La consulta popular va
Para Juan Camilo Mouriño, secretario de
gobernación de Calderón, la consulta ciudadana propuesta por
Marcelo Ebrard, jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF) sobre la reforma
energética neoliberal “es una figura específica que no
existe en la Constitución”. Ese individuo español desconoce
la Constitución pero la viola flagrantemente pues ocupa un cargo en el
gobierno sin ser ciudadano mexicano.
Mouriño carente de ética
El secretario de gobernación de
Calderón se niega a cumplir las disposiciones constitucionales. El
artículo 26 constitucional, inciso A, párrafo 1º., indica que
“El Estado organizará un sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional ...”. El párrafo
3º. del mismo inciso señala que “La ley facultará al
Ejecutivo para establezca los procedimientos de participación y consulta
popular en el sistema nacional de planeación
democrática”.
Las propuestas de reforma energética,
tendientes a la privatización de los hidrocarburos es violatoria de la
Constitución. En los términos propuestos se trata de una
planeación del desarrollo nacional toda vez que la industria petrolera
nacionalizada tiene un enorme significado para la nación. Se trata, por
supuesto, de una planeación pervertida ya que vulnera las decisiones
políticas fundamentales. Tal reforma, entonces, NO puede definirse
solamente por los legisladores porque se trata del patrimonio colectivo nacional
que, reiteramos, es de la nación, no es del Estado ni del gobierno en
turno.
Cualquier propuesta que afecte el desarrollo nacional debe
someterse a la CONSULTA POPULAR. El conjunto de la nación viviente debe
decidir mediante la participación libre y democrática.
Mouriño NO tiene facultades para seguir violentando la legalidad
constitucional. Los mexicanos haremos la consulta y haremos valer nuestros
derechos soberanos.
El gobierno maniobra para imponer la privatización de Pemex
Como hemos señalado oportunamente, el gobierno de facto pretende imponer la reforma
energética a espaldas y en contra de la nación. Mouriño,
Creel y Kessel declararon el 4 de junio que “después del debate que
se realiza en la Cámara de Senadores vendrá el dictamen de la
iniciativa”. Confirman así que el debate es una simulación.
Al momento, la mayoría de los “invitados” a ese debate se han
manifestado en contra de las iniciativas de reforma a la legislación
secundaria, precisamente, por contravenir a la Constitución. Sin embargo,
el gobierno hace caso omiso e insiste en el atraco.
Kessel sigue automáticamente mintiendo
Como si nada pasara, sea porque
no ha leído a la Constitución o porque su cinismo no tiene
límite, Georgina Kessel declaró en Ocoyoacac, Estado de
México, que “la iniciativa presidencial presentada al Congreso de
la Unión no viola ningún precepto
constitucional”.
Esta expresión de la secretaria de
energía de Calderón-Bush revela un caso patético y necio.
El párrafo 6º. del artículo 27 constitucional indica que en
materia de hidrocarburos “No se otorgarán concesiones ni contratos
a los particulares” pero, en las primeras 5 iniciativas de reforma a la
legislación secundaria petrolera, especialmente, la Ley Reglamentaria del
Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, señalan
que SÍ se otorgarán contratos, concesiones y permisos privados.
Eso contradice explícitamente a la Constitución.
El gobierno está nervioso y provoca a la nación
Ignorar al pueblo de México, además de violentar la legalidad constitucional
representa una clara provocación. Las declaraciones de los funcionarios
de facto, legisladores y gobernadores del PRI y el PAN, revelan su nerviosismo.
Carecen de razones y argumentos y desean imponer decisiones unilaterales
abusando de sus “atribuciones”. De hecho, incurren en excesos
inaceptables.
Ante la propuesta de una consulta ciudadana a realizarse en
el Distrito Federal, el gobierno federal exhibe su pobreza política.
Simplemente, descalifica la propuesta porque sabe que la perderá y que
esa consulta significará un precedente relevante. Por eso se niega
sistemáticamente. El gobierno de facto, surgido de un sonado fraude
electoral solamente tiene la opción de mostrarse dictatorial y seguir
cerrando los espacios a la participación. Pero el pueblo organizado
abrirá los espacios necesarios.
La consulta se realizará
En el Debate Popular en marcha, en todas partes,
se ha manifestado una firme convicción: el pueblo de México
está en desacuerdo con la privatización de Pemex. En diversos
foros, reuniones, mítines y festivales artísticos existe una
evidente disposición para defender el derecho de la nación. A
partir de la información y discusión democrática se han
tomado decisiones organizativas que permitirán el despliegue de una
amplia movilización en todo el territorio nacional y allende las
fronteras pues, en esta lucha, los mexicanos inmigrantes, expulsados de su
propio país, también están considerados.
La
movilización misma está ejerciéndose en varias partes del
país. El ambiente es de optimismo y cada vez se eleva más la
conciencia individual y colectiva. El movimiento se extiende por todo el
país. Esto apunta a concretar decisiones populares. La consulta popular
se hará, con o sin el gobierno federal y/o gobiernos locales. Debemos
prepararnos adecuadamente para realizarla y hacerla valer.
Re-nacionalizar a México
La discusión independiente, abierta y amplia
muestra que el pueblo de México está preparado para decidir acerca
de los grandes problemas nacionales. Debemos desarrollar esta lucha creando
frentes locales, estatales, regionales, a nivel nacional e internacional en
defensa de los recursos naturales. Necesitamos de un movimiento incluyente,
amplio, con dinámica propia, apoyado en organizaciones fortalecidas. En
la medida en que avancen las acciones, no solamente realizaremos la Consulta
Popular, sino que potenciaremos la lucha por la Re-nacionalización
Energética para recuperar lo perdido, revertir la privatización
furtiva, reorganizar a la industria energética, proteger a los recursos
naturales y democratizar la vida nacional desde abajo ejerciendo medidas de
poder popular.
Adelante mexicanos (as) con paso de vencedores. (b151, 7
junio 2008).
Resistencia civil pacífica en la ciudad de México
Comisión de Energia