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Volumen 8, Número 109, agosto 6 de 2008 www.wftucentral.org
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Iniciativas PRIvatizadoras /I



Las nueve iniciativas de reforma a la legislación petrolera secundaria, propuestas por el PRI, son inconstitucionales, desintegran a Pemex y privatizan a la paraestatal. Estas propuestas son parecidas a las del PAN y, en muchos aspectos, son las mismas. Ni el PRI ni el PAN tienen derecho a contravenir la Constitución. Pemex NO es de los partidos políticos, mismos que auspician la ruptura total de la legalidad constitucional.


Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

El PRI presenta sus iniciativas en desorden para aumentar más la confusión. Sin embargo, como el PAN, la referencia inicial está en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La propuesta del PRI es la MISMA que presentó el PAN y se refiere a la ley que, junto con el PRD y demás partidos, aprobaron el 17 de abril de 2007 en el Senado por 94 votos a 0 (cero).

La reforma se refiere al artículo 33, con el correspondiente maquillaje del PRI, que otorgaría facultades adicionales a la secretaría de energía (Sener) para:
“V- Promover la participación de los particulares en las actividades del sector ...
“VII- Otorgar, modificar, revocar y, en su caso, cancelar asignaciones, permisos y autorizaciones en materia energética ...
“XIII- Establecer la regulación en materia de asignación de áreas para la exploración y explotación petrolera ...
“XIV- Regular y promover el desarrollo y uso de fuentes de energía alternas a los hidrocarburos, ....
“XV- Determinar la plataforma anual de petróleo y de gas ...
“XIX- Registrar y dar a conocer, .... las reservas de hidrocarburos ...”

Lo indicado es inconstitucional. En materia energética la Constitución prohíbe la participación de particulares en el sector y la Sener no tiene porqué promoverlos. Tampoco tiene porqué otorgar asignaciones, permisos y autorizaciones. Ese ha sido el mecanismo para desnacionalizar a la industria eléctrica. La regulación ha sido la misma fórmula que ahora se propone para la exploración y explotación (producción) petrolera.
La regulación (privatización) se propone, además, para TODAS las fuentes de energía alternas a los hidrocarburos, esto es, el carbón, el uranio, la geotermia, el agua, el hidrógeno, el viento, la maremotríz y la radiación del Sol. Se trata de barbaridades, hechos inconstitucionales y privatizadores, inaceptables para la nación.

Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional
en el Ramo del Petróleo

a) Organismos filiales

Igual que el PAN, el PRI propone en el artículo 2º. de esta iniciativa de ley, que “solo la nación podrá llevar a cabo las explotaciones de los hidrocarburos, que constituyen la industria petrolera en los términos de ésta ley”. Pero, el PRI (y el PAN) contraviene de inmediato a la Constitución. La palabra “podrá” es opcional y diferente a “llevará” como ahora se indica. Ambos partidos se refieren a las “explotaciones” (mismas que no definen) para una industria fragmentada y reducida, como lo indican en el artículo 3º. de sus iniciativas.

En el artículo 4º. el PRI expresa que “el Estado llevará” a cabo, en forma directa, exclusiva y excluyente, la exploración, extracción y explotación integral del petróleo, “en términos de lo señalado por el artículo 3º. de ésta ley”.

Hasta allí el discurso suena engañosamente pero, a continuación, la situación se aclara y enturbia. Dice el PRI que, lo indicado constitucionalmente y por la ley petrolera reformada, se hará por conducto de Pemex y “los organismos descentralizados de carácter estratégico a que se refiere este ordenamiento jurídico, mismos que estarán sujetos a la propiedad (sic) y control del Gobierno Federal (sic) ...”.

Esta propuesta, la de los organismos filiales, es contraria al interés de la nación pues plantea la desintegración TOTAL de Pemex. No solo se contraviene a la Constitución sino a la técnica más simple. Esto no es casual, corresponde (exactamente) a lo dictado por el Banco Mundial (BM). La intención es privatizar a TODO el proceso de trabajo petrolero y, para lograrlo, debe desintegrarse. De esta manera, la privatización podrá hacerse por pedazos. Así ha ocurrido con la industria eléctrica nacionalizada. El BM “pidió” la privatización del 100% de la generación, los gobiernos en turno ya privatizaron el 47%.

Además, el PRI se equivoca deliberadamente. Dice que, esos organismos filiales de nombre largísimo e innecesario, serán “propiedad” del Gobierno federal. Eso es grotesco porque, la propiedad del petróleo mexicano y de Pemex NO es del gobierno, ni siquiera es del Estado, es de la nación. Si los “organismos filiales” van a ser del gobierno federal, se trata del atraco más cínico y descarado que debe sancionarse de inmediato.

Luego, se indica en el párrafo 2º. del mismo artículo 4º. de la iniciativa del PRI, que “El Ejecutivo Federal podrá constituir, por decreto, organismos ... con objeto de realizar, por cuenta de aquel, las actividades de construcción de ductos y los servicios de refinación de petróleo, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y derivados de éstos, que forman parte de la industria petrolera. Dichos organismos filiales, serán propiedad exclusiva de Petróleos Mexicanos y se constituirán a propuesta de su Consejo de Administración”.

Para el PRI, los organismos filiales, los podrá constituir “El Ejecutivo federal” y “por decreto”. Ese mecanismo estaría “muy a modo” del gobierno en turno. Por una parte, dirían que la Constitución No se modifica pero, por otro, bastaría un simple y arbitrario decreto para ejercer facultades por encima de la propia Constitución.

La propuesta del PRI es incorrecta, inconstitucional y tramposa. Plantean a los organismos filiales para que éstos realicen las actividades que corresponden a Pemex, específicamente, la construcción de ductos, los servicios (sic) de refinación, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos (sic) y derivados de éstos”. En estos rubros, el PAN propone la privatización llana, el PRI le da vueltas para llegar a lo mismo.

En la propuesta del PAN, las decisiones correspondientes las tomaría el Consejo de Administración; en la del PRI, también, en este caso, para constituir a los organismos filiales.

b) Regulación (privatización) petrolera

Para afirmar la intención privatizadora, el PRI propone, en el párrafo 3º. del artículo 4º. de su iniciativa que “La Secretaría de Energía contará con un organismo descentralizado denominado Comisión Nacional Reguladora del Petróleo, cuyo objeto será regular y supervisar la exploración y explotación petrolera ...”. El PRI presenta la misma propuesta del PAN, solamente le agregó las palabras “nacional” y “reguladora” pero, los objetivos (INCONSTITUCIONALES) son los mismos. En el esquema de supuesto mercado, dictados por el BM, regular significa privatizar. En el presente caso, se trata, nada menos, que de la exploración y la producción de petróleo crudo.

c) Legalización del contratismo

En el artículo 6º. de la iniciativa del PRI, se propone que Pemex “y sus organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere (sic)”. Es decir, se propone legalizar al contratismo y al subcontratismo.

En el párrafo 2º. del mismo artículo, se indica que “En tratándose de la construcción de ductos y los servicios de refinación de petróleo, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y derivados de éstos”, Pemex “podrá contratar con los organismos ... filiales”. Pemex, “podrá también, tratándose de éstas actividades, celebrar contratos de arrendamiento financiero de equipos e instalaciones, ...”.

Esto es, para que Pemex realice sus propias funciones constitucionales tendrá que contratar con sus propios organismos, los que, a su vez, también podrán contratar con terceros. Entonces, ¿qué será de Pemex? Apenas una agencia de contrataciones. Pero, además, podrá contratar “arrendamiento financiero de equipos e instalaciones”.

Es decir, Pemex NO realizaría sus actividades constitucionales por administración directa, sino a través de contratos y subcontratos. Eso es privatización. El “arrendamiento” también es privatización.

c) Ductos de Pemex al servicio de terceros

En el artículo 10º. de la iniciativa del PRI se propone que Pemex, “sus organismos subsidiarios y las empresas de los sectores social y privado estarán obligados a prestar a terceros el servicio de transporte y distribución de gas por medio de ductos, ...”.

Esto significa poner el Sistema Nacional de Ductos al servicio de las transnacionales y sus filiales, como ya ocurre. La propuesta del PRI tiende a legalizar la presente ilegalidad, reafirmando las inconstitucionales reformas de 1995.

d) Regulación (privatización) de la industria petrolera

En el artículo 11º. de la iniciativa del PRI se propone que “El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Energía, de la Comisión Nacional Reguladora del Petróleo (CNRP) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) establecerán, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, la regulación (sic) de la industria petrolera y de las actividades a que se refiere esta ley”.

Es decir, en este artículo se propone llanamente la privatización de la industria petrolera, a través de una supuesta “regulación”, a cargo de entidades reguladoras caracterizadas por ser los instrumentos de la privatización, tal como lo indican los dictados estratégicos del BM.
En el párrafo 2º. del artículo 15 de la propuesta del PRI se establecen los deberes de “los permisionarios de transporte, almacenamiento y distribución de gas”. Con ello, se reafirman las ilegales reformas de 1995 a ésta ley. Al momento, los permisionarios han desnacionalizado a esta parte de la industria de los hidrocarburos de México; 200 permisos han sido otorgados por la CRE, misma que ha definido 15 regiones geográficas de distribución de gas natural y las ha entregado a las transnacionales y sus filiales.

Para no dejar huecos, el PRI propone en el artículo 16º. de su iniciativa que “La aplicación de esta ley corresponde” a la Sener, “con la participación que esté a cargo” de la CNRP y de la CRE. Se trata de “legitimar legislativamente” las arbitrariedades de los órganos reguladores.

En suma, la iniciativa de reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, propuesta por el PRI, es inconstitucional y lesiva para la nación. (b195, 3 de agosto de 2008).


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