción popular
El dominio directo de los hidrocarburos
corresponde a la nación. Así lo indica el pacto político de
la misma expresado en la Constitución vigente. Esto quiere decir que, los
recursos naturales e infraestructura física son de la nación, no
del Estado y menos del gobierno. Por tanto, las decisiones al respecto deben ser
tomadas por el conjunto de la nación viviente.
Es por ello que, en
ejercicio de su soberanía, el pueblo mexicano tiene derecho a expresarse
y ser parte activa de la toma de las decisiones políticas fundamentales
de la nación. Este 27 de julio, todos los mexicanos (as) concientes
participaremos de la Consulta Popular, misma que se llevará a cabo en los
lugares públicos, tanto del Distrito Federal como de otros
Estados.
Existen un conjunto de medidas y propuestas que el FTE ha
llevado a varios lugares del país, como parte del Debate Popular contra
la reforma energética, mismo que aún no concluye. Proponemos
medidas inmediatas como 1-la cancelación de todos las concesiones,
contratos y permisos privados otorgados inconstitucionalmente a las
transnacionales, 2- Desaparecer a la Comisión Reguladora de
Energía por ser lesiva al interés nacional, 3- Desarrollar una
política energética independiente basada en la suspensión
de las exportaciones de crudo y su procesamiento interno, 4- Desarrollar la
tecnología energética necesaria a través del Instituto
Mexicano de la Energía, 5- Diseñar y construir 5
“refinerías energéticas” que produzcan, al mismo
tiempo, gasolinas y electricidad.
Pemex no debe seguir como hasta ahora,
en manos de sus enemigos y en contra de la nación. Es necesario avanzar
en un proceso que culmine con la Re-nacionalización
energética.
En este momento, debemos impedir la reforma
energética neoliberal. Las iniciativas del gobierno federal deben ser
DESECHADAS. Los partidos políticos no tienen facultades para decidir
sobre el patrimonio colectivo de los mexicanos (as).
Digamos ¡NO! a
la privatización de Pemex y de los recursos naturales de la
nación. (b185, 23 jul 2008).
Conferencia de Prensa en Toluca, Edomex, organizada por Unión Patriótica, 23 jul 2008
Comisión de Energia