Pemex NO es del gobierno
Agustín Carstens, secretario de hacienda y
representante del FMI en el gobierno de Calderón, insiste en la
privatización de Pemex para producir y exportar más
petróleo crudo. Nervioso y desesperado insiste en hacer de la paraestatal
una empresa otorgadora de contratos a las transnacionales, hecho prohibido por
la Constitución. Carstens considera que el gobierno (sic) es el
“dueño” de Pemex y de los hidrocarburos. No es así. El
derecho sobre los recursos naturales energéticos e infraestructura
industrial relacionada es de la nación, ni siquiera es del Estado, mucho
menos del gobierno.
Producir más para exportar más
En su comparecencia el 1 de
julio a los Foros de Debate sobre la Reforma Energética organizados por
el Senado de la República, Agustín Carstens, secretario de
hacienda, aseguró que Pemex “puede enfrentar los retos de este
momento”. Claro que los puede enfrentar, así lo ha hecho durante 70
años, no obstante la desastrosa política petrolera oficial. Pero,
¿cuáles son esos retos? Según Carstens, la extracción
de petróleo crudo y su consiguiente exportación.
Carstens
dijo que, por tanto, se hace necesario “acometer con urgencia”
cambios que fortalezcan a la paraestatal, porque las plataformas de
producción y exportación siguen declinando y las importaciones de
combustibles crecen. Sin embargo, esos cambios, expresados en las 6 iniciativas
de reformas a la legislación petrolera secundaria NO
“fortalecen” a Pemex, simplemente la privatizan.
Es cierto
que las plataformas de producción y exportación siguen declinando
porque la extracción de crudo ha sido irracional desde hace 30
años, sin que haya habido una adecuada reposición de reservas ni
se haya activado la exploración. El 80% de la producción nacional
depende de un solo campo: Cantarell que entró en declive desde 2004.
¿Han hecho algo los sucesivos gobiernos en turno? No, a Pemex se le ha
impedido realizar inversiones propias para sus obras de expansión. Ha
sido, precisamente, la secretaría de hacienda, la encargada de sustraerle
a Pemex casi la totalidad, y a veces más, de los recursos generados por
rendimientos.
Las importaciones de gasolina y petrolíferos siguen
aumentando día a día porque, deliberadamente, así lo indica
la política petrolera oficial. ¿Por qué no se ha construido
una sola refinería más desde 1979? Carstens mismo reconoce que
Pemex genera suficientes ingresos. El problema reside en la política
petrolera del gobierno basada en la exportación de crudo y la
importación de derivados.
Autonomía de gestión pervertida
Según Carstens, “Los
problemas de la empresa se centran no en la falta de recursos, sino en la falta
de capacidad de ejecución y en su baja eficiencia operativa, por lo que
es urgente dotarla de “instrumentos idóneos para superar esas
limitaciones”. ¿Falta de capacidad de ejecución? Pemex produce
más que muchas transnacionales juntas. ¿Baja eficiencia operativa?
Pemex es una de las petroleras más rentables del mundo y principal fuente
de ingresos del Estado mexicano.
¿Qué instrumentos
“idóneos” propone Carstens? Modificar la relación
entre Pemex y el gobierno federal para darle mayor autonomía. ¿De
qué “autonomía” se habla? Dijo Carstens que, esa
autonomía, implica la sustitución de los controles externos del
gobierno a otros, internos, “con la más amplia transparencia y
rendición de cuentas”, así como otro régimen fiscal
para poder acometer la exploración en aguas profundas y
“flexibilizar” la realización de contratos y
adquisiciones.
Esa no es “autonomía de
gestión”, como repite la campaña propagandística del
gobierno, sino una perversión del concepto para privatizar a Pemex y
hacerla funcionar como empresa privada, en contra de lo dispuesto por la
Constitución. De acuerdo a la propuesta de reforma energética del
gobierno, los “controles internos” estarían a cargo de 2 de
los nuevos cuatro “consejeros independientes” que se
integrarían al Consejo de Administración de PEMEX, en
términos de lo expuesto por el proyecto SUMA diseñado en Houston
durante el foxismo y, ahora, corregido y aumentado por Reyes Heroles y
Calderón. En la iniciativa sobre la Ley Orgánica de Pemex, se
indica que esos consejeros tendrán “absoluta independencia y
autonomía en la toma de decisiones” y “acceso a toda la
información relevante” ¿Para qué? Para “otorgar
toda clase de contratos”, “contratar deuda pública” y
“acudir al mercado externo de dinero y capitales”.
De acuerdo
a esa iniciativa de ley, Pemex se dedicaría a otorgar concesiones y
contratos a los particulares, hecho expresamente prohibido por la
Constitución. ¿Cuál transparencia? La misma iniciativa indica
que, en materia de exploración y producción de petróleo
crudo, “el contenido y precio de los contratos serán determinados
en el transcurso de su ejecución”. Esa
“flexibilización” para la realización de contratos es
explícitamente inconstitucional. La tal “autonomía de
gestión” que promueve el gobierno neoliberal es el mecanismo para
la privatización petrolera furtiva.
El régimen fiscal de
que habla Carstens no significa ningún beneficio para Pemex, habida
cuenta que se mantiene la tasa impositiva del 74 % (en 2008) que se
reduciría al 71.5% en 2012, de acuerdo al Derecho Ordinario Sobre
Hidrocarburos (DOSH), actualmente vigente. Ahora, “para acometer la
exploración en aguas profundas”, Carstens y Calderón
proponen que siga la misma tasa impositiva sobre DOSH y, adicionalmente, se
crearía un Derecho Especial Sobre Hidrocarburos (DESH), orientado
precisamente a las aguas profundas, cuya tasa impositiva estaría en
función del precio del barril del petróleo, indicando que de 90
dólares por barril en adelante, la tasa sería del 71.5%. Al
momento, el precio de la mezcla mexicana de exportación rebasa los 120
dólares, de manera que, la tasa aplicable sería del 71.5% lo cual
no alentaría, sino al revés, las actividades exploratorias de
Pemex. ¡Ah!, pero si los inversionistas fueran privados, como lo pretende
el gobierno federal, éstos podrían quedar eximidos del pago del
100% de impuestos. Eso es lo que Carstens pretende.
El gobierno NO es dueño de Pemex
Lo anterior se basa en los conceptos
tergiversados del FMI, asumidos por los actuales funcionarios, mismos que ni
siquiera han leído la Constitución ni mucho menos se asesoran por
expertos sino por neoliberales perversos enemigos de la
nación..
Según expresó Carstens, “Necesitamos
un nuevo arreglo jurídico que precise el papel del gobierno federal
respecto de Pemex como dueño, como regulador y como recaudador”.
Bueno, el Estado podrá ser “recaudador” pero
“regulador” en materia energética NO lo es, ni MENOS
“dueño”.
El artículo 27 constitucional,
párrafo cuarto, indica que “Corresponde a la NACION el dominio
DIRECTO del petróleo y todos los hidrocarburos, cualquiera que sea su
estado físico. Este derecho es “inalienable e
imprescriptible”. Ni Carstens ni Calderón tienen facultades para
violentar esta disposición del Pacto político de la
nación.
Nación, Estado y gobierno NO son lo mismo. El
derecho constitucional, en materia de hidrocarburos y de energía
eléctrica, es de la nación, NO es del Estado y, mucho menos, del
gobierno en turno. Esto es, el gobierno NO es dueño de Pemex ni de los
hidrocarburos, la propiedad corresponde a la nación, constituida por
todos los mexicanos vivientes, aún cuando la sociedad está divida
en clases sociales antagónicas. Obviamente, Carstens piensa en la
lógica de los expropiadores extranjeros. A partir de esos
“conceptos”, derivan la idea de que el Estado (no el gobierno) debe
ser “regulador” de las actividades estratégicas que le
corresponde realizar de manera exclusiva. Tal es el caso de los hidrocarburos.
La “regulación”, de acuerdo a la política capitalista
neoliberal significa privatización, de allí las referencias
reiteradas de Carstens.
Con esos “torcidos” conceptos,
Carstens y el FMI insisten en engatusar a los mexicanos con la idea de los
“bonos petroleros” que, permitirían ejercer un
“inapelable control social” (sic) a los rendimientos esperados en la
empresa petrolera. Los tenedores de los bonos, afirmó, exigirían
rendimientos efectivos “y se convertirán en persistentes vigilantes
de que Petróleos Mexicanos haga el mejor uso de su
autonomía”.
Así, el gobierno neoliberal pretende que
esos bonos, mismos que serían adquiridos por las fraudulentas Afores,
sociedades de inversión o intermediarios financieros, sustituyan el
derecho de propiedad de la nación.
Los pilares del FMI
Carstens resumió la propuesta neoliberal en
“seis pilares” (sic): autonomía financiera y de
gestión a la empresa; otorgarle facultades de decisión, de
administración y de contratación, esto es, un
“régimen idóneo” para contrataciones, adquisiciones y
obras públicas, “acorde con la Constitución”. Esos
“pilares” son inconstitucionales, el “régimen
idóneo” para contrataciones, adquisiciones y obras públicas
contravienen a los artículos 25, 27 y 28
constitucionales.
Además, según Carstens, esos
“pilares” son para darle a Pemex “ventajas competitivas en
refinación, transporte, almacenamiento y distribución de
hidrocarburos” y ponerla “a la altura de las mejores empresas del
mundo; reforzar su vínculo histórico con los mexicanos, mediante
los bonos, y concederle “un régimen fiscal adecuado” para el
desarrollo de zonas como Chicontepec y aguas profundas, así como campos
abandonados y en aguas profundas”.
Esas “ventajas
competitivas” no son tales, simplemente implican ceder funciones
constitucionales a las transnacionales, no se refuerza “ningún
vínculo histórico con los mexicanos” al contrario se trata
de un serio agravio y despojo, pero aún mediante los “bonos”;
a Pemex, no le concede ningún régimen fiscal adecuado sino al
revés.
Activar la movilización organizada
El gobierno federal está
nervioso y desesperado. En los Foros organizados por el Senado no han presentado
argumentos sólidos sino meramente ideológicos. Los invitados
proclives a la privatización no han demostrado cómo se
podría “fortalecer” a Pemex mediante la privatización
descarada. El gobierno ha tenido que recurrir a los propios secretarios de
Estado, como Georgina Kessel y Agustín Carstens, para
“defender” la descabellada propuesta de reforma energética.
Ambos funcionarios lo único que hacen es repetir, sin demostrar, el
discurso del FMI.
La orientación política del gobierno
federal consiste en repetir mentiras hasta el hastío, directamente y
mediante la costosa campaña mediática. El pueblo de México
en lucha no les cree. Sin embargo, hace falta intensificar la
movilización y, ante todo, potenciar formas organizativas que permitan
enfrentar con éxito al Estado, gobierno y transnacionales. (b162,
3.7.08).
Campo petrolero Lakach-1 en el Golfo de México
Comisión de Energia